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miércoles, 21 de diciembre de 2011

Pronunciamiento del Observatorio Nacional Permanente para la Administración de Justicia.

La congestión judicial: pretexto para privatizar la justicia


Observatorio Nacional Permanente de la Administración de Justicia

Viernes 16 de diciembre de 2.011

LA CONGESTION JUDICIAL, PRETEXTO PARA PRIVATIZAR LA JUSTICIA.

Ante la gigantesca congestión en los juzgados, se propone trasladar los casos a notarios y abogados para que decidan en primera y única instancia. Esta fórmula peregrina y pseudocreativa en realidad es injusta, regresiva, inconveniente, contraria a los tratados internacionales…y además es inútil. No hay otra solución que contratar más jueces.
 
Con afán de lucro

Con el pretexto de descongestionar los juzgados, el Congreso tramita un proyecto de reforma constitucional que pretende entregar a los particulares la función pública de administrar justicia.

En Colombia las privatizaciones se vienen adelantando desde hace 20 años, con resultados generalmente nefastos. El ejemplo más grave ha sido el de la salud, derecho que la ley 100 convirtió en mercancía que solo puede ser adquirida por quienes tengan suficiente capacidad económica. Un negocio donde a las EPS les va muy bien, pero a los usuarios muy mal.

La principal característica de las privatizaciones consiste por supuesto en que los operadores particulares actúan buscando la máxima ganancia. Para ello deben aumentar sus ingresos y reducir los costos de funcionamiento. En la salud, la fórmula se ha traducido en cobrar más a los pacientes, en denegar el acceso a medicamentos, tratamientos, cirugías y consultas especialmente costosos y en el desmejoramiento de las condiciones laborales de los trabajadores del ramo.

Si se privatiza la justicia, las ganancias probablemente se producirán mediante el cobro de aranceles judiciales y otras tarifas que los sectores populares y las capas medias difícilmente podrían costear, situación que violaría los mandatos del Estado Social de Derecho.
Si no cobran algún estipendio, no se ve de qué otra manera podrán notarios y abogados asumir las necesidades adicionales en materia locativa y de personal. Y en todo caso preocupa que no sea el Estado quien asuma tales costos y decida trasladarlos a los particulares, sin garantía alguna de calidad.

Un derecho fundamental
La Constitución, los pactos internacionales y la jurisprudencia comparada reconocen el acceso a la justicia como un derecho fundamental:

·         El Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, en el artículo 14.1, establece que “Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia, toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial”.

·         Igualmente, la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica, determina: “Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial”;

·         La Constitución, en el artículo 229, señala que se garantiza el derecho de toda persona a acceder a la administración de justicia. Este artículo ha sido desarrollado por la Corte Constitucional, al establecer que el derecho de acceso a la justicia queda satisfecho cuando el juez natural responde a las pretensiones formuladas por las partes, mediante una decisión de fondo sustentada en derecho (Sentencia T-320 de 1993).

Existe, pues, un consenso internacional para admitir que el derecho fundamental a la administración de justicia se materializa cuando, independientemente de su condición económica, social o de cualquier otra naturaleza, los ciudadanos pueden acudir ante los tribunales especializados para formular pretensiones o defenderse de ellas y obtener un fallo de esos tribunales, cuyo contenido ha de ser cumplido y ejecutado.

En Colombia, el acceso a la justicia está garantizado: independientemente de su condición económica, los ciudadanos pueden acudir a los jueces de la República para que sus conflictos se resuelvan.

Los jueces no se improvisan
Hay que reconocer la gravedad del problema de la congestión de los juzgados: somos los jueces quienes primero la lamentamos y la padecemos. Su causa principal no es otra que el escaso número de jueces y de empleados en Bogotá y otras grandes ciudades.

¿Cómo puede resolver ágilmente un Juez Civil del Circuito de Bogotá, si tiene a su cargo un promedio de entre 1.300 a 1.600 procesos y un Juez Civil Municipal entre 3.000 y 4.000?

Pero aún entonces no se ve la razón para que una propuesta de reforma a la Justicia de nivel constitucional —en lugar de asegurar que el Estado disponga de un mayor número de juzgadores— pretenda imponer de manera ligera y apresurada fórmulas que desconocen el principio de gratuidad y que finalmente afectarán de manera grave la calidad del servicio.
Tales propuestas desconocen de tajo la formación y la experiencia de miles de jueces y empleados, que nos sometemos a exigentes exámenes y concursos. Y desconoce sobre todo al mejor evaluador de nuestra gestión: el día a día de nuestros despachos judiciales a lo largo de los años.

