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viernes, 30 de marzo de 2012

Notarias Vs Juzgados: La Justicia Colombiana del Gobierno Santos

29 Mar 2012 - 7:26 pm

Jefe de Estado habló de un posible remplazo de la huella digital

Santos espera crear 483 notarías

Por: Elespectador.com

La idea, dijo el presidente, es llegar a todos los municipios del país.
El presidente Juan Manuel Santos afirmó este jueves que espera que antes de terminar su gobierno todos los municipios del país tengan notario y agregó que impartió instrucciones para que se cumpla dicho propósito.

“Creemos tanto en la importancia de la función notarial que he dado instrucciones a la Superintendencia de Notariado y Registro para que se realicen los estudios necesarios para que, al terminar mi Gobierno, todos los municipios del país tengan una notaría”, señaló el Jefe de Estado durante la posesión de doce notarios en la Casa de Nariño.

Sostuvo que los municipios más pobres y más alejados deberían contar con el servicio notarial.“Hoy sólo se presta el servicio de notariado en 619 municipios y la idea es crear 483 nuevas notarías de tercera categoría para llegar a todos los municipios del país”, precisó.

El Jefe de Estado resaltó que para lograr los objetivos, la Unión Colegiada del Notariado aumentará sus aportes al Fondo de Cuenta Especial del Notariado. “Con estos aportes incrementados, más los aportes de la Superintendencia, podremos garantizar los 30 mil millones de pesos anuales que costará el funcionamiento de las nuevas notarías”, destacó.

Finalmente recomendó al ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, al superintendente de Notariado y Registro, Jorge Enrique Vélez, así como a los notarios, culminar la tarea al finalizar el presente año, porque con este objetivo “¡vamos a mejorar la calidad de vida de los habitantes de ese casi medio millar de municipios que hoy no tiene este servicio!”.

Modernización de la actividad notarial 
Igualmente, el presidente Santos dijo que con la ampliación del número de notarías, con el uso del sistema de identificación biométrica y el papel de seguridad, se fortalecerá la actividad notarial en el país. 

Como parte de esta estrategia, el gobierno viene trabajando con la Superintendencia y la Registraduría Nacional del Estado Civil en remplazar la huella digital por un sistema más moderno en todas las notarias del país, anotó el mandatario y dijo que espera que entre a operar a finales de este año. 

“Hay otro avance muy importante que quisiera destacar, y se trata del reemplazo del sistema de huella y tinta para la toma de huellas digitales por un moderno sistema de identificación biométrica que corresponda a las tecnologías del siglo XXI”, subrayó el presidente. Con ello se va a modernizar el notariado y a garantizar una mayor transparencia electoral. “Les daremos más seguridad jurídica a ustedes mismos, los notarios”, manifestó. 

Añadió que para evitar la suplantación y falsificación en los documentos “la Superintendencia también está trabajando en la implementación del uso del papel de seguridad para todos los trámites notariales”. Y concluyó: “Lo que buscamos, en suma —a través del concurso en el que ustedes fueron seleccionados, con la ampliación del número de notarías, con el uso del sistema de identificación biométrica y el papel de seguridad— es fortalecer cada día más el ejercicio de la actividad notarial”.

jueves, 29 de marzo de 2012

Notarias Vs Juzgados: Esta es la Reforma a la Justicia del Gobierno Santos

Durante mi Gobierno se crearán 463 Notarías: Santos

Marzo 29 de 2012 Noticias caracolradio.com


El presidente Juan Manuel Santos anunció que su Gobierno va a crear más de 400 nuevas notarías en el país para garantizar la prestación de este servicio a nivel nacional.

“He dado instrucciones al señor superintendente de Notariado para que se realicen los estudios necesarios para que al terminar mi Gobierno todos los municipios del país tengan una Notaría. Hoy sólo se presta el servicio de notariado en 609 municipios y la idea es crear otras 463 notarías”, dijo el jefe de Estado.


El presidente Santos señaló que los nombramientos se continuarán haciendo por concurso para superar cualquier tipo de irregularidad y garantizar que las personas que ocupan estos cargos como notarios sean por meritocracia y no por ninguna otra consideración.

El mandatario indicó que un avance fundamental en el tema de restitución de tierras a las víctimas de la violencia será el papel que jueguen los notarios que ayudarán a cumplirles a las víctimas del desplazamiento.

Acuerdos Políticos frente a la Reforma a la Justicia y el Fuero Militar


29 Mar 2012 - 10:44 am
Fuero militar
Ponencia de reforma a la justicia excluye artículo de fuero militar
Sin embargo, La U y los conservadores a través de proposiciones incluirían la defensa de esa idea.
Presidente de la comisión primera del Senado.

Por: Elespectador.com


El Senado de la República habría desembolatado el trámite de la reforma a la justicia frente al fuero militar. Luego de la aprobación de la reforma a la justicia penal militar- se procedería a retirar de la reforma a la justicia, el artículo de fuero militar.

Pese a la rebelión que en ese sentido había promovido el Partido Conservador y el Partido de La U, el presidente de la comisión primera del Senado, Luis Fernando Velasco, dijo que los ponentes llegaron a un acuerdo.

