19 Mayo 2012 - 9:00 pm
"Hay
una tensión cada vez más fuerte"
Por: Cecilia Orozco Tascón / Especial para El
Espectador
Gustavo Gómez, presidente del Consejo de Estado, se
descubre.
"'Lobby' significa buscar opinión", según
Gustavo Gómez. / Gabriel Aponte
Cecilia Orozco
Tascón.- ¿Por qué el Consejo de Estado apoya la reforma a la justicia unas
veces y la rechaza otras?
Magistrado Gustavo Gómez Aranguren.- Es una
percepción equivocada. La verdad es que la posición de esta corporación ha sido
lineal a lo largo de este proceso. El año pasado nos convocó el Presidente para
que participáramos en una mesa de concertación. Nuestra visión quedó consignada
en un proyecto que el Consejo de Estado presentó ante el Congreso, incluso
antes de que el de gobierno enviara el suyo, muy distante del nuestro. Al
principio se dio un trámite más o menos simultáneo de las dos propuestas en el
parlamento y Mauricio Fajardo, presidente del Consejo en ese momento, estuvo al
tanto de todo. Pero poco a poco nos dimos cuenta de que el ejercicio era inútil
porque nuestro proyecto fue marginado por completo.
C.O.T.- ¿Por qué
no lo dijeron entonces?
G.G.A.- Lo dijimos: en noviembre del año pasado
anunciamos que nos retirábamos de ese trámite. En diciembre, cuando culminó la
primera vuelta, la rama judicial quedó muy preocupada por lo que se había
aprobado. Eso motivó que la nueva administración del Consejo de Estado en
cabeza mía, volviera a participar en las discusiones pero por fuera del debate
parlamentario. Hablamos con múltiples grupos que tienen representación en el
Congreso tratando de persuadirlos de mejorar la propuesta.
C.O.T.- ¿Cuáles
puntos les preocupaban más?
G.G.A.- Varios, entre ellos el desplazamiento del
poder hacia el Ejecutivo y el Legislativo que rompe el modelo del Estado Social
de Derecho. La rama Judicial quedaba en tal desigualdad de condiciones que
incluso pensamos en acudir a la OEA porque Colombia ha firmado pactos
internacionales que debe cumplir. Esta situación originó que intentáramos
persuadir al Congreso, partidos políticos y grupos de ciudadanos de llegar a un
acuerdo que recompusiera los estropicios que venían cocinándose. Tal vez esto
ha podido dar la sensación de que hemos estado dudando. En realidad lo que
tratábamos de hacer era prevenir males mayores.
C.O.T.- Recientemente usted, que se oponía a la
reforma, asistió a una reunión con el jefe de Estado, el ministro Esguerra,
congresistas y el presidente de la Corte Suprema. Todos salieron en rueda de
prensa anunciando que habían llegado a un acuerdo…
G.G.A.- Esa fue la sensación que quedó.
C.O.T.- No solo la
sensación. El ministro así lo anunció. Pero tres días después, el Consejo de
Estado presidido por usted, expresó en un comunicado su decisión de marginarse
de ese trámite ¿Por qué?
G.G.A.- La reforma constitucional a la justicia
parece una montaña rusa: cada vez que hay una discusión, aparecen propuestas
diferentes, algunas muy delicadas. Por ejemplo, la iniciativa de terminar con
el antefuero de los magistrados y la jerarquización de las cortes según la cual
la Constitucional tendría la facultad de nombrar un tribunal para juzgar a sus
pares en las otras cortes. Si esto se aprobara, se terminaría la independencia
judicial.
C.O.T.- ¿Por qué?
G.G.A.- Porque ¿cómo puede usted garantizar la
independencia del juez si está preocupado con la posibilidad de ser denunciado
disciplinaria o penalmente e investigado por un tribunal con origen político?
Censuramos públicamente ese propósito.
C.O.T.- De todas
maneras sus protestas no parecen útiles porque no les ponen atención.
G.G.O.- No estoy de acuerdo con usted. El Consejo
de Estado convocó a un pleno de poderes. Proponíamos reunirnos en un terreno
neutral con el presidente de la República, los presidentes del Congreso, los
presidentes de las Comisiones Primeras y esta corporación para discutir ese y
otros puntos. La solicitud se envió y hubo silencio. El miércoles pasado nos invitaron
vía telefónica a un desayuno en Palacio. En cierto sentido, se estaba
atendiendo la petición que habíamos formulado.
