Vistas de página en total

lunes, 28 de noviembre de 2011

La Reforma al artículo 116 de la Constitución Política Colombiana

PARA REFLEXIONAR:

El artículo 2o del Proyecto de Acto Legislativo que reforma el artículo 116 de la Constitución Política Colombiana consagra: "La Corte Constitucional, la Corte, Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, la Fiscalía General de la Nación, los tribunales y los jueces, administran justicia. También lo hace la Justicia Penal Militar.

La ley podrá atribuir función jurisdiccional en materias precisas a determinados empleados
judiciales, salvo proferir sentencias o decisiones que pongan fin a los procesos.

El Congreso ejercerá determinadas funciones judiciales. La ley podrá atribuir, excepcionalmente y a
prevención función jurisdiccional en materia precisas a determinadas autoridades administrativas.
Las decisiones que le pongan fin a estas actuaciones serán apelables ante las autoridades
judiciales, salvo las excepciones previstas en la ley.
Sin embargo, no le será permitido juzgar delitos.
Los particulares pueden ser investidos transitoriamente de la función de administrar justicia en la condición de jurados en las causas criminales, conciliadores o en la de árbitros habilitados por la ley o por las partes para proferir fallos en derecho o en equidad, en los términos que determine la ley.

De manera excepcional, la ley podrá conferir funciones jurisdiccionales a notarios, centros
de arbitraje y/o conciliación.

Parágrafo. Los conflictos de competencia entre jurisdicciones, no asignados especialmente, serán dirimidos en la forma que lo establezca la ley, por una Sala de Decisión integrada por un magistrado de la Corte Suprema, uno de la Corte Constitucional y otro del Consejo de Estado.
Parágrafo transitorio.- La ley podrá atribuir, excepcionalmente, función jurisdiccional en materias precisas a abogados en ejercicio como medida transitoria de cinco años prorrogables con fines de descongestión judicial. La ley establecerá los requisitos que deben cumplir los abogados para ejercer estas funciones, así como los eventos en que deben ser asumidas como condición obligatoria no remunerada para el ejercicio de la profesión.

PARA EL DEBATE:
Que opinión te merece el asignar Funciones Jurisdiccionales a determinados empleados judiciales, cuando el juez como director del Despacho y del proceso es quien termina profiriendo la decisión final y respondiendo por ella?
Que opinas de la Función Jurisdiccional a Prevención?
Que opinas de las Funciones Jurisdiccionales a notarios, Centros de arbitraje y/o conciliación, y abogados, para éstos últimos obligatoria y sin remuneración?

Revista Semana: La distancia entre el Gobierno y el Consejo de Estado

Las distancias entre el Gobierno y el Consejo de Estado

El Consejo de Estado anunció que se aparta de la discusión de la reforma a la Justicia que se adelanta en el Congreso.



REFORMALa reforma a la justicia se ha convertido en el principal choque de trenes entre el Ejecutivo y el poder Judicial. Ambos tienen distintas posturas frente a los problemas de la administración de justicia.

Jueves 24 Noviembre 2011




Principio del formulario

Final del formulario

Quince meses ha ocupado el Gobierno en encontrar un consenso con las altas cortes en torno a los ajustes a la administración de justicia.

Desde agosto de 2010, cuando el presidente Juan Manuel Santos restableció las relaciones con el poder Judicial, se instalaron varias mesas de discusión para definir un proyecto de reforma, que en los recientes cuatro meses ha sido objeto de debate en el Congreso de la República.

Pero en ese tiempo el consenso ha sido lejano, a pesar de que en principio parecía haber acuerdo, lo que permitió que el proyecto de iniciativa gubernamental superara los dos primeros debates en el Senado.

Las distancias entre el Gobierno y las cortes (que para la discusión de la reforma nombraron al Consejo de Estado como su interlocutor) no son nuevas. Hace un año obligaron al gobierno a desistir, en dos oportunidades, de presentar el proyecto.

Y cuando el Gobierno lo radicó, el pasado mes de agosto en el Congreso, la respuesta de las cortes, en principio, fue pedir “veeduría internacional”, pero luego desistieron y en cambio radicaron su propio proyecto de reforma judicial.

Las cosas parecían armónicas, pero, tras los dos debates del proyecto, el Consejo de Estado se percató que el Congreso no atendió sus propuestas en unas discusiones que para los magistrados han sido ligeras y poco profundas, por la premura del Gobierno para que la iniciativa no fracase en el parlamento.

Por eso, los magistrados expidieron un comunicado en el que expusieron, aunque de forma difusa, sus observaciones frente al tema y decidieron romper esos acuerdos que se produjeron en los dos primeros debates.

