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miércoles, 31 de julio de 2019

"La única salida para reformar la justicia es una constituyente restringida": Santiago Valencia Política 31 Jul 2019 - 5:40 AM Alfredo Molano Jimeno y Germán Gómez Polo /@AlfredoMolanoJi - @TresEnMil elespectador.com/

"La única salida para reformar la justicia es una constituyente restringida": Santiago Valencia

El nuevo presidente de la Comisión Primera asegura que irremediablemente se llegará a la necesidad de una constituyente para “hacer una reforma seria a la justicia”. Dará prioridad a la agenda anticorrupción del Gobierno Nacional y a proyectos del Centro Democrático, como como la doble instancia retroactiva o la sala especial para militares dentro de JEP.

Santiago Valencia, presidente de la Comisión Primera del Senado.
Santiago Valencia, presidente de la Comisión Primera del Senado. Cortesía
Aunque implicó una división entre los miembros de su partido, la candidatura de Santiago Valencia a la presidencia de la Comisión Primera del Senado de la República, por el Centro Democrático, se impuso. Fueron 15 votos los que le otorgaron la dignidad que tendrá durante la segunda legislatura y con la que espera impulsar la agenda del Gobierno y la del uribismo en una de las comisiones más importante de todo el Legislativo.
En entrevista con El Espectador, Valencia asegura que durante su gestión intentará que las discusiones avancen con celeridad, a pesar de que la comisión cuente con varios de los liderazgos más fuertes en el Congreso de la República. Anunció que dará prioridad a la agenda anticorrupción del Gobierno Nacional y a asuntos propios de su partido, como la doble instancia retroactiva o la sala especial para militares dentro de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
El nuevo presidente de la Comisión Primera también opinó sobre varios temas que permiten formar una opinión sobre su personalidad y su posición política, como el uso del glifosato, la adopción por parte de parejas del mismo sexo, la elección del fiscal general y la necesidad de una constituyente para reformar la justicia.
¿Cómo fue el proceso para salir electo, que estuvo atravesado por discusiones internas en su partido? Hubo un intento como de golpe de Estado para no cumplir los acuerdos, ¿cómo lo ha vivió usted como candidato?
Desde que empezó la legislatura, cuando se hicieron los acuerdos y que supimos que al Centro Democrático le correspondía en el segundo año la presidencia de la Comisión, pues, yo manifesté mi interés, como lo hizo mi compañera Paloma. Acercándose la fecha, más o menos al final del de la legislatura pasada, empezamos a discutir el tema y ambos reiteramos la voluntad de ser presidente de la Comisión y ya cuando empezó esta legislatura, antes del veinte de julio, en la reunión de bancada, como ha sido tradicional en el partido, nos reunimos los miembros de la Comisión Primera, votamos y obtuve la nominación oficial por parte del partido. Cuando llegamos, había un inconformismo de algunos compañeros que manifestaban la posibilidad de votar en blanco o incluso buscar otro candidato. Incluso yo acepté que se aplazara la decisión, aun cuando aparentemente ya teníamos la mayoría, para darle tranquilidad. Creo que en esta, que es una Comisión tan importante y que tiene tantas dificultades, se debe tratar de dársele tranquilidad a todos los miembros de todas las bancadas, con el ánimo de tratar de tener una armonía el próximo año. 
¿Y qué pasó este martes durante la votación?
Llegamos y más o menos había un acuerdo. Yo entiendo, por supuesto, la posición de los partidos de oposición en el voto en blanco. Entiendo que no es un tema personal, es el rol que juegan dentro de la estructura que se hace en el Congreso y mi respeto, por supuesto, también para para ellos y las mismas garantías para todos los compañeros. 
Paloma Valencia expresó en su cuenta de Twitter que había sido una decisión poco democrática en el interior del partido, porque al final lo que definió la nominación había sido el voto único de María Fernanda Cabal. 
