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martes, 31 de enero de 2012

Nuevo Presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia habla sobre Reforma a la Justicia y otros temas

30 Ene 2012 - 11:22 pm
Noticias elespectador.com

Dice el nuevo presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema

'La batalla ahora es jurídica'

Por: Diana Calderón / Especial para El Espectador

José Leonidas Bustos asegura que así como el gobierno Uribe intentó desprestigiar al tribunal por medios "punibles", el gobierno Santos lo quiere "desmantelar" a través de la reforma a la justicia.
José Leonidas Bustos considera que la Corte debe hacer un gran esfuerzo investigativo para que se vean los resultados en los casos de parapolítica. / Gabriel Aponte - El Espectador

José Leonidas Bustos, nuevo presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, plantea por primera vez la verdadera posición del alto tribunal. Dice que sólo una interlocución directa con el presidente Juan Manuel Santos los haría volver a la mesa y que no reconoce a los ministros del Interior y de Justicia como interlocutores válidos. Anuncia prontos resultados en la investigación de la Dirección Nacional de Estupefacientes.

¿Cómo recibe las declaraciones de alias ‘Don Berna’, en las que confiesa que funcionarios del gobierno Uribe, como Bernardo Moreno, César Mauricio Velásquez y Edmundo del Castillo, manejaban el complot contra la Corte Suprema de Justicia?
No recibo la noticia con sorpresa, porque las investigaciones de la Fiscalía han comprobado que altos funcionarios del gobierno anterior estaban seriamente comprometidos con una campaña de desprestigio y desacreditación en contra de la Corte Suprema de Justicia, por eso el tema del complot cobra mayor demostración con las declaraciones de alias Don Berna. Creo que en el gobierno anterior altos dignatarios del Estado muy allegados al Palacio de Nariño se dedicaban a la tarea de perseguir a los magistrados para desacreditarlos, pero ahora los dignatarios ya no utilizan las herramientas del delito, sino que emprendieron una campaña jurídica a través de reformas constitucionales para desmantelar a la justicia y, particularmente, a la Corte Suprema de Justicia.

¿Cómo lo hace sentir el haber sido uno de los pocos magistrados gobiernistas durante la administración Uribe, por ejemplo en su voto contra la jurisprudencia que pretendía que la Corte asumiera todos los procesos de la parapolítica?
Hay que aclarar que no fui gobiernista en ningún momento, sencillamente estuve de acuerdo con una tesis jurídica y la defendí sin importar a quién beneficiaría. La labor del juez es estudiar el tema jurídico y buscarle la mejor consideración, aquella que en su concepto considere más acertada y que resuelva el problema jurídico. En ese momento consideré que la Corte Suprema no podía continuar con las investigaciones ni con los juicios, aunque por mayoría se determinó lo contrario. Sin embargo, esa interpretación, que es eminentemente jurídica, no puede asimilarse a un respaldo al Gobierno.

Dice usted que primero trataron de acabar con la Corte a través de un complot y que ahora hacen lo mismo, pero con una reforma a la justicia para quitarles competencias...
Sí. Reflexioné sobre el tema y encontré alguna similitud entre la campaña del anterior gobierno en la que, como se ha demostrado, altos funcionarios de la Casa de Nariño se dedicaron a cometer conductas delictivas dirigidas a desprestigiar a los magistrados ante la opinión pública (interceptaciones telefónicas ilegales, seguimientos pasivos, búsqueda selectiva en bases de datos) y la gran campaña actual liderada también por altos funcionarios del Estado —seguramente varios ministros— que están dedicados a una batalla jurídica con la anuencia de algunos miembros del Congreso para, a través de esa reforma constitucional, restarle atribuciones a la Corte Suprema de Justicia y, en cierto sentido, desmantelarla, lo mismo que a la Rama Judicial.

¿Se refiere a los ministros Juan Carlos Esguerra y Germán Vargas Lleras?
No puedo precisar exactamente si se trata de estos dos ministros, pero considero que son aquellos que han estado muy pendientes de la reforma y que no han hecho lo más mínimo por persuadir a los miembros del Congreso de que es inadecuada, está fuera de contexto y que la gran mayoría de preceptos, hasta el momento aprobados, no resuelven los graves problemas en materia de justicia que vive Colombia. Si miramos los artículos aprobados encontramos que de lo que se trata es de introducir una injerencia determinante del Ejecutivo y del Legislativo en la Rama Judicial a través de su administración.