A partir del comunicado, estas son las principales diferencias entre el Consejo de Estado y el Gobierno.

¿Propuestas de última hora?

Dice el Consejo de Estado: “La reforma que se está adoptando exhibe una evidente incoherencia entre lo inicialmente anunciado y propuesto, y lo que viene resultando como consecuencia de una precipitada deliberación legislativa, que parece fuera de control”.

La molestia del alto tribunal es que el gobierno tenía un proyecto inicial y durante los debates en el Congreso ha ido incorporando algunos artículos que no habían sido pactados.

Por ejemplo, inicialmente el Gobierno había planteado la eliminación del Consejo Superior de la Judicatura, luego no sólo se retractó, sino que le dio mayores poderes a la sala disciplinaria de esa corporación.

El Consejo de Estado tampoco conocía de la propuesta de ampliar de 8 a 12 años el periodo de los magistrados de las altas cortes.

También generó incomodidad que la reforma a la justicia se haya prestado para otros asuntos, como incluir en ella la ampliación del fuero militar y de la denominada silla vacía, circunstancias que desvían el propósito inicial de la reforma, concentrado en ocuparse de la descongestión de los procesos y el fácil acceso a justicia para los ciudadanos.

¿Reforma, ineficaz?

Según el Consejo de Estado, “el texto hasta ahora aprobado no da respuesta efectiva a los problemas y necesidades de la justicia, como son la congestión de los despachos judiciales, la garantía del derecho constitucional de acceso a la administración de justicia y la concreción del derecho de toda persona a la convivencia pacífica y un orden justo”.

La molestia del alto tribunal está en que para las altas cortes el problema de la congestión se resuelve con la concesión de mayores herramientas y autonomía presupuestal a la rama judicial.

El Consejo de Estado propuso que la reforma permita establecer en la Constitución que, anualmente, el gobierno destine el 5 por ciento del presupuesto a las necesidades de la rama judicial.

El gobierno consideró excesiva esa propuesta y solo permitió que el Congreso aprobara la asignación del 2,5 por ciento del presupuesto. Para el Consejo de Estado ese monto sigue siendo insuficiente, incluso para solventar el actual déficit del poder judicial.

El alto tribunal también se mostró en contra de que notarios y abogados particulares (exmagistrados por ejemplo) tengan funciones jurisdiccionales, como lo propuso el Gobierno y como fue aprobado en los dos primeros debates del proyecto.

¿Menor autonomía del poder judicial?

En el comunicado, el Consejo de Estado afirma que “algunas de las disposiciones aprobadas debilitan la autonomía de la rama Judicial y los principios de separación y equilibrio de las ramas del poder público”.

El malestar del alto tribunal es que en los dos primeros debates se aprobó que de la nueva sala de gobierno de la rama Judicial estarían haciendo parte el Ministro de Justicia y el Fiscal general de la Nación. Para los magistrados, eso atentaría contra la autonomía de la rama Judicial.

El ministro de Interior, Germán Vargas Lleras, se encargó de controvertir esta afirmación. al señalar que “insistir en que se violenta la autonomía de la Rama porque el señor ministro de Justicia pueda participar con voz pero sin voto en las decisiones de la administración judicial, me parece que no refleja la realidad”.

¿Judicatura, la supercorte?

El Consejo de Estado afirmó en su comunicado que “las funciones exorbitantes que el proyecto atribuye a la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura deterioran la autonomía y la gobernabilidad de la Rama, ignoran graves cuestionamientos públicos que afectan la dignidad de la justicia, pasan por alto autorizadas críticas al equivocado diseño institucional de ese organismo y aniquilan el equilibrio de los poderes públicos”.

Según lo aprobado en los dos primeros debates de la reforma, la sala disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura tendría entre otras estas nuevas atribuciones: examinar la conducta y sancionar las faltas de los funcionarios y empleados de la rama Judicial, así como las de los abogados en el ejercicio de su profesión y de los auxiliares de la justicia; practicar visitas generales a todos los despachos judiciales; conocer de los asuntos disciplinarios contra los Magistrados de la Corte Constitucional; y tener unos investigadores de libre nombramiento. Eso sí, no podrán conocer de acciones de tutela.

Consejo de Estado, ¿silenciado?

Advierte el Consejo de Estado que “con base en la confianza que le merecen las instituciones democráticas, elaboró con seriedad y responsabilidad un proyecto de reforma constitucional a la justicia que, luego de un amplio debate interno, presentó al Congreso de la República. Sin embargo, su consideración quedó reducida a un plano meramente formal y protocolario”.

