Reforma a la justicia y formación de los abogados
(I)
12 de Febrero 4:49 PM
Carlos Mario Molina Betancur
Director Ejecutivo Acofade
NTRODUCCION
Diversidad de Medellad de Medel lnstitucional
Para el presidente de la República, Juan Manuel
Santos, llegó la hora de reformar la justicia en Colombia. El próximo mes de
marzo, según anuncio del ministro de Justicia, Alfonso Gómez Méndez, se
radicaría el proyecto de ley en el Congreso. Con estas declaraciones, se
evidencia que la justicia, como una de las tres ramasa de las tres ramas más
importantes del Poder Público, ha llegado a su límite de credibilidad.
Cinco razones explicarían este desgaste: escándalos
constantes sobre el funcionamiento irregular de las altas cortes, magistrados
involucrados en situaciones delicadas al momento de realizar elecciones de
altos cargos, choque de trenes entre las altas cortes, grandes niveles de
congestión y avance considerable de la justicia arbitral.
Niveles de corrupción
Esto confirma que, tal vez, Colombia está llegando
a niveles de corrupción insostenibles, a pesar de que, desde hace mucho tiempo,
pagar sobornos es un delito en el país, que puede llevar a condenas entre 6 y
12 años de cárcel, según el Código Penal, además de las sanciones
disciplinarias y pecuniarias que trae el Estatuto Anticorrupción.
Así, se corroboran los resultados de una reciente
encuesta realizada por el organismo Transparencia Internacional, la cual revela
que más de la mitad de la población colombiana (56 %) cree que en los dos
últimos años la corrupción en el sector público ha aumentado; buena parte de
los encuestados (62 %) admite que la corrupción en el sector público es un
problema grave; otros (66 %) consideran que son necesarios los contactos con
funcionarios para agilizar los procesos o para obtener un servicio (39 %). Por
su parte, un porcentaje de los encuestados (28 %) piensa que la corrupción es
un verdadero “cáncer” que corroe las instituciones públicas. Aún más grave es que
6 de cada 10 personas cree que el Gobierno no ha ejecutado acciones eficientes
para combatir ese mal.
Justicia, mal librada
De los encuestados, el 27 % reconoce haber pagado
sobornos a la Policía y el 19 % lo ha hecho a operadores del sistema judicial,
siendo esta una de las instituciones a la que más sobornos se le pagan. Llama
la atención que el 10 % dijo que ha tenido que pagarlos para servicios
relacionados con tierras.
La percepción sobre la corrupción en el país se
mantiene. Estamos en el puesto 94 en el mundo, entre 177 naciones estudiadas, y
en el puesto 18 en América Latina. En su orden, las instituciones más corruptas
para la institución son, según los encuestados, las siguientes:
(i) El Congreso (40 %).
(ii) La Policía (39 %).
(iii) El sistema judicial (34%).
Todo lo anterior demuestra que el desgaste es
considerable y que el Gobierno Nacional debe reaccionar y buscar una solución
estructural que ponga fin a los desmanes en la justicia. Pero este tipo de
reformas ya no se hacen unilateralmente desde arriba hacia abajo, sino desde la
base hasta llegar al Congreso.
En este tipo de democracia constitucional, todas
las representaciones posibles de la sociedad deben intervenir en la discusión y
el aporte de soluciones. Así, debe consultarse con suficiente antelación, en
mesas abiertas de diálogo y con transparencia política, a las universidades,
los colegios de abogados, las asociaciones de juristas, las asociaciones de
procesalistas, los centros de estudio de Derecho Procesal y Constitucional, la
Asociación Colombiana de Facultades de Derecho (Acofade), los grupos de
investigación, la Corporación Excelencia en la Justicia, las autoridades
independientes, las autoridades indígenas, los jueces de paz, las cámaras de
comercio y los centros de conciliación y arbitraje.
Una nueva oportunidad de cambio
Desde Acofade creemos que una adecuada reforma a la
justicia debería comenzar por revisar los contenidos de los programas de
las facultades de Derecho, para saber, a ciencia cierta, si desde estos
escenarios de formación se está haciendo lo necesario para la correcta
formación de los abogados y el buen funcionamiento de la justicia que necesita
nuestro país.
Para el efecto, lo primero que se debe realizar es
un balance serio y actual sobre el tipo de abogados y jueces que estamos
formando en Colombia desde 1991, así como lo está realizando actualmente el
Ministerio de Justicia y Acofade, estableciendo ciertos lineamientos y
orientaciones generales para los programas de formación en Derecho de las
universidades públicas y privadas de todo el país.
El Ministerio de Educación, a quien corresponde el
cambio de reglamentación, no ha establecido cuáles son las competencias mínimas
que deben contener los nuevos programas de Derecho, pero, mientras tanto,
podría fortalecer, con la Comisión Nacional de Aseguramiento de la
Calidad de la Educación Superior (Conaces) y el Consejo Nacional de
Acreditación, el programa de calidad con pertinencia, el cual ha
venido calando en las universidades que han obtenido la acreditación de alta
calidad educativa.
Esto es urgente, ya que el Plan de Nacional de
Desarrollo vigente establece, en su artículo 10: “La política pública educativa
del Gobierno Nacional contenida en el Plan Nacional de Desarrollo 2011-2014
deberá armonizarse con los propósitos y lineamientos del Plan Nacional Decenal
de Educación 2006-2016”.
El mencionado Plan Decenal, que es un referente
obligatorio de planeación para todas las instituciones educativas, estableció
macro metas y metas dirigidas al fortalecimiento de la calidad de la educación,
en todos sus niveles. Las mismas anticipan que, para el 2016, se debe
rediseñar, fortalecer y contextualizar los currículos desde la educación
inicial hasta la superior, para desarrollar, mediante programas flexibles y
pertinentes, las capacidades de aprender a ser, aprender a aprender y aprender
a hacer.
Esto con el fin de alcanzar, por medio del
aprendizaje, las dimensiones científicas, técnicas, tecnológicas, humanistas y
artísticas, así como las competencias generales y específicas que necesita
desarrollar todo profesional en el futuro en un mundo altamente informatizado y
globalizado.
Dado que la educación jurídica de nuestro país ha
estado enmarcada dentro de un modelo tradicional teórico de cátedra magistral,
las nuevas técnicas y tecnologías de aprendizaje desde el campo del saber no
han sido todavía adoptadas como política educativa en la legislación que
acompañó el Plan de Desarrollo que termina este año.
Por ello, la reforma a la justicia que se anuncia
debería priorizar el cambio curricular de los programas de Derecho, para poder
modificar las prácticas indeseables de abogados y jueces de nuestro país y,
así, realizar un verdadero cambio en el accionar ético y responsable de los operadores
del Derecho. Al menos, esto daría cumplimiento a lo que ordena el Plan Nacional
Decenal, que se vence en el 2016, y sobre el cual la enseñanza y el aprendizaje
del Derecho no han visto ninguna transformación.