C.O.T.- Perdone le
formulo de nuevo la pregunta: ¿por qué al salir de la Casa de Nariño usted
parecía estar de acuerdo y luego expresó que se marginaba de las discusiones?
G.G.A.- Su primer supuesto, el de que yo estaba de
acuerdo, nace de la apariencia y no de la realidad. En esa reunión se suscribió
solo una manifestación de intenciones pero no redactamos artículos ni hicimos
promesas. En concreto, ese día el gobierno atendió nuestros planteamientos.
C.O.T.- ¿Se
comprometió a impulsar lo que ustedes proponían?
G.G.A.- Exactamente. Los puntos de entendimiento
estaban en tres ejes: 1. Orientar la reforma hacia el fortalecimiento de la rama
judicial como política pública permanente. 2. Poner en el proyecto todos los
aspectos administrativos de la justicia que había previsto el Consejo de Estado
y 3. Planteado por mí personalmente, que los elementos extraños al propósito de
una reforma a la justicia se excluyeran.
C.O.T.- ¿A cuáles
elementos se refería?
G.G.A.-. A la reforma política del régimen del
Congreso que no tiene nada que ver con la de la justicia.
C.O.T.- ¿Propuso
retirar de la reforma todas las modificaciones al reglamento interno, régimen
disciplinario y sistema de juzgamiento de los congresistas, lo único que parece
interesarles?
G.G.A.- Sí. Dije que esos temas no deberían estar
en una reforma judicial.
C.O.T.- ¿Cuál fue
la respuesta del gobierno y del Congreso?
G.G.A.- El Congreso insistió en esos cambios que,
de todas maneras, son respetables. El Consejo de Estado, por ejemplo, consiente
que se introduzca la doble instancia en los procesos de pérdida de investidura
pero ese punto fue acordado directamente con la Sala de Gobierno de esta
corporación.
C.O.T.- ¿El
gobierno faltó a su palabra en cuanto al Consejo de Estado?
G.G.A.- Esa afirmación es muy fuerte porque no
había un compromiso sino, simplemente, una manifestación de intención, como ya
le dije.
C.O.T.- Uno supone
que una manifestación de intención es para cumplirla.
G.G.A.- Cuando uno hace propósitos sin definiciones
precisas, el ámbito de interpretación de esos propósitos es amplio. Por eso
entendí que se trataba más bien de allanar las distancias que existían entre
las ramas del poder. De nuestra parte, era una oportunidad para que, a partir
de las conversaciones, tanto el gobierno como el Congreso reflexionaran sobre
la introducción de temas ajenos a la reforma judicial. Pero, del otro lado,
también es claro que el gobierno estaba en su derecho de incluir las iniciativas
que creyera convenientes como la de traspasarles competencias judiciales a
particulares.
C.O.T.- Todo el
país sabe que el gobierno puede someter a la mayoría del Congreso. Si quisiera
hundir la reforma, la hundiría sin problema. Si no lo ha hecho es porque le
gusta ¿No será que la ha tomado como disculpa para resolver líos políticos
latentes?
G.G.A.- Lo que interesa es que a la hora de la
verdad en esas reformas no hay interés real de resolver el problema de la
justicia. Hace 34 años se está diciendo lo mismo sobre los problemas judiciales
pero lo cierto es que no hay intención de la clase dirigente en tener un
sistema fuerte y eficaz. Las reformas a la justicia se piensan de tarde en
tarde para desarrollar algunas lógicas políticas…
C.O.T.- ¿Cree que esta
reforma, aparte de que no se concentra en los problemas judiciales, es un
símbolo de la confrontación política actual?
G.G.A.- Es probable. Entre otras cosas, una
verdadera reforma a la justicia se podría realizar con modificación de normas
legales y no hay que tocar la Constitución.
C.O.T.- En el
trámite de esta reforma a la justicia se han descubierto verdades políticas. Se
dice que este proyecto se ha convertido en un pulso entre el santismo y el
uribismo ¿Cree que es cierto?
G.G.A.- Es una hipótesis de la que no puedo hablar
desde mi posición de presidente del Consejo. Sí siento que el país atraviesa
por una serie de tensiones que son muy preocupantes en tanto que lleva a
afectar un servicio y un poder del Estado en el cual gravita buena parte la estabilidad
de la nación: la administración de justicia. Desde todos los frentes se
denuesta de ella, se la desacredita y se intenta afectar el prestigio personal
de los magistrados. Eso ha sucedido en el pasado reciente y ahora también con,
por ejemplo, el caso de las pensiones, generalizando casos que son aislados.