Sorprende que nuestros legisladores pretendan obligar a los abogados a conciliar en una sola persona dos condiciones que en realidad son excluyentes: la de ser litigante y la de ser juez.

Inútil e injusta
Pero además es dudoso que esta fórmula de veras disminuya la congestión en la rama judicial: aunque los particulares tramiten y fallen procesos, las apelaciones de tales decisiones deberán de todos modos someterse al examen de los jueces, quienes tendrían que estudiar y emitir los fallos definitivos.

Un aditamento aún peor consiste en que los procesos de única instancia (aquellos cuya cuantía no supera los ocho millones), nunca serán conocidos por un juez. ¿Si esto no es estratificar la administración de justicia, entonces qué lo es?

¿Qué será del Estado Social de Derecho y del principio rector de la igualdad, que nuestra Constitución preserva tan celosamente, cuando se permite que controversias de baja cuantía, pero que no por eso dejan de ser muchas –constituyen el 40 por ciento del total de conflictos civiles– se sustraigan del conocimiento del juez natural?

Peor aún: ¿Será imparcial la justicia –es decir, será justicia– en manos de notarios y otros operadores privados, que no perciben ningún salario del Estado?

¿Implicará la reforma que el Estado destine recursos para adecuar y dotar las instalaciones donde los notarios atenderán a los usuarios? ¿Por qué esos recursos no se destinan a contratar personal capacitado para la administración de justicia?

Los problemas de la rama Judicial no pueden solucionarse a costa de negar o limitar el acceso a la administración de justicia. El problema de la congestión judicial solo se resolverá cuando en Colombia exista un número suficiente de empleados judiciales, fiscales, jueces y magistrados, entre quienes se pueda dividir el trabajo y aliviar las cargas.
Solución que, por lo pronto, no se encuentra en la reforma a la Justicia.

María del Pilar Arango Hernandez

Abogada de la Universidad Santo Tomas, con especialización enderecho comercial del Externado de Colombia. Durante 20 años fue Juez Civil y actualmente es Juez Civil del Circuito de Bogotá, preside la Corporación de Jueces y Magistrados de Colombia y es Directora ejecutiva del Observatorio Nacional Permanente de la Administración de Justicia.

viernes, 16 de diciembre de 2011

Presidente de la República de Colombia no acepta cuestionamiento de la Corte Suprema a la Reforma a la Justicia

Santos no acepta carta en la que Cortes critican reforma a la Justicia



Presidente Juan Manuel Santos

Foto:



Les pide a los presidentes de las altas cortes que busquen la concertación en el Congreso.

El presidente de la República, Juan Manuel Santos, no aceptó la carta que esta semana le enviaron las altas cortes para criticar el contenido de la reforma a Justicia que aprobó, en primera vuelta, el Congreso de la República.

"Me sorprendí, porque se equivocaron de destinatario", dijo el mandatario y luego añadió que el Congreso de la República es el poder que en estos momentos tiene "la última palabra en la Reforma a la Justicia, no el Presidente".

Sin embargo, expresó que "hemos procurado que exista el mayor consenso posible. Hemos mantenido las puertas abiertas al diálogo, queremos seguir manteniendo esas puertas abiertas", dijo Santos.

Su declaración se produjo durante el acto de entrega de la primera población embera en el departamento de Antioquia, una iniciativa similar a la que realizó el anterior Gobierno con las comunidades indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta.

Entre tanto, el ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, reiteró el ofrecimiento de buscar un acercamiento con las cortes durante el receso legislativo que se inicia este viernes y que se extenderá hasta el 16 de marzo.

"El Gobierno siempre ha estado dispuesto a hacer esa concertación, eso sí, sin renunciar a principios esenciales que creemos pueden contribuir mucho a superar los problemas de la Justicia", dijo Vargas Lleras.

La carta enviada por las altas cortes expresaba "la profunda preocupación e inquietud" por los cambios en el proyecto de reforma, los cuales, para los magistrados "afectan de manera directa (...)la independencia y la autonomía del poder judicial".

Los magistrados también indicaron en su misiva que la reforma sería un "grave retroceso en el camino democrático iniciado por el país desde hace 20 años".

