TEXTO CONCILIADO AL PROYECTO ACTO LEGISLATIVO
NÚMERO 07 DE 2011 SENADO ¿ 143 DE 2011 CÁMARA
REFORMA A LA JUSTICIA
Artículo 1°. El
artículo 116 de la Constitución Política quedará así:
¿Artículo 116. La
Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, el
Consejo Nacional de Disciplina Judicial, la Fiscalía General de la Nación, los
Tribunales y los Jueces, administran justicia. También lo hace la Justicia
Penal Militar.
La ley podrá atribuir función jurisdiccional en materias precisas a
determinados empleados judiciales, salvo proferir decisiones que pongan fin a
los procesos y practicar pruebas en asuntos que se tramiten a través de
procedimientos orales y por audiencias. En los procesos penales operará el
principio de la inmediación.
La ley podrá atribuir, excepcionalmente y en materias precisas, función
jurisdiccional a determinadas autoridades administrativas, salvo la de juzgar
delitos.
Los particulares pueden ser investidos transitoriamente de funciones
jurisdiccionales en la condición de jurados en las causas criminales,
conciliadores o en la de árbitros habilitados por la ley o por las partes para
proferir fallos en derecho o en equidad, en los términos que determine la ley.
La ley podrá atribuir, excepcional y transitoriamente, función
jurisdiccional en materias precisas a abogados en ejercicio en calidad de
jueces adjuntos para fines de descongestión judicial. La ley establecerá los requisitos
que se deben cumplir para ejercer esta función, los casos en que ella se
ejercerá de manera voluntaria y su régimen de remuneración o incentivos. Estos
particulares en ningún caso podrán conocer asuntos penales, contencioso
administrativos, disciplinarios o acciones constitucionales.
De manera excepcional, la ley podrá conferir funciones jurisdiccionales a
centros de arbitraje, centros de conciliación y notarios.
Las decisiones adoptadas por empleados judiciales, autoridades
administrativas, abogados en ejercicio en calidad de jueces adjuntos, notarios,
centros de conciliación y centros de arbitraje en procesos no arbitrales cuando
ejerzan funciones jurisdiccionales, serán apelables ante el superior funcional
del juez que hubiese sido el competente en caso de haber se optado por la vía
judicial, si dicho recurso fuere procedente de conformidad con la ley. La ley
establecerá las tarifas, tasas o remuneraciones por concepto de las funciones
jurisdiccionales que desempeñen las personas y entidades a que se refiere este
artículo, según corresponda, así como los eventos en que habrá lugar a ellas,
sin que puedan exceder lo que por concepto de arancel judicial hubiere
percibido la Rama Judicial en caso de haberse acudido a ella.
En los eventos en que no hubiere lugar a Arancel Judicial, la tarifa tasa o
remuneración será fijada por la ley.
Parágrafo 1°. En cada municipio habrá al menos un juez, cualquiera
que sea su categoría y en cada departamento habrá al menos un Tribunal
Administrativo y un Tribunal Superior de Distrito Judicial.
Parágrafo 2°. En relación con la atribución de funciones
jurisdiccionales a abogados en ejercicio en calidad de jueces adjuntos, la ley
establecerá las condiciones de temporalidad de este mecanismo de descongestión
y la autoridad competente para hacer la evaluación de gestión e impacto con el
fin de determinar la conveniencia o no de su continuidad.¿
Artículo 2°. El artículo 156 de la Constitución Política quedará así:
Artículo 156. La
Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, el
Consejo Nacional Electoral, el Procurador General de la Nación, el Contralor
General de la República, tienen la facultad de presentar proyectos de ley en
materias relacionadas con sus funciones.
Artículo 3°. El a rtículo 174 de la Constitución Política quedará así:
Artículo 174.
Corresponde al Senado:
1º. Conocer de las acusaciones que formule la Cámara de Representantes
contra el Presidente de la República o quien haga sus veces y contra el
Vicepresidente de la República.
2º. Conocer de las acusaciones que formule la Cámara de Representantes,
cuando hubiere causas constitucionales o legales por conductas cometidas en
ejercicio de sus funciones contra los magistrados de la Corte Constitucional,
de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo Nacional de Disciplina Judicial,
del Consejo de Estado, el Fiscal General de la Nación, el Procurador General de
la Nación y el Contralor General de la República,, aunque hubieren cesado en el
ejercicio de sus cargos.
Artículo 4°. El artículo 175 de la Constitución Política quedará así:
Artículo 175. En
los juicios políticos que se sigan ante el senado, se observaran las
siguientes reglas:
1. El acusado queda de hecho suspenso de su empleo, siempre que una
acusación sea públicamente admitida.
2. El Senado no podrá imponer otra sanción que la destitución del empleo o
la privación temporal o pérdida absoluta de los derechos políticos. Si la
conducta es constitutiva de delito, impuesta la anterior sanción por el Senado,
pondrá al funcionario a disposición de la Corte Suprema de Justicia para que
adelante el correspondiente proceso penal.
3. El Senado podrá comisionar a una diputación de su seno para que adelante
la actuación, reservándose el juicio y la sentencia definitiva que será
pronunciada en sesión pública, por los dos tercios al menos de los votos de los
senadores presentes.
Artículo 5°. El artículo 178 de la Constitución Política quedará así:
Artículo
178. La Cámara de
Representantes tendrá las siguientes atribuciones especiales:
1º. Elegir el Defensor del Pueblo
2º. Examinar y fenecer la cuenta general del presupuesto y del tesoro que
le presente el Contralor General de la República.
3º. Acusar ante el Senado al Presidente de la República o quien haga sus
veces y al Vicepresidente de la República por conductas que puedan constituir
delitos, faltas o causal de indignidad.