Así se crea una plataforma de vulnerabilidad del sistema judicial que se usa
después para explicar la necesidad de reformarlo, mediante acción del Congreso.
C.O.T.- También se
dice que si no se aprueba esta reforma, el uribismo tendría vía libre para
impulsar una constituyente ¿Ha oído esa teoría?
G.G.A.- La historia reciente demuestra que si no es
posible hacer las reformas por vía del Congreso de la República, se intentará
adelantarlas mediante asamblea constituyente. Mi interpretación es que sí hay
una tensión en ese campo, que cada vez es más fuerte y que pone en riesgo la
vida nacional.
C.O.T.- El
concepto de asamblea constituyente gravita alrededor de esta reforma un poco
ficticiamente para generar temor: o se aprueba o viene el “coco” Uribe ¿Ustedes
quedaron en la mitad de ese sándwich presidencial?
G.G.A.- Insisto en que no quisiera referirme a ese
punto. Si digo que si el proyecto que hace su curso se hundiera, quedaría la
impresión social de que existen órganos demasiado perturbados en la rama de la
justicia y que es necesario salir de ellos. Y que si el Congreso no pudo,
habría que buscar otra salida. Lo cierto es que la sociedad no resiste más esa
visión que se ha creado de la justicia y que, en ese escenario, se abrirían
otros mecanismos que puedan “depurar” el poder judicial.
C.O.T.- Es decir,
usted cree que debe aprobarse la reforma para evitar una constituyente…
G.G.A.- La pregunta es: ¿si no logramos depurar la
justicia con una discusión en el Congreso, hay que buscar otro mecanismo
constitucional para lograrlo? Por ahí se abriría la puerta de lo que usted está
señalando para darles curso a los intereses políticos del pulso que se está
dando en el país. Pero no puedo ir más allá porque un juez se expresa sobre
hechos cumplidos, no sobre especulaciones.
C.O.T.- Su
interpretación, que comparten en el gobierno, conduce a la falsa conclusión de
que se apruebe la reforma no importa lo que contenga ¿No será un espejismo para
purificar un proyecto ilegítimo?
G.G.A.- Más que pérdida de legitimidad, me preocupa
que se dilapidarían unos activos de la Carta Política. La pérdida de
investidura, el juzgamiento actual de los parlamentarios y su régimen
disciplinario, no le pertenecen al Congreso sino al pueblo colombiano para
garantizar que sus representantes sean ciudadanos de primerísimo orden ético.
Cuando un Congreso pierde su talante moral, colapsa la democracia.
C.O.T.-
Desafortunadamente en el curso de esta reforma también han quedado al descubierto
las fallas de las cortes, en particular, los magistrados que andan litigando en
causa propia ante sus futuros o actuales investigados en el Congreso, para que
les amplíen el periodo de 8 a 12 años y la edad de retiro de 65 a 70 años. Para
usted ¿es aceptable esta conducta?
G.G.A.- Institucionalmente el Consejo de Estado ha
manifestado que no opina sobre ese tema porque no puede referirse a un asunto
que lo puede beneficiar. Cuando se trata de evaluar conductas ajenas es muy
difícil adoptar la posición de gran maestre de la moral. Nuestro planteamiento
en la reunión de los altos poderes fue el de respeto por lo que hicieran los
otros magistrados. Es una responsabilidad que se agota en la conciencia de cada
quien.
C.O.T.- Permítame
decirle que no estoy de acuerdo. El problema es institucional y de pronto hasta
judicial: en ninguna parte del mundo los jueces reciben dádivas de sus posibles
investigados.
G.G.A.- Varias personas se han expresado como
usted. Quienes opinan lo contrario exponen que se quebraría el principio de
igualdad si los actuales magistrados no pudieran acceder a lo que se defina en
la reforma. En la reunión de poderes en la Casa de Nariño alguien preguntaba
cuánto daño han hecho los miembros de las cortes como para excluirlos de la
extensión de su periodo. También se preguntaban si existe la prohibición y si
no, por qué imponer una cortapisa como ésa, de manera autoritaria y unilateral
sobre una premisa moral.