Además, busca ponerles una cortapisa a las investigaciones y los juicios adelantados por la Sala de Casación Penal, por ejemplo, creando una sala de instrucción y una de juzgamiento en primera instancia con nombramientos a través de presidentes de otras jurisdicciones. Pero teniendo en cuenta que la Corte Suprema de Justicia es la jurisdicción ordinaria, debería ser ésta la que designase dichas salas de instrucción y juzgamiento en primera instancia. También encuentro que los funcionarios con calidades de magistrado de Corte, que van a trabajar en la comisión de instrucción en compañía de la Cámara de Representantes, van a tener facultades de fiscales y, por tanto, la posibilidad de ordenar capturas y restringir los derechos fundamentales. No sé si es que el Congreso quiere ver a los magistrados en la cárcel, pero lo que sí debe quedar claro para Colombia es que en la historia de vida republicana del país ningún magistrado de la Corte Suprema de Justicia ni del Consejo de Estado ha sido condenado por un delito.

¿Quién es para usted mejor interlocutor, Esguerra o Vargas?
Ninguno de los dos. Creí que el ministro de Justicia, como lo ha pedido la Corte Suprema o por lo menos lo había sugerido, iba a ser un interlocutor entre la justicia y el Gobierno, pero encuentro que no sólo no lo ha sido, sino que se ha opuesto a las aspiraciones y sugerencias, tanto de la Corte Suprema de Justicia como del Consejo de Estado. De pronto tuvo razón la Corte cuando no lo designó fiscal general de la Nación.

¿Estaría dispuesta la Corte a pedir una interlocución diferente en el Gobierno, por ejemplo, del propio presidente ?
Creo que el presidente, quien goza de un respaldo muy importante en el Congreso, debe liderar una reforma que realmente consulte los graves problemas de la justicia colombiana. Si en este momento ha existido un apartamiento del proceso legislativo de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado, esos serían fuertes motivos para que el Gobierno pensara en qué esta mal y cómo se puede corregir.

¿A través de una interlocución directa con el presidente la Corte estaría dispuesta a replantear su posición y regresar a la discusión?
Creo que sí. Ese canal no se puede cerrar. Pero así como el presidente de la República le pide a la guerrilla que dé muestras de paz soltando a todos los secuestrados que tiene en su poder, la Corte también le pediría al Gobierno que dé muestras. Por ejemplo, que en el próximo debate se introduzcan serias reformas al proyecto de acto legislativo que le permitan a la Corte volver a discutir los temas como lo venía haciendo, de manera sincera, proactiva y edificante.

¿La Corte va a insistir en el tema de subir el período de 8 a 12 años y el aumento en la edad de retiro forzoso?
En este momento a ningún magistrado le interesa el incremento del período, ese es un tema secundario, lo que importan son las acciones.

Un día después de su elección como presidente de la Sala Penal, usted dijo que había que ponerle término a la parapolítica. ¿En qué consiste ese término?
Una persona no puede permanecer indefinidamente sub judice a un proceso, porque eso viola la dignidad humana. Por eso considero que la Corte debe hacer un gran esfuerzo investigativo para que se arrojen resultados. La Corte no puede seguir desgastándose investigando la parapolítica, un fenómeno macro que considero requiere una investigación también macro. Lo ideal es que las pesquisas que se están adelantando logren profundizarse y no se dilaten en el tiempo.

¿Por qué se ha demorado tanto la investigación sobre la Dirección Nacional de Estupefacientes?
Los resultados están próximos a ser conocidos por el país. La investigación sobre las conductas delictivas cometidas en el interior de la DNE, por algunos miembros del Congreso, ha sido adelantada por tres salas de instrucción. Aunque no pertenezco a ninguna de estas salas, sé que no ha sido un proceso fácil. La complejidad del caso ha requerido investigación exhaustiva de carácter documental y testimonial. Se necesita verificar información y formular hipótesis, sobre todo para demostrar un vínculo entre miembros del Congreso y la DNE.

¿Por qué se están cayendo tantos procesos por la competencia del despacho de la fiscal general de la Nación, por ejemplo el caso Maza Márquez?
Son casos particulares. De acuerdo con la Constitución, existen unos funcionarios aforados y en el caso del general Miguel Maza Márquez, la conducta que se le imputaba la habría realizado cuando se desempeñaba como director del DAS. En ese sentido, y de acuerdo con el numeral cuarto del artículo 235 de la Constitución, la investigación y acusación corría a cargo del fiscal general de la Nación y no de un fiscal seccional, y el juicio obviamente tenía que adelantarlo la Corte Suprema de Justicia. Al no cumplirse esos requerimientos, la Sala de Casación Penal dispuso no solamente abocar el conocimiento de ese juicio, sino decretar la nulidad de todo lo actuado a partir de la resolución de apertura de instrucción para que se corrigiera el vicio señalado. Sin embargo, es importante resaltar que la Corte dejó vigentes todas las pruebas y en ese sentido la actividad investigativa y probatoria conserva su valor.

