Reforma a la Justicia 2018. La justicia colombiana requiere más jueces para ser pronta y eficaz.
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miércoles, 24 de septiembre de 2014
Intromisión del ejecutivo en la Rama Judicial.
Si el artículo 113 de la Constitución Política Colombiana enseña que "Son ramas del poder público, la legislativa, la ejecutiva y la judicial" y de manera perentoria establece que "Además de los órganos que las integran existen otros, autónomos e independientes, para el cumplimiento de las demás funciones del Estado. Los diferentes órganos del Estado tienen funciones separadas pero colaboran armónicamente para la realización de sus fines", por que el Gobbierno de Juan manuel SAntos insiste en tener al Ministro de Justicia y del Derecho en el Gobierno de la Rama Judicial?.
Con la eliminación del Consejo Superior de la Judicatura habrá Intromisión del ejecutivo en la Justicia Colombiana.
Se dice que el nuevo organismo encargado de administrar la rama
judicial estará integrado por “la sala de gobierno judicial, la Junta ejecutiva
y el director ejecutivo”.
Esta sala estará integrada por los presidentes o delegados de “la Corte
Constitucional, la corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado”, además de
un delegado de los magistrados de tribunal; un delegado de los
jueces; un delegado de los empleados judiciales y un experto en administración
de justicia, elegido por los demás miembros de la Sala, previa convocatoria
pública.
En ese organismo estarán, pero no tendrán voto, el
Ministro de Justicia y del Derecho; el Fiscal General de la Nación, y el
Director Ejecutivo de Administración Judicial.
Que piensas de la Intromisión del Ejecutivo a través del Ministro de Jusiticia y del Derecho en la Rama Judicial?
Se revive pasada Reforma a la Justicia con intromisión del ejecutivo en la justicia: Aprueban eliminación del Consejo Superior de la Judicatura Durante la discusión de acto legislativo de equilibrio de poderes, la Comisión Primera aprobó esta disposición 11 votos contra 3.
24 SEP 2014 - 4:14 PM
Aprueban
eliminación del Consejo Superior de la Judicatura
Durante la discusión de acto
legislativo de equilibrio de poderes, la Comisión Primera aprobó esta
disposición 11 votos contra 3.
Por: Redacción Política elespectador.com
En la tarde de este miércoles la Comisión Primera del Senado decidió, en
el primero de ocho debates de la reforma constitucional de equilibrio de
poderes, terminar con el Consejo Superior de la Judicatura y reemplazarlo con
el Sistema Nacional de Gobierno y Administración Judicial.
El nuevo organismo encargado de administrar la rama
judicial estará integrado por “la sala de gobierno judicial, la Junta ejecutiva
y el director ejecutivo”.
Esta sala estará integrada por los presidentes o delegados de “la Corte
Constitucional, la corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado”, además de
un delegado de los magistrados de tribunal; un delegado de los
jueces; un delegado de los empleados judiciales y un experto en administración
de justicia, elegido por los demás miembros de la Sala, previa convocatoria
pública.
En ese organismo estarán, pero no tendrán voto, el
Ministro de Justicia y del Derecho; el Fiscal General de la Nación, y el
Director Ejecutivo de Administración Judicial.
La Sala de Gobierno Judicial deberá fijar las políticas en materia
judicial, crear y distribuir los despachos judiciales y despachos de
descongestión. A su turno la Junta Ejecutiva de Administración judicial “deberá definir y aprobar las estrategias y directrices
administrativas, con base en las políticas fijadas por la Sala de Gobierno,
dirigidas a garantizar la eficacia de la administración de justicia y el acceso
de los ciudadanos al servicio”, asegura la iniciativa.
Por último, la dirección Ejecutiva de la administración judicial deberá,
entre otras cosas, “administrar el talento humano, el Sistema Único de
Información y Estadísticas Judiciales, la carrera judicial y la
escuela judicial”, así como, “llevar el registro nacional de abogados y
auxiliares de la justicia y expedir las tarjetas profesionales”.
El sobreviviente de última hora de la Reforma a la Justicia. lasillavacia.com
El
sobreviviente de última hora de la Reforma a la Justicia
Pocas veces se
había visto una oposición tan fuerte a cambiar la Constitución como la de la
Reforma a la Justicia, que fue aprobada por el Congreso a puerta cerrada y con
cambios de última hora el martes en la noche. Una de las principales
justificaciones del Gobierno para la Reforma, a pesar de todo lo malo que
tiene, es que por fin se elimina el Consejo Superior de la Judicatura. Es
cierto, la institución desaparece. Pero deja un gran sobreviviente, el Director
Ejecutivo de Administración Judicial. Durante los próximos meses, Diógenes
Villa será Rey de la Rama.
El Ministro de Justicia Juan Carlos
Esguerra, quien fue el gran impulsor de la Reforma. Le siguen en orden Javier
Zapata, Presidente de la Corte Suprema y Gustavo Aranguren, Presidente del
Consejo de Estado, quienes a pesar de verse beneficiados por la Reforma han
criticado fuertemente la Reforma.
Hoy por hoy a la
Reforma de la Justicia no la defienden ni aquellos que más ganaron con ella.
Por ejemplo, los altos magistrados se ‘ganaron’ cuatro
años más en sus cargos, además de otras gabelas y aún así el presidente del
Consejo de Estado, Gustavo Gómez Aranguren, calificó la reforma como “una vergüenza”.
Incluso los
congresistas, que son los mayores ganadores han tomado distancia: no solo la oposición
del Polo, que siempre criticó el proyecto, sino congresistas de la Unidad
Nacional votaron en contrade la conciliación (como Camilo Sánchez, Juan
Carlos Vélez o Juan Lozano). Varios senadores, como Juan Manuel Galán o Carlos
Ferro, han usado Twitter para recordar que votaron en contra.
Y el Ministro de
Justicia, Juan Carlos Esguerra, quien dijo que la reforma “no llena a todos de
felicidad” ycriticó varios de
sus puntos, se tragó varios sapos para conseguir sus principales
objetivos: darles funciones temporales a abogados y notarios para dictar
sentencias y descongestionar y eliminar el Consejo Superior de la Judicatura,
una figura que los últimos gobiernos habían tratado de erradicar sin éxito.