"La mayoría de los ponentes considera que si ya se está debatiendo un acto legislativo especial sobre el fuero militar que entre otras cosas fue aprobado en la comisión primera de la Cámara, no es prudente continuar con el texto que presentó el mismo Gobierno en esta reforma a la justicia, máxime cuando el mismo Gobierno pide que se retire", sostuvo Velasco.

Por eso, según Velasco, la nueva ponencia va sin el fuero militar, "pero hay que reconocer que tanto el senador (conservador) Enríquez Maya, como el senador (La U) Juan Carlos Vélez Uribe, han pedido mantener esa previsión del fuero militar en esta reforma y ellos insistirán con proposiciones que llevarán a la comisión".

En ese sentido, Velasco dijo que aunque no hay acuerdo, al menos la ponencia viene si el fuero militar para su discusión en la reforma para no dilatar más su discusión.

Y aclaró: "Para que se apruebe la inclusión del fuero se necesitarían 10 votos, entonces tendría tanto La U como el Partido Conservador que intentar conseguir 10 votos, lo que no es fácil, entre otras cosas porque miembros del Partido de la U y del Partido Conservador que están en la Comisión Primera han manifestado sus reservas sobre mantener el fueromilitar en esta reforma".

Actualmente, los partidos están dispuestos a debatir el fuero militar, sobre todo a manera de ejemplo en la aprobación de una nueva estructura para definir cómo operarán los militares y los policías "en un país que evidentemente tiene un conflicto interno".

Vale la pena recordar que la comisión primera de la Cámara de Representantes aprobó en primer debate, la noche de este miércoles, el proyecto de reforma a la Justicia Penal Militar.

La iniciativa establece que todos los actos del servicio cometidos por uniformados que sean llevados a los tribunales, serán de conocimiento de la Justicia Penal Militar. Para los casos de lesa humanidad y genocidio, los procesos irán a la justicia ordinaria.

El ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, defendió el proyecto y el fortalecimiento del fuero a través de este acto legislativo, pues todos los delitos de lesa humanidad serán remitidos a la justicia ordinaria y los actos del servicio llegarán a las cortes marciales. "Nunca pretenderemos que la justicia militar se convierta en un centro de impunidad", recalcó.

miércoles, 28 de marzo de 2012

Reforma a la Justicia es un "golpe de muerte al principio de la separación de poderes": Juan Lozano Jefe del partido de la "U".

'Reforma de justicia es golpe de muerte a separación de poderes': La U


El partido rechazó idea de poner a la Rama en el "penoso trasegar" de pedir recursos anualmente.

El partido de 'la U' recriminó duramente al Gobierno por la fórmula que se aprobó en la reforma de la justicia para financiar esta rama y le advirtió que no se le puede poner todos los años en el "penoso trasegar" de pedir recursos para su funcionamiento, porque es un "golpe de muerte" al principio de la separación de poderes.

El jefe de 'la U', Juan Lozano,  aseguró que "aquí no estamos pidiendo recursos para sectores subalternos del Presidente, (...) lo que reclamamos es que el principio tutelar de la separación de las ramas del poder público no se vulnere".

Lo que establece en términos de financiación la reforma de la justicia es un "golpe de muerte al principio de la separación de poderes", agregó Lozano, quien consideró que lo que se está tramitando es más una "reforma política que de la justicia".

La crítica de Lozano recayó directamente al ministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry, quien pidió en la Comisión Primera del Senado "no constitucionalizar" el presupuesto de la Rama Judicial, argumentando que se necesita una "flexibilidad presupuestal".

Por eso Lozano afirmó que "no puede salir del Congreso una reforma que no le garantice la plena suficiencia, la plena autonomía y la plena capacidad de la Rama Judicial para cumplir sus preceptos".

Agregó, dirigiéndose a Echeverry, que "los delegados de la rama Judicial no pueden estar en su despacho cada año pidiendo que les asignen un presupuesto adecuado".  "Qué tal los jueces pidiéndole al Gobierno recursos para poder funcionar", concluyó.

El Ministro de Hacienda, quien intervino en un debate en la Comisión Primera antes de que lo hiciera el jefe de 'la U', no quiso responder a las críticas de Lozano y evitó hablar con la prensa al término de la sesión.

Se espera que en la tarde de este miércoles o en la mañana del jueves esté lista la ponencia de la reforma de la justicia, que comenzará su segunda vuelta (quinto debate) en la Comisión Primera del Senado.

Partido de la "U" pide respeto al presupuesto de la Justicia, por parte del Ministro de Hacienda Juan Carlos Echeverry


28 Mar 2012 - 1:44 pm

La justicia no puede mendigar presupuesto al Gobierno
Así lo advirtió el senador del Partido de la U, Juan Lozano.

Por: Elespectador.com

Fuertes críticas recibió el ministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry, de parte del Congreso por no haber presentado ninguna fórmula para garantizar los recursos de descongestión y funcionamiento de la justicia, cuando el acto legislativo de reforma a la rama que se viene discutiendo desde hace más de ocho meses.