¿Cuándo va a pasar la Corte del carrusel de Bogotá al carrusel nacional?
Esto es una cuestión dialéctica. Se pasa de un estado a otro sólo si existen fundamentos.

¿Y existen esos fundamentos?
En este momento la investigación ha arrojado datos acerca de algunos miembros del Congreso que se encuentran seriamente comprometidos con el denominado carrusel de la contratación en Bogotá. A raíz de esas investigaciones la Sala de Casación Penal ha compulsado copias contra altos dignatarios del Estado, pero cuando se trate de un congresista la Corte no dudará en compulsar las copias pertinentes con el fin de que la misma sala provea la investigación.

Campaña en el alto tribunal
Hoy la Corte va a escoger al presidente del alto tribunal, ¿mantiene usted su candidatura?
Jamás he tenido una candidatura, sencillamente se dio la ocasión de que la sala, muy amable y gentilmente, me designara por unanimidad como su presidente y eso es un honor para mí. En este momento no estoy pensando en ser el presidente de la Corte, creo que hay personas que por su antigüedad merecen serlo.

¿Quiénes?
Los candidatos actualmente son: la doctora María del Rosario González Muñoz, el doctor Julio Enrique Socha Salamanca, el doctor Sigifredo Espinosa Pérez y el doctor Javier Zapata Ortiz.

La Corte y el caso Viviane Morales
¿Es cierto que la Corte está insatisfecha por los cuestionamientos que ha recibido la fiscal Viviane Morales en relación con su matrimonio con Carlos Alonso Lucio?
Las cosas tienen que mirarse desde diferentes ópticas. El tema de la fiscal en relación con su esposo tiene dos interpretaciones: una de carácter privado, que solamente compete a la órbita de los esposos, y otra de carácter público, que le compete, obviamente, a toda la sociedad.

Hasta el momento considero que la fiscal general ha hecho un excelente papel como rectora de la función acusadora e investigadora y no me cabe ninguna duda de que se ha distinguido por su carácter, por su trabajo y por su vocación de servicio.

Pero la verdad es que la Corte no sabía que ella mantuviese esa clase de relaciones con el señor Carlos Alonso Lucio. Seguramente si los hubiese conocido, habría ameritado alguna otra reflexión.

lunes, 30 de enero de 2012

Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura fija posición sobre reforma a la justicia

Fecha de la noticia: 26 Enero 2012

Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura elige dignatarios y fija posición sobre reforma a la justicia

La Sala Administrativa designó como Presidente al Magistrado Néstor Raúl Correa Henao y como Vicepresidente al Magistrado José Agustín Suárez Alba, para el periodo comprendido entre el 26 de enero de 2012 al 31 de enero de 2013.

El nuevo Presidente se permite, en primer lugar, fijar la posición de la Sala Administrativa sobre el proyecto de reforma a la justicia que avanza en el Congreso. La Sala Administrativa se opone a ese proyecto y solicita su hundimiento, por las siguientes razones:

- El proyecto no parte de un diagnóstico sino de un deseo: el deseo de reforma. El proyecto no soluciona los grandes problemas de la justicia como la congestión, la demora y la dificultad para acceder a un juez, especialmente por parte de la población vulnerable.

- El problema estructural de la justicia no hay que buscarlo al final, en los despachos judiciales, sino al comienzo, en las causas de los conflictos: la gente no paga sus deudas, el gobierno no reconoce las pensiones ni responde las peticiones, las EPS no atienden a los usuarios, los empleadores no respetan los derechos laborales y, en general, hay un universo de agresiones diminutas y cotidianas en el trato entre las personas. En palabras de Freud, hay un malestar en la cultura. Por ejemplo, de las 400.000 tutelas anuales, una tercera parte son contra las EPS y otro porcentaje importante se origina porque el gobierno no responde las peticiones. De los 2.4 millones de procesos judiciales que hay en Colombia, una cuarta parte corresponde a procesos civiles ejecutivos iniciados por apenas 15 bancos, debido al no pago de los préstamos. La gente presta plata y luego no la paga. Y buena parte de la población ocasiona o padece esas agresiones diminutas y cotidianas, esos “asesinaticos” impunes. Es un tema que nos concierne a todos los colombianos y del cual no se ocupa la reforma.

