Santos objeta reforma de la justicia para evitar excarcelación masiva
Presidente argumenta que en
conciliación introdujeron "micos" inaceptables para el país.
Por considerar que en la
conciliación de la reforma de la justicia los congresistas incluyeron
disposiciones "inaceptables para el país y para el Gobierno",
el presidente Juan Manuel Santos devolverá al Congreso, por inconveniente e
inconstitucional, el texto de la reforma. (Lea también: Los
cálculos jurídicos del Gobierno para frenar reforma de la Justicia)
"No ha sido una decisión
fácil. Pero la buena salud de la justicia y nuestro compromiso por la
transparencia y contra la corrupción, están por encima de todo", afirmó el
mandatario anoche, durante una alocución radiotelevisada. Subrayó: "Como
Presidente de los colombianos y obrando en conciencia, tengo el deber de
impedir que esto prospere". (Vea
cuáles son los congresistas que se opusieron a la conciliación de la
reforma).
A juicio del mandatario, la
comisión de conciliación que tenía a su cargo unificar los textos de lo
aprobado por Senado y Cámara, "desbordó sus competencias", al hacer
modificaciones que no debían hacerse pues, en algunos casos, los textos eran
idénticos. (Lea también: La
conciliación de la reforma de la justicia desató más polémica).
Santos afirmó: "Se introdujeron
cambios que en nada favorecen a la justicia y a la transparencia, y algunos son
verdaderos micos".
Esta es la primera vez que un Jefe de Estado toma la decisión de objetar un acto legislativo, dadas sus graves implicaciones
Esta es la primera vez que un Jefe de Estado toma la decisión de objetar un acto legislativo, dadas sus graves implicaciones
Las cuatro objeciones a la reforma
Los reparos de Santos se
centran en cuatro ejes. El primero tiene que ver con la posibilidad de
que cerca de 1.500 altos funcionarios que eran investigados por la Fiscalía,
pero juzgados por la Corte Suprema de Justicia, pasen a las nuevas salas de
este tribunal -creadas por la reforma-, lo cual implicaría que procesos contra
exministros, exembajadores y ex directores de departamentos administrativos
tuvieran que ser asumidos por solo seis magistrados, que además no han sido
nombrados.
El segundo, con la reforma de
la doble instancia, que regiría para los congresistas procesados, la cual extendió el
beneficio incluso a procesos de nulidad electoral. El tercero se relaciona con
las modificaciones que se hicieron al régimen de pérdida de investidura. Por
último, Santos cuestionó la supresión del régimen de transición para la
eliminación de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.
"Queríamos y queremos una reforma constitucional para que ganen la justicia y la transparencia, y no para dar gabelas o beneficios a quienes están hoy investigados y para generar un caos en la justicia", aseguró el Jefe de Estado, quien subrayó que asume "las consecuencias" de la decisión que tomó.
"Queríamos y queremos una reforma constitucional para que ganen la justicia y la transparencia, y no para dar gabelas o beneficios a quienes están hoy investigados y para generar un caos en la justicia", aseguró el Jefe de Estado, quien subrayó que asume "las consecuencias" de la decisión que tomó.
Los congresistas eliminaron
como causal de pérdida de investidura la violación al régimen de inhabilidades
para ser legislador. Este régimen incluye, entre otras cosas, haber sido
condenado a pena privativa de la libertad, haber ejercido como empleado público
en los 12 meses anteriores a la elección y haber intervenido en negocios ante
entidades públicas.
Frente a la pérdida de
investidura establecieron la gradualidad,que implica que en algunos casos podrán ser
suspendidos máximo por un año, pero no perderán la curul.
Como si fuera poco, incluyeron
un parágrafo para que solo puedan ser capturados cuando haya resolución de
acusación en su contra.
Otro de los beneficios es que no podrán ser denunciados de forma anónima. Quien los denuncie deberá presentarse con nombre, cédula y pruebas.
Otro de los beneficios es que no podrán ser denunciados de forma anónima. Quien los denuncie deberá presentarse con nombre, cédula y pruebas.
Sustento jurídico
El documento que sustenta las
objeciones del Gobierno frente a la reforma llegará hoy mismo a las secretarías
de Senado y Cámara.
La decisión de objetar la
iniciativa se fundamenta en una
jurisprudencia de la Corte Constitucional, que indica que cuando haya vacíos en las normas y procedimientos de las reformas constitucionales, se aplicarán los mismos mecanismos que para objetar leyes ordinarias.
jurisprudencia de la Corte Constitucional, que indica que cuando haya vacíos en las normas y procedimientos de las reformas constitucionales, se aplicarán los mismos mecanismos que para objetar leyes ordinarias.