Entre las principales propuestas del Consejo de Estado estaba la de consagrar el 5 por ciento del presupuesto nacional para la rama judicial; tener tres miembros en la sala de gobierno de la rama Judicial, mientras que las otras cortes tendrían dos; eliminar el Consejo Nacional Electoral, el cual reemplaza por la Comisión Nacional de Inspección y Vigilancia Electoral; doble instancia para procesos de pérdida de investidura y acaba con el Consejo Nacional Electoral; y quitaba la potestad a la Corte Constitucional de revisar tutelas contra sentencias judiciales.

En los dos primeros debates, ninguna de estas propuestas fue aprobada. Los magistrados advierten que el Gobierno ha impuesto sus mayorías en el parlamento para aprobar el proyecto radicado por el Ejecutivo.

El ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, controvirtió esta consideración al señalar que el Consejo de Estado ha venido participando en los debates que tuvieron lugar en el Senado, y el proyecto aprobado por la cámara alta fue aceptado por el presidente de ese tribunal, Mauricio Fajardo, quien intervino en el debate de cada uno de los artículos, tanto en la Comisión Primera como en la Plenaria.

“¿Cómo es que transcurren un par de semanas y luego llegan a la conclusión de que eso que quedó aprobado no resulta satisfactorio, y les merece la descalificación a la que están haciendo referencia ahora? Han debido plantearlo en el instante que se hizo la respectiva aprobación y ello no ocurrió así”, consideró Esguerra.

¿Se superará la crisis?

Los magistrados de las altas cortes han tenido la oportunidad de intervenir en cada momento de la discusión. Otra cosa es que el Congreso no haya aprobado sus propuestas.

Sin embargo, uno de los ponentes del proyecto en el Senado, el liberal Jesús Ignacio García (Partido Liberal), recordó que ninguna de las propuestas del Consejo de Estado ha sido votada de forma negativa sino que se mantiene vigente para discutirse en la segunda vuelta de debates del proyecto.

La reforma a la justicia ha surtido dos debates, aún le faltan seis discusiones y las propuestas del poder judicial se mantienen vigentes, explicó García.

De momento, la reforma a la justicia seguirá su trámite legislativo, y el Congreso aún tiene las puertas abiertas para escuchar las opiniones de los magistrados, según le dijo a Semana.com Orlando Velandia (Partido Liberal), coordinador del proyecto en la Cámara de Representantes. Mientras que el ministro de Justicia aspira a convencer al Consejo de Estado de participar de las discusiones y de la necesaria colaboración armónica de las ramas del poder público.


Procurador General de la Nación dice de la reforma a la Justicia..

"A todos les da vergüenza" defender reforma de justicia: Procurador



Alejandro Ordóñez, procurador general.

Foto: Juan Diego Buitrago / EL TIEMPO



Para Alejandro Ordóñez esta reforma debe hundirse, pues se convirtió en el 'parto de los montes'.

La reforma de la Justicia, que está en medio de la polémica por la decisión del Consejo de Estado de marginarse del debate en el Congreso, tampoco convence al procurador Alejandro Ordóñez.

"Lo mejor es que el Gobierno retire el proyecto. Todos los días oímos al Ministro de Justicia decir que no está de acuerdo, a los magistrados y a los congresistas. Es una reforma que está expósita, que a todos les da vergüenza defender -dijo el Procurador-. En esa desvergüenza en la que están todos los implicados, uno creería que está en cuidados intensivos".

El jefe del Ministerio Público agregó que el proyecto se convirtió en el "parto de los montes" y que ahora nadie quiere asumir su paternidad. Y con respecto al consenso que permitió aprobarlo en primer debate, afirmó que "fue sólo para la foto".

Frente a las críticas que hizo el Consejo de Estado a la forma como quedaría el Consejo Superior de la Judicatura, el Procurador dijo que "han existido muchas ambivalencias. Primero, que se debía suprimir, después el proyecto fortalece a una de las salas a la que inicialmente se quería acabar, y termina sacando del ordenamiento jurídico la que quería fortalecer".

"Esto genera muchas suspicacias y dudas", señaló sobre este punto. Ordóñez considera que si el proyecto muere, las pérdidas no serán muchas porque no incluía medidas concretas "para combatir la impunidad y la congestión".

Además, uno de los puntos sustanciales en la propuesta del Gobierno, el de reglamentar a tutela contra sentencias judiciales, no quedó incluido.

Por eso, el Procurador consideró que este proyecto, que ya se aprobó en los dos primeros debates en el Congreso, "no es ni la mitad de lo que se había anunciado".

