Desde la captura del exdirector Anticorrupción de la Fiscalía Luis Gustavo Moreno, la justicia enfrenta el peor momento de su historia. Por ahora compromete a los exmagistrados de la Corte Suprema Leonidas Bustos y Francisco Ricaurte, pero cada día surgen nuevos nombres y situaciones que dejan ver cómo el entramado de clientelismo político y jurídico fue el asunto de fondo que fue alentando la crisis que hoy vive el Poder Judicial. Un viaje al pasado reciente permite entender buena parte de los hechos que hoy escandalizan.
En el año 2004, cuando ya estaba en marcha en el Congreso la idea del gobierno Uribe de la reelección presidencial, en la Corte Suprema comenzaba a formalizarse una transición rodeada de intereses políticos. Entre otros relevos, ese año llegó al alto tribunal el exjuez cartagenero Francisco Javier Ricaurte. El tema crítico era la tutela contra sentencias judiciales que mantenía vivo el choque de trenes con la Corte Constitucional. Un año después, mientras la política ardía, el tema de discusión fue la elección del fiscal general.
El presidente de la Corte Suprema era Carlos Isaac Náder, oriundo del departamento de Sucre, y era el momento en el que el empresario italiano Giorgio Sale se movía como pez en el agua en los círculos judiciales, sin que los agasajados magistrados supieran de sus andanzas en el mundo del narcotráfico y el lavado de activos. La coyuntura de ese 2005 fue la elección de fiscal general para reemplazar a Luis Camilo Osorio, y, después de dos rondas de votación en la Corte Suprema, resultó escogido el penalista Mario Iguarán Arana.
En ese momento el tema esencial del país era el proceso de paz entre el gobierno Uribe y los grupos de autodefensas, y el Congreso le daba forma a la Ley de Justicia y Paz, cuyo borrador había sido preparado por Iguarán, cuando oficiaba como viceministro de Sabas Pretelt en el Ministerio del Interior. Sin embargo, desde la posesión del fiscal Iguarán comenzó el rumor de que, al margen del elegido, el paramilitarismo había pagado $5.000 millones para asegurar esa elección, y que magistrados de la Corte habían sido sus receptores.
Del asunto se siguió hablando tras bambalinas e incluso tiempo después las revelaciones de Wikileaks detallaron cómo en abril de 2008 la Embajada de Estados Unidos en Bogotá reportó a Washington los rumores que existían sobre el pago de dineros a magistrados para que fuera elegido Mario Iguarán. En ese momento, Fiscalía y Procuraduría anunciaron investigaciones que nunca avanzaron. Entre otros aspectos, porque desde 2006 el país ya estaba inmerso en el escándalo de la parapolítica y la Corte Suprema era protagonista.
Al tiempo que el alto tribunal comenzaba a capturar congresistas por nexos con el paramilitarismo, también fue aprehendido Giorgio Sale. Esa doble circunstancia atizó el enfrentamiento político entre quienes alentaban las investigaciones de la Corte Suprema contra los parapolíticos y quienes acusaban a los magistrados de nexos con Giorgio Sale. Fue la época en que también salió a relucir el empresario Ascencio Reyes, un lobista de los magistrados que les hacía homenajes a cambio de tener influencia en los círculos de la justicia.
Fue una larga pelea cruzada por nuevos señalados en la parapolítica, que para 2008 ya sumaba la yidispolítica y el duro enfrentamiento entre el gobierno Uribe y la Corte Suprema. Ese mismo año llegó al alto tribunal, en calidad de magistrado, el abogado de la Universidad Libre Leonidas Bustos. Un año después, en medio del escándalo de las chuzadas del DAS que incluyeron a los magistrados de la Corte Suprema, se dio la coyuntura de la elección de nuevo fiscal, que se dilató por la confrontación entre el Ejecutivo y el alto tribunal.
Sólo hasta 2010, ya en tiempos de Juan Manuel Santos, se saldó el tema con la elección de Viviane Morales. En otros escenarios, el país se acomodaba a crecientes poderes. La parapolítica había cumplido su papel ajustador y surgieron nuevos nombres en el poder político. El congresista Musa Besaile pasó de la Cámara al Senado en condición de gran elector desde el departamento de Córdoba; y un año después llegó a esa Gobernación el joven abogado Alejandro Lyons, sobrino del también penalista Luis Ignacio Lyons España.
