La Estructura del Estado y los casos de Corrupción en las Ramas del Poder Público.

La Actual Reforma a la Justicia -2.017- tiene como origen en los presuntos casos de corrupción que se han presentado a nivel de la Corte Suprema de Justicia.
Pero se hace necesario revisar en la historia reciente de Colombia los presuntos casos de corrupción que se han dado en las otras Rama del Poder Público.
Para ello se hace necesario recordar, que la Constitución Política de Colombia consagra en su Título V la Organización del Estado, en su Capítulo 1, La Estructura del Estado, consagrando en su artículo 113: "Son Ramas del Poder Público, la legislativa, la ejecutiva, y la judicial.

Además de los órganos que las integran existen otros, autónomos e independientes, para el cumplimiento de las demás funciones del Estado. Los diferentes órganos del Estado tienen funciones separadas pero colaboran armónicamente para la realización de sus fines".

A su vez, el artículo 115 de la citada obra establece: "El Presidente de la República es Jefe del Estado, Jefe del Gobierno y suprema autoridad administrativa.

El Gobierno Nacional está formado por el Presidente de la República, los ministros del despacho y los directores de departamentos administrativos.

El Presidente y el Ministro o Director de Departamento correspondientes, en cada negocio particular, constituyen el Gobierno.

Ningún acto del Presidente, excepto el de nombramiento y remoción de Ministros y Directores de Departamentos Administrativos y aquellos expedidos en su calidad de Jefe del Estado y de suprema autoridad administrativa, tendrá valor ni fuerza alguna mientras no sea suscrito y comunicado por el Ministro del ramo respectivo o por el Director del Departamento Administrativo correspondiente, quienes, por el mismo hecho, se hacen responsables.

Las gobernaciones y las alcaldías, así como las superintendencias, los establecimientos públicos y las empresas industriales o comerciales del Estado, forman parte de la Rama Ejecutiva".

A partir de éste momento se mostraran los casos de alcaldes que por una u otra razón han sido condenados por presunta corrupción.

Alfredo Martínez De La Hoz.-

22 Sep 2017 - 1:00 AM

Por: Jorge Iván Cuervo R.

¿Cuál reforma a la justicia?

Una vez más crisis en la justicia, y otra vez esa sensación de que no hemos podido entender cuál es el rol que debe tener un sistema de justicia en una sociedad democrática, alejado del ruido de la política partidista, como un árbitro imparcial entre los poderes reales y garante de los derechos de los ciudadanos. El diseño institucional de la Constitución de 1991 y no haber podido consolidar una verdadera formación judicial en las facultades de Derecho pueden estar en el origen de esta enésima crisis.

Se ha dicho que todas las vías para reformar la administración de justicia están bloqueadas y por ello se precisa de medidas extremas, como una asamblea constituyente o un referendo como el que propone el gobierno, con un enorme riesgo de que al calor de la indignación ciudadana y del comportamiento reprochable de algunos magistrados de las altas cortes, se puedan revertir verdaderos logros institucionales de la justicia en Colombia.

Aquí hay dos temas: el contenido de la reforma y el camino para lograrlo, y ambos están relacionados. Si se precisa de reformas estructurales que toquen los principios de autogobierno judicial y de independencia y autonomía judicial, la vía está cerrada por Congreso de la República, e incluso por referendo, como lo señaló la Corte Constitucional en la sentencia C -285 de 2016, por la cual se declaró contrario a la Constitución el Consejo de Gobierno Judicial contenido en el Acto Legislativo 02 de 2015, recordado como la reforma de Equilibrio de Poderes.

Así que una reforma estructural que implique erosionar estos principios, y el de separación de poderes (Sentencia C -970 de 2004), que incluye la supresión de las facultades electorales de las altas cortes -solo podría hacerse por asamblea constituyente, un desafío político de marca mayor que no es conveniente en tiempos de polarización y posverdad, y en año electoral.

Otras reformas pueden hacerse vía Congreso y no se justificaría el desgaste de un referendo  para adoptar medidas de descongestión o de integridad ética en la formación de los abogados que es más una reforma educativa que judicial, y que abriría una puerta para que, so pretexto de la crisis y sobre la ola de la indignación ciudadana, se reviertan logros importantes atribuibles a una rama judicial con muchos problemas en su funcionamiento pero que al menos no ha sido cooptada por los otros poderes del Estado. O al menos se resiste a ello.

