Gobierno
radicó objeciones mientras que partidos se unen para hundir del todo la
enmienda.
Los 162
congresistas que le dieron el sí a la reforma de la justicia no solo tienen ya
abierta una investigación preliminar en la Corte Suprema de Justicia, donde la Sala Penal
admitió una demanda contra ellos, de la Red Nacional de Veedurías
Ciudadanas (RedVer), sino que desde otros sectores están
exigiendo que asuman la responsabilidad política que les toca.
Precisamente, el
Polo Democrático quiere preguntarle al país si deben ser inhabilitados.
"No se puede hundir la reforma para lavarles la cara a los responsables.
El Polo apoya el referendo revocatorio. La declaratoria de hundimiento se pasa
por la faja a la opinión pública y a la oposición. El Polo va a pedir que se
inhabilite políticamente a los autores de ese atentado, desde las urnas",
dijo la presidenta del partido, Clara López.
En la Corte hay en
este momento al menos 100 procesos contra representantes a la Cámara y
senadores por casos de corrupción o vínculos con grupos armados ilegales.
La denuncia de la
Red de Veedurías incluye a los ministros del Interior, Federico Renjifo, y de
Justicia, Juan Carlos Esguerra, y a los secretarios de la Cámara y del Senado.
Según el director de la Red, Pablo Bustos, en la reforma judicial los
congresistas "tuvieron la posibilidad de hacer lo que le queda imposible a
cualquier preso del país para cambiar sus procesos".
Por otro lado, la Corte Suprema estudia si admite otra demanda contra los 12
miembros de la comisión de conciliación de la reforma judicial.
Esta denuncia, por
concierto para delinquir y falsedad en documento, fue instaurada por el abogado
José Castro Fresneda.
La Procuraduría
también hizo saber que a esa dependencia llegaron quejas disciplinarias contra
los congresistas que apoyaron la reforma, y que esas solicitudes serán
evaluadas para determinar si hay lugar a investigaciones.
Extras en Congreso
serán para hundir reforma
Tras reunirse, por
separado, con los partidos de la Unidad Nacional, el presidente Juan
Manuel Santos pidió este lunes hundir la reforma judicial, porque
algunas de sus partes "tienen la capacidad de desestabilizar el andamiaje
de la administración de justicia".
Dos soldados del
Batallón Guardia Presidencial, que hicieron las veces de mensajeros, llevaron
el documento de 68 páginas a la Secretaría del Senado, donde quedó radicado de
manera formal para que sirva como base de la discusión que se le dará en las
sesiones extras, que tendrán lugar este miércoles y jueves.
Antes de enviar el
documento al Capitolio, el Gobierno convocó a los jefes de los partidos
de la coalición a Palacio y les explicó, uno a uno, la necesidad de hundir la
totalidad del proyecto. Todos estuvieron de acuerdo en sepultar el 'monstruo'
en el que terminó convertida la reforma.
Aunque el Gobierno
aseguró en el texto de objeciones que no tiene reparo alguno sobre puntos como
la descongestión judicial, afirmó que se detectaron "graves deficiencias
de procedimiento y contenido" que "han tendido un manto de
ilegitimidad sobre todo el articulado".
Para la Casa de
Nariño es claro que "el procedimiento de aprobación de los textos de la reforma
se hizo de espaldas a la voluntad de las cámaras, en flagrante exceso de las
facultades de conciliación y, por qué no, en un ejercicio abusivo de
competencias que podría calificarse como desviación de poder".
Las
objeciones sustentan los reclamos que hizo Santos el pasado jueves,
cuando anunció que devolvería la reforma al Congreso por cuatro puntos:se le
quita a la Fiscalía la facultad para investigar a algunos aforados; extiende la
doble instancia hasta los procesos electorales; altera el régimen de pérdida de
investidura, borrando la muerte política, y suprime la transición para eliminar
la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.
El presidente del
Partido Verde, Luis Eduardo Garzón, compartió el paso que dio Santos este lunes
y afirmó que "en un acto de justicia le hicieron la eutanasia a la
reforma". Esta postura fue respaldada por el presidente de la Cámara y
jefe del liberalismo, Simón
Gaviria, quien desde el viernes pidió hundir la reforma en una
carta al Jefe de Estado. Aseguró que "la citación a extras del
Congreso" es para cumplir con esto.
Los senadores
liberales expidieron este lunes un comunicado en apoyo del archivo de
la iniciativa, pero no lo firmaron los liberales Jesús Ignacio García y Luis
Fernando Duque, dos de los conciliadores.
El codirector de
Cambio Radical, el representante Germán Varón, dijo que la revocatoria de la
reforma se debe hacer integralmente.
Y no es para menos
que el Gobierno quiera contar con el respaldo del Congreso. Finalizando el
texto de las objeciones reconoció que "la sospecha de ilegitimidad que
pende sobre el proyecto ha provocado, incluso, el levantamiento de propuestas
populares que buscan alternativas jurídicas para revertir esta iniciativa".
Según voces del Capitolio, también busca frenar el referendo antirreforma. (Lea
las objeciones del Gobierno a la reforma de la justicia)
Mientras tanto, el
uribismo insiste en una constituyente, pues considera insuficiente que Santos
haya objetado la reforma. El senador Juan Carlos Vélez, apoyado por el
expresidente Álvaro Uribe, anunció que el 20 de julio llevará al Congreso un
proyecto de ley para impulsarla.
El miércoles
comenzarán las reuniones con este fin dos, en sonajero para Minjusticia
El Gobierno seguía
anoche sin definir el nombre del sucesor de Juan Carlos Esguerra en el
Ministerio de Justicia.
Seguía sonando el
exministro Fernando Carrillo, actual director de la Defensa Jurídica de la
Nación y uno de los cerebros de la fórmula jurídica para meter al congelador la
reforma judicial. También se mencionaba a Mónica de Greiff, quien estuvo en la
terna para Fiscal.
Una 'cirugía'
postergada por casi 10 años
1. En el 2003
En este año, el
gobierno Uribe, con el ministro Fernando Londoño, empieza a mover la idea de la
reforma judicial. Finalmente no despega en el Congreso.
2. Del 2005 al 2008
Los ministros
Sabas Pretelt, Carlos Holguín y Fabio Valencia también mueven la reforma. En
pleno escándalo de la 'parapolítica', no hay ambiente para ella.
3. En el 2009
En diciembre del
2009, siendo Fabio Valencia ministro del Interior y de Justicia, el gobierno
Uribe conformó una comisión de expertos para proponer los cambios en la
justicia.
4. En el 2010
El gobierno de
Santos retoma el informe de los expertos y plantea la reforma judicial con 3
ejes: descongestión, fin de la Judicatura y solución al choque de trenes por
tutela.
5. En el 2011
En julio, el
Gobierno presenta el proyecto. La legislatura termina con un proyecto que no
toca la tutela, que mantiene la Sala Disciplinaria y del que se retiran las
cortes.
6. En el 2012
El proyecto, con
mucha polémica, llega a su octavo debate. En la conciliación, los congresistas
reviven gabelas a su favor que desatan el escándalo y la tienen en el aire.
REDACCIÓN POLÍTICA
No hay comentarios:
Publicar un comentario