El Consejo Superior de la Judicatura que era el
órgano encargado de la administración de la Rama desaparece y se reemplaza por
el Sistema Nacional de Gobierno y Administración Judicial, por un lado y el
Consejo Nacional de Disciplina Judicial por el otro. Todas las figuras antiguas
desaparecen. Todas menos una, la del Director de Administración Judicial.
Y no sólo deja a la figura del Director, sino que
deja escrito en la Constitución que permanecerá el director actual. El artículo
transitorio dice:
“El actual Director de Administración Judicial
continuará en el cargo”.
De esta manera, Diógenes Villa, el actual Director
de Administración Judicial, se convierte en el único colombiano que tiene
escriturado su cargo en la Constitución.
La inclusión de
esta figura del Director y en particular la frase que deja a Diógenes había
sido fuertemente cuestionada en los debates, a tal punto que en el séptimo
debate en la Cámara se sacó del texto. Pero el martes en la noche, cuando el
texto iba a ser conciliado en el Congreso, tal como lo contó La Silla, los congresistas sacaron al Gobierno del recinto
y decidieron conciliar a puerta cerrada. En esas horas, misteriosamente, la
controvertida frase volvió a aparecer en el texto final el miércoles por la
mañana.
El Ministro Esguerra dijo hoy que seguramente la
referencia a que el Director “continuará” se refería a que al momento en que se
cree toda la nueva institucionalidad, se designará un nuevo Director. Pero eso
no es lo que dice la frase.
Todos vs. Diógenes
El Magistrado de la Sala Administrativa del antes
Consejo Superior de la Judicatura, Nestor Raúl Correa Henao, no estuvo de
acuerdo con la elección de Diógenes Villa y lo manifestó así en el acta de
elección.
La administración judicial y la ejecución del presupuesto de la Rama necesita un gerente. Ese gerente es quien se encarga actualmente, y se encargará luego de la Reforma, de ser el ordenador del gasto de una entidad que tiene un presupuesto anual de aproximadamente 3,5 billones de pesos.
En el momento de la elección de Villa en agosto de
2011 ya varios sectores habían manifestado que no cumplía con los requisitos
para el cargo y no tenía capacidad gerencial. Diógenes es abogado de la
Universida Autónoma y venía de la Rama Judicial y de la Fiscalía. Pero además
lo tildadaban de ser la cuota al interior del Consejo Superior de la Judicatura
de Camilo Tarquino, presidente de la Corte Suprema para el 2011 y del polémico
magistrado del Consejo Superior de la Judicatura, Angelino Lizcano.
En septiembre de 2011, Elección Visible presentó un
comunicado público solicitando que se revisara el proceso de elección de
Diógenes Villa. El comunicado fue apoyado por doce organizaciones, entre ellas
el MOE, Ámbito Jurídico, Transparencia por Colombia, Fedesarrollo y
Proantioquia. Y explicaba que Villa no reunía las condiciones para ser elegido
Director, puesto que de cinco años de experiencia que se requerían, él solo
estaba acreditando 3 años, 2 meses y 10 días en su hoja de vida.
De otra parte, el entonces magistrado de la Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, Néstor Raúl Correa,
cuando se eligió a Villa, dejó una constancia en el acta de la elección. Indicó
que a su juicio, era claro que no cumplía los requisitos y que tampoco era el
candidato más idóneo, pero adicionalmente que los votos se movieron a su favor
a última hora.
El poder del
Director Administrativo
Más allá de la inclusión del texto que ordena desde
la Constitución dejar a Diógenes Villa en su cargo y de que ésta hubiera sido
incluida por el Congreso minutos antes de ser aprobada la Reforma, el problema
está en el poder con el que quedará Villa mientras se conforman las nuevas
instituciones.
Tras la supresión del Consejo Superior de la
Judicatura, el tema administrativo y de presupuesto para la justicia queda a
cargo del Sistema de Gobierno y Administración Judicial que se divide en: la
Sala de Gobierno Judicial, la Junta Ejecutiva de Administración Judicial y el
Director Ejecutivo de la Administración Judicial.
Entre las sorpresas de la última versión de la
Reforma que se cocinó a puerta cerrada el pasado martes, el Congreso eliminó la
posibilidad de que mientras se creaban esas nuevas instituciones siguieran
funcionando las actuales, algo que había contemplado la Cámara de
Representantes pero que en la conciliación no se tomó en cuenta.
La Sala de Gobierno está compuesta por los
presidentes de todas las Cortes, un delegado de los magistrados de tribunal y
los jueces y un delegado de los empleados judiciales elegido de acuerdo con el
reglamento de La Sala. El reglamento todavía no existe, luego falta que se cree
la Sala, que la Sala cree el reglamento y que bajo ese reglamento se elija a
los delegados.
Sobre la Junta Ejecutiva por otra parte, dice que
estará conformada por delegados de las tres Cortes. Pero esos delegados tienen
también un proceso de elección que tendrá que darse.
Y ambos, la Sala y la Junta son los encargados de
revisar las decisiones presupuestales del gerente, el Director Ejecutivo de
Administración Judicial-Diógenes Villa.
Tono indica entonces que mientras se crean y a
falta de la norma que el Congreso decidió no incluir sobre un periodo de
transición, será solo el actual Director que “continuará en el cargo”-Diógenes
Villa- quien tome las decisiones.
Lo que dice
Diógenes Villa
El abogado Diógenes Villa es el Director de
Administración Judicial.
“La figura del Director nunca ha existido en la
Constitución sino que fue incluida en la ley de administración de justicia,
pero siempre ha existido alguien que cumple esas funciones,” le dijo Villa a La
Silla y agregó “yo llevo apenas seis meses en el cargo y cumplí con todo el
proceso para mi elección tal como está en la ley, tengo el título profesional,
una maestría en administración de la Universidad Nacional de Colombia y la
experiencia administrativa requerida, y no creo que una entidad de tan alto
vuelo, con los Presidentes de las Cortes y el Fiscal de por medio se hubiera
equivocado en la elección.”