Yo no voy a controvertir con Paloma. Le tengo mucho respeto, admiración y cariño, porque ha sido mi compañera en todos estos años. Yo lo que les puedo decir es que tradicionalmente en el partido siempre han sido los miembros de la Comisión, en este caso, por supuesto, del Centro Democrático en esa comisión los que eligen quién va a ser el candidato y así se hizo en el periodo pasado en Cámara. Así se ha hecho ahora en Senado en los dos periodos para los cuales ha sido elegido el Centro Democrático en el Congreso. Y bueno, las elecciones se ganan o se pierden por un voto, esas son las reglas de la democracia y la participación, y así fue como finalmente sucedió. El senador José Obdulio no estaba por su incapacidad médica, se le dio la posibilidad de que votara y al final habrá decidido no hacerlo porque estaría dedicado a su recuperación. Votamos tres de los cuatro miembros de la Comisión y hubo un resultado que finalmente el partido acogió. 
El Centro Democrático llega con varias propuestas gruesas: doble instancia, sala especial para militares dentro de la JEP. ¿Cuáles serán las prioridades de como presidente de la Comisión Primera?
Vienen varios proyectos del Gobierno Nacional a los que hay que pararles bola, sobre todo aquellos que tienen que ver con los con los proyectos anticorrupción. Creo que el Congreso quedó en deuda con la ciudadanía y vale la pena, ojalá este año, darles un impulso importante a esos proyectos. Tenemos que volver a empezar prácticamente de cero el proyecto anticorrupción que presentó la Fiscalía. Hay otros que vienen del Centro Democrático, como la doble instancia, que es un tema de derechos humanos que no debería tener ningún tipo de discusión política, es un derecho inherente a cualquier ser humano y debería discutirse. Tendremos que ser muy inteligentes en ver cuáles son los proyectos de la agenda anticorrupción, cuáles son los proyectos del Gobierno y también cuáles son de la agenda parlamentaria para que para que seamos muy eficientes y muy eficaces en el uso del tiempo. 
¿Cuál el estilo que va a caracterizar su presidencia?
Mi personalidad, ustedes me han visto. Yo soy una persona tranquila, muy firme en mis en mis posiciones, pero respetuoso con las personas. Trató de ser argumentativo, profundo en mis en mis posturas y lo que me interesa es que sea una Comisión en la que, a pesar de las diferencias, de los grandes liderazgos, porque allí porque ahí están los grandes liderazgos del Congreso, pueda desarrollarse de manera tranquila para que podamos avanzar con la gente. 
Si bien se respetaron los acuerdos, la Comisión Primera no es mayoritariamente de Gobierno. Hay independientes y oposición. ¿Cree que su presidencia puede garantizar de alguna manera el trámite de los proyectos del Gobierno?
En general, el Congreso ha dado la nueva dinámica que hay de relacionamiento entre el Ejecutivo y el Legislativo. Ya no es como antes, a través de o cargo en burocráticos, componendas o mermelada que llamamos nosotros. Eso ha permitido que hoy tengamos un Congreso mucho más independiente y que las coaliciones se hagan alrededor de ideas y propuestas de los partidos. Es una realidad que cada proyecto de ley va a tener una mayoría distinta, si se logra configurar la mayoría, en algunos casos los independientes, los liberales o Cambio Radical o la misma U están apoyando unos proyectos y otros no. Pasó, por ejemplo, con la reforma a la justicia, que estaba con Cambio Radical, pero tenía reservas en otros partidos. Yo creo que en esa nueva dinámica, pues cada proyecto tendrá una nueva mayoría y lo importante de garantizar en la primera en la Comisión Primera es que todos tengan oportunidad de hablar y, por supuesto, que las votaciones se hagan de manera transparente para que al final sean las mayorías que están constituidas en ese momento alrededor de ese proyecto de ley las que definan el futuro de los mismos. 
Usted escuchó lo que decía Petro antes de anunciar el voto en blanco. Dijo que el Centro Democrático atacaba a la JEP y la implementación de la paz. ¿Qué garantías puede tener la implementación del Acuerdo con usted como Presidente de la Comisión Primera? 
Yo ese tipo de aseveraciones las respeto, pero creo que el país está cansado de esa polarización de amigos y enemigos de la paz. Creo que nosotros hemos sido lo suficientemente claros y, además, lo hemos demostrado en este año. Queremos hacer correctivos, creemos que hay cosas que hay que corregir en la JEP, que el tiempo nos ha dado la razón y que nosotros como bancada y, además, como bancada del Gobierno, tenemos todo el derecho y toda la legitimidad para tratar de impulsar esas correcciones. Ya llevamos un año y lo único que hemos intentado desde el día uno es tratar de corregir lo que nosotros creemos que está mal y garantizar lo que creemos que está bien. 
