25
Jun 2012 - 11:10 pm
Santos oficializó reparos y pidió hundirla si es
necesario
La
reforma está muerta
Por:
Redacción Política
Ahora
la prioridad del Ejecutivo es frenar las manifestaciones ciudadanas que buscan
referendos y asambleas constituyentes.
Siete
de los miembros del Comité Promotor del referendo revocatorio de la reforma a
la justicia: Andrés López, Pablo Bustos Sánchez, Armando Novoa García, Óscar
Ortiz González, Luis Fernando Otálvaro, María del Pilar Arango y María Teresa
Garcés Lloreda. / Óscar Pérez - El Espectador
Tuvo que emplearse
a fondo, pero lo consiguió. Con un planificado movimiento de fichas elGobierno
logró apaciguar la crisis política más grave de los dos años de mandato de Juan
Manuel Santos y selló el lunes una alianza con sus huestes en el Congreso para
que éste hunda la polémica reforma a la justicia.
El acuerdo quedó
listo con el envío desde la Presidencia de 70 folios en los que están
consignadas las objeciones presidenciales al proyecto, amparadas en lo que Santoscalificó
como “verdaderos ‘micos’ inconstitucionales e inaceptables” que se le colgaron
durante la fase de conciliación.
Los efectos
directos de la reforma eran un verdadero dolor de cabeza para Santos,
quien destacó que el riesgo de una excarcelación masiva de altos exfuncionarios
presos por corrupción, espionaje y hasta graves violaciones de derechos humanos
era inminente si no se objetaba la reforma. El presidente insistió anoche en
que asuntos como debilitar la pérdida de investidura —el castigo para los
congresistas que violan el régimen de inhabilidades— también van contra el
espíritu de una verdadera reforma. De hecho, organizaciones de derechos humanos
nacionales e internacionales habían advertido que la iniciativa era nociva para
la democracia colombiana y por los pasillos de los despachos judiciales ya
circulaban documentos advirtiendo que hasta la Corte Penal
Internacionalpodría intervenir en Colombia si se avalaba
el proyecto (ver página 4).
El problema para
el Gobierno era que por tratarse de una reforma constitucional
muchos dudaban que el presidente pudiera objetarla. Con la aparición de una
sentencia que en teoría le permite hacerlo argumentando circunstancias
excepcionales, Santos se dio la pela y ya es inminente la
aceptación de dichas objeciones, lo que significa que el proyecto será
archivado por el Legislativo.
Pero superado el
susto por la entrada en vigencia de la reforma, lo que viene ahora paraSantos es
apagar la llama de iniciativas ciudadanas que insisten en la vía de las urnas
para resolver el impasse político. Sean referendos revocatorios o propuestas de
asambleas constituyentes, como las que promueven algunos congresistas
conservadores, Santossabe que después de cierto momento es
inmanejable el tema de los contenidos y con tanto político esperando la
oportunidad para atacar es mejor no arriesgarse.
¿Cómo piensa
quitarles fuerza a dichas propuestas? Ya dio el primer
paso: dejándolas sin razón de ser. Al despejarse por completo el fantasma de la
reforma a la justicia, buena parte del soporte de los promotores de los
mecanismos de participación se acaba.
Pero los
promotores de los movimientos ciudadanos tampoco se quedaron quietos. Ayer,
mientras en la Casa de Nariño se buscaba el consenso para
hundir el acto legislativo, los impulsores del referendo acudieron a la sede de
la Registraduría Nacional a presentar su propuesta y a definir
la ruta técnica y jurídica del formulario para la recolección de firmas y la
logística para verificación de las mismas, aunque no fueron atendidos por el titular
de esta entidad, Carlos A. Sánchez.
Se calcula que
durante el fin de semana se recogieron 30 mil firmas, de las 150 mil que se
requieren para inscribir oficialmente ante las autoridades electorales el
Comité Promotor, integrado por Armando Novoa, María del Pilar Arango,
Óscar Enrique Ortiz, Pablo Antonio Bustos, Luis Fernando Otálvaro, Gustavo
Bolívar, Gloria María Borrero, María Teresa Garcés y Andrés López.
Aunque el Polo
Democrático y progresistas como Antonio Navarro colaboran
con la causa, lo que se ha querido dejar en claro es que se trata de una
propuesta surgida de las asociaciones ciudadanas, un mes antes de que se
aprobara la reforma. Claro, hubo reuniones con fuerzas políticas de toda clase
—liberales, conservadores, de la U— y fue elrepresentante Germán Navas,
del Polo, quien se encargó de ambientar el tema en el Capitolio. Así llegó el
respaldo de Iván Cepeda, Ángela Robledo y Antonio Navarro, quienes no
serán parte del Comité Promotor.
El Polo no
quiere perder la oportunidad de sacarle réditos políticos a la polémica. Su
presidenta, Clara López, dirigió ayer una comunicación a la Organización
Electoralinformando que harán uso de la consulta de los partidos, convocada
para el próximo 30 de septiembre, para consultar a los electores si están de
acuerdo con la revocatoria de los congresistas que votaron a favor de la
conciliación, imponiéndoles una inhabilidad, tanto a ellos como a sus parientes
dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, para que no se
puedan presentar y salir nuevamente elegidos o llegar al Congreso en cuerpo
ajeno, a través de sus parientes.