Algunos de los puntos más criticados por los magistrados en este proyecto son: la creación de una superporte que se encargaría de juzgar a los funcionarios con fuero especial. Parte de esa función la cumple en la actualidad la Corte Suprema de Justicia y con esta iniciativa su papel quedaría relegado para la segunda instancia.

También incluye la ampliación del fuero militar, lo que ha sido criticado por la fiscal general de la Nación, Viviane Morales, en una reciente entrevista con Yamid Amat, y organizaciones prestigiosas, como Human Rights Watch, que envió una carta en la que expresa su preocupación en este tema.

Otros temas sería la de permitir que abogados cumplan con la función jurdisccional para ayudarles a los jueces a descongestionar los despachos judiciales y limitar la función nominadora que tienen las altas cortes para nombrar a algunos de los jefes de los organismos de control.

jueves, 15 de diciembre de 2011

Corte Suprema no pierde facultad para juzgar a congresistas: Ministro de Justicia

15 Dic 2011 - 2:44 pm

Reforma a la justicia

Minjusticia admite que última palabra de procesos contra congresistas debe quedar en Corte Suprema

Por: Elespectador.com

De esta manera, Juan Carlos Esguerra desmiente que ese tribunal vaya a perder su naturaleza en procesos contra aforados.


Ministro de Justicia.



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El Gobierno Nacional defendió su reforma a la justicia que está en trámite en el Congreso de la República. El ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, desmintió que la Corte Suprema de Justicia vaya a perder su natuleza y objeto como órgano de cierre en los procesos contra aforados, entre ellos, los congresistas.

"Si se mira lo que se aprobó en Cámara, si prevalece esa fórmula en la conciliación, no es verdad que la Corte no esté siendo tenida en cuenta", aseguró.

El jefe de la cartera de Justicia, Juan Carlos Esguerra, dijo que la posición del Gobierno es no estar con una fórmula que no implique la participación y la última decisión por lo menos de la sala penal de la Corte Suprema de Justicia.

Por eso, volvió a hacer un llamado a las Cortes para que regresen a deliberar en el proceso de aprobación del proyecto.

"Una cordial invitación para que en lo que viene, que son los cuatro debates de la segunda vuelta, nos acompañen a lo largo de casi todo el proceso durante la segunda vuelta", sostuvo.

Y continuó: "su participación es muy importante porque estos son temas sumamente gordos y de Estado y los temas de Estado deben sacarse con la participación de todos los que puedan aportar con su sabiduría".

De momento, se desconoce una respuesta del Gobiernos sobre la fórmula para que el tribunal de cierre en los procesos de tutela sea la Corte Constitucional.


RESUMEN PRIMERA VUELTA REFORMA A LA JUSTICIA

14 Dic 2011 - 10:00 pm

'Habeas juris' en reforma a la justicia

¿Golpe de gracia a la tutela?

Por: Redacción Política

El Gobierno no está de acuerdo con la iniciativa, porque podría aumentar la congestión en los tribunales. ¿Qué hay detrás del debate?


El ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, y el del Interior, Germán Vargas Lleras, durante los debates de reforma a la justicia.



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Una de las grandes novedades que tendrá la reforma a la justicia y que ha pasado de agache porque el debate se ha enfocado en los enfrentamientos entre las cortes y el Congreso, es la implementación del habeas juris. Una figura jurídica a la cual los ciudadanos podrían apelar cuando consideren que se les están violando los derechos fundamentales en el marco de un proceso judicial. Sin embargo, cuando se emplee no se podrá interponer acción de tutela.

El nuevo artículo señala: “las partes en los procesos judiciales podrán ejercer el habeas juris como instrumento y garantía de sus derechos fundamentales en el proceso, ante la autoridad jurisdiccional de igual o superior jerarquía funcional, cuando consideren violados sus derechos fundamentales. Si el mecanismo se ejerce contra actos de organismos de cierre, conocerá de él la Sala Plena de la respectiva corporación”.

Según explicó el representante a la Cámara Germán Navas Talero, el habeas juris, al igual que la acción de tutela pretende amparar los derechos de los ciudadanos pero, al tratarse de una medida que presenta en un proceso, evita el enfrentamiento entre diferentes tribunales por decisiones contrarias, como ocurre en la actualidad con lo que se ha denominado como el ‘choque de trenes’ entre las altas cortes. Para este fin se incluyó un parágrafo que plantea que “este mecanismo no procederá contra sentencias ni contra providencias ejecutoriadas que pongan fin a los procesos”.