¿Qué posición tiene sobre volver al glifosato? 
Yo he defendido el tema del glifosato. Lo hice desde el 2015, cuando estaba en la Comisión Primera de Cámara e hice el primer debate sobre el aumento de los cultivos ilícitos. Creo que perdimos ocho años de aspersión, que nos han dejado atrás en tecnología y que hay nuevas tecnologías que permiten controlarlo. Efectivamente, la Corte Constitucional ha dado unos parámetros para garantía de protección del medio ambiente y de las comunidades que el Gobierno tiene que revisar y por supuesto, acatar con el respeto que merece la Corte, pero con el problema enorme que tenemos hoy de 209.000 hectáreas, debemos tomar medidas muy radicales, como la aspersión con glifosato. 
¿Se necesita una constituyente para reformar la justicia y el sistema político?
También lo he defendido y yo sé que esto genera controversia. No sé si sea el momento, pero en algún momento vamos a llegar a eso. Le voy a poner un tema que nada tiene que ver, pero la Comisión de Acusaciones, por ejemplo, no solamente hacen juicios por indignos política al presidente de la República o a quien haga sus veces, sino que tiene una cantidad aforados. Su naturaleza y su característica no es jurisdiccional, por lo tanto, hay una cantidad de representantes que pueden tener una muy buena voluntad, pero que no tienen la capacidad técnica ni la naturaleza para llevar juicios que no sean por indignidad política. Y eso, de alguna forma, le ha cargado un lastre al Congreso. Cuando hablan de la Comisión de Absoluciones no es por no es por falta voluntad, es porque su naturaleza no es la de llevar a cabo este tipo de procesos. En los últimos años, cuando se ha tratado de hacer una reforma a la justicia, siempre hay intereses de lado y lado que no permiten que el Congreso haga una verdadera y sería reformar la justicia. Hemos hablado incluso de una constituyente restringida, esa es una opinión personal que mi partido no comparte. La única salida para hacer una reforma seria a la justicia es con una asamblea nacional constituyente restringida. 
¿Qué opinión tiene sobre la adopción por parte de parejas del mismo sexo?
Esta también es una posición muy personal. Yo sigo creyendo que para la educación de los niños los mejores están en dentro de las familias tradicionales. Aunque entiendo que hay hoy otro tipo de conformación de familiares respetables, aceptables. En mi opinión, muy íntima y muy personal, creo que deberían ser papá y mamá los encargados de educar. 
¿Cree que la elección del fiscal debe provenir de una terna elegida después de un concurso de méritos o debe quedar a discreción del presidente?
Debería ser a discreción del presidente como está planteado. Es que dentro de la teoría constitucional, la política criminal está en cabeza del Ejecutivo y en los países donde existe la figura del fiscal general, incluso lo elige el presidente de la República, sin necesidad de presentar una terna. Yo creo que en Colombia ha funcionado relativamente bien el tema de la terna, porque da alguna tranquilidad, da un paso intermedio en la elección del fiscal, pero creo que sería un error quitarle al rector de la política criminal, que es el fiscal, su fuente, que es quien debe dirigir la política criminal, es decir, el Ejecutivo. El presidente Santos se inventó el concurso de méritos e inscribió a una cantidad de gente y al final terminaron ternados los tres que él quería que fueran ternados. Entonces, ¿para qué inventarse vueltas si al final hay una consideración del tipo de política criminal que se va a mantener? 
¿Reelección presidencial de nuevo o ya es un tema superado?
A mí me gustaba la figura porque yo creo que permite políticas públicas de mediano y largo plazo, pero entiendo que ya hay una decisión de la Corte Constitucional y, como como abogado, creería que ya no es posible revivir la figura. Creo que había que hacer mayor control de gasto y publicidad por el desbalance en las elecciones y las garantías para todos los candidatos, pero ya hay una decisión del Congreso, ya hay una decisión de la Corte Constitucional y no creo que sea factible, al menos por ahora, pensar en una figura similar.