A pesar de las críticas, voceros del Congreso dijeron que el trámite de la iniciativa continuará su curso. Tanto el ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, como su colega de la cartera del Interior, Germán Vargas, aseguraron que lo aprobado hasta el momento es el fruto del consenso con el que llegó el proyecto.


viernes, 25 de noviembre de 2011

Presidente del Consejo de Estado explica reparos a la Reforma

Presidente de Consejo de Estado explica reparos a reforma de justicia



El presidente del Consejo de Estado, el magistrado Mauricio Fajardo.

Foto: Archivo / EL TIEMPO



Este tribunal critica propuesta de nuevo Consejo de la Judicatura y falta de recursos para la rama.

El Consejo de Estado le retiró su apoyo al proyecto de reforma de la justicia porque, dice, tal como quedó estructurado no satisface las necesidades de la rama.

En diálogo con EL TIEMPO, el presidente de ese alto tribunal, el magistrado Mauricio Fajardo, explica los reparos que llevaron a esa corporación a marginarse de la discusión.


¿Por qué se apartan del trámite del proyecto?

Son varias las razones, entre ellas, que no se le garanticen recursos a la rama para que pueda funcionar de manera eficiente y oportuna.


¿El asunto es por plata?

Indudablemente, la rama requiere que se le garantice una asignación presupuestal anual, permanente y mínima. Pero el asunto no es solo plata, también los ajustes que se le han hecho al Consejo Superior de la Judicatura y la insistencia de mantener al Ministro de Justicia en la Sala de Gobierno, la que va a dictar las grandes políticas en el funcionamiento de la Rama Judicial. Eso es un retroceso.

¿Cuáles son, en concreto, los reparos al proyecto?

No deja de generarnos inquietud el hecho de que, sin haber sido parte de ninguno de los proyectos a consideración del Congreso, a la reforma se le haya adicionado la propuesta del fuero militar. Ese tema ha dejado de lado asuntos que para la rama son
fundamentales.

¿Qué pasa con la Judicatura?

Sorprendentemente, se busca no solo mantener sino fortalecer la Sala Disciplinaria. Se le faculta para hacer visitas de inspección a cualquier despacho, incluyendo los de las altas cortes, y uno se pregunta: ¿cuál es el propósito? ¿Examinar procesos? ¿Estarían incluidos los de la 'parapolítica' o los de pérdida de investidura, por ejemplo? Estas situaciones afectan la autonomía de la rama.


¿Qué hay detrás de esas propuestas?

Hay que tener en cuenta el origen que tendrá esa Sala: magistrados postulados por el Presidente, elegidos por el Congreso y que van a terminar ejerciendo la función disciplinaria de los jueces y magistrados. Pero no es lo único, está aprobado que pueda investigar también a los empleados de la rama y se pretende consagrar que sus funciones sean jurisdiccionales, quedando exenta de cualquier control de legalidad.


¿Qué quedó del proyecto presentado por ustedes?

Se presentó una propuesta seria y elaborada. Desafortunadamente, esa iniciativa ha tenido poca respuesta por el Congreso. Su análisis solo fue formal y protocolario.


¿Considera que el proyecto se debe hundir?

Eso lo debe evaluar el Congreso. Somos respetuosos de su autonomía, pero creemos que como está estructurado para el Consejo de Estado no resulta satisfactorio.


¿Esta posición es compartida por las demás cortes?

Este pronunciamiento compromete exclusivamente a nuestra corporación. Hemos informado de esta decisión a la Corte Suprema, a la Corte Constitucional y al Consejo Superior. Ellos tienen toda la independencia y autonomía para evaluar lo que nosotros manifestamos, pero nos asiste el interés por conocer cuál será la posición de cada una de estas corporaciones.


¿Qué van a hacer ahora?

Apartarnos no significa que renunciemos a la posibilidad de examinar, hacer seguimiento a lo que siga ocurriendo. Si las circunstancias lo imponen, se harán eventuales pronunciamientos.

Reforma sigue en el Congreso

La reforma de la Justicia continuará su trámite en el Congreso, afirmó este jueves el senador liberal Luis Fernando Velasco. La postura la comparte el conservador Eduardo Enríquez Maya, quien advirtió que "no se puede desperdiciar el consenso logrado".

El ministro del Interior, Germán Vargas, dijo que la reforma "contempla con estricto rigor los acuerdos alcanzados".

Por su parte, el ministro Juan Carlos Esguerra se mostró sorprendido y señaló que los reclamos del Consejo de Estado se debieron hacer antes de que la plenaria del Senado aprobara el proyecto en segundo debate.




Procurador General de la Nación calificó el proyecto de reforma como...

Procurador General cuestionó proyecto de reforma a la justicia

Por: Elespectador.com

Como un “parto de montes” calificó el jefe del Ministerio Público el proyecto presentado por el Gobierno que se discute en el Congreso.