C.O.T.- Hagamos la
comparación con el régimen del Congreso: existe hoy un régimen de impedimentos
y de inhabilidades y hay conflictos de interés que impiden que un parlamentario
vote un proyecto que lo beneficia personalmente ¿Por qué no aplica ese mismo
régimen a los jueces que deben preservar su independencia en vez de recibir el
gran beneficio de cuatro años más en su cargo.
G.G.A.- No tanto regalo. Para algunos esos cuatro
años serán de mucho trabajo.
C.O.T.- No,
magistrado. Es una gran dádiva ¿Los jueces no se declararán después impedidos
ni tendrán conflicto de interés cuando llegue el momento de revisar la conducta
de un parlamentario que votó a favor de la ampliación del periodo de los
magistrados?
G.G.A.- La posición de la corporación es no opinar
al respecto, como le dije. En lo particular, debo decir que no me interesa y
que me parece que debería regir a futuro, lo cual no implica que yo les imponga
a los demás mi punto de vista. Por otra parte, pensar que cuatro años más de
periodo constituyen un gran regalo, responde tal vez al desconocimiento del
enorme sacrificio que implica ser magistrado.
C.O.T.- No se
pueden desconocer los enormes beneficios personales y profesionales que genera
ese poder.
G.G.A.- Solo quienes están fuera lo ven así.
C.O.T.- Explíqueme
entonces por qué hay tanto magistrado dedicado al lobby, rogándoles a los
parlamentarios que voten a su favor.
G.G.A.- Desde el punto de vista sociológico se
explica por la seguridad social. Con el régimen de transición que rige en la actualidad,
hay quienes al terminar su periodo salen sin pensión. Están quedando en la
calle personas que dedicaron su esfuerzo a tratar de hacer de Colombia un país
con justicia respetada y respetable. Y la respuesta es que, una vez terminado
su periodo, los magistrados tienen que vivir de la nada. Hay que encontrar un
punto medio justo equilibrio. Así, pues, las cosas no son tan en blanco ni tan
en negro.
C.O.T.- Entonces
¿para usted la majestad de la justicia no se ve desminuida cuando un miembro de
corte va a rogar al Capitolio que voten a su favor?
G.G.A.- Aunque esa posición es absolutamente
respetable, no la comparto porque los congresistas son servidores públicos y
cada ciudadano, sea éste magistrado o juez, es libre de ir a hablar con sus
representantes para expresarles sus demandas. Impedirles a los funcionarios de
la justicia que lo hagan, es crear una especie de discriminación so pretexto de
que como son magistrados, tienen que aguantarse su situación de inseguridad
social. Hay un dicho en Boyacá según el cual eso es lo que da la tierra. No hay
más. Uno no puede pensar que un magistrado de un país desarrollado, con todo el
cúmulo de reconocimiento económico y social, ejecute este tipo de conductas. Si
lo hacen aquí, es porque somos una nación subdesarrollada y hasta sus más altos
magistrados no tienen asegurado el día siguiente, en términos económicos.
C.O.T.- ¿Defiende,
en consecuencia, los magistrados lobbistas?
G.G.A. – No. Comprendo su vivencia humana.
C.O.T.- Algunos
congresistas admiten que han sido invitados a comida, reuniones sociales,
cocteles etc., que les han ofrecido los magistrados interesados en el
incremento de su periodo y de su edad de retiro ¿Le parece que esa conducta
está bien para un juez?
G.G.A.- Esas son costumbres sociales. En nuestro
medio ya se ha incluido una palabra de origen inglés, lobby, que significa
buscar opinión. Y las opiniones se buscan en medio de prácticas sociales que no
están prohibidas: conversar, tomarse unos tragos, hacer comidas.
C.O.T.- Se refería
usted al dicho de que tenemos lo que da la tierra ¿Se imagina a la Corte
Suprema del año 85, la de de Alfonso Reyes Echandía, haciendo lobby ante el
Congreso?
G.G.A- Pensaría que la justicia en el pasado era
mucho más lejana al ciudadano, menos comprometida con los dolores del ser
humano. Sin referirme a esos magistrados que no conocí, esa época judicial era
demasiado ligada a las formas, indolente, poco sensible a construir los valores
que ahora se tienen en un Estado social de Derecho. O sea que no todo tiempo pasado
fue mejor. Quiero destacar que nunca Colombia ha apreciado a su justicia y lo
que sucedió con los magistrados del 85 así lo demuestra.