Presupuesto para 2020, una apuesta ambiciosa. Jorge Sáenz V. jsaenz@elespectador.com elespectador.com/

SIN POLÍTICA CLARA CONTRA EL DESEMPLEO

Presupuesto para 2020, una apuesta ambiciosa

El gobierno destacó el protagonismo del gasto social. A los analistas independientes, sin embargo, les preocupan, más que el Presupuesto, los supuestos con los que se confeccionó el proyecto.

El ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, defenderá en el Congreso el Presupuesto. / Cristian Garavito
Luego de la presentación del proyecto del Presupuesto General por $271,7 billones para 2020 se viene una alternancia entre la tensión y la conciliación por los recursos incluidos en la iniciativa que la administración Duque llevó al Congreso.
A los analistas independientes les preocupan, más que las cifras del Presupuesto, los supuestos con los que se confeccionó el proyecto. Sobre todo ahora que el Banco de la República acaba de reducir las expectativas de crecimiento de la economía. “La estimación del crecimiento económico para 2020 se revisó a la baja teniendo en cuenta los efectos negativos de una mayor incertidumbre global sobre las decisiones de inversión”, señala el banco central.
El romance que traían el Banco de la República y el ministro de Hacienda se acabó. Cada uno hablaba de un crecimiento robusto de la economía, pero ahora se han apartado de esa apreciación. “Los supuestos del presupuesto por ahora son ambiciosos. Ya el Banco de la República empezó a reducir las expectativas de crecimiento”, señala el jefe de investigaciones económicas de la firma Acciones & Valores,Wilson Tovar.
Sobre los supuestos, el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, reiteró que la economía pasa de crecer 3,6 % en este año a 4 % en 2020, la inflación será de 3 %, el precio de petróleo de US$65 para el Brent y las tasas de interés internas y externas estables.
No es el presupuesto austero que uno quisiera ver, sobre todo cuando se desconoce el plan de privatizaciones, señalan varios analistas. Sin embargo, reconocen que los gastos del presupuesto tienen mucha rigidez y hay que honrar compromisos con la paz y la obligación de cumplir con la regla fiscal. “Cumplimos las reglas fiscales, los mandatos y los deseos. La defensa de la sostenibilidad fiscal del país es fundamental”,destaca Carrasquilla.
Esos gastos inflexibles son: en el tema pensional, obligaciones que tiene el Estado por $43,7 billones, el Sistema General de Participaciones(SGP), con una cifra asignada de $43,8 billones, y los intereses del pago de la deuda, que para 2020 van a representar $30,9 billones.
El rubro de pensiones se incrementa en cerca de $5 billones para 2020, debido al aumento de 4,5 % del salario mínimo que se refleja en la mayoría de las pensiones entre uno y dos salarios. El otro factor es el crecimiento del número de pensionados.
Llama la atención que el ministerio de Hacienda no ha mostrado una política clara para atacar el principal problema que presenta la economía: el desempleo. Sin embargo, el viceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño, explicó que haber bajado la tasa efectiva de tributación corporativa en la Ley de Financiamiento fue una buena decisión para dar impulso a la economía con el fin de generar más empleo. Hoy se conocerá el dato de desempleo de junio.
Londoño explicó que el Gobierno ha hecho un enfoque importante del Presupuesto hacia el gasto social, que beneficia a los sectores de educación, salud, inclusión social y trabajo. Estos sectores están dentro de los que más crecen en el Presupuesto, explicó.
Paz y defensa
Para varios analistas sería deseable ver una reducción en el presupuesto de Defensa, aunque entienden que no se ha consolidado el proceso de paz. Después de educación, con $43,1 billones y un crecimiento de 4 %, se ubica el rubro de defensa y policía, con $35,7 billones, creciendo 6,8%. Siguen salud, con $31,8 billones, y trabajo, también con $31,8 billones,
Sobre el gasto militar, el ministro Carrasquilla señaló que se hace un esfuerzo por tener un presupuesto militar que sea consciente de la realidad, ya que “nuestra fuerza pública tiene retrasos de muchos años en términos de sus dotaciones y hacemos un esfuerzo de un billón de pesos para tratar de mejorar las áreas estratégicas fundamentales en materia de comunicaciones”.
En este presupuesto no existe un rubro para la compra de aviones, sin embargo, el ministro dijo que “son temas que se están discutiendo y que tienen sus propios tiempos. Vamos a reafirmar el hecho de que tomada esa decisión vamos a ver cómo hacemos para incorporar ese material bélico a nuestra Fuerza Pública”.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que es un componente del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, va a tener un presupuesto aumentado en $70.000 millones que cumple con las necesidades de la implementación del Acuerdo de Paz, que en su conjunto va a disponer de recursos por $9,7 billones, según el Departamento Nacional de Planeación (DNP). La directora de esa entidad, Gloria Alonso, explicó que “en el rubro particular de todo el Sistema Integrado de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, los ingresos para ese sector aumentan en 15,1 %”.
Desde ya han comenzado las peticiones por mayores recursos para los programas de los diferentes sectores. La primera que salió a pedir más dinero fue la Contraloría General. “Hoy tenemos el 0,22 % de los recursos del Presupuesto y estaríamos pidiendo en el proyecto de acto legislativo que reforma el control fiscal el 0,28 % más, que es lo que tenemos estructurado dentro de las necesidades logísticas, tecnológicas y de capital humano que tiene la entidad, para poder hacer una vigilancia y control del 85, 90 %, del Presupuesto General de la Nación, en línea y en tiempo real”.

