Entrevista
"Necesitamos descongestionar la Rama Judicial"
El presidente del Consejo de Estado, Álvaro Námen Vargas, advierte que la solución a la congestión judicial no es otorgarles facultades a autoridades administrativas o notarios. “Lo que se debe hacer es crear más cargos de jueces y magistrados”, dice, en entrevista con LA NACIÓN.
¿Cómo ha trabajado el Consejo de Estado en medio de la pandemia?
Desde que el Gobierno Nacional decretó la emergencia económica, social y ecológica, para hacer frente a la crisis que se ha generado con la pandemia del Covid19, el 90% de la planta de personal del Consejo de Estado, a pesar de que los términos judiciales fueron suspendidos, ha trabajado en casa, de manera virtual y sin interrupciones, mediante el uso de las tecnologías de información y de las comunicaciones. Un porcentaje mínimo de servidores continúa asistiendo a las sedes de trabajo, para el desarrollo de algunas labores que implican necesariamente la presencia física de una persona, tales como la digitalización de expedientes y las notificaciones de las decisiones proferidas por la Corporación, así como también para retirar documentos para seguir con el trabajo desde las casas de cada uno. Por supuesto, la modalidad de trabajo que ha resultado de la crisis generada por la pandemia del covid-19 ha implicado una transformación abrupta en la cultura laboral a la que estábamos acostumbrados, en la que la presencialidad era la regla y la virtualidad la excepción.
¿Qué tan cómoda se ha sentido la Justicia en la virtualidad?
El Consejo de Estado ha respondido de manera positiva a la virtualidad. El resultado de nuestro trabajo realizado a través de medios virtuales es de 3.238 decisiones judiciales proferidas, de las cuales han sido prioridad las acciones de tutela y habeas corpus, al ser asuntos que involucran la protección de derechos fundamentales y los controles inmediatos de legalidad sobre los actos administrativos expedidos por las autoridades nacionales, surgidos a raíz de la declaratoria de emergencia económica y social, sin desconocer, por supuesto, los demás temas de que conoce la Corporación. Todas estas decisiones han sido proferidas a través de las salas, secciones y subsecciones, que han sesionado a través de medios virtuales y se han firmado de manera electrónica. Sin embargo, esto mismo no ocurre en la provincia, en la que los jueces y magistrados han tenido muchas dificultades con la conectividad, el desplazamiento de las casas a las sedes de trabajo para recoger expedientes o, incluso, por racionamientos del servicio de energía eléctrica, por mencionar algunos.
¿Se requiere con prontitud una Reforma a la Justicia?
Actualmente, hay un borrador de reforma, que Margarita Cabello, Ministra de Justicia, nos dio a conocer a comienzos de este año para que hiciéramos las opiniones y críticas que consideráramos necesarias. Ese borrador de proyecto de reforma constitucional abarca varios aspectos relativos al Gobierno y la administración de la Rama Judicial, la forma de vinculación, los períodos y requisitos de los magistrados, el precedente judicial y el presupuesto, de los cuales ninguno resuelve los problemas de los usuarios de la justicia, como lo son, principalmente, el acceso y la congestión judicial. El proyecto no ignora el problema de la congestión de los despachos judiciales, no obstante, a nuestro juicio, lo hace en forma inadecuada, por cuanto propone que se les otorguen atribuciones judiciales a autoridades administrativas, a notarios, a centros de arbitraje y a centros de conciliación, lo que no compartimos, pues consideramos que debe preservarse la competencia de la Rama Judicial sobre materias que le son propias. El Consejo de Estado siempre se ha opuesto a que se trasladen competencias judiciales a autoridades que no están instituidas para esos efectos, por ello siempre hemos sido claros en señalar que lo que se debe hacer es crear más cargos de jueces y magistrados que atiendan la carga razonable de trabajo que demanda la justicia del país, con plena cobertura territorial y acceso para toda la ciudadanía.
¿Qué debe contener esa reforma?
Como es sabido, venimos de un contexto de insatisfacción ciudadana en varios ámbitos de la sociedad, y en la justicia el reclamo más crítico hace referencia a la lentitud en el trámite de los procesos y en la resolución de los asuntos, lo cual obedece a una compleja problemática y a la insuficiencia de la oferta institucional. Por ello, consideramos que la verdadera reforma a la justicia debe brindarle al ciudadano la posibilidad de acudir a la jurisdicción no solo en condiciones de igualdad, sino también a la efectiva materialización de sus derechos, mediante decisiones justas, de fondo y oportunas, que resuelvan las controversias que presenta la sociedad. La demanda de justicia desde 1991 ha crecido en un 264%, mientras que el crecimiento del aparato jurisdiccional no supera el 38%. Esta desigualdad hace que el número de procesos que ingresan a los despachos judiciales tengan un índice de evacuación inferior al que se requiere y se genere así la denominada congestión judicial, lo cual impide que podamos ejercer nuestra función con la celeridad, la oportunidad y la prontitud que demanda la sociedad. Esto significa que Colombia está lejos de cumplir con el estándar internacional de número de jueces frente a la población. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, Ocde, los países deben tener 65 jueces por cada 100.000 habitantes y el nuestro apenas alcanza a 11 jueces por esa población. Por lo tanto, la gran reforma a la justicia no es cambiar el mecanismo de elección de magistrados, el periodo de la magistratura ni la edad de retiro forzoso, como se ha planteado en los últimos años. Lo que necesitamos es descongestionar la Rama Judicial, para lo cual se requiere de un plan, unas herramientas y unos recursos técnicos suficientes para que los jueces puedan lograrlo.
Se aproxima la elección del Procurador General de la Nación, ¿Cómo escogerán ustedes al candidato?
En primer lugar, hay que aclarar que al Consejo de Estado le corresponde escoger uno de los integrantes de la terna de la cual elige el Senado de la República. Los otros dos integrantes son escogidos, uno por la Corte Suprema de Justicia y otro por el Presidente de la República. Debido a la crisis que ha generado el covid-19, que nos impide reunirnos de manera presencial, este año hicimos la convocatoria para escoger el integrante de la terna que corresponde al Consejo de Estado previo a la fecha en la que usualmente se ha dado inicio a este proceso en años anteriores, pues la emergencia nos impone el reto de anticiparnos a los términos y a prepararnos para cumplir con los deberes constitucionales y legales. En lo que tiene que ver con el proceso propiamente dicho para la escogencia del integrante de la terna, el pasado 14 de junio se hizo la convocatoria. Hoy se hace la publicación de inscritos, luego vendrán las observaciones de la ciudadanía, el examen a las hojas de vida, la preselección el 28 de julio, la presentación en Sala Plena el 4 de agosto, y la elección del candidato a integrar la terna el 11 de agosto. Por lo pronto y si la emergencia sanitaria continúa de la misma forma que se encuentra actualmente, todo este proceso se realizará a través de medios virtuales.
¿Qué Procurador necesita el país?
El país necesita que el Procurador General de la Nación sea el adalid de la lucha contra la corrupción y de la protección de los derechos de aquellos que por su situación o condición requieren de una mayor atención y vigilancia, como lo son, entre otros, las víctimas del conflicto, los líderes sociales, las comunidades étnicas o los desplazados y, en general, las poblaciones que han sido históricamente excluidos, vulnerados y discriminados.