Nota | Política

Una fuerte crítica hizo el procurador General, Alejandro Ordóñez Maldonado al proyecto de reforma a la justicia que actualmente se debate en Congreso de la República y el cual ya fue aprobado en sus dos primeros debates.

Para el jefe del Ministerio Público el proyecto final “fue un parto de los montes. Se generó todo un ambiente durante meses o tal vez años y su resultado final no respondió a las expectativas”.

El Procurador General se sumó de esta forma a las críticas presentadas el pasado miércoles por el Consejo de Estado, en la que se señaló al proyecto de atentar contra la libertad e independencia de los jueces.

El presidente del tribunal contencioso y administrativo, Mauricio Fajardo señaló que con la reforma otras ramas del poder tendrán injerencia sobre las decisiones de la justicia.


jueves, 24 de noviembre de 2011

Consejo de Estado se retira de las discusiones: El Espectador

23 Nov 2011 - 7:16 pm

Reforma a la justicia

Reforma a la justicia atenta contra la independencia de los jueces: Consejo de Estado

Por: Elespectador.com

El alto tribunal consideró que el proyecto que se debate en el Congreso afecta el equilibrio de los poderes.



Principio del formulario

Final del formulario

Al considerar que el proyecto de reforma a la justicia que se debate actualmente en el Congreso debilitan la autonomía de la justicia de la Rama Judicial y los principios de separación de los poderes públicos, el Consejo de Estado se retiró de las discusiones que se adelantan por este tema.

“El texto hasta ahora aprobado no da respuesta efectiva a los problemas y necesidades de la justicia, así como la descongestión de los despachos judiciales, la garantías del derechos constitucional d acceso a la administración de justicia y la concreción del derecho de toda persona a la convivencia pacífica y un orden justo”, manifestó el presidente del alto tribunal, Mauricio Fajardo.

Después de una larga discusión, los 30 magistrados del Consejo de Estado tomaron la decisión de retirarse del debate, al considerar que el proyecto reformista no cumple con los requisitos que ellos esperaban para solucionar todos los problemas que presenta la administración de justicia en Colombia y las dificultades en el acceso que tienen las personas.

Entre los principales errores que tiene el proyecto tienen que ver con las modificaciones de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, lo cual fue calificado como “un deterioro a la autonomía y la gobernabilidad de la Rama”.

Según la decisión del Tribunal de lo Contencioso Administrativo el escrito que actualmente se debate “pasó por alto” las críticas que se le habían hecho al Gobierno en las reuniones que sostuvieron a mediados del presente año.

“El Consejo de Estado, con base en la confianza que le merecen las instituciones democráticas, elaboró con seriedad y responsabilidad un proyecto de reforma constitucional a la justicia el cual, luego de un debate interno, presentó al Congreso de la República. Sin embargo, su consideración quedó reducida a un plano meramente formal y protocolario”, precisó Fajardo.


martes, 22 de noviembre de 2011

Se pretende revivir Pequeñas Causas

Está a un debate de ser aprobada en el Congreso una reforma constitucional que además de buscar la descongestión del despacho del Fiscal, también se convertiría en la fórmula con la que el Gobierno y el Legislativo pretenden darle vida a la polémica ley de pequeñas causas, que fue rechazada por la Corte Constitucional en 2008.
Hay un claro consenso en la necesidad de descongestionar el despacho del Fiscal, en donde están pendientes de trámite más de 1.000 procesos contra funcionarios con fuero constitucional, abriendo la puerta para que “el vicefiscal general de la Nación o sus delegados de la Unidad de Fiscalías ante la Corte Suprema de Justicia” puedan asumir las investigaciones.
Sin embargo, en el articulado de la iniciativa también se abre paso la posibilidad de que en el caso de delitos menores —conocidos como pequeñas causas— la función de acusador la pueda asumir una autoridad distinta a la Fiscalía.
Así lo plantea el artículo 2° de la reforma constitucional que plantea: “El legislador podrá asignarle el ejercicio de la acción penal a la víctima o a otras autoridades distintas a la Fiscalía”, de este modo se abriría la posibilidad de que miembros de la Policía puedan hacer investigaciones sobre quienes cometan delitos contando con facultades de Policía Judicial, con la posibilidad de practicar pruebas y realizar investigaciones sin la orden de un juez.
Ya en el gobierno del expresidente Álvaro Uribe se generó una gran polémica cuando se tramitó entonces la denominada ley de pequeñas causas, que abría esta puerta y los críticos manifestaron que no estaba acorde con la normatividad internacional, y que quien sea el encargado de capturar y perseguir tenga, de forma simultánea, la facultad de investigar y acusar.
Sin embargo, en su momento, el argumento por el cual la Corte Constitucional declaró la inexequibilidad de las pequeñas causas, fue porque debió tramitarse como una reforma constitucional y no como una ley ordinaria. No obstante, el magistrado ponente Manuel Cepeda hizo evidentes las críticas a la posibilidad de que “rompía con el principio constitucional de imparcialidad”.
Pese a estas críticas, el senador Carlos Enrique Soto, uno de los ponentes de la iniciativa, defiende su aplicación y sostiene que “lo que estamos pretendiendo es abrir la puerta a la descongestión judicial, porque la Fiscalía no tiene forma de asumir la cantidad de delitos menores y, finalmente, lo que se está dando es una impunidad que supera el 90%. No estamos siendo ligeros, estas funciones serán otorgadas con toda responsabilidad y en eso seremos muy cuidadosos en la reglamentación de la reforma”.
El representante Germán Navas, coautor de la iniciativa, también defiende el espíritu de la reforma y argumenta que lo que se busca es agilidad en la justicia, evitar los trancones y la impunidad.
En ese sentido, los legisladores reconocen como un gran avance que las investigaciones de aforados puedan ser asumidas por otros funcionarios diferentes de la Fiscalía General de la Nación, pero no deja de generar inquietud que se le dé nueva vida a la polémica ley de pequeñas causas.

