“Hay que actualizar el funcionamiento del servicio
de justicia”: Hermens Darío Lara. Presidente de la Corporación de Jueces y
Magistrados de Colombia.
14 de Noviembre
8:44 AM ambitojuridico.com
Por el despacho
del magistrado Hermens Darío Lara, de la Sala Penal del Tribunal Superior de
Bogotá, han pasado casos de gran importancia para el país, como el juzgamiento
del coronel Alfonso Plazas Vega, por los hechos del Palacio de Justicia,
ocurridos hace 29 años.
Hoy, Lara preside
la Corporación de Jueces y Magistrados de Colombia, un organismo que pretende
aglutinar a dicho funcionarios de todo el país en busca de la independencia,
autonomía, dignidad e integridad de la Rama Judicial.
ÁMBITO JURÍDICO:
En su opinión, ¿cuáles son los principales males que aquejan a la justicia y
que deben ser atacados en una futura reforma judicial?
Hermens Darío
Lara: Varios son los ámbitos
de reforma: el constitucional, el legal y el reglamentario. En el primero, se
hace necesaria la implementación de la segunda instancia de aforados;
establecer cambios en el origen y forma de designación de los integrantes de
las altas cortes; introducir un valor porcentual del producto interno bruto
(PIB) como marco referencial de financiamiento de la Rama Judicial desde la
perspectiva dinámica de los cambios legislativos y del servicio de justicia;
establecer una obligación legislativa en las funciones del Congreso, en el
sentido que, cuando se trate de promulgar leyes que afecten la justicia, su
estructura y funcionamiento, debe haber un estudio paralelo de factibilidad,
financiación y estrategia, para su implementación.
Á. J.: ¿Y qué
cambios se requieren desde lo legal?
H. D. L.: En general, desde lo legal, es necesario
actualizar el funcionamiento del servicio de justicia, reformando la Ley
Estatutaria de la Administración de Justicia, por ejemplo, para introducir la
participación de los usuarios (abogados, asociaciones ciudadanas, etc.) en el
diagnóstico y solución de diferentes problemas que afectan la prestación del
servicio, desde los ámbitos nacional, departamental y municipal. También es
necesario un cambio en el gobierno de la Rama Judicial, para darle cabida a la
participación de los empleados, jueces y magistrados en temas como la
calificación de servicios, administración de la carrera judicial, por medio de
la implementación de una comisión de carrera o de administración de personal,
entre otros.
Y desde lo
reglamentario, con el diagnóstico que arroje dicho proceso, se deben
implementar los reglamentos necesarios para reordenar, reorganizar y
reestructurar lo que sea necesario en la rama, para poder prestar un óptimo
servicio, digno de un Estado social y democrático de derecho.
Á. J.: ¿Cómo
lograr una administración de justicia con independencia presupuestal?
H. D. L.: El presupuesto es uno de los factores de la
autonomía administrativa, y solamente se puede lograr si se establece una
verdadera independencia en lo presupuestal en la Carta Política, como se ha
venido pidiendo en las diferentes reformas judiciales. No puede ser que, por
ejemplo, se deba “rogar” al Gobierno y al Congreso los dineros necesarios para
su funcionamiento, los cuales, además de ser insuficientes, pues siempre se
recortan por el Ejecutivo, se entregan a “cuenta gotas”, dependiendo del querer
del Gobierno de turno. En ese sentido, debe crearse un mecanismo de orden
constitucional para que un porcentaje del PIB sea el mínimo que debe recibir la
Rama Judicial para la prestación del servicio de justicia. También es
necesario, como ya se mencionó, una reglamentación legislativa para que
cualquier proyecto de ley que toque la estructura funcional de la Rama o, por
ejemplo, cree nuevos sistemas, modos o formas de atender la demanda de
justicia, deba tener un soporte financiero, presupuestal, de factibilidad, de
planeación, entre otros, para que las leyes en realidad sean lo que proyecta el
legislador.
Á. J.: En términos
generales, ¿cuáles son los temas relacionados con la justicia que más le
preocupan del Proyecto de Ley de Equilibrio de Poderes?
H. D. L.: La autonomía e independencia de la Rama
Judicial, consagradas como principios en la Carta Política. Por ello, sería un
retroceso la eliminación del Consejo Superior de la Judicatura, puesto que, de
un órgano autónomo de administración, se pasa a una estructura que termina
siendo dependiente del Ejecutivo, con lo que se alcanzarían algunos de los
cometidos de quienes, sirviendo a intereses particulares desde el Congreso y al
Gobierno, pretenden, por un lado, privatizar la justicia, y, por el otro,
lograr impunidad para ciertas modalidades delincuenciales, acabando la carrera
judicial.
Á. J.: ¿En qué
otros puntos tiene objeciones?
H. D. L.: No se contempla propuesta alguna para hacer que los
cambios procedimentales generados desde la Rama Legislativa, como la oralidad,
tengan un desarrollo acorde con los fines normativos. Igualmente, se deja de
lado la garantía al ciudadano de obtener una pronta y cumplida justicia, pues
la mayor demanda de esta requiere un aparato, organización y estructuras
dinámicas y acordes con esas necesidades. Esos sí serían los puntos por
discutir en una verdadera reforma judicial.
Á. J.: ¿Qué
modificación se requiere en cuanto a la postulación y elección de magistrados
de las altas cortes?
H. D. L.: Las altas magistraturas del Estado deben
contar con los mejores ciudadanos y los profesionales más calificados. Por
ende, se tienen que implementar mecanismos de selección objetiva que lo
permitan, como los concursos públicos, o la postulación por sistema de méritos
desde la judicatura, la academia o el ejercicio profesional particular, entre
otras posibilidades.
Hermens Darío Lara
Acuña
Estudios
realizados: abogado de la Universidad La Gran Colombia. Tiene especializaciones
en Derecho Penal, Derecho Administrativo y Derecho Constitucional, entre otras,
y una maestría en Derecho Penal y Criminología. Es Doctor en Derecho de la
Universidad de Salamanca (España).
Cargos
desempeñados: docente universitario, fiscal delegado y magistrado de la Sala
Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio.
Ocupación actual:
magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá y Presidente de la
Corporación de Jueces y Magistrados.