4º. Acusar ante el Senado cuando hubiere causas constitucionales o legales
a los magistrados de la Corte Constitucional, a los magistrados de la Corte
Suprema de Justicia, a los magistrados del Consejo de Estado, a los Magistrados
del Consejo Nacional de Disciplina Judicial, al Fiscal General de la Nación, al
Procurador General de la Nación y al Contralor General de la República.
5º. Conocer de las denuncias y quejas que ante ella se presenten contra los
expresados funcionarios. Si la denuncia se refiere a delitos que no tengan
relación con sus funciones y la comisión de aforados la encuentra fundada la
Cámara decidirá si la remite o no a la Corte Suprema de Justicia para lo de su
competencia. Las denuncias infundadas o temerarias serán archivadas por la
comisión.
Cuando se encuentre fundada la denuncia o queja por una conducta que pueda
constituir delito relacionado con sus funciones o infracción a los deberes
funcionales de conformidad con la Constitución y las leyes, o causal de
indignidad la Cámara dará traslado de ella a la Comisión de Aforados. Esta
Comisión se encargará de establecer si hay mérito o no para acusar ante el
Senado y así lo informará a la plenaria de la Cámara, quien decidirá si formula
o no la acusación.
La Cámara prestará a esta Comisión todo el apoyo humano y logístico
requerido para el cabal cumplimiento de su función con celeridad, eficiencia y
eficacia.
Parágrafo 1°. Para efectos de lo estipulado en los numerales 4 y 5 de este
artículo, la Cámara de Representantes elegirá una Comisión de Aforados
Constitucionales. La ley orgánica que consagra el reglamento del Congreso
determinará su composición, los requisitos que deben acreditar quienes aspiren
a integrarla, sus atribuciones y los procedimientos que deberán surtir para
rendirle informe a la plenaria de la Cámara de Representantes
Parágrafo 2°. La denuncia o queja que se formule contra los
servidores públicos a los que se refiere los artículos 135, numeral 2 y 174 de
la Constitución, por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones, por
indignidad, por mala conducta o por delitos comunes, se presentará
personalmente por el denunciante mediante escrito acompañado de las pruebas que
obren en su poder o de la relación de las pruebas que deban practicarse y que
respaldan la denuncia o queja. Iguales requisitos deben cumplir las denuncias o
quejas que se presenten contra los aforados por delitos, faltas disciplinarias
o fiscales.
Parágrafo 3°. Las decisiones proferidas por el Senado en
cumplimento de lo dispuesto en los artículos 174 y 175, y por la Cámara en
virtud de lo indicado en este artículo, son de naturaleza política y, por
tanto, no implican el ejercicio de función jurisdiccional o administrativa. En
consecuencia, no tendrán acción ni recurso alguno ante otra autoridad y de
ellas no se desprenderá ningún tipo de responsabilidad para los Congresistas.
Parágrafo transitorio. A partir de la entrada en vigencia del
presente acto legislativo, la Cámara de Representantes continuará ejerciendo
sus funciones de conformidad con las normas vigentes, en todo cuanto no
contradiga este acto legislativo, y para su cumplimiento las Mesas Directivas
de Senado y Cámara expedirán los reglamentos respectivos.
Dentro del año siguiente a la entrada en vigencia de este acto legislativo,
el Congreso aprobará la modificación a la ley orgánica mediante la cual se
adopta el reglamento del Congreso de la República, en relación con las
funciones previstas en los artículos 174, 175 y 178 de la Constitución Política
de Colombia.¿
Artículo 6°. Modifíquese el artículo 183 de la Constitución Política, el
cual quedará así:
Artículo 183. Los
Congresistas solo serán suspendidos o perderán su investidura:
1. Por violación del régimen constitucional de incompatibilidades, o del
régimen de conflicto de intereses.
2. Por la inasistencia, en un mismo período de sesiones, a seis reuniones
Plenarias en las que se voten proyectos de acto legislativo, de ley o mociones
de censura, salvo que medie fuerza mayor o caso fortuito.
3. Por indebida destinación de dineros públicos.
4. Por tráfico de influencias debidamente comprobado.
Parágrafo 1°. La causal 1 en lo referido al régimen de conflicto de
intereses no tendrá aplicación cuando los Congresistas participen en el debate
y votación de proyectos de actos legislativos.
Parágrafo 2°. Cuando un Congresista no tome posesión del cargo salvo que
medie fuerza mayor o caso fortuito dentro de los ocho días siguientes a
la fecha de instalación del congreso o aquella en que fuera llamado a
posesionarse, se declarará la vacancia del cargo y las mesas directivas de las
respectivas cámaras llamarán a quien corresponda por ley para ocuparlo.
Parágrafo 3º. La causal de pérdida de investidura a que se refiere
el artículo 110 de la Constitución Política, no será aplicable a los miembros
de las corporaciones públicas.
Parágrafo Transitorio. Las sentencias de pérdida de investidura que estén
en firme al momento de la entrada en vigencia del presente acto legislativo
conservarán plena validez
Artículo 7°. El artículo 184 de la Constitución Política quedará
así:
Artículo 184. El
proceso de suspensión o pérdida de investidura de Congresistas se adelantará
con sujeción a las siguientes reglas:
1. En el proceso de suspensión o pérdida de investidura se tendrá en
consideración el dolo o la culpa con que se haya actuado y la sanción deberá
atender al principio de proporcionalidad. La ley regulará las causales
previstas en la constitución
2. La suspensión o pérdida de la investidura será
decretada por el Consejo de Estado de acuerdo con la Constitución y la ley, en
un término no mayor de cuarenta días hábiles por cada una de las dos
instancias, los cuales se contarán a partir de la fecha de ejecutoria del auto
admisorio de la demanda o de la ejecutoria de la providencia que admita el
recurso de apelación, según el caso. La solicitud de pérdida de investidura
podrá ser formulada por la mesa directiva de la cámara correspondiente o por
cualquier ciudadano y deberá contener los fundamentos de hecho y de derecho y
las razones jurídicas que el demandante considere relevantes para estructurar
una causal de pérdida de investidura.