Nuevamente el más enfático crítico del Gobierno fue el senador del Partido de la U, Juan Lozano, quien advirtió que "los representantes de la justicia no pueden andar mendigándole a usted (Ministro de Hacienda) presupuesto para la garantizar su independencia. Acá estamos hablando de la vigencia del Estado de Derecho que no puede depender del querer caprichoso del Ejecutivo".

Estas críticas se dieron luego de que el ministro de Hacienda se presentara en la comisión primera del Senado a exponer su propuesta de financiamiento de la rama, en el marco de la cual planteó que “no se debe incluir este tema en la reforma a la justicia porque eso sería constitucionalizar el presupuesto lo cual inflexibiliza las finanzas del Estado”.

Propuso construir una fórmula en la cual participen las carteras de Hacienda, Justicia y el Consejo Superior de la Judicatura. Sin embargo, Echeverry no presentó un planteamiento concreto.

Por este motivo, el senador Lozano le reclamó: “señor ministro este es un tema de gran importancia, lo hemos esperado ocho meses y usted no nos ha contestado cómo vamos a garantizar el dinero para la justicia”.
 
El reclamo que fue respaldado por el senador Luis Carlos Avellaneda quien afirmó presentaba su más enérgica protesta. "No entiendo cómo no hay estudios, no entiendo cómo no hay propuestas, no entiendo cómo el ministro viene a hablarnos de presupuestos para la justicia sin presentar una sola propuesta”, afirmó.

“La propuesta de eliminar la Sala Administrativa sustituye la Constitución”: Presidente Consejo Superior de la Judicatura


Ricardo Monroy Church: “La propuesta de eliminar la Sala Administrativa sustituye la Constitución”
ambitojurídico.com.
28 de Marzo de 2.012. 11:47 AM

Uno de los puntos del proyecto de reforma a la justicia que más ha causado polémica es la eliminación de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.
Aunque, en términos generales, los representantes del Consejo defienden su labor, las diferencias que las salas Administrativa y Disciplinaria han ventilado públicamente podrían ser el principal obstáculo para su supervivencia. De hecho, el Gobierno anunció que no descarta la posibilidad de suprimir ambas corporaciones.
En diálogo con ÁMBITO JURÍDICO, el presidente del alto tribunal, Ricardo Monroy Church, criticó el proyecto de reforma constitucional y destacó la labor de la Sala Administrativa en materia descongestión judicial.

ÁMBITO JURÍDICO: ¿Por qué afirman las cortes que el proyecto de reforma a la justicia es inconveniente para la Rama Judicial?

Ricardo Monroy Church: Hay dos ámbitos que consideramos inconvenientes. Uno, que el proyecto no se refiere al acceso a la administración de justicia, la modernización del aparato judicial, las causas de la congestión ni la articulación de las autoridades públicas que tienen responsabilidades en materia de justicia. Hay un vacío, pues el tema de justicia es nacional, no le compete solo a la Rama Judicial. El segundo ámbito tiene que ver con las materias que aborda la reforma, como quitarle a la Rama el ejercicio de funciones jurisdiccionales, lo que estimamos inconveniente, porque, al contrario, el poder judicial se ha venido fortaleciendo.

Á. J.: ¿A qué se debe que estos temas no estén incluidos?
R. M. C.: El proyecto tuvo origen en el proceso de campaña política del 2009 y el 2010. No fue concebido con la participación de la Rama Judicial ni de los sectores sociales, sino que fue producto de ese proceso político. Un proyecto que involucra la administración de justicia debe iniciar con la participación de los actores sociales, pero, principalmente, con los de la Rama, lo que no se dio en este caso.

Á. J.: Por eso tanta resistencia de las cortes.
R. M. C.: El Gobierno creó una comisión interinstitucional para la reforma a la justicia, desconociendo la existencia de la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial, que era la indicada para liderar el tema, porque está compuesta por los presidentes de las cortes, el Fiscal General y un delegado de los empleados de la Rama. El proceso continuó su curso, se realizaron reuniones en las cuales las cortes planteamos propuestas, pero no fueron tenidas en cuenta. Por eso, el resultado no podía ser otro que una serie de propuestas inconvenientes.

Á. J.: ¿Qué propuestas hizo el Consejo Superior de la Judicatura que no fueron tenidas en cuenta?
R. M. C: En primer lugar, propusimos incorporar a la Sala Administrativa a los presidentes de las altas cortes, para mejorar la interlocución, sobre todo en temas de política pública. La idea era que esa Sala participara en la aprobación de los planes de desarrollo sectoriales, del presupuesto y de las políticas en materia de carrera judicial, es decir, el diseño de los concursos, la reglamentación de la carrera judicial y la definición del plan de formación de jueces y magistrados. La intención era darle rango constitucional a los mecanismos que ya tiene la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia. La segunda propuesta que formulamos, en julio del 2011, antes de la presentación del proyecto, fue el fortalecimiento financiero. Creemos que debe haber partidas y recursos propios de la Rama, que le permitan avanzar en la planeación económica del sector justicia y del sector jurisdiccional.