miércoles, 24 de julio de 2019

Queremos reformas a la justicia pero respetando la Constitución: Corte Presidenta de la Corte Constitucional dijo que la reforma es necesaria.

El Tiempo

Queremos reformas a la justicia pero respetando la Constitución: Corte

Presidenta de la Corte Constitucional dijo que la reforma es necesaria.
Por: Justicia eltiempo.com/justicia/cortes/foro-
 
14 de junio 2019 , 04:47 p.m.
¿Cómo articular la Jurisdicción Especial para la Paz con la justicia ordinaria? ¿Cómo lograr fortalecer estos organismos?  ¿Cómo fortalecer la legitimidad de la justicia y evitar cualquier sesgo político o corrupción? ¿Cómo superar la polarización para poder llegar a una reforma a la justicia? 

Esos son algunos de los temas con los que inició este viernes el foro 'Una Justicia Sólida para Colombia' que realizan EL TIEMPO Casa Editorial y la Universidad del Rosario. 
En la apertura del evento el director de EL TIEMPO, Roberto Pombo, aseguró que desde siempre se ha hablado de una transformación fundamental al sistema de justicia, debate que sigue vivo. Así, dijo Pombo, la reforma pasa por la democratización de la justicia, de darle herramientas al ciudadano en el día a día, así como por el debate sobre la modificación de los órganos de la justicia. 

La primera en dirigirse al público fue la ministra de Justicia Margarita Cabello, quien esta semana llegó a esa cartera tras dejar su cargo como magistrada de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia. 

Cabello inició diciendo que su función en el Ministerio de Justicia será buscar una "nueva reforma a la justicia para coordinar las relaciones interinstitucionales de todo el sector justicia y mirar la posibilidad de modificar las leyes para ajustarlas al contexto social que el país vive". 

Sobre la preocupación de algunos sectores por los constantes intentos de reformar la justicia, Cabello explicó que "si el contexto social dice que la justicia que tiene no es la adecuado, tenemos que mirar qué es lo que hay que reformar", por lo que señaló que la reforma será una de las preocupaciones de su cartera.

La ministra aseguró que todo lo que tiene que ver con reformar a la justicia siempre genera controversia, situación que considera "natural dentro de un Estado democrático". 

Aunque no habló puntualmente de cuál será el papel de las Cortes en la nueva reforma, dijo que cuando fue presidenta de la Corte Suprema de Justicia los magistrados le pedían al Congreso que los hiciera parte de la reforma a la justicia. Así, dijo, en su presidencia se encargó de manifestarle al legislativo que era importante escuchar a la Rama Judicial porque "es el doliente primario en la justicia". 

Por eso, aseguró que ahora en el Ejecutivo, como ministra, se encargará de establecer las políticas para un mejor sistema judicial, y no sólo para el manejo de la Rama Judicial. Esto implica, asegura, ver cómo desde la misión ejecutiva y pública puede lograr lo que había reclamado desde la Rama Judicial, es decir, que las Cortes también sean escuchadas. 

Así, dijo, no sólo se debe ver la reforma como un conjunto de leyes frías, sino como un sistema de justicia para tener claridad sobre qué es lo que quiere el país y lo que "quiere la ciudadanía como una real reforma a la justicia". 