Quienes presenten demandas de suspensión o pérdida de investidura
infundadas o temerarias, serán condenados a pagar las costas del proceso.
La ley determinará los términos de caducidad de la acción y de prescripción
de la suspensión o la pérdida de la investidura.
3. La declaratoria judicial de nulidad de la elección de Congresista no
impedirá la declaratoria de suspensión o pérdida de investidura cuando a esta
haya lugar.
4. El proceso de suspensión o pérdida de investidura tendrá dos instancias.
El Reglamento del Consejo de Estado determinará el reparto que deba hacerse de
los procesos entre sus Secciones, para su conocimiento en primera instancia por
el pleno de la sección correspondiente. La decisión de segunda instancia será
adoptada con los votos de las tres quintas partes de los consejeros de la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo con exclusión de los consejeros que
hubieran conocido del asunto en primera instancia.
En todo caso la suspensión no podrá ser superior a un año.
Parágrafo transitorio. Los expedientes que estén pendientes de fallo al
momento de la entrada en vigencia del presente acto legislativo serán remitidos
por reparto a las distintas Secciones de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado para continuar con su trámite en primera
instancia. Igual procedimiento se surtirá en los demás procesos que se adelanten
ante la jurisdicción contenciosa administrativa en contra de los congresistas.
Artículo 8°. El artículo 186 de la Constitución Política quedará así:
Artículo 186. La
investigación y el juzgamiento de los delitos que cometan los Congresistas se
regir á por lo establecido en el parágrafo 2º del artículo 235 de la
Constitución.
Artículo 9°. El inciso 3º del artículo 197 de la Constitución
quedará así:
Ministro, Director de Departamento Administrativo, Magistrado de la Corte
Suprema de Justicia, de la Corte Constitucional o del Consejo de Estado,
Consejeros del Consejo Nacional de Disciplina Judicial, miembros del Sistema
Nacional de Administración Judicial o del Consejo Nacional Electoral,
Procurador General de la Nación, Defensor del Pueblo, Contralor General de la
República, Fiscal General de la Nación, Registrador Nacional del Estado Civil,
Comandantes de las Fuerzas Militares, Director General de la Policía, Gobernador
de Departamento o Alcaldes.
Artículo 10. Adiciónese un numeral 3 al artículo 201 de la Constitución
Política, del siguiente tenor:
¿Artículo 201. Corresponde al Gobierno, en relación con la Rama
Judicial:
(¿)
3. Liderar el diseño, ejecución y evaluación de la política criminal del
Estado.¿
Artículo 11. El artículo 228 de la Constitución Política de Colombia
quedará así:
Artículo 228. La
Administración de Justicia es función pública. Sus decisiones son
independientes. Las actuaciones serán públicas y permanentes con las
excepciones que establezca la ley y en ellas prevalecerá el derecho sustancial.
Los términos procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento será
sancionado. Su funcionamiento será desconcentrado y autónomo.
Toda persona tiene derecho a que sus controversias se resuelvan mediante
procesos jurisdiccionales de duración razonable. La ley fijará los términos que
tendrán quienes ejercen funciones jurisdiccionales para resolver los asuntos o
procesos sometidos a su conocimiento so pena de que se produzca la pérdida de
competencia para seguir conociendo del respectivo trámite, sin perjuicio de las
demás consecuencias que señale la ley.
La Rama Judicial tendrá autonomía presupuestal, patrimonial y
administrativa, de conformidad con su régimen legal de naturaleza estatutaria y
con el Estatuto Orgánico de Presupuesto.
A la Rama Judicial se le asignarán, en el Presupuesto General de la Nación
de cada vigencia fiscal, los recursos necesarios para que la administración de
justicia se mantenga al día, se garantice el acceso oportuno y eficiente a la
misma y se atienda su demanda sin dilaciones y en especial para programas de
acceso a la justicia para la población en situación de pobreza extrema.
Parágrafo. El Gobierno Nacional garantizará los medios y los recursos
necesarios para el funcionamiento de la jurisdicción especial indígena.
Parágrafo transitorio. Durante los seis (6) años fiscales siguientes a la
entrada en vigencia del presente acto legislativo, en el presupuesto General de
la Nación se destinará para el sector Jurisdiccional de la Rama Judicial en
total dos (2.0) billones de pesos adicionales a su presupuesto ordinario de
inversión que se distribuirán en seis cuotas partes iguales de conformidad con
el proyecto de presupuesto de este sector los cuales no harán base presupuestal
y se destinarán a la ejecución de planes de descongestión en todas las
jurisdicciones; a la implementación de los procedimientos orales y por
audiencias; al uso, acceso y dotación de tecnologías de la información y las
comunicaciones; y a la inversión en infraestructura que garantice la adecuada
atención de los ciudadanos y la eficiente tramitación de los procesos.
La forma en que se apropiarán los recursos adicionales de que trata este
parágrafo dependerá de los planes y programas de inversión que apruebe para tal
fin la sala de gobierno judicial, la cual deberá informar anualmente al
Congreso de la República en audiencia pública los resultados, metas y planes
establecidos con miras a la continuidad de los desembolsos a que se refiere
este parágrafo.
Durante los próximos diez (10) años, el presupuesto ordinario de
funcionamiento e inversión del sector jurisdiccional de la rama judicial
aumentará, como mínimo, en un porcentaje equivalente a la variación del Índice
de Precios al Consumidor (IPC) del año inmediatamente anterior más dos puntos
porcentuales¿.
Artículo 12. El artículo 229 de la Constitución Política quedará así:
¿Artículo 229. Se
garantiza el derecho de toda persona a acceder a la administración de justicia.