Á. J.: ¿Por qué la inconformidad con la asignación presupuestal?
R. M. C.: Sencillamente, porque no ha sido efectiva. Hay inversiones en tecnología e infraestructura que dependen de un volumen estable de recursos. Pensamos que se debe diseñar un instrumento que esté acorde con los requerimientos financieros de la Rama. Poner al día la administración de justicia cuesta cerca de dos billones de pesos. Y el rezago en las apropiaciones presupuestales fue de 1,7 billones para el 2012. Recordemos que la Ley 1285 del 2009 previó un volumen de recursos para la Rama Judicial del 0,05% del PIB en cuatro años. En su momento, esa disposición significaba que debían apropiarse cerca de 2,8 billones de pesos para oralidad y descongestión. Tradicionalmente, hemos tenido el 1,4% del presupuesto general de la Nación. En su momento, hicimos una propuesta de fortalecimiento financiero escalonado. La fórmula arrancaba con una gradualidad del 0,5 % o el 1% anual, con destinaciones específicas y atadas a productividad.

Á. J.: ¿Qué opina de la propuesta de eliminar la Sala Administrativa?
R. M. C.: Que no constituye una simple reforma, sino una sustitución de la Constitución, pues trata de modificar al órgano de gobierno de la Rama Judicial, cuyas funciones fueron establecidas por el constituyente de 1991. Con la reforma actual, se quieren borrar 20 años de independencia y autonomía de la Rama, lo cual deviene en un grave retroceso para nuestra administración de justicia.

Á. J.: ¿En qué basa esa afirmación?
R. M. C.: Porque el poder otorgado al Congreso para reformar la Constitución no contempla la enmienda del esquema básico de organización del poder judicial, marcado en esencia por el autogobierno. Además, se piensa modificar pilares constitucionales como el acceso al servicio judicial, la administración de la carrera y la formación judicial. No es solo la supresión de una Sala, es la modificación del esquema constitucional, de cómo debe funcionar el aparato de justicia y las calidades de quienes lo componen.

Á. J.: ¿Qué piensan hacer al respecto?
R. M. C.: Las cortes han solicitado que se abra un espacio de profundización para analizar a fondo una reforma a la justicia. Creemos que el resultado de los procesos de interlocución y de diálogo debe ser el retiro de la iniciativa por parte del Gobierno, por las deficiencias que tiene.

Á. J.: ¿No cree que las confrontaciones entre las salas Administrativa y Disciplinaria alientan la idea de suprimirlas?
R. M. C.: No hay enfrentamiento entre las salas, solo algunas diferencias de opinión y de criterio que son legítimas en los organismos colegiados, que han sido conocidas por la opinión pública, pero que se han venido superando. Ahora, tenemos una posición consolidada, como Sala Plena, de defensa de las competencias que el constituyente consideró apropiadas para administrar la justicia y disciplinar a los funcionarios judiciales. En este momento, hay concordia y acuerdo entre las salas del Consejo, que han venido trabajando en el cumplimiento de esas funciones constitucionales.

Á. J.: ¿Por qué ha sido necesario crear cargos en la Sala Disciplinaria?
R. M. C.: La jurisdicción disciplinaria ha venido soportando un aumento en la demanda de justicia. La Sala Administrativa realizó un análisis de las cargas de trabajo, los volúmenes de demanda y los promedios de evacuación, con el fin de recomendar medidas de descongestión, que están en proceso de implementación y aplicación. Vale la pena mencionar que cada medida de descongestión está precedida de un estudio técnico de las cargas de trabajo y la capacidad de respuesta del aparato judicial.

Á. J.: ¿Cuáles son las metas del Consejo Superior de la Judicatura para este año?
R. M. C.: Primero, la implementación de despachos judiciales en todos los municipios del país. Acabamos de crear juzgados en 135 municipios que no los tenían. Segundo, en materia de organización del mapa judicial, cumplir las tareas que corresponden a la Rama en relación con la Ley de Tierras. Para ello, ya se crearon 22 juzgados civiles de circuito especializados en tierras y 15 despachos de magistrados de tribunal. Solo falta que el mecanismo se ponga en acción. Tercero, la implementación del nuevo Código Contencioso Administrativo. Hemos trabajado en la adecuación de esta jurisdicción, con planes de descongestión, y hemos reducido los inventarios en un 30%. Y cuarto, la aplicación del plan estratégico tecnológico, que diseñamos con el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

Á. J.: ¿Cómo marchan los procesos de descongestión?
R. M. C.: Incluso antes de que la ley lo previera, la Rama Judicial, por conducto de su órgano de gobierno, implementó planes de descongestión que han tenido resultados satisfactorios en los últimos cuatro años. En el 2007, evacuar un proceso en descongestión valía 3.477.000 pesos. Esa cifra se redujo a 619.000 pesos, en el 2011. Pensamos que este es el mecanismo que debemos afinar y afianzar, pues se ha probado su eficacia. En el 2007, se evacuaron 3.800 procesos por descongestión, y en el 2011, el número aumentó a 370.000. Entonces, se ha mejorado el desempeño de la Rama Judicial, al punto que la jurisdicción contencioso administrativa, por ejemplo, aumentó sus cifras de descongestión en un 150%.