Empezaron
peticiones de libertad por limbo
Menos de 24 horas después de
que el Congreso aprobara la reforma de la justicia, el exsecretario de
la Presidencia Bernardo Moreno fracasó en el intento de lograr su libertad
argumentando el limbo jurídicogenerado por el polémico acto legislativo.
Moreno está preso y llamado a juicio por el escándalo de las 'chuzadas' del
DAS.
Ayer, en audiencia ante la Corte Suprema y mientras en el país seguía intensa la polémica por el nuevo blindaje judicial que tendrán los congresistas y otros funcionarios con fuero, el abogado Jaime Granados pidió la libertad del exsecretario de Palacio alegando el régimen más favorable para el acusado. Tras una intensa discusión, la Corte Suprema decidió negar la petición, pero no analizó a fondo el tema, sino que se excusó en que la reforma de la justicia aún no está vigente.
El campanazo sobre los procesos que tienen tanto la Corte Suprema como el Consejo de Estado, en todo caso, se sintió. El intento de Moreno, según expertos penalistas y constitucionalistas, se repetirá en los altos estradosdebido a que en el texto final de la reforma se suprimieron tres párrafos transitorios que dejaban en firme lo actuado en los procesos. Esas disposiciones, que fueron aprobadas en la última plenaria de Cámara, desaparecieron durante la sesión de la comisión de conciliación que, además, revivió polémicos beneficios para los congresistas en los procesos por pérdida de investidura y que habían sido derrotados en los ocho debates reglamentarios.
Como no se estableció un régimen de transición, señaló el exmagistrado de la Corte Suprema Alfredo Gómez, el riesgo de excarcelaciones es alto. Y, más aún, muchos casos en los que, incluso, se llegó a etapa de juicio, como el de Bernardo Moreno o el de Andrés Felipe Arias por el escándalo de AIS, podrían quedar en el aire, pues la reforma es clara en señalar que este tipo de procesos pasan a manos de una sala de juzgamiento que no existe aún.
Inexplicablemente, los conciliadores no establecieron ninguna medida para garantizar la acción de la justicia en un ínterin que puede durar meses. En la polémica conciliación, los representantes Germán Varón y Roosvelt Rodríguez fueron derrotados en su defensa del régimen de transición que ponía a salvo los procesos en la Corte.
Ayer, el senador conservador Eduardo Enríquez Maya aseguró que el riesgo no existe y que se aprobó una disposición según la cual solo serían cubiertos por la reforma los casos que no hubieran llegado a resolución de acusación. Pero en el texto aprobado ese parágrafo no aparece.
Ayer, en audiencia ante la Corte Suprema y mientras en el país seguía intensa la polémica por el nuevo blindaje judicial que tendrán los congresistas y otros funcionarios con fuero, el abogado Jaime Granados pidió la libertad del exsecretario de Palacio alegando el régimen más favorable para el acusado. Tras una intensa discusión, la Corte Suprema decidió negar la petición, pero no analizó a fondo el tema, sino que se excusó en que la reforma de la justicia aún no está vigente.
El campanazo sobre los procesos que tienen tanto la Corte Suprema como el Consejo de Estado, en todo caso, se sintió. El intento de Moreno, según expertos penalistas y constitucionalistas, se repetirá en los altos estradosdebido a que en el texto final de la reforma se suprimieron tres párrafos transitorios que dejaban en firme lo actuado en los procesos. Esas disposiciones, que fueron aprobadas en la última plenaria de Cámara, desaparecieron durante la sesión de la comisión de conciliación que, además, revivió polémicos beneficios para los congresistas en los procesos por pérdida de investidura y que habían sido derrotados en los ocho debates reglamentarios.
Como no se estableció un régimen de transición, señaló el exmagistrado de la Corte Suprema Alfredo Gómez, el riesgo de excarcelaciones es alto. Y, más aún, muchos casos en los que, incluso, se llegó a etapa de juicio, como el de Bernardo Moreno o el de Andrés Felipe Arias por el escándalo de AIS, podrían quedar en el aire, pues la reforma es clara en señalar que este tipo de procesos pasan a manos de una sala de juzgamiento que no existe aún.
