Revela
estudio de la Contraloría, sobre el período 2013-2016: Persiste deficiente
gestión presupuestal de la Rama Judicial
COMUNICADO
No. 075
·
Continúan sin satisfacción las
necesidades de la administración de justicia. Los avances presupuestales y
físicos de los proyectos de inversión no son óptimos.
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Retrasos significativos en la
aplicación del sistema oral en los despachos judiciales.
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Sigue siendo alto el
porcentaje de congestión judicial en el país. En 2016, cerca de la mitad de los
procesos tramitados, quedaron pendientes para el siguiente año.
·
Durante el periodo evaluado se
evidenció una reducción de la participación de los recursos de inversión frente
al total apropiado para la Rama Judicial: de un 12% en 2013, se pasó a 5% en
2016.
·
El análisis de la Contraloría
revela que de $1,12 billones de presupuesto de inversión apropiado para el
periodo 2013-2016, la Rama Judicial solo pudo comprometer $988.507
millones.
Bogotá, 7
de mayo de 2018.- La
Contraloría General de la República realizó una evaluación de la gestión
presupuestal de la Rama Judicial entre 2013 y 2016 y encontró que persisten
serias deficiencias en la ejecución de los recursos de inversión, demoras en la
autorización y giro de los mismos, así como pobres avances físicos en los
proyectos en marcha.
La conclusión del
estudio, publicado en el Boletín Macrosectorial No. 12, es que estas
debilidades no permiten satisfacer de manera oportuna las necesidades de la
administración de justicia.
Con ello, resulta
crítica la capacidad del Consejo Superior de la Judicatura y de la Dirección
Ejecutiva de la Administración Judicial, como responsables de la administración
de la Rama Judicial, para resolver los problemas de prestación de los servicios
de justicia en el país.
Para cumplir con
este propósito, entre los años 2013 y 2016, el Gobierno Nacional le asignó a la
Rama Judicial recursos por $1,12 billones constantes de 2016 para el desarrollo
de diversos proyectos de inversión, relacionados en su mayoría con la
adquisición de tecnologías y la construcción de infraestructura física para los
juzgados, tribunales y salas de audiencias.
La implementación
de estos proyectos, incluidos en los Planes de Desarrollo Sectorial de la Rama
Judicial, permitiría mejorar las condiciones existentes para la prestación de
los servicios de justicia en nuestro país, actualmente afectados por una alta
congestión de procesos al interior de los despachos y por la poca celeridad en
la resolución de los mismos.
Sin embargo, se
encontró que los avances presupuestales y físicos de los proyectos no fueron
los óptimos, pues el análisis de la Contraloría reveló que de esos $1,12
billones de presupuesto de inversión apropiado para el periodo
2013-2016, la Rama Judicial solo pudo comprometer $988.507 millones,
lo que implicó pérdida de oportunidad para financiar el 12% ($132.774 millones)
de los proyectos programados.
Señala además que
en el periodo evaluado, se recibieron en promedio el 70% de los bienes,
servicios y obras contratados en estos tres años, lo que significa el
cumplimiento oportuno de sólo $690.245 millones, lo cual derivó en atención
extemporánea de una parte de las necesidades de la administración de justicia.
De la misma forma,
la Contraloría concluyó que la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial sólo pudo pagar dentro de la misma vigencia fiscal el 38,8% de
sus obligaciones ($383.602 millones), lo que implicó reservas presupuestales y
cuentas por pagar por encima de $604.906 millones, acarreando con ello
esfuerzos fiscales superiores de liquidez a cargo del Tesoro Nacional.
Causas de las
demoras
La mayoría de
situaciones expuestas se ocasionan por demoras en la autorización y giro de los
recursos, lo cual repercute en los plazos para adelantar los procesos de
contratación; y por retrasos en la entrega de los bienes, servicios y obras contratadas,
hechos que impiden efectuar los pagos antes de terminar cada año.
Todo esto afecta
la disponibilidad oportuna de algunos elementos claves para resolver los
problemas que aquejan a los operadores judiciales.
Proyectos con
menores avances
Entre los
proyectos que tuvieron menores avances presupuestales y físicos sobresalen los
relacionados con capacitación de los servidores públicos y construcción de la
infraestructura física del sector.