La Reforma a la Justicia tumbaría sanciones de la Silla Vacía: MOE


Reforma a la Justicia eliminaría sanción de la silla vacía
SEMANA
La MOE le pidió al Congreso corregir un artículo de la reforma a la justicia, que a juicio de esta organización, tumbaría la sanción de la silla vacía.

POLÍTICA

Así lo advierte la Misión de Observación Electoral al señalar que un artículo del proyecto se constituye en una "contrarreforma" política, pues elimina los "avances" en materia de sanción a partidos y congresistas comprometidos con grupos ilegales.

Miércoles 28 Marzo 2012

Durante la audiencia pública de la reforma a la justicia la Misión de Observación Electoral (MOE) le pidió al Congreso corregir un artículo de la reforma a la justicia, que, a juicio de esta organización, tumbaría la sanción de la silla vacía, establecida en la reforma política del 2009.

El artículo 134 de la Constitución, modificado precisamente por la reforma del 2009, establece que no habrá reemplazos en las curules de quienes resulten condenados por delitos relacionados con “pertenencia, promoción, financiación por grupos armados ilegales, narcotráfico, por delitos contra los mecanismos de participación democrática o por delitos de lesa humanidad”.
El proyecto de reforma a la justicia elimina los incisos de este artículo y lo reduce a que "Los miembros de las corporaciones públicas de elección popular no tendrán suplentes y sólo podrán ser reemplazados en caso de muerte, incapacidad física absoluta para el ejercicio del cargo, o renuncia justificada y aceptada por la respectiva corporación".

Y además, incluye un parágrafo transitorio que señala que este artículo "se aplicará para los hechos que se produzcan a partir de la entrada en vigencia del presente acto legislativo".

Alejandra Barrios, directora de la MOE, dice que la reforma política del 2009 estableció que la renuncia de los congresistas, argumentando investigaciones judiciales, no será justificada y no podrá ser aprobada por el Congreso. Sin embargo, dice Barrios, la reforma a la justicia elimina esta condición y abre el espacio para que sea justificada.

Barrios también considera que el parágrafo transitorio "difiere la aplicación de la silla vacía a los hechos posteriores a la entrada en vigencia de la reforma a la justicia", con lo que la curul de Javier Cáceres, la primera silla vacía que se aplicó en el Congreso, se podría reemplazar.

El senador Luis Carlos Avellaneda (Polo) considera que ese artículo de la reforma a la justicia deroga todas las sanciones de la reforma política y que así lo viene advirtiendo en los debates de este proyecto.

Otro de los ponentes, el senador Jesús Ignacio García (P. Liberal) defiende otra postura. Dice que tal como lo contempla la reforma a la justicia, la silla vacía, que antes era por determinados delitos, ahora se amplía a cualquier tipo delito, por lo que considera que este proyecto no es ninguna "contrarreforma" política.

La duda jurídica se concentrará en el llamado principio de favorabilidad. Significa que cualquier partido político que no haya podido reemplazar una curul, por cuenta de la reforma política del 2009, puede reclamarla con la nueva disposición de la reforma a la justicia.

El partido de la "U" y la Reforma a la Justicia


"La U está obrando con lealtad a Santos": Juan Lozano

POLÍTICA
El presidente del partido de La U aclara que no está obstaculizando los proyectos del Gobierno y que sólo pretende que den respuesta a las necesidades del país y que los ministros cumplan con sus obligaciones.
Miércoles 28 Marzo 2012

Juan Lozano, presidente de La U, quien hizo varios reparos a la reforma a la justicia y al proyecto del fortalecimiento del fuero militar, dice que sus posturas están lejos de convertirse en un “obstáculo” al gobierno de Juan Manuel Santos. 
“La U viene obrando con total lealtad frente a los intereses superiores del país y frente a la posibilidad de que el gobierno del presidente Juan Manuel Santos sea exitoso. La U se está jugando el pellejo y somos los primeros interesados en que el gobierno de nuestro presidente fundador tenga éxito”, dice Lozano.
El presidente de La U dice que la lealtad del partido con el presidente Santos es “pedir claridad” sobre varios proyectos. Pero también, según Lozano, reclamarles a los funcionarios cuando “dejan de cumplir cabalmente con sus funciones”. 
Lozano se refiere a los ministros. Dice que La U eligió al presidente Santos, “pero no votamos por ninguno de sus ministros. Los ministros él los nombró y tienen que responderle al país”. 
Por eso aclara que sus reparos a la reforma a la justicia no son para obstaculizar el proyecto. Sino pedirle al ministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry, la fórmula sobre cómo se va a financiar la rama judicial para la descongestión y garantizar el acceso de los ciudadanos a la administración de justicia. 
“Levantamos la voz para pedirle al señor ministro de Hacienda la falta de cumplimiento de un compromiso público para decirle al Congreso cómo es que se va a financiar la rama judicial una vez se apruebe la reforma que está en trámite. Eso no es deslealtad. Eso es lealtad con los colombianos”. 
Dice Lozano que la preocupación que asiste al partido de gobierno es si la reforma a la justicia, en materia presupuestal, va a “lesionar y marchitar” la autonomía de la rama y si la va a dejar como una rama judicial “famélica y mendigante”.

lunes, 26 de marzo de 2012

“La reforma no está privatizando la justicia, sino trivializándola, que es peor”: Gustavo Gómez Aranguren, Presidente del Consejo de Estado.