Cabello dijo que la reforma a la justicia no sólo puede ser normativa, pues debe evaluar el comportamiento social para crear una transformación. La ministra dijo que, conforme una sociedad se va transformando, debe ir dando pautas sobre las reformas que se necesitan.
"La justicia puede ser la preocupación de un ciudadano a diario sobre lo que le ocurre en su vida cotidiana, que puede no llegar a una Corte". 

Por eso dijo que más que pensar en reformas normativas específicas, hay que pensar en el cambio del sistema judicial, basándose en la sociedad que es la que da las pautas. 

Finalmente, la ministra aseguró que el Ministerio de Justicia tiene que cumplir esa misión de desarrollar una reforma al sector judicial y si ella no alcanzara a hacerlo, "el próximo ministro tendrá que seguir con la función para atender al ciudadano que quiere que le resuelvan su problema rápido, de una manera eficiente, oportuna y eficaz". 

También dijo que el órgano judicial debe ser la última ratio de la ciudadanía. "Si todo el sistema funciona bien, si usted va a una entidad centralizada a pedir algo, y se lo dan, usted no va a la Rama Judicial. Así, dijo, si las entidades administrativas fueran más eficientes hoy no habría tanta congestión en el sistema judicial, dijo Cabello. 

Al salir del foro la ministra de Justicia aseguró que se están adelantando consensos en el proyecto de reforma a la Justicia para presentarlo el próximo 20 de julio. "Está bastante escrito y vamos en ese camino", dijo. 

"Vamos a ver si es una reforma de un solo acto legislativo, si es una reforma de ley estatutaria, o si empezamos con varias reformas por presentar. En eso estamos", señaló. Dijo que hay que ir "con calma" para que realmente la reforma sea para la atención del ciudadano.
‘En la Corte Constitucional sí queremos la reforma a la justicia’
Foro de EL TIEMPO reforma a la justicia
Foro de EL TIEMPO sobre los elementos de debate en una reforma a la justicia.
Foto: 
César Melgarejo / EL TIEMPO
La presidenta de la Corte Constitucional Gloria Ortiz aseguró que en la Corte Constitucional los magistrados sí quieren que haya reformas a la justicia y cambios. “Se dice que somos renuentes, y que por eso se terminan cayendo las reformas. Necesitamos reformas a las justicia, pero deben hacerse dentro de los esquemas que nos corresponde preservar, que es el esquema de la Constitución del 91”, afirmó la magistrada. En la Constitución, dijo Ortiz, "hay reglas de juego sin las cuales no se puede hacer la reforma a la justicia". 

Como en el futuro puede tener que hacer el control de constitucionalidad de una eventual reforma, dijo Ortiz, su intervención se centró en las bases constitucionales de cualquier reforma a la justicia, y en preguntas para abrir el debate. 

Sobre esas bases constitucionales Ortiz destacó que lo primero que se debe mantener en una reforma a la justicia es la autonomía y la independencia judicial, algo que está directamente relacionado con la separación de poderes armónicamente. La separación de poderes, dijo la magistrada, "parte de la base de que la Rama Judicial está en el mismo nivel de los otros poderes, y no puede haber un poder en Colombia que esté por encima del otro". 

Otro punto clave, aseguró la magistrada, es que una reforma no puede ser válida "si no se le da mayor legitimidad a la Rama Judicial". 

En ese sentido, la magistrada aseguró que la justicia es un valor y un aparato, y el valor está asociado con el ciudadano y cómo recibe la justicia. Así, dijo la magistrada, a veces el valor y el aparato se confunden. 

Por eso señaló que un error es que muchas reformas no tengan claro cuál es el problema que se busca solucionar, y se confundan el aparato con lo que afecta a la ciudadanía. "Si lo que se quiere solucionar es el valor de la justicia, darle más justicia a la gente, no podemos considerar que le damos más justicia a la gente si le quitamos los procedimientos para acceder a la justicia, si hay menos acciones para acceder. Eso no contribuye a la necesidad de generar justicia", dijo. Aunque la magistrada no se refirió a ninguna acción en particular, un ejemplo podría ser las pasadas reformas que intentaron limitar el derecho a la tutela. 
Muchas veces la Corte Constitucional termina en un debate eminentemente político
La magistrada dijo que los problemas de la justicia están claramente identificados. Por ejemplo, señaló, según las encuestas el 82 por ciento de la gente cree en la acción de tutela pero en los jueces solo cree el 30 por ciento, "eso significa que para la ciudadanía la tutela se resuelve sola". Por eso, para la magistrada uno de los problemas de la justicia es que hay una "deslegitimación de la acción judicial, aunque hoy la agente acude más a la justicia que años atrás". 