- Al final, esos problemas terminan donde un juez, que tiene entre mil y dos mil expedientes. Los jueces y magistrados, esos héroes anónimos, hacen lo mejor que pueden: abren sus despachos todos los días a las ocho de la mañana, profieren 10.000 providencias diarias y se enfrentan a ese mar de expedientes, a los usuarios y a la crítica, como chivos expiatorios por ser el último eslabón de las faltas de todos.

- El proyecto de Acto Legislativo simplemente busca resolver la tensión que media entre las instituciones para efectos de los nombramientos y juzgamientos, no entre los ciudadanos y la justicia.

- El proyecto de reforma inició con un articulado, siguió con otro y terminó con otro. A la una de la mañana del último día del debate alegremente le ponían y quitaban artículos, ante la actitud pasiva del gobierno. Lo sucedido hasta aquí hace entrar en línea de cuenta la pregunta: ¿y dónde está el piloto? En fin, la justicia es un asunto serio, demasiado serio, y ha llegado la hora de ponernos serios.

En segundo lugar, la Sala Administrativa ha venido cambiando y en la actualidad presenta sus credenciales: desde diciembre pasado inició una nueva política de transparencia y gestión, que se expresa en los siguientes ejemplos:

- Revocó unas medidas que creaban unos cargos para la Sala Disciplinaria, expedidas sin suficiente claridad.

- Publicó la IV Encuesta de Percepción, en donde en parte se reflejan algunas fortalezas y debilidades de la Sala.

- Publicó el listado de los viajes de todos los magistrados de altas cortes durante los años 2010 y 2011. Lo seguirá haciendo en forma trimestral, especificando el motivo del viaje.

- Modificó la forma de elaboración de listas de candidatos para las altas cortes, con el fin de realizar las entrevistas en audiencia pública, con transmisión por televisión y por la página web de la rama judicial. En esas audiencias podrán participar las ONG. El martes y miércoles de esta semana se celebraron las primeras audiencias y en el día de hoy se entregaron las dos primeras listas para la Corte Suprema de Justicia, elaboradas con este nuevo procedimiento.

- Aprobó llevar a la Comisión Interinstitucional la creación de juzgados en los 135 municipios del país que aún hoy carecen de oferta judicial. Pronto estos juzgados serán una realidad

- Aprobó estudiar la próxima semana la adopción de un plan de transparencia judicial y un código de ética judicial.

- Celebró con la Contraloría General de la Nación un convenio para facilitar la auditoría y los planes de mejoramiento continuo.

- Empezó a delegar algunas funciones en el nivel seccional y en los próximos días se expedirá un acuerdo marco de desconcentración de funciones.

- Adelantó los estudios para concertar y proferir un plan de tecnología para la rama judicial.

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Como se aprecia, las cosas están cambiando y la Sala Administrativa espera que le den una oportunidad para demostrarle al país que con la actual arquitectura institucional se pueden lograr muchas cosas.

En tercer lugar, la Sala Administrativa propone la celebración de un gran “pacto nacional por la justicia”, que cuente con la participación de la rama judicial, del Gobierno, del Congreso, de los banqueros y de las ONG, para llegar a unos consensos mínimos. De ese pacto debe surgir una “misión de expertos”, de carácter internacional, como las que se han adelantado en el pasado para el sector de las finanzas públicas, con el compromiso de evaluar e implementar las recomendaciones.

En cuarto lugar, y mientras tanto, la Sala Administrativa no va a participar en el debate que se adelanta en el Congreso sobre la reforma a la justicia ni va a entrar en negociaciones para tratar de conservarse. La Sala Administrativa sabe la suerte que le espera. Pero dará la batalla. En todo caso, la Sala Administrativa prefiere ser suprimida antes que hacer algo indebido. Sólo se puede sobrevivir con dignidad.

NÉSTOR RAÚL CORREA HENAO
Presidente Sala Administrativa

Origen de la noticia: BOGOTA-CUNDINAMARCA-Colombia,
Fecha de la noticia: 26-Enero-2012
Fecha última actualización: 26-Enero-2012
Fuente:Sala Administrativa Consejo Superior de la Judicatura

jueves, 26 de enero de 2012

Leonidas Bustos, nuevo Presidente Sala Penal Corte Suprema de Justicia

La justicia que necesita el país no se logra con la reforma que se tramita en el Congreso: Leonidas Bustos

Caracol | Enero 26 de 2012
 

El nuevo presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, Leónidas Bustos, afirmó que se continuará trabajando en el tema de la ‘parapolítica’ y anunció que en los próximos días se darán a conocer nuevos resultados sobre estas investigaciones.