Gustavo Gómez Aranguren: “La reforma no está privatizando la justicia, sino trivializándola, que es peor”.
14 de Marzo 4:48 PM
Ámbito Jurídico.COM 
A pocos días de iniciarse el nuevo periodo legislativo, el Gobierno Nacional indicó que está interesado en apoyar el trámite célere de la reforma a la justicia. Por otra parte, los representantes de las altas cortes también fijaron su posición al respecto.

El Consejo de Estado, que presentó una propuesta sobre algunas problemáticas de la Rama Judicial, ha manifestado su desacuerdo con la iniciativa que comienza su segunda vuelta en el Congreso.

ÁMBITO JURÍDICO conversó con el presidente de ese alto tribunal, Gustavo Eduardo Gómez Aranguren, sobre esa reforma constitucional. En su opinión, hay puntos que son inconvenientes para la administración de justicia, como la figura del hábeas iuris, y otros, como la eliminación de la facultad nominadora de las altas cortes, que deben preocupar al país, porque se lesionaría el sistema de pesos y contrapesos.

Adicionalmente, Aranguren comentó los temas que se definieron en el fallo de nulidad de la elección de la fiscal general, Viviane Morales Hoyos, y explicó que fue simplemente una decisión dentro del ejercicio normal del control de legalidad sobre una función administrativa de la Corte Suprema.

ÁMBITO JURÍDICO: ¿Cuáles son los puntos que más le preocupan al Consejo de Estado sobre elproyecto de reforma a la justicia aprobado en primera vuelta?
Gustavo Eduardo Gómez Aranguren: Por el orden de la estructura del proyecto, los puntos que preocupan al Consejo de Estado son la creación de la figura del hábeas iuris, que se convierte en un obstáculo para la agilidad del aparato judicial; la delegación de administrar justicia en particulares, y el debilitamiento de la Rama Judicial, debido a las constantes reformas constitucionales.

Á. J.: ¿Por qué el ‘hábeas iuris’ es un obstáculo y no una herramienta para el ciudadano en materia de acceso a la administración de justicia?
G. E. G.: Primero, por la manera como se introduce un recurso de amparo constitucional en el desarrollo de los procesos, que genera la ruptura de la estructura de la Constitución de 1991, porque la guarda y garantía de los derechos fundamentales en su último escalón se concentra en la Corte Constitucional. En consecuencia, ese hábeas iuris implicaría que la defensa de los derechos fundamentales, en el componente del debido proceso, tendría tantas cortes constitucionales como superiores jerárquicos haya. Eso dilata los procesos, los congestiona y genera una gran cantidad de interpretaciones sobre cuál es el alcance de cada derecho constitucional. Es lesivo para la estructura de la Carta y para la garantía de los derechos fundamentales.

Á. J.: ¿Es incierto el alcance del principio?
G. E. G.: El principio busca guardar la intangibilidad del derecho al debido proceso cuando una de las partes siente que se está quebrantando. El hábeas iuris es un recurso constitucional que se presenta ante el superior jerárquico del juez que está conociendo la causa, lo que genera otro incidente para el proceso. Si los abogados dilatan renunciando poderes estratégicamente, enfermándose o no asistiendo, cómo será con otro factor de dilación. Ese elemento traería como consecuencia una falta de coherencia a la reforma. Queremos hacer una justicia más eficiente, pero se va a hacer todo lo contrario, pues se genera un factor más de perturbación.

Á. J.: Respecto a la delegación de administrar justicia a particulares, ¿se estaría privatizando la justicia?
G. E. G.: El sistema de justicia, como lo describe el artículo 116 de la Constitución, es un conjunto. Allí se define quién puede administrar la justicia como bien supremo de la sociedad. Usualmente, son los órganos del Poder Judicial, pero otorga posibilidades a otros, como a las cámaras legislativas, lo que incrementa un gran espectro para que los particulares puedan administrar justicia. Sin embargo, la justicia es un poder del Estado y un servicio público. Entonces, volverlo ambiguo hace decididamente que la justicia se debilite y que el ciudadano no pueda tener la certeza de que existe un poder del Estado absolutamente respetado que dé la seguridad de que hay alguien que tiene la responsabilidad de encontrar la verdad en los conflictos. Eso es peligroso para la sociedad civil.

Á. J.: ¿La medida ayudaría a descongestionar los despachos judiciales?
G. E. G.: Se puede decir que, eventualmente, ayudaría a la descongestión, pero, ¿a qué costo? En una sociedad tan compleja y tan violenta, sería difícil determinar quién administra justicia, sin que se cometan arbitrariedades. Eso hace que la ciudadanía no le crea a la justicia y conllevaría a una erosión de la vida colectiva.