La ley indicará en qué casos podrá hacerlo sin la representación de abogados.
La ley establecerá los asuntos en que podrá cobrarse arancel judicial, así
como la estructuración, destinación y causación de dicha contribución.¿
Artículo 13. El artículo 231
de la Constitución Política quedará así:
Artículo 231. Los
Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado serán
elegidos por la respectiva Corporación mediante el voto afirmativo tres quintas
(3/5) partes de sus miembros, de listas de 10 candidatos conformadas mediante
convocatoria pública adelantada por la respectiva corporación.
En la integración de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado
se atenderá el criterio de adecuado equilibrio entre quienes provienen del
ejercicio profesional, de la rama judicial y de la academia. La ley o, en su
defecto el reglamento interno de cada una de estas corporaciones, tomará las
previsiones necesarias para dar cumplimiento a este criterio de integración.
Artículo 14. El artículo 232 de la Constitución Política quedará así:
Artículo 232. Para
ser Magistrado de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia y
del Consejo de Estado se requiere:
1. Ser colombiano de nacimiento y ciudadano en ejercicio.
2. Ser abogado.
3. No haber sido condenado por sentencia judicial a pena privativa de la
libertad, excepto por delitos políticos o culposos.
4. Haber desempeñado, durante veinte años, cargos en la Rama Judicial o en
el Ministerio Público, o haber ejercido, con buen crédito, por el mismo tiempo,
la profesión de abogado, o la cátedra universitaria en disciplinas jurídicas en
establecimientos reconocidos oficialmente.
Parágrafo transitorio. Los anteriores requisitos serán aplicables a la
elección de los Magistrados de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de
Justicia y del Consejo de Estado que se postulen para tales cargos a partir de
la entrada en vigencia del presente Acto Legislativo.¿
Artículo 15. El artículo 233 de la Constitución Política, quedará así:
Artículo 233. Los
Magistrados de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia y del
Consejo de Estado serán elegidos para períodos individuales de doce años, no
podrán ser reelegidos y permanecerán en el ejercicio de sus cargos mientras
observen buena conducta, tengan rendimiento satisfactorio y no hayan llegado a
edad de setenta años.
Los Magistrados de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia
y del Consejo de Estado, los miembros del Consejo Nacional de Disciplina
Judicial, del Sistema Nacional de Administración Judicial y del Consejo
Nacional Electoral, el Fiscal General de la Nación , el Procurador General de
la Nación, el Defensor del Pueblo, el Contralor General de la República y el
Registrador Nacional del Estado Civil, no podrán ser elegidos a cargos de
elección popular durante el período de ejercicio de sus
funciones, ni dentro del año siguiente a su retiro.
Los Magistrados de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia
y del Consejo de Estado, no podrán ser elegidos en otra Corporación Judicial,
ni aspirar a los cargos de Procurador General de la Nación, Contralor General
de la República o Fiscal General de la Nación, durante el período
de ejercicio de sus funciones, ni dentro del año siguiente a su retiro; si
hubieren renunciado antes del vencimiento del período para el cual fueron
elegidos, la inhabilidad será de un año, a partir de la fecha de aceptación de
su renuncia.
Parágrafo transitorio. El período y la edad de retiro forzoso a los que se
refiere el inciso primero de este artículo serán aplicables a los actuales
magistrados hasta que completen un período total de doce (12) años contados a
partir de su posesión o cumplan la edad de setenta (70) años.
Artículo 16. El artículo 235 de la Constitución Política quedará así:
Artículo 235. Son
atribuciones de la Corte Suprema de Justicia:
1. Actuar como tribunal de casación.
2. Investigar y ju zgar a los funcionarios de que tratan los artículos 135
numeral 2, 174 y 178 numerales 3 y 4, una vez surtido el trámite del artículo
175 de la Constitución.
3. Investigar y juzgar a los miembros del Congreso, a los miembros del
Consejo Nacional Electoral, al Registrador General del Estado Civil y al
Auditor General de la Nación, aunque hubieren cesado en el ejercicio de sus
cargos. En este caso, conocerá por hechos u omisiones ocurridos en el desempeño
de los mismos.
4. Investigar y juzgar a los Ministros del Despacho, al Defensor del
Pueblo, a los consejeros del Consejo Nacional de Disciplina Judicial, a los
miembros de la Junta Ejecutiva de Administración que no tengan otro sistema de
juzgamiento e investigación, a los Miembros del Consejo Nacional Electoral, a
los Agentes del Ministerio Público ante la Corte, ante el Consejo de Estado y
ante los Tribunales; a los Directores de los Departamentos Administrativos, a
los Embajadores y Jefes de Misión Diplomática o Consular, a los Gobernadores, a
los Magistrados de Tribunales y a los Generales y Almirantes de la Fuerza
Pública, por los hechos punibles que se les imputen.
5. Conocer de todos los negocios contenciosos de los agentes diplomáticos
acreditados ante el Gobierno de la Nación, en los casos previstos por el
Derecho Internacional.
6. Preparar y presentar proyectos de acto reformatorio de la Constitución y
proyectos de ley.
7. Darse su propio reglamento.
8. Las demás atribuciones que señale la ley.
Parágrafo 1°. Cuando los funcionarios antes enumerados hubieren cesado en
el ejercicio de sus cargos, el fuero solo se mantendrá para las conductas
punibles que tengan relación con las funciones desempeñadas.