Observatorio Nacional Permanente sobre la Administración de Justicia

El pasado 16 de noviembre se creó el Observatorio Nacional sobre la Administración de Justicia, integrado por la Corporación de Jueces y Magistrados de Colombia, Asonal Judicial, la Federación Nacional de Colegios de Jueces y Fiscales, la Asociación Nacional de Fiscales, la Asociación Nacional de Investigadores Judiciales, el Circulo de Abogados Litigantes y Conalbos.

El objetivo inmediato del Observatorio será lograr que la Cámara de Representantes se abstenga de tramitar el proyecto de Reforma a la Justicia por carecer de legitimidad al no concertarse previamente al interior de la Rama Judicial su contenido, conforme postulados del Perambulo y el artículo 2o de la Constitución Política Colombiana. Constituirán ejes centrales de discusión la independencia y autonomía de los funcionarios de la Rama Judicial y la eficiencia y eficacia de la administración Justicia.


El próximo miércoles 23 de noviembre a la hora de las once de la mañana (11:00am), en el Auditorio del Consejo de Estado se oficializará la creación del Observatorio Nacional Permanente, por lo que se invita a todas aquellas personas que directa e indirectamente esten vinculados con la Administración de Justicia, ya como Empleados, como Funcionarios o como Usuarios.

martes, 15 de noviembre de 2011

El Fuero Militar

Conforme al texto aprobado en el Segundo Debate de la Plenaria del Senado de a República, a la Reforma a la Justicia, en virtud del Fuero Militar se investigará y juzgará de manera exclusiva todo delito cometido en un procedimiento militar o policial por la Justicia Penal Milita, lo que en últimas, y en aras de discusión sería muy rave ya que ésta jurisdicción terminaría investigando y juzgando delitos de lesa humanidad.
Crees que éste es el excenario para discutir y aprobar una reforma de tanta envergadura y, en que beneficia ésta discusión al ciudadano del común?

Artículo Nuevo crea Silla Vacía en el Congreso: en que beneficia a la Justicia???

Según palabras del Ministro del Interio Germán Vargas, en relación al segundo debate dela Reforma a la Justicia, “se aprobó un proyecto mejorado de lo que venía de la Comisión Primera del Senado” y dijo, además, que “lo que se pretende es que al final del trámite salga una reforma que beneficie a la rama judicial”.
Conforme al debate fue aprobado un "artículo nuevo" que establece que cualquier tipo penal será causal de ‘silla vacía” en el Congreso de la República, por lo que no solamente las relaciones con narcotraficantes o grupos armados ilegales determinarían que los partidos pierdan la curul, sino que cualquier delito (hurto, homicidio, extorsión, peculado, etc.) determinará este castigo implementado en la anterior reforma política.
Crees que con éste "articulito nuevo" se mejora la "Mora y la Congestión Judicial" ocasionada por el represamiento de expedientes que no han podido ser evacuados por la insuficiencia de jueces en capitales como Bogotá? O acaso no se incurre en violación al Principio Legislativo de Unidad de Materia al tomar la Reforma a la Justicia para hacer reformas políticas???
Tu que crees?