Á. J.: El ministro Juan Carlos Esguerra afirmó que era un error pensar que se está privatizando la justicia.
G. E. G.: La verdad es que no se está privatizando, se está es trivializando, que es peor. La justicia privada en Colombia ha existido, desde cuando la gente se toma la resolución de sus problemas por mano propia. Es decir, Colombia tiene una larga historia en la que los conflictos se resuelven a las buenas o a las malas y con intervención del que tiene más poder y capacidad de dominar a los demás. La justicia hay que publicitarla, ese es el proceso de civilidad que debe adelantar el país, volver a la justicia un bien público. Aquí lo que estamos es trivializándola, volviéndola como una cosa menor, que se puede resolver entre amas de casa.

Á. J.: ¿Qué pasó con la propuesta que presentó el Consejo de Estado?
G. E. G.: El 98 % de las sugerencias presentadas por el Consejo de Estado fue desecho, porque naturalmente la dinámica de las cámaras legislativas tiene reglas y particularidades en las cuales naufraga la ingenuidad de quien cree en la letra específica de la Carta que dice que el Consejo de Estado puede presentar una reforma constitucional. Para que la voluntad del constituyente derivado se logre estructurar, hace falta poder político, es decir, capacidad de presión, manejo del poder del Estado, y ahí los jueces no sacamos nada, pero aprendimos.

Á. J.: ¿En qué se centró esa iniciativa?
G. E. G.: El Consejo de Estado fue sensible a la invitación del Gobierno Nacional, y los puntos que identificó el Ejecutivo como más neurálgicos fueron materia de discusión en la Sala, que elaboró una propuesta de reforma a la justicia para fortalecerla: más autonomía, más independencia y más agilidad, para lograr que el país tuviera un instrumento más moderno. Eso no llegó a nada, y se impuso la reforma que el Gobierno quería, que, en el fondo, y en su conjunto, lo que logra es debilitar el factor justicia. Cuando se debilita este factor, quien tiene el poder puede actuar con más tranquilidad.

Á. J.: ¿Por qué se debilita la justicia con la propuesta del Gobierno?
G. E. G.: Por la trivialización de lo que significa la justicia, por una serie de factores que, de alguna manera, le restan autonomía e independencia. Por ejemplo, lo referido a la forma como se ejerce el poder disciplinario en la justicia, con un Consejo Superior de la Judicatura que puede entrar a controlar la conducta y el comportamiento del juez y sus empleados, teniendo en cuenta el origen político de los miembros que lo integran. Ustedes han visto cómo una decisión que se tome implica, inmediatamente, una respuesta del Consejo Superior de la Judicatura, que le quita el proceso al juez. Ahí se paraliza su autonomía. Cuando un juez no es autónomo ni independiente, es cualquier cosa, menos juez.

Á. J.: ¿Es conveniente la eliminación del Consejo Superior de la Judicatura?
G. E. G.: Los consejos superiores de la judicatura son corporaciones para atender la parte del funcionamiento orgánico, la función pública en justicia, el manejo de recursos económicos y la oferta al cliente. En consecuencia, es completamente absurdo pensar en que desaparezca. Tendrá que haber alguien que preste esos servicios asistenciales, y si lo hace otra rama del Poder Público, como el Ejecutivo, el Poder Judicial deja de ser autónomo e independiente y el país se retrasa. Nuestra propuesta es que esos órganos son susceptibles de ser mejorados. En el caso de la Sala Administrativa, hay que darle un contenido puramente administrativo, técnico, pero endogámico, es decir, dentro de la Rama Judicial. Por su parte, la Sala Disciplinaria es el control específico de la conducta de los servidores judiciales como funcionarios. Es impensable pensar que no haya quién lo controle, pero el control disciplinario no debe invadir el judicial, que es lo que se debe mejorar.

Á. J.: ¿La eliminación de la función nominadora a las altas cortes realmente le preocupan a la Rama?
G. E. G.: Hay una desinformación en torno a eso. No es por gusto de ejercer el poder que se postula, por ejemplo, Contralor o Procurador, esa es una función de tipo institucional y constitucional, que le garantiza a los ciudadanos que los que ejecutan poderes de vigilancia y control no tienen la afectación a un interés político determinado o al manejo interesado de los factores que, de alguna manera, tienen importancia en el país. A la Rama no le preocupa, desde un punto de vista subjetivo, que le quiten esas funciones, lo que le preocupa es la ruptura del diseño constitucional. Lo que pasa es que la gente se vale de esas trivialidades para desacreditar a un órgano, que es como hablar mal de la mamá. Los medios de comunicación hacen eco de censuras y equívocos para crear una fantasía en contra de su propia entraña, que es el Poder Judicial.