Además, para Villa en el caso de Néstor Raúl Correa
la razón por la que éste se opuso a su elección fue “porque su candidata era
Catalina Velázco, ex jefe de presupuesto y esposa de Eduardo Noriega, quien es
actualmente el Secretario General de Gustavo Petro”.
Para Villa no es claro por qué este artículo que lo
deja en su cargo a pesar de la eliminación del Consejo fue aprobado a última
hora y a puerta cerrada en el Congreso, pero además tampoco lo es el escándalo
en torno a su cargo. “Si bien el presupuesto que se maneja es de 3,5 billones de
pesos, eso solo se ejecuta con la debida vigilancia de los órganos de control y
si se trata de contratos de más de 100 salarios mínimos debe ser autorizado por
la Sala Administrativa”.
El actual Director le manifestó a La Silla que en
su opinión “la continuidad en su cargo es necesaria pues la entidad no se puede
quedar sin representante legal y será la Sala de Gobierno de las Cortes la que
revise el tema presupuestal mientras se crean las nuevas instituciones. Como
está conformada por los Presidentes de las Cortes la Sala puede comenzar a
actuar”.
Finalmente para Villa la persecución frente al tema
se debe a que él es “un hombre humilde y esos cargos están creados para gente
de sangre azul”. “Cuando quieran el cargo yo se los doy” le dijo a La Silla.
Más allá de la
sobrevivencia de la figura del Director y del cargo del señor Diógenes Villa,
en la Reforma no queda claro qué va a pasar con el tema administrativo y
presupuestal, quién lo va a revisar y cuánto tiempo tomará crear las nuevas
instituciones. Lo único claro y lo que deja más preguntas es que en el debate
oculto de los congresistas del martes en la noche, estos decidieron, a última
hora, que el cargo de Diógenes sobreviviera.
La Reforma a la Justicia se hundió y con ella, parte del liderazgo de Santos. lasillavacia.com
La Reforma a la
Justicia se hundió y con ella, parte del liderazgo de Santos
"Afortunadamente esta tormenta está pasando.
Al final del día habrá terminado”, dijo el presidente Santos después de que con
una votación de 117 votos a favor del archivo y cero en contra en la Cámara de
Representantes y de 73 por el sí y ninguno por el no en el Senado, el Congreso
de la República hundió la Reforma a la Justicia con la misma diligencia con la
que la aprobó por solicitud del Gobierno. Aunque es cierto que la
tormenta amainó, el naufragio de esta Reforma puso en evidencia los problemas
de liderazgo del Capitán.
El Presidente también dijo que el gobierno había
asumido “su cuota de responsabilidad” y se refirió a la renuncia del ministro
de Justicia Juan Carlos Esguerra. Pero en realidad, una buena parte de lo
sucedido también es producto del estilo de gobierno del Presidente.
Los problemas de liderazgo de Santos se reflejaron
en este episodio en fallas de forma y de fondo.
En la forma, ni
siquiera en esta crisis, el Presidente dejó de ser grandilocuente. Son escasos
los discursos en los que Santos no diga que lo que está haciendo es
“histórico”. El mismo día que el Congreso aprobó la Reforma a la Justicia,
Santos dijo en una de sus intervenciones públicas,
refiriéndose a las leyes que había sacado adelante en el Congreso: "Me
dicen los historiadores que nunca habían visto un gobierno así, ni siquiera el
de López-Pumarejo”.
Como todo lo que él presenta dice que es grande y
nunca antes realizado, Santos con frecuencia queda preso de su propia grandilocuencia.
Si esta Reforma no la hubiera presentado como la gran Reforma a la Justicia
sino como lo que realmente terminó siendo en sus inicios, una norma para crear
mecanismos de descongestión judicial y para eliminar el Consejo Superior de la
Judicatura, no se le hubiera abierto tanto el apetito a los congresistas, a los
magistrados, y hasta el Procurador.
Ya durante el trámite de la Reforma, y viendo el
desenlace, quedó claro que el estilo de alta delegación del Presidente tiene
sus vulnerabilidades. Después de ocho años de tener a un microgerente como
Uribe a la cabeza, el actual mandatario es todo lo contrario: se rodea de gente
con altos niveles de educación en los que confía y delega gran parte del
trabajo.
A juzgar por la declaración del Presidente el día
que interrumpió la programación de televisión para hablar, él se enteró cuando
ya era demasiado tarde de lo que había sido aprobado. Varias personas del
gobierno le han dicho a La Silla que –con excepción de algunos ministros- para
los demás hablar directamente con el Presidente no es fácil. Que los
‘secretarios’ (Juan Carlos Mira, Juan Mesa y antes Renjifo) se convierten en
una barrera casi infranqueable. La Silla no sabe si en el caso de Esguerra fue
así. Pero a juzgar por lo dicho por Santos, él se enteró del ‘horror’ de la
Reforma solo al aterrizar de Río.
Y es que, como lo
anotó Héctor Riveros en su última columna, el presidente estaba de viaje. Había atendido una
reunión del G 20 en México el lunes y martes, el miércoles pasó un rato por
Bogotá para sancionar la ley de vivienda y en la noche viajó a Río de Janeiro
para asistir a la Cumbre Río +20.
Incluso después de estallar la crisis más grande
que ha tenido en su gobierno, en twitter Santos no estaba hablando de la
justicia ni ha aprovechado la crisis para presentarle al país su verdadera
propuesta para solucionar la crisis de la justicia o para dejar un saldo
pedagógico sobre la política, sino de su reunión con el Presidente de Portugal
y del TLC con Corea, temas que a muy pocos interesaba en ese momento, y que
daban la impresión que él privilegia el escenario internacional sobre lo local.
Esos son detalles de forma pero que crean una
sensación de que el Presidente no está totalmente en la ‘jugada’. Y que por lo
tanto, no es sorprendente que le hayan metido esos goles.
Lo de fondo
Pero más allá de la forma –que en otros aspectos ha
sido muy útil para distensionar al país- está el problema de fondo de su
liderazgo que quedó una vez más en evidencia con esta crisis. Y es el de la
visión.