Los críticos de la propuesta plantean que el habeas juris podría convertirse en un mecanismo restrictivo de uno de los principales logros de la Constitución de 1991, pues, al emplear esta herramienta jurídica, el ciudadano no podrá entablar una tutela contra sentencia judicial.

Sin embargo, el coordinador de ponentes de la reforma a la justicia, Orlando Velandia, destacó que “se evitará el choque de trenes y se descongestionarán los tribunales evitando las acciones de tutela contra sentencias judiciales”.

Esta iniciativa no ha tenido acogida en el Gobierno. El ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, manifestó su preocupación por la posibilidad de que finalmente el habeas juris genere mayor congestión judicial en el país. “El Gobierno ha sostenido que no nos gusta esta figura porque más que descongestionar los despachos judiciales va a hacer lo contrario. En vez de acelerar, va a demorar. Para mí es una duplicación de la tutela contra providencias judiciales”, afirmó el ministro.

Para el representante a la Cámara Guillermo Rivera es una figura que sólo puede ser usada en un proceso judicial, mientras “con la tutela uno puede reclamar sus derechos fundamentales existiendo o no un proceso judicial. La advertencia es que se requiere una figura de protección, de amparo constitucional, en especial en las investigaciones de los procesos judiciales”.

Aunque los congresistas aseguran que se profundizará en la viabilidad de la implementación del habeas juris en la reforma, llama la atención que ante el retiro de la Corte Suprema de Justicia de la discusión de esta iniciativa no va a haber quien haga una exposición clara de sus bondades, pues fue el presidente del alto tribunal, Camilo Tarquino, quien la propuso en el marco de los debates en el Senado.

Otros puntos de la reforma

Se crea la ‘supercorte’: será la encargada de investigar y juzgar en primera instancia a los altos funcionarios del Estado, excepto al presidente de la República y al vicepresidente. Este tribunal funcionará por un período de 12 años y estará compuesto por seis magistrados que deben reunir las mismas cualidades necesarias para ser miembro de la Corte Suprema de Justicia. Dos de ellos serán designados por el presidente de la República, dos por el Congreso y los otros dos por el Consejo de la Judicatura. La Corte Suprema será la segunda instancia.

Facultades judiciales a particulares: se le otorgan facultades judiciales a abogados, funcionarios administrativos de los juzgados y hasta notarios y registradores. Según el Gobierno, esta medida constituye la médula del proyecto en lo que corresponde a la descongestión de la justicia.

Funciones nominadoras: se le quitan las funciones nominadores a las altas cortes en la postulación de candidatos para procurador general de la Nación y contralor de la República.

Silla vacía: se acaban las suplencias para los miembros de las corporaciones públicas de elección popular. Sólo podrán ser reemplazados en casos de muerte, incapacidad médica absoluta para el ejercicio del cargo, condena penal o medida de aseguramiento por delitos electorales, políticos o culposos.

Presupuesto: se estipula un porcentaje igual a la tasa de inflación esperada, más un incremento adicional del 2%. Además, el Gobierno asignará un billón de pesos durante los cinco años siguientes a la entrada en vigencia del acto legislativo.

RESCATABLE: Corte Constitucional Organo de Cierre en Tutelas

Fin a choque de trenes con la nueva reforma de la justicia



Plenaria de la Cámara de Representantes.

Foto:



Proyecto deja a Corte Constitucional como órgano de cierre sobre tutelas.

Después de tres días de intensa discusión, la plenaria de la Cámara de Representantes le dio este miércoles vía libre, en el cuarto de ocho debates, a una reforma de la justicia muy diferente a la prevista inicialmente.

El proyecto de reforma de la Constitución pasó su primera vuelta con muchas sorpresas. Pero entre todas, llamó la atención la que dejó a la Corte Constitucional como tribunal de cierre, instancia suprema para dirimir las controversias jurídicas.

Si la iniciativa logra hacer el tránsito en segunda vuelta el próximo año tal como quedó aprobada ayer, además de terminar con una vieja disputa entre los altos tribunales por quién tiene la última palabra, también parece blindar el proyecto mismo, pues la Corte Constitucional, a la que le interesa sobremanera este asunto, podría verse menos dispuesta a decretar vicios de constitucionalidad, para asegurarle su vigencia.