Á. J.: ¿Cuál es el estado actual de la congestión en el Consejo de Estado?
G. E. G.: Muy grande, por varios factores: culturalmente, el modelo de justicia que nosotros aplicamos es desueto, somos retóricos, formalistas y nos gusta adornarnos para decir las cosas, y producimos decisiones demasiado densas que nadie lee. Eso explica que estamos en la tarea de poner en práctica un Código Administrativo que lleva un año de expedido y tiene un año de transición para que la gente lo conozca.

Á. J.: ¿Está preparada la jurisdicción para la entrada en funcionamiento del nuevo Código Contencioso Administrativo?
G. E. G.: La esperanza está cifrada en lograr que ese Código cambie un poco el modelo de administrar justicia contenciosa y le dé al país un insumo y el valor que tiene. Para eso nos hemos preparado durante mucho tiempo. Recorrimos todo el país con la divulgación del Código y, desde la vicepresidencia anterior, se visitaron los juzgados y tribunales con ese propósito. Y ahora arrancó una capacitación operativa de todos los funcionarios, magistrados y jueces para tratar de darle el alcance a las normas que están en la Ley 1437, de manera que no se hagan oralidades al estilo del proceso penal ni civil, ni como EE UU, España o Costa Rica, sino que recreemos las fórmulas de agilidad que están en esas normas.

Á. J.: ¿La implementación del nuevo Código contribuirá a la descongestión?
G. E. G.: Con el nuevo Código, vamos a tener un sistema judicial contencioso más comprometido con la oportunidad de la decisión. La idea es que el juez pueda fallar un proceso en dos o tres meses y controlar el funcionamiento de municipios, departamentos, ministerios, órganos de control y Presidencia de la República, en sede judicial, de manera que la gente sepa cuál es el punto correcto desde la vigencia del orden judicial.

Eso va a permitir bajar la presión por la tutela, porque el juez contencioso puede, en tiempo real, ordenar que los alcaldes actúen, los gobernadores se comporten y que las autoridades respeten el orden jurídico, entre otros temas. Se está replanteando todo para que el juez actúe y organice sus fallos de una manera ágil y moderna, para que falle en un día 50 ó 100 casos. Eso implica rediseñar el funcionamiento de los juzgados, de los tribunales y del Consejo de Estado en sus decisiones de unificación jurisprudencial, que se convierte en fuente de derecho. Hay que fallar casos y no procesos. Si falla el proceso, este puede tener hasta 20 años de duración, pero el caso siempre será uno solo.

Á. J.: ¿Cómo se reciben los fallos que ha adoptado la Corte Constitucional sobre el nuevo Código?
G. E. G.: No ha habido decisiones que afecten los fundamentos del Código. Se presentó una inexequibilidad con respecto al derecho de petición, pero por una razón formal, porque es un derecho fundamental que debe ser tramitado en ley estatutaria. Sin embargo, la regulación que tiene la Ley 1437 rige por tres años más y ya se está tramitando el proyecto de ley al respecto. Sin embargo, el derecho de petición frente a particulares es el tema en discusión dentro del proyecto, pues pareciera que rigiera solo ante autoridades públicas, y el derecho de petición, por ser fundamental, debe tener eficacia en toda relación de subordinación.

Á. J.: ¿Cuáles fueron los puntos que se definieron en el fallo de nulidad del acto de elección de la fiscal Viviane Morales?
G. E. G.: En el fallo, se resuelven los tres cargos en los cuales se sustentó la demanda: la elección con solo 14 votos cuando se requerían 16, por ser este último el número establecido en el reglamento, correspondiente a las tres cuartas partes de los 23 integrantes de la Corte Suprema; el cambio de la terna por parte del Presidente, alegado porque supuestamente se agotaba su facultad nominadora con la primera, y la falta de la firma del Ministro del Interior y de Justicia en el acto de configuración de la terna.

Sin embargo, el único cargo que prosperó fue el de la modificación del reglamento de la corporación, porque vulneraba normas superiores, ya que este se podía modificar, pero por consenso y mayoría calificada.

Respecto al cambio de la terna, la Sala concluyó que el Presidente tiene facultad discrecional para modificar actos administrativos, calidad a la que se ajusta la conformación de la terna. Finalmente, no importaba si ese acto no tenía la firma del ministro del ramo respectivo, en este caso el del Interior y de Justicia, pues el Presidente de la República es la máxima autoridad administrativa.

Á. J.: Con el fallo, ¿se estaría sentando un precedente sobre las funciones administrativas de las altas cortes?
G. E. G.: No es que se siente un precedente al respecto, pues las funciones administrativas, electorales o nominadoras que tienen las altas cortes están establecidas en la Constitución y la ley. En este caso, se trata del ejercicio normal del control de legalidad sobre una función administrativa de la Corte Suprema de Justicia, que, al igual que todas las corporaciones de cierre en la Rama, tienen la misma responsabilidad.

Á. J.: ¿La decisión refleja una posición exegética del Consejo de Estado que eleva a rango de ley un reglamento de una corporación?
G. E. G.: No se trata de la vigencia de un reglamento, que es de rango constitucional, porque es en la misma Carta donde está establecido la expedición del mismo, sino de la consonancia con el test de proporcionalidad en función del derecho a la igualdad que le asistían a los ternados en las tres oportunidades.