Beneficios de la Reforma

Sabes cuales son los beneficios que trae para el ciudadano del común o, como se dice, para el ciudadano de a pie, la Reforma a la Justicia planteada por el Gobierno Nacional??? si lo sabes, cuentanos tan solo tres (3). Gracias!!!

jueves, 10 de noviembre de 2011

Noticia El Colombiano noviembre 8 de 2011

Reforma a la justicia pasó segundo debate en el Senado

Colprensa | Bogotá | Publicado el 8 de noviembre de 2011

La reforma a la justicia fue aprobada este martes en su segundo debate sin mayores modificaciones. Ahora, la iniciativa pasará su más dura prueba en la Cámara de Representantes donde le esperan dos debates más para que cumpla su primera vuelta como reforma constitucional.

Sin embargo, los tiempos están apretados porque el proyecto debe pasar antes del 16 de diciembre en la Cámara, pero, por ley, solo llegará a discusión en esa corporación la última semana de noviembre. Sumado a esto, la reforma cuenta con la oposición del expresidente Álvaro Uribe Vélez, quién pidió hundirlo.

A pesar de que el texto aprobado este martes en el Senado es muy similar al articulado que pasó en la Comisión Primera de esa Corporación, hay algunos puntos en los que se evidenciaron las diferencias en los planteamientos de las Cortes, el Congreso y el Gobierno.

El fuero militar, en el que se había centrado la discusión de la reforma a la justicia, finalmente se aprobó. No obstante, el tema en el proyecto se tocó de forma superficial, ya que los congresistas plantearon que debido a lo complicado del tema, era mejor regularlo a través de una ley reglamentaria que será presentada ante el Congreso una vez el acto legislativo finalice los ocho debates.

Un aspecto que destacó el ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, fue que el texto que llegará a la Cámara de Representantes incluye que "cuando un parlamentario sea condenado por cualquier delito se producirá el fenómeno de la silla vacía".

Anteriormente, la silla vacía solo se aplicaba cuando se demostraba que un congresista tuvo vínculos con grupos armados ilegales o narcotráfico.

De otro lado, los legisladores también aprobaron implementar la doble instancia en el juzgamiento a congresistas. Se estableció para la primera instancia la creación de una sala de instrucción que será integrada por cinco magistrados, quienes serán elegidos a través de concurso público por los presidentes de las altas cortes, excepto el de la Corte Suprema. El juzgamiento lo hará otra sala de igual número de integrantes, quienes se elegirán de acuerdo a un procedimiento que aún está por establecer.

La segunda instancia queda en manos de la sala penal de la Corte Suprema de Justicia.

En lo que respecta a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, la plenaria de Senado aprobó su eliminación y se decidió que en su lugar se conforme un tribunal especial que estará compuesto por nueve miembros que para acceder a este cargo tendrán que cumplir con las mismas condiciones que para ser magistrado de las altas cortes. Su nombramiento será realizado por la Cámara.

La plenaria del Senado aprobó además que la Rama Judicial tenga recursos económicos equivalentes al dos por ciento del Presupuesto General de la Nación y además que les sean asignados, durante cinco años, un billón de pesos por vigencia para lograr la descongestión de los tribunales.

En lo referente a la modificación del Consejo Superior de la Judicatura (CSJ), que en principio el Gobierno proponía eliminar, el Consejo de Estado planteó mantenerlo con tres salas: la disciplinaria, la administrativa y la de gobierno. Sin embargo, el ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, había considerado que si esa fórmula daba paso a "la conformación de una Torre de Babel que haría más complejo el funcionamiento de la rama".

Así pues, el CSJ se mantendrá vivo y la sala disciplinaria (encargada de investigar a funcionarios de la rama y abogados) no tendrá modificaciones.

La que sí fue eliminada fue la sala administrativa. En su lugar, será constituida la Sala de Gobierno cuya administración será encabezada por un gerente y tendrán asiento representantes de las cortes, del gobierno y de los tribunales.

La iniciativa contempla además que los magistrados podrán ser elegidos a partir de los 45 años, que su período pasará de 8 a 12 años y que la edad de retiro forzoso será a los 70 años. Lo anterior, con base en las declaraciones de Vargas Lleras quien pidió evitar que los magistrados "salgan a hacer política con las sentencias que emitieron durante su ejercicio".

El tema de la tutela no fue tratado y seguirá funcionando tal como está, lo que indica que estos fallos deberán enviarse finalmente a la Corte Constitucional que decidirá si los selecciona o no para revisión.

Al final de la discusión se incluyó un artículo para que el Procurador General pueda disciplinar a los integrantes de la sala de Gobierno que no tengan la calidad de magistrados.

Noticias del Senado Martes 8 de noviembre de 2011

Martes 08 de Noviembre de 2011 21:00

Plenaria del Senado aprobó en segundo debate reforma a la justicia


Plenaria del SenadoPrensa Senado

Como un "ajuste necesario para el buen suceso en la administración de justicia", calificaron los senadores ponentes, la aprobación del Proyecto de Acto Legislativo 07 del 2011.