¿Cuál era exactamente la visión que tenía el
Presidente sobre cómo debería ser la Justicia después de su reforma? Eso nunca
quedó claro. ¿Qué era lo que le parecía negociable y lo que no? ¿Está de
acuerdo con la pérdida de investidura parcial? ¿Le parece que lo de la silla
vacía tiene sentido o no?
Con gente
como Antanas Mockus o el
expresidente Uribe era fácil saber su norte porque –más allá de
que uno esté de acuerdo o no con él- tienen convicciones fuertes. Santos es más
un hombre de ambiciones que de convicciones y por lo tanto, como él mismo ha
dicho en otras ocasiones cambia fácilmente de parecer pues “solo los imbéciles”
no lo hacen.
El Presidente
pareciera tener una convicción clara y es la de querer lograr una negociación
de paz exitosa con la guerrilla y en ese campo sus acciones son bastante
coherentes: la ley de víctimas, el marco para la paz, una reforma a Justicia y
Paz. Pero en otros campos como el de la Justicia o el de la Reforma a la
Educación o el Medio Ambiente su visión no es tan clara y quizás por eso, sus
Ministros han tomado unas decisiones que luego el Presidente ha salido a reversar.
Y así como quedó ‘quemada’Beatriz Uribe después del fiasco de Santurbán o Maria Fernanda Campo después
de retirar la Reforma a la Educación, Esguerra fue el fusible de esta crisis.
Por último, Santos –una vez más- subestimó la
reacción ciudadana. Acostumbrado a moverse como pez en el agua en los altos
círculos de poder desde que es pequeño, el Presidente tiene dificultades para
interpretar la calle, el sentimiento del ciudadano común.
Y como dijo Claudia López, los ciudadanos
demostraron en esta coyuntura que no son “unos trogloditas” dispuestos a ver
cómo los congresistas, los magistrados y el Gobierno legislan a favor propio y
desmontan controles duramente ganados.
Así las cosas, detrás de la indignación ciudadana,
Santos logró fortalecer a la izquierda y a la derecha en su propósito de
hacerle oposición al gobierno. Por un lado los uribistas con la Asamblea
Constituyente y por el otro, el Polo que respalda el referendo derogatorio.
Es posible que al
hundir esta Reforma, Santos evite que estas dos iniciativas prosperen. Sobre
todo la de la Asamblea Constituyente, que ya el representante de la U Miguel Gómez, ha dicho que buscaría entre otras cosas prohibir
la reelección del actual presidente. Pero después de esta crisis, su gobierno
no será igual.
Su discurso anticorrupción queda herido pues ya no
hay forma de tapar con las manos la realidad de que su Gobierno le dijo a los
congresistas que votaran una reforma que en vez de contribuir a luchar contra
los corruptos al final les concedía grandes dosis de impunidad.
Por otro lado, el mismo Congreso que hoy votó de
manera unánime para hundir la Reforma le cobrará mañana a Santos el “favor” de
haberle evitado el naufragio.
Quedó lista la ponencia para reformar el equilibrio de poderes. Tribunal compuesto por 5 personas investigaría a Presidente, Vicepresidente, Fiscal y magistrados.
Quedó lista la ponencia
para reformar el equilibrio de poderes
Tribunal
compuesto por 5 personas investigaría a Presidente, Vicepresidente, Fiscal y
magistrados.
Pese al rechazo de
tres partidos políticos (El Polo, el uribismo y los ‘verdes’), el Gobierno
logró introducir en la ponencia de la reforma del Estado que un tribunal de
cinco miembros investigue al Presidente, al Vicepresidente, al Fiscal y los
magistrados de las altas cortes.
Así quedó claro
luego de la radicación de la ponencia para el primer debate, la cual se realizó
este martes en la oficina del senador Armando Benedetti (de ‘la U’) y ante el
secretario de la Comisión Primera de Senado, Guillermo Giraldo, célula
legislativa en la cual comenzará su trámite en el Congreso.
De acuerdo con el
texto definitivo, “el tribunal tendrá cinco miembros, elegidos por el Congreso
en pleno de ternas enviadas por la Sala de Gobierno Judicial, para periodos
personales de ocho años. La sala de gobierno judicial deberá elaborar las ternas
a partir de un concurso organizado por la dirección ejecutiva de la
administración judicial”.
Tanto la Sala de
Gobierno Judicial como la Dirección Ejecutiva de la Administración Judicial,
son nuevas instancias que se crearían con la reforma del equilibrio de poderes
y que reemplazarían al Consejo Superior de la Judicatura, cuya supresión está
en el proyecto.
El ministro de
Interior, Juan Fernando Cristo, explicó que ese nuevo tribunal será el
encargado de “instruir” el proceso contra los aforados ya mencionados y cuando
encuentre “mérito”, pasarlo a la plenaria de la Cámara de Representantes para
que avance en el mismo. En otras palabras, hará lo mismo que hoy hace la
cuestionada Comisión de Acusación.
La nueva propuesta
del Gobierno, que le dejó al tribunal solo la facultad de investigar a los
aforados (el juzgamiento se haría en el Congreso, como ocurre hoy con la
Comisión de Acusación de la Cámara), levantó polvareda entre varios
congresistas de Alianza Verde, el Polo y el Centro Democrático, partidos
políticos que se separaron del proyecto y que anunciaron que presentarán sus
propias iniciativas para reformar algunos aspectos del Estado.
Las críticas de
los opositores
La
senadora Claudia López, de Alianza Verde, quien
ofició como ponente del proyecto a nombre de su partido, fue una de las más
duras con el Gobierno. Según le dijo López a EL TIEMPO, ellos no son unos
“firmones” y el Gobierno “no puede aparecerse a última hora con un texto malo,
eso es una falta de respeto con los ponentes”.
La congresista se
refiera a que en la propuesta original del Gobierno se habló de crear el mismo
tribunal de aforados, con siete miembros elegidos por el Congreso, para
investigar y juzgar disciplinaria, fiscal y penalmente al Fiscal, Procurador,
Contralor y magistrados de las altas cortes.