Se pondrá fin a uno de los problemas más críticos de la justicia: el llamado choque de trenes, que generó los peores enfrentamientos entre los altos tribunales que se disputaban tener la última palabra en este sentido.

Se incorporó un parágrafo al artículo 13 del proyecto que determina que la Corte Constitucional será el órgano de cierre en cuanto a las tutelas. Alfonso Prada, representante del Partido Verde y uno de los coordinadores ponentes, dijo que lo aprobado "es revolucionario. Casi tan importante como la tutela misma".

La idea del parágrafo es que el alto tribunal sea el órgano de cierre en todos los procesos relacionados con los derechos fundamentales establecidos en la Constitución, dentro de los cuales está la tutela.

En palabras del mismo Prada, se busca que "así como en materia penal y civil el tribunal de cierre es la Corte Suprema, y en materia administrativa el Consejo de Estado, ahora en materia constitucional será la Corte Constitucional".

Esta falta de claridad en la Carta Política había dado pie para que, inclusive, el Consejo Superior de la Judicatura se pronunciara sobre tutelas que ya habían sido estudiadas por la Corte Constitucional.

"Al determinar el cierre en materia de derechos fundamentales en la Corte Constitucional se acaba con ese paseo que existía o que podía existir por falta de haber determinado con claridad, por parte del constituyente de 1991, quién era el que podía hacerlo", explicó el congresista tolimense Alfredo Bocanegra, del Partido Conservador.

El Gobierno también mostró su beneplácito por la aprobación de este parágrafo. El ministro del Interior, Germán Vargas, dijo que "con esa norma se supera, con rango constitucional, el denominado choque de trenes, adicionalmente porque se restringe la posibilidad de que el Consejo Superior vuelva a conocer de providencias emitidas por otras jurisdicciones".

El ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, respondió las críticas por el alejamiento del Consejo de Estado y la Corte Suprema del debate, y dijo que en el trámite del proyecto no hubo "ánimo revanchista".

Asociaciones judiciales piden que se retire la reforma.



Otros puntos claves aprobados

- Se regulan las indemniza- ciones que pagará el Estado cuando haya demandas en su contra por daño ocasionado por alguna autoridad.

- Se implementó el hábeas juris. Se usará cuando una de las partes crea que se violan sus derechos fundamentales. - La 'silla vacía' se aplicará a miembros de corporaciones públicas que cometan cualquier delito.

- Al Contralor lo elegirá el Congreso. Al Procurador también, pero de terna que envíe el Presidente.

- Los magistrados de las altas cortes tendrán el mismo régimen pensional de los congresistas.



'Supercorte': 'Frankenstein'

Así la calificó ayer la fiscal Viviane Morales

La fiscal Viviane Morales rechazó la creación de una 'supercorte' para el juzgamiento de aforados, propuesto en la reforma de la justicia. Dijo que si este nuevo tribunal "se encarga de los controles, podemos estar hablando de un Frankenstein dentro de una democracia". La Fiscal también rechazó las declaraciones del ex fiscal Germán Pabón, quien aseguró que el esposo de Morales, Carlos Alonso Lucio, le propuso no actuar en contra de Samuel Moreno. Afirmó que hay personas que están buscando supuestos impedimentos para que ella no siga en los procesos.

miércoles, 14 de diciembre de 2011

Reparos de la Fiscalía General de la Nación al Proyecto de Reforma a la Justicia

14 Dic 2011 - 3:11 pm

Reforma a la justicia

Fiscal General presentó reparos a proyecto de reforma a la justicia

Por: Elespectador.com

Según Vivian Morales la llamada “Súpercorte” que se propone en el Congreso traería más dificultades que beneficios en el acceso a la justicia.


La fiscal Viviane Morales.

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Serios reparos presentó la fiscal General, Viviane Morales al proyecto de reforma a la justicia que se debate en el Congreso esta semana, y el cual ha sido el centro de la polémica por parte de los presidentes de las altas cortes al considerar que no soluciona todos los problemas de la rama judicial.

Según la Fiscal General, hay que pensar cómo van a ser designados los magistrados de esos organismos llamados 'superpoderosos' debido a que a veces representan un peligro para la democracia.

"Entonces, como van a ser designados, que garantías de independencia, pero también que garantías de controles, porque si es una Súpercorte que se sale de controles podemos estar pensando en un Frankenstein dentro de una democracia", manifestó Morales Hoyos, haciendo referencia al hecho de que no se han medido las verdaderas consecuencias de este proyecto.