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Jun 2012 - 9:01 pm
Los gestores de los 'micos'
Reforma a la justicia: los secretos de la
conciliación
Por:
Redacción Política. Elespectador.com
¿Qué
pasó el martes pasado en el Club de Ejecutivos entre senadores y representantes
encargados de unificar criterios en los textos del acto legislativo?
El
presidente de la Cámara, Simón Gaviria, y el renunciado ministro Juan Carlos
Esguerra, durante el debate de la reforma a la justicia. / El Espectador
En la conciliación de la reforma a la justicia el
asunto no era de argumentos, sino de votos. Una premisa que no supo o quizá no
quiso entender el Gobierno, pese a que algunas voces desde el mismo Congreso de
la República advertían sobre la necesidad de que en las comisiones que se
encargarían de ajustar el texto del proyecto había que tener ‘amigos’, es
decir, parlamentarios que compartieran las posturas del Ejecutivo frente a
temas sensibles, como la pérdida de investidura o el juzgamiento de altos funcionarios
del Estado, entre otros. Se lo dijeron a Juan Mesa, el secretario general de
Presidencia; a Federico Renjifo, el ministro del Interior, y, por supuesto, a
Juan Carlos Esguerra, el ya renunciado ministro de Justicia.
Algo olía mal
desde el principio. En una reunión previa se conoció una lista de posibles
conciliadores, en la que no estaban ni Luis Fernando Velasco, ni Juan Fernando Cristo, ni
Juan Carlos Vélez, ni Germán Varón, ni Alfonso Prada, ni Roosvelt Rodríguez, ni
Guillermo Rivera, algunos de los ponentes más activos durante el trámite de la
reforma y a quienes el Gobierno quería tener en esa última y definitiva etapa.
Si alguna solicitud se hizo ante los presidentes del Senado y la Cámara de
Representantes, Juan Manuel Corzo y
Simón Gaviria, quienes en últimas eran los que decidían quién iba y quién no en
la conciliación, o no se fue convincente o éstos se hicieron los de oídos
sordos. Al final, de los aliados del Gobierno, sólo Rodríguez y Varón
clasificaron.
El martes en la
mañana las comisiones conciliadoras de las dos corporaciones legislativas se
reunieron en el Club de Ejecutivos. Allí llegó el ministro Esguerra y fue el
senador Luis Fernando Duque (Partido
Liberal) el encargado de notificarle que se había decidido trabajar sin su
presencia. Varón y Rodríguez protestaron por su exclusión, pero éste no dio
pelea y se retiró diciendo que respetaba la soberanía del Legislativo. Punto a
favor de quienes querían alejar al minjusticia, teniendo en cuenta que en una
de las tantas reuniones de ponentes, cuando alguien le propuso que por qué no
metían que a los ministros los investigara directamente la Corte Suprema, se
negó con vehemencia y amenazó con retirarse de la discusión, ya que la gente
iba a pensar que estaba buscando favorecerse. “Ni por el putas (...) me hago
matar”, les dijo.
La conciliación
inició con decisiones drásticas. De entrada se eliminó el artículo que
establecía la detención preventiva por 36 horas para evitar que algún imputado
o procesado obstruyera la justicia o pudiera poner en riesgo los derechos de
otras personas. Cuando se llegó al artículo sobre los juicios políticos —un
tema que el Gobierno consideraba superado, pues el texto del Senado lo excluía—
el senador Jesús Ignacio García (Partido
Liberal) pidió la palabra para advertir que estaba de acuerdo con revivir el
asunto. La norma dice ahora que al Senado le corresponde conocer de las
acusaciones que formule la Cámara contra los magistrados de las altas cortes,
el fiscal general, el procurador y el contralor. Y se revivió.
Luego vino el tema
de la pérdida de investidura. El senador Juan Carlos Restrepo(Cambio
Radical) fue el encargado de liderar la propuesta de recoger lo más benéfico
para los congresistas de los textos aprobados en Senado y Cámara. Fue cuando se
estableció la gradualidad (posibilidad de sólo ser suspendidos), que se tendrá
en cuenta el dolo o la culpa con que se haya actuado, y se eliminó el régimen
de inhabilidades como una de las causales para perder la dignidad de
legislador. Además, se hizo la escisión de algunos artículos, pese a que la
Corte Constitucional dice que eso sólo es posible cuando se trata de corregir
la redacción, mas no cuando se cambia el espíritu de la norma.