El tema de los
castigos contra los congresistas se está moviendo también por los lados de la
justicia. La Corte Suprema de Justicia aceptó ayer la primera
demanda contra los 12 senadores y representantes que conciliaron el proyecto y
lo convirtieron en un Frankenstein, interpuesta por Pablo Bustos. Otras cinco
denuncias penales fueron radicadas ayer, tres ante la Corte Suprema,
una ante el Consejo de Estado y otra ante la Procuraduría General.
Carrera de
obstáculos
No fue fácil para el Ejecutivo convencer a los partidos aliados sobre la
necesidad de que todos sus miembros acudan a las sesiones extras de
mañana. Había dos problemas: que muchos ya estaban en las regiones y que otros tienen dudas de asistir, por temor a incurrir en prevaricato, pues el artículo 149 de la Constitución dice que “toda reunión de miembros del Congreso que, con el propósito de ejercer funciones propias de la Rama Legislativa del Poder Público, se efectúe fuera de las condiciones constitucionales, carecerá de validez” y que “quienes participen en las deliberaciones serán sancionados conforme a las leyes”.
El exministro Fernando
Carrillo, director de la Defensa Jurídica del Estado, cree que
no habrá problema, porque las objeciones tienen soporte legal y se refieren a
la conciliación, es decir, a hechos posteriores a los ocho debates del
proyecto. Pero el representanteMiguel Gómez, el único de la U que votó negativamente la
conciliación, dice que se está induciendo a los legisladores a prevaricar,
“porque —aun cuando el acto legislativo no ha sido publicado—, ya salió de la
órbita congresional y por su naturaleza no es objetable”.
“No hay manera de
salvar el acto legislativo, pues los vicios de trámite son demasiado
complejos”, dijo Simón Gaviria, presidente del Partido Liberal. El senador Efraín Cepeda,
presidente del conservatismo, cree que se deben analizar a fondo las objeciones
del Gobierno para decidir si el mejor camino es hundirla o salvar algo. Sea
como sea, en la Casa de Nariño y en el Capitolio saben que en este pulso va
ganando la opinión ciudadana y va perdiendo el sistema político.
¿Quiénes están
detrás del referendo revocatorio?
- Armando Novoa
Abogado y director del Centro de Estudios
Constitucionales Plural. Fue uno de los presidentes de la Comisión Especial
Legislativa creada por la Asamblea Nacional Constituyente de 1991.
- María del Pilar
Arango H.
Abogada de la Universidad Santo Tomás, con
especialización en derecho comercial del Externado de Colombia. Durante 20 años
ha sido jueza civil. Actualmente es jueza civil del circuito de Bogotá, preside
la Corporación de Jueces y Magistrados de Colombia y es directora ejecutiva del
Observatorio Nacional Permanente de la Administración de Justicia.
- Óscar Enrique
Ortiz G.
Abogado de la Facultad de Jurisprudencia del
Colegio de Nuestra Señora del Rosario con especialización en derecho público.
Participó en el movimiento estudiantil de la séptima papeleta. Fue director del
Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha
contra la Corrupción durante el gobierno de Álvaro Uribe.
- Pablo Antonio
Bustos
Abogado con estudios en filosofía de la Universidad
de los Andes. Magíster en Filosofía de la Javeriana y de criminología en la
Simon Fraser de Canadá. Es fundador y director de la Red Ver (Red de Veedores y
Veedurías Ciudadanas de Colombia).
- Luis Fernando
Otálvaro Calle
Actualmente preside la agremiación de jueces y
trabajadores del sistema judicial (Asonal).
- Gustavo Bolívar
Moreno
Libretista y productor de televisión, reconocido
por las series de televisión ‘Sin tetas no hay paraíso’ y ‘Pandillas, guerra y
paz’. Fue asesor del exministro Enrique Parejo González en el Concejo de Bogotá
y lidera el movimiento anticorrupción ‘Manos limpias’.
- Gloria María
Borrero
Abogada de la Universidad Javeriana, con
especialización en derecho administrativo. Directora de la Corporación
Excelencia en la Justicia.
- María Teresa
Garcés
Abogada de la Universidad Javeriana, con
especialización en derecho público en La Sorbona (Francia). Fue viceministra de
Comunicaciones en el gobierno de Belisario Betancur y gerente encargada de la
Compañía de Fomento Cinematográfico (Focine) en 1983. Participó en la
Constituyente del 91 por la Alianza Democrática M-19. Formó parte de la lista
al Senado del Partido Visionarios de Antanas Mockus, en 2006.
- Andrés López
Estudiante de derecho. Miembro de la ‘Mane’, que ha
liderado una acción de reflexión y debate sobre temas de justicia y
constitucionales desde la organización estudiantil ‘Desde las aulas’.
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