Parágrafo 2°. La Corte Suprema de Justicia tendrá una Sala de Investigación
y Calificación integrada por seis (6) magistrados, con las calidades exigidas
para los demás Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, elegidos por la Corte
Constitucional para períodos de ocho (8) años de ternas presentadas a razón de
tres (3) por el Presidente de la República, y tres (3) por la Sala Plena de la
Corte Suprema de Justicia, tres (3) de los cuales adelantarán la etapa de
investigación penal en la primera instancia de los procesos que se adelanten
contra los aforados mencionados en los numerales 2, 3 y 4 de este artículo y
tres (3) conocerán de la segunda instancia durante la investigación. Estos
aforados podrán ser privados de la libertad con posterioridad al proferimiento
de la resolución de acusación en firma en su contra, salvo que sean
aprehendidos en caso de flagrante delito.
Sus miembros deberán cumplir con las calidades exigidas para ser
Magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
La primera instancia en la etapa de juzgamiento en los procesos penales que
se adelanten contra los aforados a que se refieren los numerales 2, 3 y 4 de
este artículo será conocida por cinco (5) magistrados con las mismas calidades
exigidas para los demás magistrados de la Corte Suprema de Justicia, elegidos
para períodos de ocho (8) años por la Corte Constitucional de listas
conformadas mediante convocatoria pública, por la Sala de Gobierno Judicial.
Parágrafo 3º. La segunda instancia en la etapa de juzgamiento de los
aforados mencionados en los numerales 2, 3 y 4 de este artículo se adelantará p
or la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia,
Parágrafo 4°. La Corte Suprema de Justicia tendrá una Sala de Investigación
y Juzgamiento Disciplinario encargada de conocer de las faltas disciplinarias
de los funcionarios mencionados en el numeral 2° de este artículo. Esta Sala
estará integrada por seis (6) magistrados elegidos para periodos de 8 años a
razón de dos (2) por el Presidente de la República, dos (2) por la Corte
Constitucional y, dos (2) por el Consejo de Disciplina Judicial. Tres (3) de
ellos conocerán del proceso en primera instancia y los tres (3) restantes en
segunda instancia, según el sistema de reparto rotativo que para ello diseñe la
misma sala.
Parágrafo 5°. Los magistrados que integren las salas a las que se refieren
los parágrafos 2º y 4º de este artículo no integrarán la Sala de Casación
Penal ni la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia.
Parágrafo 6°. Los procesos penales que se adelanten contra los magistrados
de la Corte Suprema de Justicia serán juzgados en segunda instancia por salas
de conjueces designadas por la Corte Constitucional mediante sorteo de una
lista de conjueces que esta última Corte elaborará para tal propósito con vigencia
de cuatro (4) años.
Cuando se trate de procesos penales contra magistrados de la Corte
Constitucional, los magistrados de las Salas de Investigación y Calificación y
de Juzgamiento a las que se refiere el parágrafo segundo de este artículo serán
reemplazados por conjueces designados por el Consejo de Estado mediante sorteo
de una lista de conjueces que este elaborará para tal propósito con vigencia de
cuatro (4) años.
Cuando se trate de procesos penales contra el Presidente de la República, o
los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, los magistrados de la Sala de
Investigación y Calificación mencionada en el parágrafo 2º de este artículo que
hayan sido postulados o elegidos por aquel o por estos, serán reemplazados por
conjueces designados por el Consejo de Estado mediante sorteo de una lista de
conjueces que este elaborará para tal propósito con vigencia de cuatro (4)
años.
Artículo 17. Modifíquese el
último inciso del numeral 1 y el numeral 2 del artículo 250 de la Constitución
Política, los cuales quedarán así:
¿Artículo 250.
(¿)
1. (¿)
La ley podrá facultar a la Fiscalía General de la Nación para realizar
capturas de manera excepcional y en concordancia con los principios
constitucionales. Igualmente, la ley fijará los límites, delitos, eventos y
circunstancias en que proceda la captura. En estos casos, el juez que cumpla la
función de control de garantías lo realizará a más tardar dentro de las treinta
y seis (36) horas siguientes. Excepcionalmente y atendiendo las circunstancias
especiales en que se producen ciertas capturas, la ley establecerá que la
función de control de garantías se realice en un término superior, el cual no
podrá exceder de setenta y dos (72) horas.
2. Adelantar registros, allanamientos, incautaciones e interceptaciones de comunicaciones.
En estos eventos el juez que ejerza las funciones de control de garantías
efectuar á el control posterior respectivo a más tardar dentro de las treinta y
seis (36) horas siguientes. Excepcionalmente y atendiendo las circunstancias
especiales en que se producen ciertos registros, allanamientos, incautaciones e
interceptaciones de comunicaciones, la ley establecerá que la función de
control de garantías se realice en un término superior, el cual no podrá
exceder de setenta y dos (72) horas. (¿).¿
Artículo 18. El Título del Capítulo Séptimo del Título Octavo de la
Constitución Política, quedará así:
¿CAPÍTULO 7
SISTEMA
DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN JUDICIAL Y CONSEJO NACIONAL DE DISCIPLINA
JUDICIAL¿
Artículo 19. El artículo 254 de la Constitución Política quedará así:
Artículo 254. El
Sistema Nacional de Gobierno y Administración Judicial estará integrado por
tres niveles de administración:
a) La Sala de Gobierno Judicial, integrada por cinco (5) miembros, así:
1. El Presidente de la Corte Constitucional o su vicepresidente, cuando
este fuere delegado.
2. El Presidente de la Corte Suprema de Justicia o su vicepresidente,
cuando este fuere delegado.
3. El Presidente del Consejo de Estado o su vicepresidente, cuando este
fuere delegado.
4. Un delegado de los magistrados de tribunal y de los jueces, elegido en
la forma que lo determine el reglamento de la Sala de Gobierno.
5. Un delegado de los empleados judiciales, elegido en la forma que lo
determine el reglamento de la Sala de Gobierno.
En la Sala de Gobierno Judicial actuarán, con voz pero sin voto, el
Ministro de Justicia y del Derecho, el Fiscal General de la Nación y el
Director Ejecutivo de Administración Judicial.