La magistrada criticó que en el país se terminen judicializando todas las controversias y que a la justicia se la termine poniendo en el debate político. "Cuando en el Congreso no pudieron llegar a una mayoría, los congresistas acuden a la Corte Constitucional a demandar las normas en las que en el Congreso no les dieron la razón. Muchas veces la Corte Constitucional termina en un debate eminentemente político". 

La magistrada criticó que parte de las decisiones del alto tribunal terminen manejadas políticamente. "No es que nosotros los jueces nos hayamos convertido en políticos. Yo no creo que el problema está en que nosotros seamos ahora políticos, y no juristas, el problema es la perspectiva con la que nos ven, porque toda decisión que nosotros tomamos termina oponiendo una posición política a la que ha acudido a la Corte". 

Sobre las funciones electorales de las Cortes, Ortiz preguntó si -dentro del esquema de la separación y equilibrio de poderes- si sus facultades electorales se les quitan a quién se le van a dar para que elijan, por ejemplo, las cabezas de los órganos de control. "¿Será que ahora la confianza sólo puede estar en el pueblo?", aseguró. 

Frente al reclamo a los jueces por no poder tomar decisiones más rápido, la magistrada aseguró que al comparar el número de jueces que tiene el país con el número de habitantes y de controversias judicial, es claro que "tenemos un número de jueces que no puede responder con la misma rapidez que nosotros quisiéramos porque desafortunadamente el número de casos desborda la capacidad de los jueces". 
Por eso Ortiz dijo que se debe evaluar si la respuesta es aumentar los jueces, o desjudicializar ciertas conductas y dejarlas en manos de otros organismos que tengan herramientas para solucionar más pronto esas disputas.

Finalmente dijo que el presupuesto de la Rama Judicial "es exiguo, comparado con las necesidades que tiene el sector judicial", por lo que aseguró que los jueces tienen derecho a una mayor dignidad y a no tener que seguir trabajando con las uñas. "Los jueces no pueden seguir siendo la cenicienta de la Rama Judicial, que necesita más herramientas para trabajar", señaló. 

Así, dijo, la protección a la Rama Judicial no sólo es darles más policías y carros a los jueces, sino garantizar que puedan trabajar sin presiones, y que no tengan que acuidr a otros para poder ejercer su función. "Estamos acudiendo cada vez más al apoyo internacional, porque con lo que tenemos, no podemos", dijo. 
'Los reclamos a la JEP son bienvenidos': Patricia Linares
Patricia Linares
Patricia Linares presidenta de la JEP.
Foto: 
César Melgarejo / EL TIEMPO
La presidenta de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Patricia Linares, no centró su análisis en una reforma a la justicia pero sí habló de la legitimidad de los jueces, particularmente de los magistrados y funcionarios que hacen parte de la jurisdicción que ella preside. 

Aseguró que la legitimidad de los jueces "se construye a partir de las decisiones en derecho, acatando la constitución y la ley que se deben adoptar". En ese sentido, Linares dijo que "el país adoptó un modelo de justicia transicional, con todos los debates, y vicisitudes que ello supone", dando por sentado que las decisiones de los magistrados de este tipo de justicia pueden generar controversia. 

Por eso, para la presidenta de la JEP, "parte de la esencia de un modelo transicional es emerger del debate de la sociedad que lo aspira y lo adopta”. La presidenta Linares dijo que los reclamos a la JEP son bienvenidos y que no le "aterra que haya dudas en ciertos sectores, expectativas y controversias, así como cuestionamientos al modelo mismo"

Así, agregó, la controversia es válida en una democracia y los poderes públicos  “pueden y deben, si así lo consideran, plantear todo tipo de reformas”. Así, dijo, hay algunos sectores que propone desde acabar a la JEP, o incorporar reformas puntuales a la justicia transicional. 