Reconoció que hay que ponerle punto final al proceso teniendo en cuenta las investigaciones que se vienen ejecutando.

De acuerdo con el presidente de la Sala Penal, también se van a entregar nuevos resultados en el tema de estupefacientes, en el carrusel de la salud y en contratación pública.

En materia de la situación de la justicia en Colombia, el magistrado dijo que no hay fórmulas mágicas para superar los problemas de congestión que se vienen presentando.

Consideró que se hace imperativo aumentar el número de jueces, fiscales e integrantes de la policía judicial con el fin de atender los requerimientos de los colombianos.

Bustos explicó que en Bogotá, en localidades como Kennedy y Ciudad Bolívar no tienen un sólo juez a pesar de la magnitud de los problemas que se registran en estos dos puntos.

Finalmente, comentó que en el caso del presidente de la Corte Suprema de Justicia su elección se efectuará sin tener en cuenta que los magistrados sean de derecha o izquierda, porque lo importante es que todos están comprometidos en defender la justicia.

Tomado del Blog de Mario Conde, sobre la Reforma a la Justicia Española.

Por Mario Conde

26 Jan 2012

Sobre la reforma a la justicia españolacomentarios




Es fundamental que los 12 miembros judiciales no sean nombrados por los políticos.

La Constitución Española de 1978 proclamó solemnemente que la Justicia emanaba del pueblo y se administraba por jueces y magistrados independientes, responsables y sometidos únicamente al imperio de la Ley. Fantástico. Pero, en este como en otros territorios en los que habitan los derechos y las libertades, entre la proclamación constitucional y la vida diaria se alza un abismo considerable debido a que el poder se ejerce dentro de un marco al que califico de sistema. Así escribí en 1994: “Si queremos comprender cómo funcionan las relaciones reales de poder en España, no basta con acudir a un texto constitucional, sino contrastar la definición teórica con el verdadero funcionamiento empírico”. (El sistema) Hoy, 2012, muchos años después, la generalidad de los españoles alberga un concepto muy negativo de la Justicia. Terrible noticia, porque desconfiar de quienes ejecutan las leyes es poner en cuarentena el Estado de Derecho, es decir, nuestros derechos, libertades, haciendas y dignidades. Y la razón para tal desconfianza parece radicar en que algunos sienten cumplida la aterradora admonición de Goethe: “Justo acaba siendo lo que conviene a quien dicta sentencia”.
El 1 de julio de 1985, el Gobierno de Felipe González aprobó la Ley Orgánica del Poder Judicial. Posiblemente tuvieran en mente que la clave consistía no tanto en las leyes como en los hombres que las ejecutan, dado que la experiencia prueba que la hermenéutica jurídica, cuando se pone al servicio de la política, admite unos grados de “flexibilidad” sorprendentes. Por ello, la persona-juez se convierte en objetivo fundamental. Y para controlarlo, el paso inicial lo constituía el Consejo General del Poder Judicial, el encargado teóricamente de nombramientos, ascensos, promociones, esto es, de la faceta humana del hombre de la Justicia. Controlando al Consejo se conseguiría manejar en gran medida o en medida suficiente la composición de los órganos judiciales. Para ello nada mejor que la lacónica frase del artículo 112, apartado 1 de esa ley del 85. “Los vocales del Consejo General del Poder Judicial serán propuestos por el Congreso de los Diputados y el Senado”. Agradezco lo de “propuesto”, pero en realidad son nombrados por los políticos. Y como el Consejo gobierna a los jueces, los políticos acaban de invadir sin tapujos la independencia judicial. Sepan, señores jueces, que sus carreras dependen de los políticos, y no lo olviden cuando administren “justicia” en casos que interesan al poder.
¿Es constitucional semejante destrozo? Pues sí, porque si bien es verdad que la Constitución señala que 12 de los 20 miembros del Consejo tienen que ser nombrados entre jueces y magistrados, añade la terrible frase: “En los términos que establezca la Ley Orgánica”. Amparados en esa cláusula tan genérica crearon una Ley que desnaturaliza por vía tan directa el principio de la separación de poderes. La Justicia no sólo tiene que ser independiente sino, además, parecerlo, y tal valor se depreda si depende de nombramientos políticos. Alguien dijo: “Montesquieu ha muerto”. En realidad fue un asesinato.
Acaba de anunciar la vicepresidenta del Gobierno una reforma retornando al modelo anterior. Distingamos. Es fundamental que los doce miembros judiciales no sean nombrados por los políticos. Ese parece ser el espíritu de la reforma. ¿Se puede ir mas allá? Difícil por el corsé constitucional. ¿Se debería? Para mí, sin duda. Sustraer de toda influencia política a la administración de Justicia es un valor primario de la convivencia. No lo digo sólo como abogado del Estado. Lo ratifico por experiencia sufrida.
Tendremos que esperar a ver el modo concreto de designación de esos 12 miembros. La izquierda –así llamada– se opondrá seguramente con el argumento de que si los nombran las asociaciones, como son mayoría de conservadores, la Justicia será conservadora. Parece que ignora que separar las convicciones ideológicas del respeto a la ley es decisivo. Difícil, pero básico, y quizás los casos de sectarismo en sus filas les alarmen. Hay que ir, incluso, a más, y conseguir que los cargos electos tales como presidentes de TSJ o de audiencias provinciales, en fin, cargos de designación libre, sean elegidos por los propios jueces y magistrados, estableciendo de manera clara las condiciones de antigüedad y méritos de los candidatos. ¿Es esta propuesta un corporativismo trasnochado? Para nada. Si el Poder Judicial tiene que ser independiente, creemos un cuerpo normativo que lo permita. ¿Con ello eliminaremos el riesgo de jueces capaces de dictar sentencias que priven de libertad a personas por designios del poder político? No, pero se lo pondremos mas difícil y eso ya es mucho. Quedan otros pasos: que el Consejo gestione el presupuesto de la Justicia, asunto para otro día. Y otro: crear delitos agravados especialmente para los jueces corruptos, por dinero o por ser jueces del poder político. Ganaremos todos".