La Presidencia de la Sala de Gobierno será ejercida, de manera alternada,
por los Presidentes de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado y de
la Corte Constitucional, de conformidad con el reglamento de la Sala de
Gobierno Judicial.
El reglamento de cada Corporación determinará los casos en que el
Presidente puede ser relevado de ciertas funciones jurisdiccionales, con el fin
de que pueda atender las competencias de la Sala de Gobierno Judicial.
b) La Junta Ejecutiva de
Administración Judicial, integrada por:
1. Un delegado permanente de la Corte Constitucional.
2. Un delegado permanente de la Corte Suprema de Justicia.
3. Un delegado permanente del Consejo de Estado.
Los miembros de esta Junta serán funcionarios de libre nombramiento y
remoción de la respectiva Corte, deberán contar con los mismos requisitos del
Director Ejecutivo de la Administración Judicial y no podrán ser miembros de
las corporaciones postulantes.
c) El Director Ejecutivo de Administración Judicial.
Parágrafo Transitorio. El Consejo Nacional de Disciplina Judicial
empezará a ejercer sus funciones dentro de los tres (3) meses siguientes a la
entrada en vigencia del presente Acto Legislativo, al cabo de los cuales
asumirá los asuntos de los que esté conociendo la Sala Jurisdiccional
Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura de conformidad con las
competencias atribuidas a aquél en este acto legislativo. Todas las actuaciones
y decisiones que estén en firme en ese momento conservarán plena validez y
vigencia. Durante este lapso, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo
Superior de la Judicatura seguirá ejerciendo sus funciones, y no conocerá de
nuevas acciones de tutela
Para
tal efecto, dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la entrada
en vigencia del presente acto legislativo, la Corte Constitucional, el Consejo
de Estado, la Corte Suprema de Justicia, presentarán a consideración del
Congreso de la República las ternas para elegir a los miembros del Consejo
Nacional de Disciplina Judicial; y el Congreso contará con un plazo adicional
de cuarenta (40) días calendario para realizar la respectiva elección.¿
Artículo 20. El artículo 255 de la Constitución Política quedará así:
Artículo 255. La
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial es la encargada de ejecutar los
planes sectoriales y el presupuesto, así como la administración del recurso
humano y del Sistema Único de Información y Estadísticas Judiciales, de la
carrera judicial, de la escuela judicial y de las demás actividades
administrativas de la Rama, con sujeción a las políticas que dicte la Sala de
Gobierno. Las estadísticas judiciales deberán ser producidas, procesadas y
difundidas conforme a los protocolos estadísticos establecidos por la autoridad
nacional competente.
El Director Ejecutivo de Administración Judicial deberá ser profesional,
con título de maestría en ciencias administrativas, económicas o financieras y
tener como mínimo veinte años de experiencia profesional.
Artículo 21. El artículo 256 de la Constitución Política quedará así:
Artículo 256.
Corresponde a la Junta de Gobierno Judicial el ejercicio de las siguientes
atribuciones:
1. Diseñar y fijar las políticas en materia judicial de la rama con el fin
de lograr una adecuada y oportuna administración de justicia.
2. Fijar la división del territorio para efectos judiciales y ubicar y
redistribuir los despachos judiciales.
3. Crear, ubicar, redistribuir, fusionar, trasladar, transformar y suprimir
tribunales, las salas de estos, los juzgados y cargos, cuando así se requiera
para la más rápida y eficaz administración de justicia, así como crear salas
desconcentradas en ciudades diferentes de las sedes de los Distritos
Judiciales, de acuerdo con las necesidades de estos.
En ejercicio de esta atribución, la Sala de Gobierno no podrá establecer a
cargo del tesoro obligaciones que excedan del monto global fijado para el
respectivo servicio en la ley de apropiaciones.
De la misma manera, con el propósito de evitar situaciones de congestión
que puedan dilatar la oportuna administración de justicia, se podrán crear en
forma transitoria, en cualquiera especialidad o nivel de la jurisdicción,
despachos de descongestión que sólo ejercerán las funciones que expresamente se
precisen en su acto de creación y, por tanto, podrán quedar exonerados, entre
otros aspectos, del conocimiento de procesos judiciales originados en acciones
populares, de cumplimiento, hábeas corpus y de asuntos administrativos propios
de las corporaciones a las cuales sean adscritos.
4. Regular los trámites judiciales y administrativos que se adelanten en
los despachos judiciales, en los aspectos no previstos por el legislador.
5. Dictar los reglamentos necesarios para el eficaz funcionamiento de la
administración de justicia y los relacionados con la organización y funciones
internas asignadas a los distintos cargos.
6. De acuerdo con los objetivos, los criterios y los límites generales que
establezca la ley, revisar, reasignar o fijar competencias de los despachos
judiciales en cualquiera de los niveles de la jurisdicción, a instancia de la
Corte Suprema de Justicia o del Consejo de Estado, para cada una de sus
respectivas jurisdicciones, por razones de necesidad o de conveniencia apoyadas
en estudios que evidencien una grave situación de congestión actual o inminente
con la finalidad de garantizar la mejor prestación del servicio.
7. Elaborar el plan de desarrollo sectorial y aprobar el proyecto de
presupuesto de la Rama Judicial, que deberá ser remitido al Gobierno.
8. Regular el empleo de tecnologías de información en el servicio judicial
con efectos procesales.
9. Decidir sobre la creación de jueces con competencia nacional y sobre el
cambio de radicación y el traslado de procesos judiciales de cualquier
jurisdicción, cuando la ley no atribuya tal competencia a otra autoridad
judicial.
10. Elegir al Director Ejecutivo de Administración Judicial.
11. Darse su propio reglamento.
12. Las demás que le atribuya la ley.
Parágrafo
transitorio 1°. Las demás funciones atribuidas a la Sala Administrativa del
Consejo Superior de la Judicatura contempladas en la ley, serán asumidas por la
Junta Ejecutiva de Administración Judicial, la cual podrá delegarlas en el
Director Ejecutivo de Administración Judicial, hasta tanto se expida la ley
estatutaria a que hubiere lugar.