Bogotá, D.C., 8 de noviembre de 2011 (Oficina de Prensa del Senado).- el senador Jesús Ignacio García (Partido Liberal), destacó que con los nuevos artículos aprobados, el Congreso está trabajando por primera vez, desde la Constitución, para entregarle mayores recursos a la administración de justicia con el propósito de que esta pueda desempeñar y ejercer cabalmente sus funciones.

Resaltó de gran importancia las modificaciones introducidas al Consejo Superior de la Judicatura, por lo cual desparece la sala administrativa, siendo reemplazada por una sala de Gobierno integrada por especialistas en materia administrativa, financiera y contable que tendrá la presencia de los presidentes de las altas cortes.

"De tal manera que para la formulación de las políticas a nivel de la justicia y para la administración de la rama va a haber personas con amplios conocimientos en esas materias, lo cual consideramos que ello es un avance", anotó.

Consejo Superior de política de criminal y penitenciaria

"Este consejo quedó como un órgano asesor del gobierno que va a estar integrado por los magistrados de las altas cortes y por los organismos del gobierno, que tienen que ver con la investigación de los delitos. En este Consejo tendrá también presencia el congreso de la República por lo que creemos será una instancia de confluencia entre los diversos organismos encargados de diseñar, por fin en Colombia, una política criminal, para que no sigamos legislando de acuerdo con la coyuntura", explicó García.

En torno al balance de la gestión desarrollada por la Comisión Primera del Senado que estudió y concertó los diferentes artículos de esta nueva reforma constitucional de la Justicia, el Senador García señaló que este deja hasta el momento un balance positivo.

"La Comisión Primera del senado jugó un papel de mediador entre las cortes y el gobierno, con el objeto de acercarlos en sus diferencias y fue así como se llegó a algunos acuerdos que permitieron que el proyecto avanzara fundamentalmente en el sentido de que no se tocara la tutela, lo cual era una exigencia de las Cortes, pese a que éstas estaban reacias a que se les afectara en sus funciones jurisdiccionales".

Fuero militar

Según el senador García, "el fuero militar aprobado, en el sentido de que se presume que todo delito cometido en un procedimiento militar o policial queda cobijado por el fuero. No estoy de acuerdo con esa determinación que tomó la plenaria del Senado porque eso quiere decir que la Justicia Penal Militar terminaría investigando y juzgando delitos de lesa humanidad".

Senado tomó decisiones de fondo

Por su parte, el también senador ponente Luis Fernando Velasco (Partido Liberal) subrayó que las modificaciones hechas por el Senado de la República "son decisiones de fondo" y resaltó el hecho de que en este proyecto de reforma a la justicia primero se respetó la figura de la tutela la cual, precisó "Seguirá siendo instrumento fundamental para la defensa de los derechos de los ciudadanos".

Destacó también la descongestión judicial que deberá ponerse en marcha a través de varios mecanismos por medio de un proceso de desjudicialización para lo cual fue creada una comisión que anualmente estará presentando elementos de derecho civil o de derecho penal así como la propuestas sobre delitos que puedan resolverse mediante mecanismo distintos al litigio.

Planteo que en la actualidad hay muchos temas considerados como delitos que no ameritan ser tipificados como tales, los cuales se puede determinar con simples procesos de desjudicialización de contravenciones. No significa que no se vayan a sancionar por el contrario, la investigación y la sanción serán mucho más ágiles".

Agregó Velasco que en casos excepcionales se entregarán a particulares funciones jurisdiccionales." Se fortalece la autonomía de la rama de manera presupuestal, creando una especie de situado fiscal, que le permite a la administración de justicia crecer efectivamente su presupuesto año tras año y tener un fondo especial para descongestión y modernización", señaló.

Velasco resaltó el hecho de que el Senado haya mantenido las inhabilidades constitucionales, y legales, reglamentando la doble instancia que de alguna manera ya la venía tratando la Corte Suprema de Justicia. "Lo que se ha probado es una propuesta de la Corte. La única diferencia es que la comisión que investiga es una nueva sala pero la corte sigue juzgando en primera y segunda instancia a los congresistas. La comisión que hace la investigación es una comisión de la corte, nombrada por la sala de gobierno constituida por los presidentes de las altas cortes".

Minjusticia satisfecho

El Ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra se mostró satisfecho con la aprobación del proyecto. "La iniciativa ha ido mejorando considerablemente y va muy bien enfocada. Creo que vamos hacia buen puerto y por lo tanto, los debates que siguen deberán servir para perfeccionar y pulir el articulado para hacer de él lo que queremos que sea".