Tal como se
evidenció en anteriores auditorías de la Contraloría, a pesar del incremento
sostenido en los gastos de personal en el periodo, no se evidencia interés en
fortalecer la capacidad administrativa de la Rama Judicial, que permita mejorar
la capacidad de ejecución de recursos y recaudo de rentas en favor de la
administración de justicia, y que a su vez posibilite el incremento y
optimización de los recursos de inversión.
Pese a la limitada
capacidad de ejecución de recursos, que ha restringido el incremento del
presupuesto de inversión, el Contralor General de la República,
Edgardo Maya Villazón, ha manifestado que las apropiaciones dirigidas a
mejorar el servicio público de justicia son proporcionalmente bajas respecto a
las destinadas a otros sectores.
A título de
ejemplo, para el año 2017 los recursos destinados para tal fin fueron
equivalentes al monto que canceló el Ministerio de Defensa Nacional, en el
misma anualidad, en sentencias en contra y conciliaciones a su cargo.
La Rama Judicial
contará para el año 2018 con $4.09 billones, de los cuales
$3,8 billones se destinarán para funcionamiento y sólo el 7%
($282 mil millones) para inversión.
Reducción de los
recursos de inversión
Durante el periodo
evaluado se evidenció una reducción de la participación de los recursos de
inversión frente al total apropiado para la Rama Judicial, que pasó de tener un
12% en 2013, a cerrar el periodo con una participación del 5%.
De acuerdo con el
informe de la CGR, tal disminución ha sido consecuencia de tres factores:
·
Ajustes fiscales
del Gobierno Nacional, donde se limitaron de manera generalizada los recursos
de inversión.
·
Disminución en los
recursos programados por la Rama Judicial dentro de sus planes sectoriales de
desarrollo
·
Bajos niveles de
ejecución de los proyectos, los cuales en algunos años se tradujeron en
pérdidas de apropiación y altos rezagos presupuestales.
En lo que respecta
a la gestión de los recursos apropiados para inversión durante el periodo,
fueron comprometidos $988.507 millones (88,2% de lo apropiado), y de esta suma
se recibieron de manera oportuna bienes, servicios y obras por $690.245
millones (61.6% de lo apropiado) y se pagaron oportunamente solo $383.602
millones (34.2% de lo apropiado), causándose importantes rezagos presupuestales
que totalizaron $604.906 millones (61.6% de lo comprometido).
Dentro de los
proyectos evaluados, los relacionados con adquisición de equipos de cómputo y
telecomunicaciones, tuvieron inversiones por $506.343 millones y se logró un
promedio de avance físico del 70% anual.
Sin embargo, en
los temas de infraestructura física y capacitación del recurso humano, se
destinaron $402.259 y $51.297 millones respectivamente, con avances físicos
inferiores al 50% anual, lo cual se traduce en retrasos en la culminación de
estos proyectos.
El caso más
preocupante es el proyecto de capacitación de los servidores públicos de la
Rama Judicial, pues sus bajos niveles de ejecución anual generan inquietudes
sobre la gestión del Consejo Superior de la Judicatura, teniendo en cuenta las
grandes necesidades en materia de actualización normativa y adaptación a los
nuevos modelos de gestión judicial, como son la oralidad y virtualidad en los
procesos judiciales, que influyen directamente en la eficacia de su labor
misional.
Retrasos
significativos en la aplicación de la oralidad
Por otra parte, el
estudio confirmó las deficiencias en la planeación y ejecución presupuestal de
los proyectos de inversión que fueron señaladas previamente en las Auditorías
realizadas a las vigencias 2014 y 2015, evidenciando que el Consejo Superior de
la Judicatura no ha efectuado los correctivos suficientes para resolver estas
problemáticas.
Este panorama
finalmente se refleja en la situación de los despachos judiciales, cuyos
retrasos significativos en la aplicación de la oralidad, no han permitido
alcanzar los objetivos trazados desde la formulación de esta política en la
década pasada, especialmente, en generar mayor celeridad en las decisiones
judiciales y por consiguiente, disminuir los niveles de congestión y tiempos
procesales.
Índice de
congestión anual del 51%
De esta manera, al
final de 2016 se encontraban 1.708.083 procesos pendientes de resolver al
interior de los juzgados y tribunales (5% menos que el año anterior).
Sin embargo, el índice de congestión registró 51%,
ello significa que del total de procesos que se tramitaron durante ese año,
cerca de la mitad quedaron pendientes para el siguiente; un porcentaje que
continúa siendo bastante alto para el país.