Parágrafo transitorio 2°. Las funciones atribuidas por la ley a las Salas
Administrativas de los Consejos Seccionales de la Judicatura seguirán siendo
ejercidas por ellas hasta tanto se expida la ley que atribuya tales funciones a
otra autoridad dentro del Sistema Nacional de Administración Judicial. El
actual Director de Administración Judicial continuará en el cargo,
Parágrafo transitorio 3°. Se garantizarán sin solución de
continuidad los derechos adquiridos y de carrera judicial, en cualquier
situación administrativa en la que se encuentren, de quienes sean magistrados
de las Salas Administrativas de los Consejos Seccionales de la Judicatura a
través de su incorporación en otros cargos de igual o superior categoría en el
Sistema Nacional de Gobierno y Administración Judicial o en las demás
corporaciones judiciales del país de igual categoría. Así mismo se garantizan
los derechos de las personas que se encuentren en listas de elegibles para
proveer dichos cargos.
Parágrafo Transitorio 4º. Una vez entre en vigencia el presente acto
legislativo, el Consejo de Gobierno Judicial tomará de inmediato las medidas
administrativas pertinentes para garantizar el cabal funcionamiento de las
Salas a las que se refieren los parágrafos 2º y 4º del artículo 235 de la
Constitución, a efectos de asegurar la continuidad de las actuaciones que pasan
a ser de su competencia¿.
Parágrafo transitorio 5°. Los servidores públicos no magistrados, que al
momento de entrada en vigencia del presente acto legislativo se encuentren
laborando en el Consejo Superior de la Judicatura y en los Consejos Seccionales
de la Judicatura, conservarán la misma forma de vinculación laboral que traían
y los derechos propios de cada una de estas formas, bien sean de carrera
judicial, de provisionalidad o de libre nombramiento y remoción.
La incorporación de los citados servidores públicos, será entonces en
cargos de igual o superior categoría en el Sistema Nacional de Gobierno y
Administración Judicial o en las demás corporaciones judiciales del país.¿
Artículo 22. Adiciónese un artículo nuevo a la Constitución, del siguiente
tenor:
Artículo 256A.
Corresponde a la Sala Ejecutiva de Administración judicial el ejercicio de las
siguientes atribuciones:
1. Ubicar y redistribuir los despachos judiciales, de conformidad con la
división del territorio y las decisiones que para tal fin tome la Sala de Gobierno
Judicial.
2. Autorizar la apertura de concursos.
3. Aprobar los estados financieros de la entidad.
4. Velar por el cumplimiento de los planes y proyectos del plan sectorial
de desarrollo.
5. Elegir al auditor de la Rama Judicial.
6. Llevar el registro nacional de abogados y auxiliares de la justicia y
expedir las tarjetas profesionales.
7. Llevar el control de gestión de calidad y expedir las directrices
respectivas.
8. Velar por el bienestar social y la seguridad de los servidores de la
Rama Judicial, para lo cual dictará los reglamentos necesarios.
9. Expedir el Estatuto sobre expensas y costos con sujeción a la ley.
10. Analizar y rendir concepto ante la Sala de Gobierno Judicial acerca de
los estudios que presenten la Corte Suprema de Justicia o el Consejo de Estado,
para cada una de sus respectivas jurisdicciones, como sustento de una solicitud
de revisar, reasignar o fijar competencias de los despachos judiciales en
cualquiera de los niveles de la jurisdicción.
11. Apoyar al Director Ejecutivo de Administración Judicial en la
elaboración del proyecto de presupuesto de la Rama Judicial.
12. Hacer seguimiento permanente al empleo de tecnologías de información en
el servicio ju-dicial.
13. Las demás que le atribuya la ley.
Parágrafo. La ley podrá atribuir privativamente la función prevista
en el numeral 6 de este artículo a un Colegio Nacional de Abogados, cuya
creación y funcionamiento serán definidos por el legislador.
Artículo 23. El artículo 257 de la Constitución Política quedará así:
Artículo 257. El
Consejo Nacional de Disciplina Judicial estará integrado por nueve (9)
consejeros elegidos por el Congreso de la República de ternas elaboradas a
razón de tres (3) por la Corte Constitucional, tres (3) por el Consejo de
Estado y tres (3) por la Corte Suprema de Justicia. Para ser miembro del
Consejo Nacional de Disciplina Judicial es necesario contar con los mismos
requisitos que para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia.
Corresponde al Consejo el ejercicio de las siguientes atribuciones jurisdiccionales,
en los estrictos y precisos términos que se establecen a continuación:
1. Examinar la conducta y sancionar las faltas disciplinarias de los
funcionarios y empleados de la rama judicial y de los auxiliares de la
justicia.
2. Examinar la conducta y sancionar las faltas disciplinarias de los
abogados, de los particulares, de los notarios y de autoridades administrativas
cuando actúen en ejercicio de funciones jurisdiccionales.
3. Ejercer, de oficio o a solicitud de parte, el poder preferente disciplinario
en relación con los procesos que se adelanten en ejercicio de la función
disciplinaria en los Consejos Seccionales de Disciplina Judicial que cree el
legislador, así como disponer el cambio de ra dicación de los mismos, en
cualquier etapa.
4. Dirimir los conflictos de competencia que ocurran entre las distintas
jurisdicciones.
5. Las
demás que determine la ley.
Parágrafo 1°. La ley podrá atribuir privativamente la función de examinar
la conducta y sancionar las faltas disciplinarias de los abogados a un Colegio
Nacional de Abogados, cuya creación y funcionamiento serán definidos por el
legislador.