Ambos se movían en el ámbito del derecho penal. El primero fue defensor de Fernando Ovalle, uno de los cerebros de las chuzadas del DAS, y el segundo en el carrusel de la contratación en Bogotá, cercano a los Nule y al contratista Emilio Tapia. En el ámbito judicial, el magistrado Leonidas Bustos crecía en poder dentro de la Corte Suprema, respaldado por su magistrada auxiliar Luz Mabel Parra. Además, apareció en escena un joven abogado llamado Luis Gustavo Moreno, quien pronto se convirtió en un comodín de la justicia.
A partir de enero de 2011, Gustavo Moreno, también egresado de la Universidad Libre, comenzó a visitar los despachos de los magistrados de la Corte. Hasta 2015 lo hizo 54 veces, 30 de ellas para reunirse con Leonidas Bustos. Al mismo tiempo, entre octubre de 2011 y septiembre de 2016, Moreno fue contratado en siete ocasiones por la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes para brindar asesoría jurídica. En ambos estrados tenía acceso a información privilegiada de los procesos contra los congresistas y los magistrados.
El año 2012 fue una bisagra para todos. Leonidas Bustos llegó a la Presidencia de la Sala Penal de la Corte Suprema. Tras la anulación de la elección de Viviane Morales en la Fiscalía, el alto tribunal escogió como reemplazo a Eduardo Montealegre. Y en aplicación de la fórmula “yo te elijo, tú me eliges”, Francisco Ricaurte saltó a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, y fue reelecto como procurador general Alejandro Ordóñez Maldonado. El abogado Luis Gustavo Moreno entró en su momento estelar.
Además de asumir las primeras defensas de personajes públicos, en especial de la parapolítica, sin desistir de sus asesorías en la Comisión de Acusación, fue la época en que se convirtió en autor de libros. Primero La casación penal, en 2013, y después El falso testimonio, en 2014, con presentaciones en Bogotá y Cartagena, rodeado de políticos, magistrados, periodistas y altos funcionarios. En una oficina de la calle 84 con carrera 7a. solía reunirse con los magistrados Leonidas Bustos y Ruth Marina Díaz, o el exmagistrado Francisco Ricaurte.
Mientras Gustavo Moreno sacaba adelante defensas como las de los políticos Hernán Andrade o José Rodolfo Pérez, o asumía el espinoso asunto del excongresista Luis Alfredo Ramos en la parapolítica, su amigo Francisco Ricaurte sufría el revés de la nulidad de su elección como magistrado de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura. En contraste, el magistrado Leonidas Bustos fungía como el poder detrás del trono en la Corte Suprema, y su esposa Martha Cristina Pineda, como la primera dama de la justicia.
En 2015, las fichas del ajedrez político-judicial volvieron a cambiar. En el departamento de Córdoba el abogado Alejandro Lyons terminó su gestión en la Gobernación, pero entró en el radar de la justicia, al ser sindicado de interés indebido en celebración de contratos, peculado, concierto para delinquir o falsedad documental, entre otros delitos. El abogado Luis Gustavo Moreno dividió sus frentes entre la defensa de poderosos ante la Corte, asesoría en la Comisión de Acusación y un contrato otorgado por la fiscalía de Eduardo Montealegre.
Por la misma época, de la mano de Olga Lucía Claros, como enlace del fiscal Montealegre en el Congreso asumió el abogado Juan Pablo Duque. Ambos fueron decisivos para la elección de los magistrados Néstor Osuna y Gloria Stella Ortiz en el Consejo de la Judicatura y la Corte Constitucional. Al tiempo que Luis Gustavo Moreno había llegado a la Comisión de Acusación por el representante a la Cámara de Cambio Radical, Hernando José Padaui, el abogado Juan Pablo Duque pasó a ser secretario de la misma célula legislativa.
En esas maniobras del poder, cuando llegó 2016, todos tuvieron reacomodo. Leonidas Bustos dejó la Corte, pero el presidente Santos ternó a su esposa María Cristina Pineda como candidata a magistrada de la nueva Comisión de Disciplina Judicial, que reemplazó a la Sala Disciplinaria de la Judicatura. Su auxiliar Luz Mabel Parra pasó a ser fiscal delegada ante la Corte con el fiscal Néstor Humberto Martínez. El exdirector del CTI en la era Montealegre, el abogado Danny Julián Quintana se volvió asesor de la Comisión de Acusación.
En octubre de 2016, el fiscal Martínez designó como director Anticorrupción de la Fiscalía a Luis Gustavo Moreno. Con apenas 36 años, en sus manos quedaban los más importantes expedientes. Entre ellos, los 20 delitos que se le imputan al gobernador de Córdoba, Alejandro Lyons. Lo demás es historia reciente y conocida. El pasado mes de julio, el CTI allanó su oficina y fue capturado junto al abogado y suplente en varios de sus casos, Leonardo Pinilla. Las pruebas en su contra las aportó la justicia de Estados Unidos.
