Luego de la rechifla que vivió en la plenaria de la
Cámara, el ministro del Interior, Federico Renjifo, se fue al Senado. Carlos
Ortega / EL TIEMPO
División de opiniones respecto a
legitimidad de este legislativo para un nuevo intento.
Luego del hundimiento de la reforma de la justicia
-con 117 votos en la Cámara y 73 en el Senado-, por cuenta de los 'micos' que
le colgaron en la conciliación, el Gobierno y el Congreso coincidieron ayer en
que se perdió "una gran oportunidad" para atacar los problemas de la
rama. Y, al parecer, no hay ambiente ahora para hablar de un nuevo intento. (Lea todos los
detalles sobre el escándalo de la reforma de la justicia)
Atacar la congestión judicial y la impunidad,
implementar la doble instancia en el juzgamiento de funcionarios con fuero e
incrementar los recursos de la justicia eran problemas urgentes que pretendía
superar la reforma.¿Cuál es el camino para solucionarlos? (Lea:
'Mi responsabilidad era que la reforma se archivara': Mininterior)
El presidente Juan Manuel Santos, que durante el
último año destacó la urgencia de tramitar normas para hacer frente a estas
dificultades, asumió "una
cuota de responsabilidad" por el fracaso de la
reforma, pero dijo que se debe mirar hacia adelante. "Tenemos que
aprender de esas lecciones y seguir", anotó.
El propio ministro del Interior, Federico Renjifo,
reconoció que no está "estudiado el mecanismo" para solucionar ahora
los problemas de la justicia. Y la posibilidad de recurrir de nuevo al Congreso
divide las opiniones de los mismos parlamentarios. Por ejemplo, el
representante del Partido Verde Alfonso Prada fue enfático en afirmar que el
Legislativo "quedó en un estado de ilegitimidad muy grande para
tramitar una nueva reforma judicial".
Esta postura es respaldada por el senador liberal
Juan Manuel Galán, que cree que la tarea es para el próximo Congreso. "Se
requiere una renovación del mandato del Congreso de parte de los ciudadanos
en las próximas elecciones", agregó.
Para implementar medidas como la doble instancia en
el juzgamiento de aforados o eliminar el Consejo Superior de la Judicatura y
darle vida a un nuevo órgano que administre los recursos de la justicia,
necesariamente se debe recurrir a una reforma constitucional que haga tránsito
por el Congreso. (Las
10 lecciones que deja el escándalo)
"No veo ninguna vía; todas están absolutamente
cerradas y taponadas con derrumbes inmensos y de varias toneladas de rocas. Esa
llave se tiró al mar", afirmó el jefe conservador, Efraín Cepeda.
Pero otra cosa piensa el saliente presidente del
Congreso, el conservador Juan Manuel Corzo. (El
escándalo visto a través de las caricaturas de EL TIEMPO.)
Dijo que a, pesar del traspié de la reforma
judicial, el actual Legislativo tiene "la legitimidad necesaria" para
darle trámite a una iniciativa que enfrente los problemas de la justicia.
También el próximo presidente del Senado, Roy
Barreras, cree que el Congreso tiene legitimidad para abordar una nueva
reforma.
"Se cometen errores, pero la tarea no puede
quedar sin hacerse y será este Congreso el que la cumpla", agregó.
El hecho es que la lucha para sacar adelante la hoy
fracasada reforma judicial duró 10 años, y la eficiencia sigue siendo el talón
de Aquiles de la rama. Según un informe de la Contraloría, la justicia arrastra
una congestión de 2,9 millones de procesos, mayor que la de hace 10 años en
casi 500.000 procesos.
Ese informe señala, además, que la productividad
promedio de un juez colombiano es siete veces menor que la de uno de los
Estados Unidos.
Crisis dejó malheridas las relaciones entre
Congreso y Gobierno
El resquebrajamiento de las relaciones del Congreso
con el Gobierno, a raíz de lo ocurrido con la reforma de la justicia, quedó
claro ayer con el desplante hecho al ministro del Interior, Federico Renjifo. Las plenarias de Senado y Cámara se negaron a escucharlo tras el
hundimiento del proyecto.
La tensión en las relaciones fue más evidente
cuando la Cámara en pleno lo abucheó, luego de que el presidente de la
corporación, Simón Gaviria, le diera la palabra. Tan pronto Gaviria pronunció
el nombre de Renjifo, los más de cien representantes presentes explotaron en una silbatina que obligó al ministro a devolverse
cuando se dirigía hacia la tarima principal.
Los golpes en las curules, los gritos y los
silbidos de los congresistas precipitaron el fin de la sesión y en cuestión de segundos el recinto quedó desocupado.
El sorpresivo cierre de las sesiones
extraordinarias en la Cámara obligó a la mesa directiva del Senado a actuar
para evitar que se repitiera allí el boicot contra el funcionario, y resolvió
no darle la palabra.
A juicio de varios legisladores, la relación que se
había empeñado en construir el presidente Juan Manuel Santos con los cinco
partidos que conforman la coalición de Gobierno sufrió un duro golpe.
Los cuestionamientos vinieron desde el mismo
partido de gobierno. El senador Carlos Ferro, de 'la U', pidió analizar la
manera como el Gobierno "ha abandonado al Congreso en muchos de los temas
y cómo ha sido indolente frente a las necesidades de los colombianos".
"Que el Gobierno asuma sus responsabilidades a
través de sus ministros", pidió el congresista.
También Roy Barreras, codirector de 'la U' y futuro
presidente del Congreso, afirmó que la coalición de gobierno "tendrá que
saber que sus iniciativas tendrán que ir a las bancadas de los partidos, porque
es allí donde reside el poder original".
Y su copartidario Manuel Enríquez Rosero, alfil del
expresidente Álvaro Uribe, habló de "profundas heridas" en las
relaciones del Congreso con el Gobierno.
Por el lado de los conservadores, el presidente del
partido, Efraín Cepeda, dijo que su colectividad apoya las tesis de Santos,
pero advirtió que "temas como la reforma tributaria salen heridos de
muerte".
En términos parecidos se pronunció Alfonso Prada,
representante del Partido Verde. "Las relaciones quedan con
pronóstico reservado", dijo.
Finalmente, el senador liberal Camilo Sánchez
cuestionó que "el Gobierno se lave las manos cada vez que tenga un
problema y descargue la culpa en el Congreso".
En el Polo, el representante Iván Cepeda sostuvo
que los triunfadores con todo esto son la oposición y los ciudadanos.
El país cree que se necesita una reforma
El 69,7 % de los colombianos es partidario de
tramitar una nueva reforma judicial, según una encuesta del Centro Nacional de
Consultoría para el 'Noticiero CM&', revelada anoche. Y el 87,3 % considera
que se necesita la reforma de la justicia.
Por
otro lado, el 56,7% cree que el principal responsable del escándalo en el tema
es el Congreso, y el 35,7 % culpa al Gobierno.
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