Esta propuesta fue
modificada por los ponentes en una instancia de nueve magistrados que serían
elegidos tres por las altas cortes, tres por el Gobierno y tres por el
Congreso, pero al final el Gobierno cambió nuevamente de posición.
Este giro, López
lo atribuyó a “concesiones” que estaría haciendo el Ejecutivo con el Fiscal
General.
“El Fiscal va y le
dice al Gobierno que quiere seguir teniendo fuero presidencial porque eso le
asegura absoluta impunidad y que el Gobierno lo tiene que respaldar porque al
fin y al cabo él le hizo todo el cuento del ‘hacker’ y que si no hubiera sido
por eso no habría ganado la reelección”, afirmó la congresista.
Jorge
Enrique Robledo, senador
del Polo, afirmó que la reforma al equilibrio de poderes “es una
especie de sancocho” que su partido “no respalda”.
“Vamos a presentar
nuestra propia reforma, que estamos finiquitando, pero que va a estar muy lejos
de la del Gobierno porque nos vamos a enfocar mucho en el tema de la
mermelada”, dijo el congresista.
Robledo agregó que
uno de los puntos en los que se opone el Polo es la eliminación del voto
preferente o de las listas abiertas. “Que el país sepa el nombre y los rostros
de cada persona que va en las listas y que cada colombiano tenga el derecho a
votar por él”, reclamó.
Jaime
Amín, quien también fue ponente por el Centro Democrático, dejó sentada la posición de su partido.
“Al modificarse textos muy importantes, como el tribunal de aforados, no
firmaremos la ponencia y en cambio presentaremos una ponencia alternativa con
los temas en los que no estamos de acuerdo, como son la reelección
presidencial, la nueva instancia de investigación y la inhabilidad para los
congresistas”, dijo el congresista.
Las voces de apoyo
Desde
la otra orilla, Hernán Andrade, senador del Partido Conservador, y ponente de la enmienda a la
Constitución, defendió el texto radicado y dijo que “nada está acordado”
todavía y “que todo está por resolverse”.
Armando
Benedetti, por su parte, negó que
solamente se la haya cambiado el nombre a la Comisión de Acusación, como lo
sugirieron algunos sectores de Alianza Verde, y dijo que “por primera vez” va a
existir un órgano para “investigar, tanto disciplinaria como penalmente a los
aforados, que actualmente no existe”.
De todas formas,
el proyecto comenzará su trámite en la Comisión Primera del Senado y debe
superar ocho debates reglamentarios en los cuales cualquier cosa puede pasar.
sábado, 20 de septiembre de 2014
'El presidente se extralimitó en sus funciones': Fallo del Consejo de Estado. elespectador.com
Fallo del Consejo
de Estado
'El presidente se
extralimitó en sus funciones'
16 SEP 2014 - 10:41 PM
Ese alto tribunal anuló el decreto mediante el cual
el primer mandatario convocó a sesiones extras para que el Congreso tumbara la
reforma a la justicia.
Por: Redacción Judicial – elespectador.com
Todo apuntaba a que el esperpento de la reforma a
la justicia de 2012 iba a resucitar y a crear un caos constitucional; no
obstante, el Consejo de Estado despejó ayer todas las dudas y, aunque tumbó el
decreto mediante el cual el presidente Juan Manuel Santos convocó al Congreso a
sesiones extras para sepultar esa cuestionada reforma, el acto legislativo no
revivió porque según la presidenta del Consejo de Estado, María Claudia Rojas,
el fallo tiene efectos a futuro y no aplica para decisiones anteriores.
El alto tribunal no se refirió a la
constitucionalidad de esa reforma, que es potestad de la Corte Constitucional,
sino exclusivamente al Decreto 1351 de 2012, mediante el cual se convocó a
sesiones extras. Por eso, el Gobierno puede respirar tranquilo, sobre todo en
momentos en que una nueva reforma hace trámite en el Congreso.
De acuerdo con el Consejo de Estado, el presidente
Juan Manuel Santos no estaba habilitado para objetar la reforma de 2012, debido
a que la Constitución, en ninguna parte, le permite objetar actos legislativos.
De hecho, la Ley 5ª de 1992 indica, puntualmente, que lo que el presidente
puede objetar son los proyectos de ley.
Precisamente, pocas semanas después de tumbada la
reforma, el ciudadano Evaristo Rafael Rodríguez interpuso una demanda de
inconstitucionalidad contra la Ley 5ª porque, en su criterio, “las normas
demandadas, al regular el trámite de las objeciones presidenciales a los
proyectos de ley, vulneran los principios de equilibrio y control de los
órganos del poder público”. En ese momento, el Gobierno le dijo a la Corte
Constitucional que es “necesario admitir que los actos legislativos pueden ser
objetados por el presidente cuando el proceso de reforma constitucional ha sido
violatorio de los procedimientos de reforma previstos en la Carta o cuando el
contenido de la reforma implica un socavamiento de los pilares del Estado
democrático”. No obstante, al final, la Corte se declaró inhibida para
referirse a esta demanda.
Entonces, fue necesario que el Consejo de Estado,
en una “decisión histórica y en pro del equilibrio de poderes”, como la
describió la magistrada Rojas, le pusiera un tatequieto al presidente y
reiterara que el primer mandatario no puede objetar actos legislativos, lo que
—se insiste—no revive la reforma a la justicia, sino que, por así decirlo,
funciona como un llamado de alerta al primer mandatario para que esto no vuelva
a ocurrir. Por su parte, el presidente Juan Manuel Santos afirmó que con la
decisión de no revivir la reforma “el orden jurídico de la Nación ha quedado
salvaguardado” y que “quedan despejados para siempre los riesgos jurídicos que
representaban algunas de sus disposiciones”. Además, insistió en que
“sostuvimos y seguimos pensando, como lo acepta un sector de consejeros de
Estado, que las objeciones de actos legislativos son atribución del presidente
de la República”, aunque reiteró que “acata la sentencia”.
