Congreso archivó la reforma a la Justicia
Daniel
Reina/SEMANA
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POLÍTICA
Por primera vez en la historia, luego de que un
presidente objetó una reforma constitucional, el Congreso decidió archivar la
controvertida reforma a la Justicia, en el Senado con 73 votos a favor y cero
en contra, y en la Cámara con 117 a favor y ninguno en contra.
Jueves 28 Junio 2012
Por razones de inconveniencia, el mismo parlamento
que hace tan solo una semana aprobaba el texto de la reforma a la Justicia,
hundió este jueves el proyecto de la polémica iniciativa, tras dejar constancia
de las "graves consecuencias" que tendría su entrada en vigencia.
En la sesión del Senado, que estuvo marcada por las duras palabras de los miembros del Polo, se destacó la intervención de Camilo Romero, quien fue uno de los más contundentes y lanzó varios dardos a sus compañeros legisladores. En primer lugar señaló a "los congresistas amigos del Gobierno" de ser los "responsables de este adefesio".
Seguidamente el legislador aseguró que "este Congreso no puede posar de redentor" y dijo esperar que "algún día Colombia tenga un Congreso digno". Al finalizar su intervención, Romero pidió más tiempo para su discurso, pero el presidente del recinto, Juan Manuel Corzo, se lo negó.
En la sesión del Senado, que estuvo marcada por las duras palabras de los miembros del Polo, se destacó la intervención de Camilo Romero, quien fue uno de los más contundentes y lanzó varios dardos a sus compañeros legisladores. En primer lugar señaló a "los congresistas amigos del Gobierno" de ser los "responsables de este adefesio".
Seguidamente el legislador aseguró que "este Congreso no puede posar de redentor" y dijo esperar que "algún día Colombia tenga un Congreso digno". Al finalizar su intervención, Romero pidió más tiempo para su discurso, pero el presidente del recinto, Juan Manuel Corzo, se lo negó.
Su compañero del Polo Luis Carlos Avellaneda
también mandó duras críticas e hizo autocrítica al cuestionar el argumento que
muchos congresistas utilizaron para explicar su voto a favor de la reforma.
"¿Cómo es que dicen que votaron porque el Gobierno lo dijo?", les
cuestionó. Y al finalizar los increpó al manifestarles: "¡Hay que
recuperar la autonomía! Hay que tener carácter y pantalones para decirle al
país que nos equivocamos".
Entretanto, el presidente Juan Manuel Santos, desde
Cali, señaló que esperaba que esta "tormenta" política pasara y
aseguró que, apenas ello suceda, aceptará la renuncia del ministro de Justicia,
Juan Carlos Esguerra.
"Voy a referirme a la coyuntura. Esta tormenta está pasando. Al final del día esperemos que la tormenta haya pasado. El Gobierno asumió la cuota de responsabilidad. El ministro (de Justicia, Juan Carlos Esguerra) tuvo la gallardía de presentarme su renuncia. Yo le dije que la aceptaría cuando terminara la crisis", dijo.
"Voy a referirme a la coyuntura. Esta tormenta está pasando. Al final del día esperemos que la tormenta haya pasado. El Gobierno asumió la cuota de responsabilidad. El ministro (de Justicia, Juan Carlos Esguerra) tuvo la gallardía de presentarme su renuncia. Yo le dije que la aceptaría cuando terminara la crisis", dijo.
La clave del hundimiento
El apartar la discusión de los ámbitos jurídico y
constitucional y darle solo connotación política fue la clave para que los
partidos políticos asistieran a las sesiones extras para evitar que la reforma
a la Justicia entrara en vigencia.
Por eso, la decisión del Congreso fue objetar toda
la reforma a la Justicia, pero sólo por razones de inconveniencia. Los
integrantes de la Comisión Accidental aseguran que los artículos que Santos
objetó por inconveniencia afectan toda la estructura de la reforma a la
Justicia, por eso el proyecto debía ser archivado de forma integral.
“El proyecto de reforma constitucional a la Justicia aquí aludido contiene una serie de artículos y temas transversales que, como piezas de relojería, deben estar debidamente alineados y sistematizados, con hilvanada coherencia. Esto ya no puede ser garantizado con un texto incompleto e inconexo”, aseguraron.
Y agregaron que “compartimos la visión del Gobierno en relación con el 'limbo jurídico' y el 'caos judicial' que con este proyecto de acto legislativo se produciría, con lo cual se favorecería indebidamente a los actuales investigados, algo a todas luces contraproducente”.
Las normas inconvenientes que se sustentaron este jueves en las respectivas plenarias del Senado y la Cámara, fueron las siguientes:
Régimen de transición
“El proyecto de reforma constitucional a la Justicia aquí aludido contiene una serie de artículos y temas transversales que, como piezas de relojería, deben estar debidamente alineados y sistematizados, con hilvanada coherencia. Esto ya no puede ser garantizado con un texto incompleto e inconexo”, aseguraron.