Inexplicablemente, los conciliadores no establecieron ninguna medida para garantizar la acción de la justicia en un ínterin que puede durar meses. En la polémica conciliación, los representantes Germán Varón y Roosvelt Rodríguez fueron derrotados en su defensa del régimen de transición que ponía a salvo los procesos en la Corte.
Ayer, el senador conservador Eduardo Enríquez Maya aseguró que el riesgo no existe y que se aprobó una disposición según la cual solo serían cubiertos por la reforma los casos que no hubieran llegado a resolución de acusación. Pero en el texto aprobado ese parágrafo no aparece.
De igual manera, ELTIEMPO.COM
estableció que el magistrado de la Corte Constitucional, Nilson Pinilla,
renunció a que su periodo se ampliara a los 12 años, tal como lo establece
la reforma de la justicia. (Lea también:
Magistrado Pinilla renuncia a que le extiendan su periodo a 12 años).
Parapolíticos, los primeros
Pero hay más consecuencias de
lo aprobado por el Congreso. Diez congresistas investigados por
'parapolítica' y detenidos por orden de la Corte quedarán en libertad, pues
la reforma establece que solo se podrán ordenar capturas de aforados cuando
haya resolución de acusación.Parapolíticos, los primeros
La Sala Penal de la Corte
también perderá toda competencia sobre los 103 congresistas y excongresistas
que en este momento tienen investigaciones preliminares. En adelante, estos
casos serían asumidos por la nueva sala de investigación.
Además, como lo advirtió
anoche el presidente Santos, los conciliadores pasaron de un plumazo
más de 1.500 investigaciones contra altos funcionarios que estaban en
manos de fiscales delegados a la nueva sala de la Corte, que aún no existe, lo
que provocaría un colapso judicial.
En vilo, 28 casos de investidura
Los procesos están en el
consejo de estado
Ayer, el presidente del Consejo
de Estado, Gustavo Gómez, admitió que tras la reforma los procesos de pérdida
de investidura quedarán temporalmente frenados, mientras se procede a un nuevo
reparto, ordenado por la norma. Del Congreso elegido en el 2010, hay 28
parlamentarios que tienen procesos en su contra en esa Corte. De ellos, 13
votaron en favor del nuevo blindaje para sus investiduras.
Comenzó recolección
de firmas para tumbarla
Ayer despegó el movimiento que
promoverá un referendo para tumbar la reforma judicial. Por ley, quienes
quieran convocarlo tienen seis meses a partir de la publicación de la norma
para surtir todo el proceso.
Entre ellos está la representante del Partido Verde Ángela María Robledo, quien afirmó que "la reforma fue iniciativa del Gobierno, pero perdió el sentido a través de los debates y, al final, el Ministro de Justicia (Juan Carlos Esguerra) permitió que terminará siendo una norma confeccionada a la medida de los aforados".
Las firmas necesarias para el referendo derogatorio comenzaron a recogerse ayer mismo. La Red de Veedurías apoya la campaña.
Entre ellos está la representante del Partido Verde Ángela María Robledo, quien afirmó que "la reforma fue iniciativa del Gobierno, pero perdió el sentido a través de los debates y, al final, el Ministro de Justicia (Juan Carlos Esguerra) permitió que terminará siendo una norma confeccionada a la medida de los aforados".
Las firmas necesarias para el referendo derogatorio comenzaron a recogerse ayer mismo. La Red de Veedurías apoya la campaña.
Etapas para un
referendo
1. Conformar comitéHay que recoger un número de firmas equivalente al 5 por mil del censo electoral (31'147.177), cerca de 180.000, para inscribir el comité promotor en la Registraduría.
2. Convocar a urnas
Para que se avale un referendo
se deben recoger un número de firmas equivalente al 5 por ciento del censo, lo
que equivaldría a un poco más de un millón y medio de rúbricas.
3. Para aprobarlo
Si se admite llamar a urnas
para votar el referendo, se requieren por lo menos siete millones y medio de
votos, de los cuales la mitad más uno deben ser favorables.
REDACCIONES
POLÍTICA Y JUSTICIA
Eso se sabía! Desde la presentación del proyecto de Reforma a la Justicia y, ante todo se sabía, que la Reforma era para eso; se sabía que con la Reforma a la Justicia los procesos de parapolitica y corrupción quedarían por un tiempo en el "Limbo Jurídico" y, que mientras tanto, todos los investigados saldrian de las cárceles. Entonces por que rasgarse las vestiduras? Quien es el gran beneficiado de todo ésto, a quien le interesa que todos éstos proceso terminen?
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