Pese al alivio que
representó para muchos sectores la decisión del Consejo de Estado, hay quienes
consideran ilógico que el alto tribunal haya tumbado el decreto, pero mantenido
incólume las determinaciones que se tomaron durante las sesiones extras. Lo
cierto es que la reforma finalmente quedó sepultada y que, con base en este
fallo, el presidente no podrá en el futuro objetar actos legislativos.
Gobierno no podía convocar a extras para hundir reforma a la Justicia: Consejo de Estado. elespectador.com
Gobierno no podía convocar a extras para hundir reforma a la Justicia:
Consejo de Estado
16 SEP 2014 - 5:14 PM
Pese a la decisión el tribunal aclaró que el fallo
no es retroactivo.
Por: Redacción Judicial – elespectador.com
El tribunal tomó la decisión de anular el decreto
1351 de 2012 por medio del cual el presidente de la República
Juan Manuel Santos convocó a sesiones extraordinarias al Congreso de la
República para archivar el proyecto de Reforma a la Justicia.
Según la magistrada María Claudia Rojas, ponente de la decisión aseguró que la firma del decreto no fue
legal ya que no existe ningún precedente que indique que el Jefe de Estado
pueda objetar reformas constitucionales.
Y agregó que “el acto de archivo del Congreso
no pierde su vigencia hasta el momento, por lo cual no revive la reforma a la
justicia”.
Según el tribunal, la decisión del Congreso de
tumbar la Reforma a la Justicia sigue en pie, pero el fallo no es
retroactivo,es decir, que en el futuro el Presidente
de la República no podrá objetar actos legislativos como fue el caso de
la Reforma a la Justicia.
Cabe recordar, que el presidente Juan Manuel Santos
el 26 de junio del 2012 convocó a sesiones extras al Congreso de la República y
devolverla al legislativo “con objeciones por razones de inconstitucionalidad y
de inconveniencia”, el proyecto de acto legislativo de la reforma a la
Justicia.
Según dijo Santos en su momento “no podíamos permitir que las normas agregadas o modificadas a
última hora entraran en vigor, causando un caos en la rama judicial y generando
beneficios y excarcelaciones inmediatas a quienes hoy están investigados por la
Justicia”.
Así mismo, dijo que “a los congresistas que tienen
dudas sobre la validez jurídica de este trámite y esta convocatoria, les digo
con total claridad y firmeza: ¡yo respondo!”.
La reforma constitucional fue ampliamente debatida
y generó gran revuelo en la opinión pública pues se consideró como un esperpento jurídico al cual se le incluyeron varios 'micos' en las
sesiones de conciliación entre Cámara y Senado.
"Reforma a la Justicia es asunto del pasado": Juan Manuel Santos. elespectador.com
Reforma a la Justicia es asunto del pasado: Santos
El mandatario
reiteró que la decisión del Congreso de archivar la fallida Reforma a la
Justicia, quedó en firme.
16 SEP 2014 - 8:23 PM
Redacción política – elespectador.com
El Presidente Juan Manuel Santos aseguró, en la
tarde de este martes, que con la decisión del Consejo de Estado de
puntualizar que el Presidente de la República no puede objetar las reformas
constitucionales que son producto de las discusiones al interior del Congreso.
“El orden jurídico de la Nación ha quedado
salvaguardado. Con esta decisión quedan despejados para siempre los riesgos
jurídicos que representaban algunas de las disposiciones del acto legislativo,
como lo manifestó el Gobierno en su oportunidad”, dijo el Jefe de Estado.
El Presidente explicó que “seguimos pensando, como lo acepta un sector de consejeros de
Estado, que las objeciones de actos legislativos son atribución del Presidente
de la República. Sin embargo, el Gobierno Nacional acata la sentencia del día
de hoy, como siempre lo ha hecho con toda decisión judicial”.
Consejo de Estado anula decreto que permitió hundir reforma a la justicia.
Consejo de Estado
anula decreto que permitió hundir reforma a la justicia
16 de Septiembre
5:05 PM ambitojuridico.com
La falta de
competencia con la que actuó el Presidente y no la actuación legislativa que
permitió el archivo de la reforma a la justicia fundamentó la decisión del
Consejo de Estado de anular el Decreto 1351 del 2012, que convocó a las
sesiones extra en las que se hundió del acto legislativo en cuestión. A juicio
del alto tribunal, esto explica el por qué la determinación no revive la norma.
Según el análisis
de la Sala Plena, no existe norma legal y constitucional que ampare la
posibilidad de que el jefe del Estado objete este tipo reformas, por cuanto
debe abstenerse de seguirlo haciendo,como sucedió en ese entonces.
“Conforme con el
artículo 189 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, la nulidad decretada tiene efectos hacia el futuro. Eso
significa que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha dejado sentada
la jurisprudencia de que, en adelante, el Presidente de la República no podrá
objetar actos reformatorios de la Constitución”, señala el comunicado dado a
conocer por la Sala Plena.
La presidenta del
alto tribunal, María Claudia Rojas, sostuvo que es la primera vez en la
historia que se analizan las facultades de quien encabeza la Rama Ejecutiva
frente a las modificaciones que se introduzcan a la Carta Política. En consecuencia, concluyó que el mandatario
no puede controvertir su contenido o convocar al Legislativo para que estudie
sus contraargumentos.
Así mismo, la
corporación aclaró que este examen no encierra ningún tipo de análisis frente
al fallido proyecto de acto legislativo, ya que, por tratarse de una actuación
del Congreso, escapa a sus propias facultades.
En ese mismo
sentido, y frente a la posibilidad de que una decisión política pueda originar
la promulgación de la norma, fuentes de la máxima instancia contencioso
administrativa consultadas por este medio recordaron que la inexistencia de la
reforma ya hizo tránsito a cosa juzgada, dado que ese fue el argumento
que utilizó la Corte Constitucional, para abstenerse de examinarla de fondo.
La decisión fue
aprobada por una votación de 15 votos a 9. A la postura vencedora se enfrentaba
una posición según la cual la Sala debió declararse inhibida, por tratarse de
un acto de trámite no sujeto a control jurisdiccional, que es la manera como
este grupo de magistrados interpretó la naturaleza de la decisión por medio de
la cual el presidente Juan Manuel Santos convocó a las sesiones extra.