Parágrafo 2°. El Consejo Nacional de Disciplina Judicial y los Consejos
Seccionales que cree el legislador no conocerán de la acción de tutela.
Parágrafo transitorio 1º. Se garantizarán sin solución de continuidad los
derechos adquiridos y de carrera judicial de quienes sean magistrados de las
Salas Disciplinarias de los Consejos Seccionales de la Judicatura, en cualquier
situación administrativa en la que se encuentren, a través de su incorporación
en otros cargos de igual o superior categoría en el Consejo Nacional de
Disciplina Judicial, en los Consejos Seccionales que cree el legislador, en los
Tribunales Superiores de Distrito Judicial o en los Tribunales Contencioso
Administrativos del país.
Parágrafo transitorio 2º. Hasta tanto el legislador no defina la
conformación, forma de elección y funciones de los Consejos Seccionales de
Disciplina Judicial, los actuales Consejos Seccionales de la Judicatura
seguirán ejerciendo sus funciones de primera instancia. Estos Consejos
Seccionales de la Judicatura no podrán conocer de acciones de tutela.¿
Artículo 24. La Constitución Política tendrá un artículo nuevo así:
Artículo 257A.
Corresponde al Director Ejecutivo de Administración Judicial el ejercicio de
las siguientes atribuciones y funciones:
1. Garantizar el eficiente funcionamiento del sistema judicial y promover
el acceso a la justicia.
2. Establecer la estructura así como designar y remover a los empleados de
la dirección ejecutiva.
3. Elaborar las listas para la designación y elección de funcionarios
judiciales y enviarlas a la entidad que deba designarlos, de acuerdo con el
concurso. Se exceptúa la jurisdicción penal militar que se regirá por normas
especiales.
4. Administrar la carrera judicial.
5. Dotar a cada una de las jurisdicciones de la estructura administrativa y
de los medios necesarios para el cumplimiento de sus funciones.
6. Llevar el control de rendimiento de las corporaciones y despachos
judiciales.
7. Elaborar el proyecto de presupuesto de la Rama Judicial.
8. Ejecutar el presupuesto de la Rama Judicial.
9. Administrar un sistema único de estadísticas judiciales, conforme a los
protocolos estadísticos establecidos por la autoridad nacional competente.
10. Representar y ejercer la defensa judicial de la Rama Judicial.
11. Las demás que le atribuya la ley.
Artículo 25. El artículo 277 de la Constitución Política quedará así:
Artículo 277. El
Procurador General de la Nación, por sí o por medio de sus delegados y agentes,
tendrá las siguientes funciones:
1. Vigilar el cumplimiento de la Constitución, las leyes, las decisiones
judiciales y los actos administrativos.
2. Proteger los Derechos Humanos y
asegurar su efectividad, con el auxilio del Defensor del Pueblo.
3. Defender los intereses de la sociedad.
4.
Defender los intereses colectivos, en especial el ambiente.
5. Velar por el ejercicio diligente y eficiente de las funciones
administrativas.
6. Ejercer vigilancia superior de la conducta oficial de quienes desempeñen
funciones públicas, inclusive las de elección popular, ejercer preferentemente
el poder disciplinario, adelantar las investigaciones correspondientes e
imponer las respectivas sanciones conforme a la ley.
Las investigaciones disciplinarias contra los Congresistas se adelantarán y
decidirán en salas de primera y segunda instancia conformadas en el interior de
la Procuraduría General de la Nación por Procuradores Delegados de las cuales
no hará parte el Procurador General de la Nación
7. Intervenir en los procesos y ante las autoridades judiciales o
administrativas, cuando sea necesario en defensa del orden jurídico, del
patrimonio público, o de los derechos y garantías fundamentales.
8. Rendir anualmente informe de su gestión al Congreso.
9. Exigir a los funcionarios públicos y a los particulares la información
que considere necesaria.
10. Las demás que determine la ley.
Para el cumplimiento de sus funciones la Procuraduría tendrá atribuciones
de policía judicial, y podrá interponer las acciones que considere necesarias.
Parágrafo transitorio. Mientras la ley define los Procuradores
Delegados que conformarán las salas que tramitarán los procesos contra
congresistas, la primera instancia estará a cargo de una sala compuesta por los
Procuradores Delegados para la vigilancia administrativa y por el Procurador
Delegado para la moralidad pública. La segunda instancia estará a cargo de la
Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación.
En estos procesos se aplicará el principio de inmediación.
Artículo 26. Adiciónese un artículo 284 B a la Constitución Política, del
siguiente tenor:
¿Artículo 284 B. Los parientes hasta el cuarto grado de
consanguinidad, segundo de afinidad y primero civil, así como el cónyuge o
compañero permanente de quien participe en la postulación, nominación o
elección de los Magistrados de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de
Justicia, del Consejo de Estado y de los miembros del Consejo Nacional de
Disciplina Judicial, del Sistema Nacional de Gobierno y Administración Judicial
y del Consejo Nacional Electoral, del Fiscal General de la Nación, del
Procurador General de la Nación, del Defensor del Pueblo, del Contralor General
de la República, del Auditor General de la República y del Registrador Nacional
del Estado Civil no podrán ser nombrados en ningún cargo dentro de la
respectiva corporación o entidad durante el período de ejercicio de las
funciones de quien resultare elegido en la misma ni dentro del año siguiente a
su retiro, excepto aquellos cargos que por concurso de carrera administrativa o
concurso de méritos, se provean en la respectiva Corporación o entidad.
Artículo 27. No existirá conflicto de intereses cuando los Congresistas
participen en el debate y votación del proyecto que modifique la ley orgánica
del Reglamento del Congreso en desarrollo el presente acto legislativo.
Artículo 28. El presente acto legislativo rige a partir de su promulgación
y deroga las disposiciones que le sean contrarias.
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