"Algunos dicen en el escenario político, con resignación, que les tocó aguantar esto (el modelo de justicia de la JEP), pero que van a introducir reformas. Bienvenidas", señaló la presidenta Linares. 
Parte de la esencia de un modelo transicional es emerger del debate de la sociedad que lo aspira y lo adopta
Aunque la presidenta asegura que no se opone a las reformas, afirma que no son los jueces los que deben buscarlas, porque los funcionarios de la JEP tienen la obligación de implementar, desarrollar y aplicar el modelo de justicia transicional que se pactó en el acuerdo de paz, por un periodo de 10 años con 5 más prorrogables. 

Sobre el propósito de ese modelo transicional, Linares asegura que se trata de una justicia distinta a la ordinaria. "No es justicia retributiva, no es justicia en la que la premisa esencial es la equidad buscando que el daño causado a una persona en el ámbito delictivo, sea reparado de manera proporcional y con la misma fuerza del daño que recibió. Esta es otra justicia. A algunos les gusta, a otros no", dijo Linares, señalando que algunos llaman a la justicia de la JEP como impunidad. 

Linares dice que recibe todos esos cuestionamientos con tranquilidad, pero reclama respeto por los jueces y magistrados de la JEP como personas. Así, dijo, en menos de año y medio la JEP "ha tenido avances muy significativos" señalando que los funcionarios de esa jurisdicción han hecho su mejor esfuerzo "en un contexto de ataque sistemático, e irracional, donde se afecta la serenidad de los servidores de la JEP y de sus familias”. 

La presidenta dijo que la JEP está tomando las decisiones que le corresponde "sin admitir ningún tipo de presión, ni política ni mediática". 
¿Por qué no se ha podido reformar la justicia?
El exministro  de Justicia, Juan Carlos Esguerra, dijo que no se ha podido hacer una reforma de la justicia porque “ha faltado grandeza”.

Dijo que en el país es muy difícil terminar un proceso judicial en la medida que existe primera instancia, segunda instancia, revisión, impugnación, tutela, revisión de la tutela y tutela contra la tutela.

También dijo que las decisiones judiciales no se pueden estar discutiendo en ruedas de prensa de jueces, pues “las sentencias deben defenderse por sí solas”.
Sobre la politización de las reformas que tocan el tema de la justicia, Esguerra dijo que "en el fondo toda reforma a la justicia involucra una reforma política".
En el fondo toda reforma a la justicia involucra una reforma política
El también exministro Carlos Medellín aseguró, por su parte,  que la clave es acercar la justicia al ciudadano, pero eso "se puede hacer sin necesidad de una reforma a la justicia". 

Medellín pidió igualmente que el Ejecutivo tenga mayor diálogo con las altas cortes. 

"No hay en este momento ninguna entidad, ninguna instancia que está asumiendo la vocería del gobierno ante la Corte Constitucional, cada entidad lo está haciendo por su lado (...) La Corte Constitucional no tiene un interlocutor válido y único dentro de la rama Ejecutiva", dijo el exministro.
Los temas de la reforma
Al intervenir en el panel ¿Qué reformas a la justicia hará este Congreso', la senadora Paloma Valencia (Centro Democrático) dijo que se necesita una reforma, pero que debe circunscribirse a cuatro temas.

Dijo que se debe resolver lo que tiene que ver con el juzgamiento de los delitos cometidos por los altos cargos del país. Y en ese punto agregó a los magistrados de las altas cortes "no les sirve nada sino que ellos mismos se juzguen".

Puntualizó en que es necesario hacer obligatorio el precedente y la jurisprudencia, porque cada juez falla de acuerdo a lo que quiere; que se requiere el fortalecimiento de la primera y segunda instancia y también lo que tiene que ver con la administración de la Rama.

Por su parte el senador liberal Luis Fernando Velasco, manifestó que buena parte del problema radica en que somos una sociedad tan conflictiva queremos que todo lo resuelva un juez
Para él, la reforma se debe centrar en los temas que los ciudadanos están demandado
El representante del Centro Democrático Gabriel Santos consideró que prontamente “no se va a dar la reforma a la justicia”. Para el congresista uribista, los sectores políticos deben sentarse a dialogar pero no puede haber “inamovibles”. 

La senadora Angélica Lozano aseguró, por su parte, que es clave “hablar con las cortes, con el cuidado de que no sean ellas las autoras”.
JUSTICIA y POLÍTICA EL TIEMPO.