Desde entonces es el escándalo de moda y cada día da nuevas sorpresas. De acusado, el exgobernador del Córdoba Alejandro Lyons pasó a acusador, señalando a Moreno y Pinilla de extorsionarlo para ayudarle en su proceso. En medio del revuelo apareció el congresista Musa Besaile denunciando que a él también lo habían extorsionado. Lo mismo dijo la hija del excongresista Julio Manzur. Luego se filtraron conversaciones grabadas por la DEA, en las que Pinilla evidenció nombres que prueban que puede haber más involucrados.
En medio del enredo, la justicia tendrá que dilucidar si fueron cómplices o víctimas. El senador Álvaro Ashton, quien al parecer le pagó a Moreno por sacarlo de líos. Zulema Jattin, que este viernes fue llamada a juicio, pero permanecía a salvo de la justicia. El magistrado de la Corte Suprema Gustavo Malo, supuestamente copiándole a Leonidas Bustos. Alfonso el Turco Hilsaca, procesado por homicidio. Y otros cuantos nombres que dejan entrever que al menos Moreno y Pinilla sí andaban en plan de sacarle plata a todo el mundo.
Claro que en asuntos económicos lo que se ha venido conociendo abre otro capítulo. El senador Musa Besaile afirmó que tuvo que hacer un préstamo para pagar los $2.000 millones que le exigió Moreno, pero ya se sabe que es un auténtico potentado con casi 70 propiedades en varios municipios. Los exmagistrados Bustos y Ricaurte no se quedan atrás, y sus bienes han crecido tanto en los últimos años como los escándalos que hoy cargan a cuestas. Ni se diga del exfiscal Moreno, su socio Pinilla o el exgobernador Lyons, que ahora posa de víctima.
En síntesis, algo huele mal en la cúpula del Poder Judicial, pero es producto de un círculo vicioso con antecedentes. Se ha vuelto a hablar de una urgente reforma a la justicia y se anuncian investigaciones a fondo. Pero en criterio de los entendidos, mientras no se corte el clientelismo entre Gobierno, Congreso, altos tribunales, Fiscalía y Comisión de Acusación, difícilmente podrá superarse el mal momento de la justicia. Ya se habla del “cartel de la toga” y también se dice que los casos de Bustos y Ricaurte son apenas la punta del iceberg.
Las primeras grabaciones de la DEA
A mediados de esta semana se conocieron las transcripciones de las grabaciones supuestamente reservadas que la Administración para el Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos hizo y entregó a la Fiscalía para que adelantara las investigaciones correspondientes dentro del escándalo conocido como “El cartel de la toga”.
En esencia, en las tres conversaciones grabadas por la DEA entre el abogado Leonardo Pinilla y el exgobernador Alejandro Lyons aparentemente se evidencia la cercanía que habrían tenido el magistrado Leonidas Bustos, quien fuera presidente de la Corte Suprema de Justicia, y el extraditable exdirector Aanticorrupción de la Fiscalía Luis Gustavo Moreno.
Las grabaciones evidencian lujosos regalos de apartamentos y carros de lujo al exfuncionario como pago por sus servicios. También se evidencian millonarios pagos espurios por sacar adelante procesos en la Corte, así como negocios del exmagistrado Francisco Ricaurte y de varios personajes.
La confesión del senador Musa Besaile
El congresista Musa Besaile rindió declaración juramentada en la Corte Suprema de Justicia a comienzos de esta semana argumentando que más que investigado fue víctima de extorsión por parte del exdirector Anticorrupción de la Fiscalía Luis Gustavo Moreno. El congresista dijo en el alto tribunal que tuvo tres reuniones con Moreno y que inicialmente la pretensión económica de este último para garantizar que no se hiciera efectiva una orden de captura y se arreglara un proceso por parapolítica en contra de Besaile era de $6.000 millones. Sin embargo, dicha suma fue modificada en una tercera reunión, en donde, según el congresista, Moreno le rebajó a $2.000 millones.
Al respecto, el senador Besaile dijo que al final pagó $2.000 millones en cuatro cuotas a Moreno y habló de la participación de Leonidas Bustos y Francisco Ricaurte. A través de su defensa el congresista indicó que están buscando otros casos de parlamentarios a quienes se les pidió dinero, por eso ahora se considera víctima.