Y agregaron que “compartimos la visión del Gobierno en relación con el 'limbo jurídico' y el 'caos judicial' que con este proyecto de acto legislativo se produciría, con lo cual se favorecería indebidamente a los actuales investigados, algo a todas luces contraproducente”.
Las normas inconvenientes que se sustentaron este jueves en las respectivas plenarias del Senado y la Cámara, fueron las siguientes:
Régimen de transición
"Es evidente, por ejemplo, que el régimen de
transición garantizaría un correcto empalme entre la Sala Administrativa del
Consejo Superior de la Judicatura y los nuevos niveles y organismos de gobierno
y administración. Por el contrario, la carencia de dicha transición conduciría
a una situación crítica y a una verdadera crisis institucional".
Fuero presidencial
Fuero presidencial
"Coincidimos con el Gobierno Nacional en
relación con la inconveniencia de privar a altos funcionarios de la
prerrogativa del fuero una vez abandonen sus cargos de presidente y
vicepresidente, porque con ello se pretende garantizar tanto la dignidad del
cargo y de las instituciones que representan, como la independencia y la
autonomía de algunos órganos, todo lo cual se pondría en entredicho en caso de
que entrara en vigencia la versión contenida en el texto conciliado. Lo
anterior es particularmente grave tratándose del jefe de Estado, quien por la
importancia de su investidura no puede ser desprovisto del importante elemento
de protección que significa tanto el antejuicio político ante el Congreso como
el fuero ante la Corte Suprema de Justicia para las acciones ejecutadas con
ocasión de las funciones que ya no desempeñan, tal y como la Constitución de
1991 lo prevé".
Fuero de secretarios del Senado y la Cámara
Fuero de secretarios del Senado y la Cámara
"Dado que las funciones del secretario general
de la Cámara y del secretario general del Senado son meramente administrativas
y de control, no resulta justificado el otorgamiento del fuero. Por ello,
compartimos el criterio del Gobierno al afirmar que resulta injustificado,
inconveniente y contraproducente otorgarles fuero a estos funcionarios, lo cual
daría lugar a una protección innecesaria y generaría con ello un obstáculo a la
recta y eficaz administración de Justicia".
Director Administrativo de la rama judicial
Director Administrativo de la rama judicial
"Revisadas con detalle las funciones otorgadas
a la Sala de Gobierno Judicial, a la Junta Ejecutiva de Administración Judicial
y, especialmente, al director ejecutivo de Administración Judicial, coincidimos
con el Gobierno en relación con la inconveniencia del texto conciliado y los
enormes peligros que representan para la eficiencia y la transparencia en la
administración de los recursos de la rama. El texto conciliado, en efecto,
otorga excesivas funciones al director, con lo que hace de él un todopoderoso
de la administración de la rama y desplaza considerablemente en importancia a
los otros dos niveles superiores, priva de verdadera posibilidad de gestión a
la Junta Ejecutiva y congestiona demasiado a la Sala de Gobierno
Judicial".
Pérdida de investidura
Pérdida de investidura
"Igualmente, compartimos las razones
relacionadas con la desnaturalización del régimen de pérdida de investidura,
que torna ineficaz esta institución". Concluyen que “todos los grandes
temas de la reforma resultan afectados por las anteriores objeciones y como
cada uno de estos temas está contenido en una variedad de artículos que se
tocan mutuamente y que son transversales a toda la reforma y al resto de la
Constitución, resulta imposible remover los artículos objetados, o que resultan
inconvenientes, sin dejar con ello vacíos o contradicciones en el texto constitucional
y, a su turno, un caos o colapso judicial de enormes magnitudes.
Esto, por supuesto, contradice los loables
propósitos que se pretendían con la reforma a la Justicia que, como lo dice el
Gobierno, “no era otra cosa que crear un eficiente y eficaz sistema de
administración y gobierno de la rama, lo cual no se concretaría, ni siquiera
superando las objeciones antes enunciadas”.
El informe fue acordado por los representantes a la Cámara Simón Gaviria (P. Liberal), Heriberto Sanabria (P. Conservador), Alfonso Prada (P. Verde), Guillermo Rivera (P. Liberal), Roosvelt Rodríguez (La U), y los senadores Juan Manuel Corzo (P. Conservador), Aurelio Iragorri (La U) y Juan Manuel Galán (P. Liberal).
El informe fue acordado por los representantes a la Cámara Simón Gaviria (P. Liberal), Heriberto Sanabria (P. Conservador), Alfonso Prada (P. Verde), Guillermo Rivera (P. Liberal), Roosvelt Rodríguez (La U), y los senadores Juan Manuel Corzo (P. Conservador), Aurelio Iragorri (La U) y Juan Manuel Galán (P. Liberal).
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