Ahora viene el tema del contenido de la reforma. Desde la llamada Comisión Bonivento se ha señalado la importancia de definir los distintos niveles de reforma: el constitucional, el estatutario, el ordinario, y lo relacionado con decisiones de política judicial y luego gerencia. Esto supone enfrentar, desde los problemas de acceso al recurso de casación hasta la falta de jueces en muchos municipios, la demora en los términos procesales y los problemas de congestión en la oralidad, entre otros temas que afectan el día a día de la administración de justicia, y que son diferentes en cada jurisdicción. No todo se puede hacer al mismo tiempo, y cada reforma exige estudios y análisis de escenarios institucionales y presupuestales. La gradualidad y el consenso alrededor de las reformas es la enseñanza que nos deja el fracaso de los anteriores intentos de reforma.

En el contexto del Plan Decenal de Justicia se debe definir a partir de ahora y durante el primer semestre del próximo año un marco de reformas para los próximos diez años orientado a resolver todos los problemas de funcionamiento de la administración de justicia –incluida por supuesto la Fiscalía y los problemas de corrupción judicial- que acoja los parámetros definidos por la Corte Constitucional. Esto va más allá del gobierno y de la propia rama judicial, exige lo que muchos han llamado un gran acuerdo nacional por la justicia.

De las carreras no queda sino el cansancio y reformas al calor de la indignación ciudadana pueden ser más contraproducentes que lo que existe.

28 Sep 2017 - 9:22 PM

Por: Jorge Iván Cuervo R.

Ideas para una reforma a la justicia

Cualquier reforma a la justicia que se proponga debe resolver tres puntos para asegurar su viabilidad: el origen, el camino y el contenido.

El origen tiene que ver con quien la propone, si el gobierno, el Congreso, la rama judicial o sectores de sociedad civil (universidades y centros de pensamiento como Dejusticia o la Corporación Excelencia en la Justicia). Un gobierno en el último año no tiene suficiente capital político para liderar ese proceso. Ello le corresponde a la propia rama judicial con la participación de la academia y con presencia de entidades como la Procuraduría General de la Nación. Lo cierto es que en el primer semestre del próximo año debe quedar listo el paquete de reformas que corresponde tramitar al siguiente Congreso y un cronograma de trabajo de mediano plazo que los gobiernos sucesivos deben liderar políticamente, en eso que se ha dado en llamar un gran acuerdo por la justicia.

El camino tiene que ver con la vía de reforma que debe elegirse y si ello implica reforma constitucional o legal (estatutaria y ordinaria). La reforma constitucional puede hacerse por Congreso, referendo o asamblea constituyente y cada paso tiene sus complicaciones, riesgos y distintos grados de eficacia.

Finalmente, el contenido de la reforma, esto es, qué es lo que debe cambiarse, lo cual está atado necesariamente al procedimiento a escoger. Si se precisa de cambios profundos en el sistema de justicia, la vía de reforma constitucional es la asamblea constituyente pues la Corte Constitucional cerró las otras vías, si de aspectos que alteren la autonomía e independencia judicial se trata. Otro tipo de reformas pueden hacerse sin reforma constitucional, pero para ello se tiene que tener claro qué es lo que debe reformarse, cómo ello resuelve el tema de la crisis, qué temas son estructurales, qué temas se originan en el diseño institucional, en los códigos de procedimiento, en la cultura jurídica o en las prácticas de jueces, empleados judiciales y abogados litigantes.

Por ejemplo, los problemas de oralidad se resuelven con más salas de audiencia, mejores sistemas de comunicación y de información, pero de nada sirve sino hay una mayor preparación de los jueces para dirigir las audiencias, lo cual es un tema de políticas y de gerencia judicial y de revisión de currículos en las facultades de Derecho.

Muchas de las reformas para un mejor funcionamiento de las Altas Cortes se pueden adoptar por reglamento, siempre y cuando se dé un ejercicio de auto crítica de los magistrados sobre la crisis de integridad ética que ha llegado a la cúpula judicial, la cual, a decir verdad, ha sido bastante tibia.

Es necesario hablar del espíritu corporativista de la rama judicial, y para ello no es conveniente la propuesta de los presidentes de la Corte Suprema y del Consejo de Estado de volver a la cooptación absoluta para la provisión de cargos en esas cortes. Por el contrario, hay que abrir el sistema de manera que mucha gente idónea se pueda inscribir, y luego de una selección previa con requisitos mínimos que debe administrar una suerte de Comité de Escogencia de la rama judicial, ahí sí cada Corte puede elegir.