Gobierno explicó cómo quedaría el tribunal de aforados. eltiempo.com
Gobierno explicó cómo
quedaría el tribunal de aforados
Se escogería de
ternas presentadas por la denominada Sala de Gobierno de la Rama Judicial.
4:37 p.m. | 16 de septiembre de 2014
Se escogería de
ternas presentadas por la denominada Sala de Gobierno de la Rama Judicial.
El Ministro del
Interior, Juan Fernando Cristo, explicó este martes cómo quedará en la ponencia
de la reforma al equilibrio de poderes el tribunal de aforados, que ha generado controversia en algunos partidos
políticos.
El funcionario
explicó que serán cinco personas, con calidades de magistrados, que tendrán la
responsabilidad de investigar las denuncias contra magistrados de las altas
cortes, Fiscal, Procurador y Contralor. En otras palabras, reemplaza a
la Comisión de Acusación.
Los cinco miembros
de ese tribunal serán seleccionados mediante un concurso público por la Sala de
Gobierno de la Rama Judicial,nueva figura que
está contemplada en el proyecto de equilibrio de poderes.
Esta sala debe
elaborar unas ternas que deberán ser llevadas al Congreso, que en últimas será
el que defina los nombres.
El nuevo tribunal, contemplado en el proyecto de Acto Legislativo, se encargaría de instruir el proceso y cuando encuentre mérito lo pasa a la plenaria de la Cámara.
El nuevo tribunal, contemplado en el proyecto de Acto Legislativo, se encargaría de instruir el proceso y cuando encuentre mérito lo pasa a la plenaria de la Cámara.
POLÍTICA
El Ministro del
Interior, Juan Fernando Cristo, explicó este martes cómo quedará en la ponencia
de la reforma al equilibrio de poderes el tribunal de aforados, que ha generado
controversia en algunos partidos políticos. El funcionario explicó que serán
cinco personas, con calidades de magistrados, que tendrán la responsabilidad de
investigar las denuncias contra magistrados de las altas corte, Fiscal,
Procurador y Contralor. En otras palabras, reemplaza a la Comisión de
Acusación.
El estado deplorable de la justicia en Colombia. José Gregorio Hernandez Galindo.
Más
funcionarios que huyen del país para evitar la acción de la justicia e
innumerables casos de real o presunta persecución judicial por razones
políticas son síntomas alarmantes de la crisis gravísima que atraviesa
Colombia. No hay Derecho.
La solemnidad de la justicia
Cuando, con una sapiencia no superada, señalaba
Ulpiano que “la justicia consiste en la constante y perpetua voluntad de dar a
cada uno lo suyo”, quería decir que lo justo es lo que debe ser asignado a cada
cual, sin excesos ni defectos, según una medida objetiva e imparcial que no se
inclina a reconocerle más ni menos a la luz de las normas en vigencia.
Este reconocimiento debe ser acatado por aquellos a
quienes se refiere el fallo y también por la persona que falla, quien no hace
su voluntad sino la de la ley. Es eso lo que hacen los jueces, y lo que
significa la justicia, representada desde la antigüedad por Temis, cuya figura
aparecía con los ojos vendados y sosteniendo en sus manos una balanza y una
espada.
La venda simboliza la objetividad del togado, cuya
tarea ha de desarrollarse con absoluta independencia de cualquier influjo
externo, presión, inclinación, preferencia, favoritismo, animadversión,
solidaridad o prevención, y aparte de cualquier prejuicio derivado de sus
convicciones religiosas o políticas.
En el esquema general de las funciones estatales,
la judicial es simultáneamente la más honrosa, la más comprometedora y la más
difícil.
La balanza representa la imparcialidad frente a las
partes en el proceso y en relación con los hechos y las pruebas de los mismos.
En ella han de ser puestos todos los elementos, tanto los positivos como los
negativos. El equilibrio es un concepto fundamental para una buena y confiable
administración de justicia.
La espada simboliza la autoridad del juez, cuyas
decisiones son obligatorias y deben ser respetadas y cumplidas, sin perjuicio
de los recursos que ante la misma administración de justicia prevé la ley.
Si nos fijamos en el esquema general de las
funciones estatales, la judicial es simultáneamente la más honrosa, la más
comprometedora y la más difícil. En ella se trata de definir el derecho,
cuyo supremo valor es la justicia, la cual, para alcanzar el ideal
señalado por Ulpiano, requiere de quien la administra, además del
conocimiento jurídico, inteligencia y capacidad de entendimiento de la norma y
de valoración de los hechos a los cuales se aplica, además de rectitud,
objetividad, imparcialidad, precisión y carácter incorruptible.
Para cualquier sociedad, en especial una
democrática, resulta indispensable mantener una administración de justicia bien
organizada, fuerte, confiable y respetable, compuesta por magistrados y jueces
independientes, conocedores del derecho, imparciales, experimentados y ajenos a
cualquier forma de halago, prebenda o compromiso. Sin un sistema de tales
características la sociedad está condenada a la disolución.
La
justicia en Colombia
¿Qué
tenemos hoy en Colombia? Infortunadamente, tras una historia respetable y por
una cadena de acontecimientos bien conocidos por la opinión pública, la
administración de justicia colombiana ha caído en el desprestigio.
Esta
ha perdido el respeto y la confianza que inspiraba, y está sumida en un mar de
contradicciones, de errores y veleidades. Recibe críticas (unas fundadas, otras
no) de todos los sectores y, en vez de ser ella la que juzga, condena o
absuelve, ha sido puesta desde hace un tiempo en el banquillo de los acusados.
Desde
luego, un análisis serio debe estar exento de generalizaciones. Por ello, mal
podríamos avanzar sin reconocer la presencia en nuestros tribunales, juzgados y
fiscalías de muchos funcionarios y empleados probos, bien preparados y
honestos.
Pero
sería ingenuo quien no reconociera que, en el interior de la Rama Judicial y
por distintas causas, se han venido extendiendo vicios que demuestran la
necesidad de una reingeniería.