martes, 24 de enero de 2012

Gobierno le dice a Human Rights Watch que no retira Fuero Militar

Martes 24 de enero de 2012

Fuero militar

Gobierno le dice a HRW que no retira fuero militar de reforma a la justicia

Por: Elespectador.com

Aunque la ONG pidió el cambio dentro del proyecto, el ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, descartó esa posibilidad.
El Gobierno Nacional le respondió a Human Rights Watch (HRW) que no excluirá el fuero militar del proyecto de reforma a la justicia que está en trámite en el Congreso, que reinicia su discusión en marzo.

Pese a la preocupación expresada por esa ONG, el ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, dijo que “no se atenderá” esa petición, toda vez que en la respuesta que desde diciembre entregó el Gobierno, se demuestra que no habrá impunidad en los procesos en contra de militares.

Igualmente, le recordó a HRW que el Gobierno integró una comisión de expertos conformada por civiles, militares y oficiales de policía en retiro -conocedores de la justicia penal militar–, para que revisen como condición universal todo lo concerniente a ese álgido tema.

“Ellos determinarán en su momento cómo se integra su trabajo en un proyecto de reforma y esa podría ser la única razón que determinara que el asunto del fuero pasará a ser parte del mismo proyecto integral”, explicó.

La comisión toda la confianza del Gobierno pues conoce “al dedillo” la justicia penal militar.

La iniciativa apoyada por el gobierno del presidente Juan Manuel Santos para ampliar el fuero militar es la principal preocupación de la organización Human Rights Watch respecto a Colombia, afirmó este lunes uno de sus directivos, José Miguel Vivanco.

"No entendemos el afán del actual gobierno por producir un retroceso que es perfectamente evitable en una materia que es central para la vigencia de los derechos humanos en Colombia", dijo Vivanco en rueda de prensa en Washington, un día después de que HRW divulgara su informe mundial.

"Lo más delicado que hemos podido registrar este año durante el gobierno de Santos es la reforma" de la justicia militar, señaló.

Ampliar el fuero militar "favorece la impunidad", toda vez que "es conocido el récord de la jurisdicción militar en Colombia, que se ha caracterizado por encubrir, por manipular evidencias", sostuvo Vivanco.

El proyecto al que se refiere, en trámite en el Congreso, contempla incrementar el alcance de la justicia penal militar para que reciba en primera instancia las investigaciones sobre delitos de los uniformados en actos de servicio.

"Ojalá que el gobierno de Santos retire el proyecto", dijo Vivanco.

A propósito, ya sabes que propone el Gobierno Nacional con el Fuero Militar?