C.O.T.- ¿Por qué
los magistrados lobbistas y los ponentes de la reforma no se han preocupado por
mejorar, por ejemplo, el salario de los jueces de la base?
G.G.A.- Nuestra preocupación ha sido siempre la de
mejorar el sistema de remuneración general. En el proyecto de presupuesto del
2013 hay un componente orientado a reclasificar el salario de los jueces del
circuito y municipales. Reconozco que hay muchas críticas para hacerle a la
carrera judicial.
C.O.T.- Para concluir ¿Es cierto que el Consejo de Estado está dividido en
dos grupos que representan las tendencias políticas actuales?
G.G.A.- Es muy difícil penetrar la conciencia de
cada quien para saber cuáles son sus orientaciones. Se rumoró en los medios que
el presidente del Consejo de Estado había sido fustigado por sus colegas en una
supuesta sesión de doce horas para discutir lo que él había dicho en la cumbre
de poderes. Eso jamás sucedió. En la sala se hizo un análisis de lo que estaba
pasando con el proyecto de reforma. Obviamente se presentaron voces disidentes
y con plena libertad se expresaron esas opiniones. Pero no ocurrió nada más.
C.O.T.- ¿No es
cierto que su colega el magistrado Velilla lidera un sector que se opone a la
reforma actual por los intereses políticos del uribismo?
G.G.A.- No existen grupos en el Consejo de Estado
tal como usted lo plantea. Pensaría que no hay líderes que logren llevar a
otros, como ovejitas, a donde él quiera. Hay tendencias. Diría que como
presidente, no tengo otra alternativa que permitir que todo el mundo se sienta
a gusto y diga lo que le plazca dentro de los marcos exigidos a un juez de la
República.
“Discutible validez constitucional”
Respecto de los debatidos beneficios que recibirían
los magistrados actuales de las cortes, es decir, la ampliación de su periodo
de 8 años a 12, y el incremento de su edad de retiro de 65 años a 70, dos
recientes presidentes de la Corte Suprema que salieron hace poco tiempo de esa
corporación, expresaron su desacuerdo ético y jurídico frente a esa posibilidad
que, según muchos analistas, disminuiría la independencia de los jueces frente
a sus eventuales investigados, los congresistas que tienen que votar la
aprobación de las modificaciones anteriores. Exmagistrado Jaime Arrubla: “es
totalmente inconveniente y su validez constitucional, muy discutible. Ante la
opinión pública las cortes están quedando como si hubieran cedido principios
que antes defendían como su independencia y autonomía, a cambio de estas
prebendas. Por eso alguna vez solicité a la sala plena, antes de retirarme, que
dejara en claro que ninguno de estos puntos pudiera aplicarse a los actuales
miembros de la Corte. Desde el punto de vista constitucional, no entiendo cómo
si uno fue elegido por ocho años, y bajo la vigencia de una norma de la misma
Constitución que dice que no hay reelección, pueda el Congreso reelegir a los
magistrados por medio periodo más”.
“El lobby hace perder independencia y majestad”
Exmagistrado César JulioValencia: “Un miembro de
alta corte no puede, en ningún caso, ser lobbista porque pierde majestad,
independencia y credibilidad, sobre todo cuando le corresponda definir o
conocer directa o indirectamente, asuntos de los congresistas que votaron a su
favor. Un magistrado nunca debe hacer presencia en el Congreso, salvo cuando el
presidente de la Corte tenga que asistir por razones oficiales de su cargo.
Aunque la ampliación del periodo es positiva, tal como está demostrado en los
países desarrollados porque genera seguridad jurídica y la jurisprudencia
permanece, esas modificaciones no deberían cubrir a los togados que fueron
elegidos para periodos de ocho años. Si se aprueba ese artículo y los interesados
aceptan, estaremos ante la posibilidad de que los jueces más preparados
profesional y personalmente del país, sean objeto de duda cuando se ocupen de
un proceso en donde el implicado sea uno de los votantes de la reforma.
Recuerdo que hace unos años la misma Corte, ante una posibilidad similar,
incluyó motu proprio un parágrafo en el que expresamente decía que la
ampliación del periodo no cubriría a los magistrados que hubieran sido
nombrados con anterioridad a la fecha en que entraría a regir la reforma.”