El
ciudadano del común, perplejo ante recientes hechos relacionados con la
administración de justicia y con el ejercicio del poder administrativo, fiscal
y disciplinario (que al fin y al cabo responden también a las finalidades
estatales de definición de derechos, cargas y obligaciones) se formula muchas
preguntas:
- ¿Existe
en Colombia un sistema jurídico que en efecto otorgue a personas investigadas o
juzgadas penal o disciplinariamente la plenitud de las garantías procesales
propias de un Estado democrático y constitucional?
- ¿Quienes
administran justicia o ejercen el poder disciplinario-sancionatorio administrativo,
o el control fiscal, cumplen sus funciones según las normas constitucionales y
legales, adoptan medidas y toman decisiones en estricto derecho, o, por el
contrario, existen procesos sesgados por la malquerencia, el ansia de poder, la
persecución política o la rivalidad personal o profesional?
- ¿El
sindicado goza de las garantías previstas en el artículo 29 de
la Constitución y en los tratados internacionales firmados por Colombia
(presunción de inocencia, derecho de defensa, derecho a la prueba, objetiva
crítica del testimonio, imparcialidad del juez o fiscal, examen ponderado de
los hechos, entre otros)?
- ¿Son
verdaderamente independientes los altos funcionarios de las corporaciones
judiciales, de la Fiscalía, de la Procuraduría, de la Contraloría frente
al gobierno y a los partidos políticos?
Los casos de la discordia
Mencionemos apenas algunos de los casos que han
conmovido a los colombianos y en los cuales se ha abierto controversia pública
sobre el cumplimiento o incumplimiento de las exigencias de imparcialidad y
garantías procesales:
- Militares investigados, acusados o condenados por
distintas causas, se quejan de haber sido llevados a los estrados judiciales
sobre la base de falsos testimonios, y aseguran que no tienen garantías
procesales ni derecho efectivo de defensa, y que están dentro de una campaña
inspirada por tendencias ideológicas enemigas de la Fuerza Pública.
- El alcalde mayor de Bogotá Gustavo
Petro estima, no sin argumentos, que su destitución e inhabilidad por
quince años decretada por el procurador, así como la cuantiosa multa impuesta
por la Superintendencia de Industria y Comercio por haber adoptado una política
sobre la prestación de un servicio público por empresas estatales, no solamente
fueron arbitrarias y desproporcionadas sino que las sanciones le fueron
impuestas con marcado sesgo político y sin haber gozado de las garantías
procesales correspondientes.
Podríamos
avanzar sin reconocer la presencia en nuestros tribunales, juzgados y fiscalías
de muchos funcionarios y empleados probos, bien preparados y honestos.
- La exsenadora Piedad Córdoba, a quien le han sido
negados todos los recursos interpuestos, ha esgrimido razones poderosas para
sostener que fue destituida e inhabilitada, también por el procurador, por
razones ideológicas y mediante un procedimiento sin garantías efectivas, en el
cual se concluyó sin pruebas debidamente valoradas que se había confabulado con
la guerrilla de las FARC.
- El expresidente y actual senador Álvaro Uribe y
sus partidarios han proclamado en todos los tonos que las investigaciones
contra María del Pilar Hurtado, Andrés Felipe Arias, Luis Carlos Restrepo,
Bernardo Moreno, Carlos Albornoz, Luis Alfredo Ramos, Sabas Pretelt, Santiago
Uribe, los congresistas señalados como parapolíticos y muchos otros, han
estado orientadas por una persecución a quienes participaron en su gobierno y
comparten sus ideas políticas.
A tal punto ha llegado esa convicción que el
expresidente favoreció el otorgamiento de asilo a Hurtado en Panamá, y
justificó la salida de Arias, después de condenado, hacia Estados Unidos.
- El mismo expresidente Uribe se negó a comparecer
ante la Fiscalía para entregar pruebas contra la campaña de Juan Manuel Santos
por haber recibido, supuestamente, recursos provenientes del narcotráfico.
Uribe se lustró los zapatos en la sede a la cual había sido citado y entregó
los documentos a un funcionario sin competencia en materia penal (el
procurador), todo porque, a su juicio, no contaba con garantías.
- La ex contralora Sandra Morelli atribuye la
investigación penal en su contra, iniciada por la Fiscalía General, al hecho de
haber denunciado irregularidades en la contratación del actual fiscal Eduardo
Montealegre con la firma Saludcoop, y ha salido del territorio colombiano hacia
Italia (pues tiene doble nacionalidad), con el objeto de evadir la acción de la
justicia, frente a la cual dice no tener garantías.
- El fiscal general ha denunciado la existencia de
un cartel de testigos falsos, pero a muchos los sindican y capturan, se les
sigue proceso y se los condena sin aplicar las reglas de la crítica del
testimonio y con base en la declaración de alguien que se quiere beneficiar
judicialmente, con independencia de si merece o no credibilidad.
Las razones
¿Qué deja ver este panorama? Que, habiendo razón en
algunos casos y simple estrategia en otros, algo está muy mal en lo que
respecta al funcionamiento de nuestra administración de justicia.
En ello inciden varios factores: una preocupante
improvisación legislativa y de reformas constitucionales que ha llevado a
principios tan discutibles como el de oportunidad; la falta de preparación de
muchos funcionarios; y la aplicación incorrecta del derecho y las garantías en
muchos casos.
En otras situaciones ha sido ostensible la
"politización" de la justicia o ha habido filtraciones de las
providencias a los medios antes de ser adoptadas. También se percibe cierta
tendencia al protagonismo de algunos jueces, magistrados, procuradores y
fiscales; la ausencia de normas que aseguren la efectiva comparecencia de los
funcionarios sindicados; así como el aprovechamiento, por parte de sindicados y
condenados, del desorden existente y de sus propias facilidades económicas para
evadirse.
La sabiduría popular acuñó una célebre frase según
la cual “la justicia es para los de ruana”. Parece que esa es la máxima que
seguimos e, infortunadamente, nos hemos olvidado de Ulpiano.
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