Otra discusión
compleja se dio sobre la captura de parlamentarios después de sentencia en
primera instancia. Algo que había desaparecido en los últimos debates en Senado
y Cámara, pero que se quiso recuperar en la conciliación. Al final se descartó.
Y surgió una controversia hasta ahora desconocida por la opinión pública: el senador Eduardo Enríquez Maya
(Partido Conservador) pidió la palabra señalando que desde hace cinco años
estaba sub júdice por un anónimo, lo cual le parecía injusto. Y planteó incluir
un punto que dijera que si después de dos años de una investigación no se
profería resolución de acusación, se tenía que dictar inhibitorio, y si a los
seis meses no había un hecho nuevo, se diera tránsito a cosa juzgada. Es decir,
prescripción a los dos años y medio en los procesos contra los congresistas.
“Ya estamos jalando mucho la pita (...) si llevamos
eso se hunde la reforma”, comentó alguien. La reunión ya llevaba a estas
alturas más de cinco horas y fue cuando Varón decidió llamar vía telefónica al
ministro Esguerra, pues seguía la discusión sobre el director de Administración
Judicial, uno de los puntos de honor del Gobierno. El criterio era que no se
podía acabar de un tajo con el Consejo Superior de la Judicatura y dejar a una
sola persona ejecutando billonarios recursos. Se dio el debate, se procedió a
votación y nuevamente las fichas del Ejecutivo fueron derrotadas. Germán Varón
decidió abandonar la conciliación. La situación pasaba de castaño a oscuro y
los ministros Esguerra y Renjifo consideraron la posibilidad de amenazar con
que el Gobierno iba a retirarle el respaldo a la reforma definitivamente.
Pero no era el
momento para chocar con el Congreso. El Marco Legal para la Paz todavía estaba
en juego y no se podía correr el riesgo de su hundimiento. Mientras tanto, la
conciliación siguió su paso y se le incluyeron puntos como el que los
secretarios de Senado y Cámara entraran a la lista de aforados y la gota que
rebosó la copa: el representante Alejandro Chacón (Partido
Liberal) vendió la idea que dentro de las atribuciones de la Corte Suprema de
Justicia estuvieran el investigar y juzgar a ministros, defensor del Pueblo,
consejeros del Consejo Nacional de Disciplina Judicial, miembros del Consejo
Nacional Electoral, directores de los Departamentos Administrativos,
embajadores, gobernadores y generales y almirantes de la Fuerza Pública, entre
otros.
Una propuesta que prácticamente tumbó la reforma,
pues la posibilidad de excarcelación de funcionarios, incluyendo los de alto
gobierno, la hizo indefendible y causó la indignación ciudadana. En efecto, una
providencia de la Sala Penal de la Corte Suprema —recientemente aprobada, pero
aún no publicada— establece que cuando se cambia de juez en la etapa de
instrucción o investigación se viola el principio de la inmediación de la
prueba y ello genera la nulidad del juzgamiento. Pero también eliminaron los parágrafos
transitorios, lo que implica que si empezara a regir el acto legislativo, la
Sala de Investigación y Juzgamiento que debe crearse en el alto tribunal para
juzgar a esos aforados no existe, no está funcionando todavía y, sin juez,
cualquiera puede meter un hábeas corpus pidiendo libertad, que tendría que ser
concedida, así esté en etapa de juicio.
La conclusión que queda es que todo fue
intencional, que hubo una estrategia orquestada para meterle esos ‘goles’ a la
reforma a la justicia, aunque los conciliadores hayan salido a dar
explicaciones, disculpas y reconocer sus errores. Es claro que hay que comenzar
a pensar en la reglamentación de las conciliaciones, ordenando por lo menos que
se levante un acta donde queden consignadas las posiciones de todos para saber
de qué manera se toman las decisiones. Esguerra ya renunció aceptando su
responsabilidad política, aunque en muchos momentos el Gobierno lo dejó solo en
su tarea. ¿Y la responsabilidad del Congreso? ¿Y la responsabilidad de las
altas cortes, que se hicieron a un lado, pero guardaron silencio frente a la
ampliación del período de los magistrados? Algo o mucho falló, el presidente
Santos lo sabe: Falta ver cuáles serán las consecuencias.
La frase de la conciliación
‘‘Vamos a meter que a uno le abren la
investigación y le tienen que dictar un inhibitorio a los dos años si no
le profieren resolución de acusación, y si a los seis meses no hay
un hecho nuevo hace tránsito a cosa juzgada”
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