Se necesita mucho más trasparencia y rendición de cuentas de toda la rama judicial, un mejor sistema de estadísticas y un sistema de control de la productividad judicial en tiempo real, ello sin afectar la independencia del juez.

Finalmente, toda reforma debe estar precedida de un estudio de exigencias de implementación, esto es, reformas institucionales que son necesarias, presupuesto proyectado en el contexto del Marco Fiscal de Mediano Plazo, recurso humano requerido y mecanismos de seguimiento ciudadano a dichas reformas, ojalá con acompañamiento internacional, con organizaciones como CEJAMERICAS o la Fundación Debido Proceso.

Esta crisis ha creado una ventana de oportunidad que no se puede desperdiciar.

La propuesta del presidente Santos para reformar la justicia

Política

28 Sep 2017 - 3:08 PM

-Redacción Política

Revivir el tribunal de aforados y rediseñar las facultades electorales de las altas cortes, entre las ideas que se desarrollan desde el Gobierno.

El fiscal general Néstor Humberto Martínez y el presidente Juan Manuel Santos. SIG

En medio del escándalo en la justicia, por los supuestos sobornos que habrían recibido magistrados de la Corte Suprema de Justicia para favorecer a algunos implicados en investigaciones, el presidente Juan Manuel Santos lanzó ideas para una reforma de la justicia que ayude a que la ciudadanía recupere su confianza en las instituciones. (Lea: "De aquí a diciembre se sabrá toda la verdad de lo ocurrido en la Rama Judicial")

“La reacción natural ante hechos como los que hemos presenciado recientemente es la de querer hacer borrón y cuenta nueva, arrasar con todo lo que existe. ¡Que renuncien todos los magistrados! ¿Piden unos? Que fusionen todas las cortes dicen otros (…) Yo diría: calma, calma. No hay que reaccionar con las vísceras. No hay que perder el norte”, expresó el primer mandatario en la instalación XII Encuentro de la Jurisdicción Constitucional, que se realiza en Pasto (Nariño).

Asimismo, señaló que, como las democracias son imperfectas y requieren de un mejoramiento continuo, se debe “reflexionar con cabeza fría sobre las reformas que realmente se necesitan para que no se repitan hechos como los recientes”.

Dentro de las propuestas que ya están desarrollando desde el Gobierno para hacer frente a la crisis en la justicia se encuentra, comentó el presidente, la de revivir el tribunal de los aforados. “Eso ya se incluyó en la reforma política. Las altas cortes y la Fiscalía están de acuerdo, pero existen dudas muy válidas sobre la conexidad de este tema con el conflicto armado. De pronto es mejor incluirlo en la reforma que estamos construyendo”, señaló Santos.

La segunda propuesta se encamina hacia el rediseño de las facultades electorales de las altas cortes, cuestionando que si la politización de las Cortes, que está en la Constitución del 91, ha sido el origen “de los males que estamos sufriendo (…) Este es un punto clave. Habría que buscar el mayor consenso posible sobre una de las mil fórmulas que existen, todas con sus más y sus menos”. (Lea también: “Francisco Ricaurte no tiene bienes en el exterior”: Álvaro Luna)

Otra de las ideas tiene que ver con la “eficacia y la eficiencia”, la descongestión de la justicia, para que los ciudadanos puedan tener prontas respuestas a sus demandas: “Algunos han pensado en un paquete de medidas –de mediano y largo plazo– para hacer seguimiento a la gestión de los despachos judiciales, mejorar la infraestructura, profundizar la transparencia y, por supuesto, avanzar en la descongestión”

 Además de un plan de descongestión de la justicia, podría pensarse en uno específico para la jurisdicción constitucional –para optimizar la resolución de las tutelas, en beneficio de los despachos judiciales y de la ciudadanía en general–.

Otro eje de estas medidas para mejorar la eficacia es la modificación de los periodos de los magistrados y de la presidencia de cada una de las cortes, con el fin de darle mayor estabilidad a la jurisprudencia e imprimirles transparencia a los procesos de selección de magistrados.

La última de las propuestas va hacia “los valores y los principios que deben regir a todas las personas que lo ejerzan”. El presidente habló sobre la necesidad de la autorregulación a nivel de las altas cortes, otras autoridades judiciales y los abogados. Agregó que el presidente de la Corte Constitucional está dispuesto a participar en lo que se propone desde el Gobierno (…) A estas alturas, para que una reforma de este tipo salga adelante se requiere un amplio consenso en el fondo y en la forma”, concluyó Santos.