2014/11/10 00:00
Difícil posición del
magistrado Munar
El fiscal general y las altas cortes le exigen
soluciones urgentes al paro judicial.
Le exigen
soluciones al magistrado Pedro Munar sobre el paro judicial.
Sin embargo, su postura lo tiene a un paso de abandonar la corporación puesto
que esta conducta está claramente proscrita por la misma Constitución.
Pero no es por lo único que debe preocuparse. Un mes lleva ya en paro la gran
mayoría de juzgados del país, que reclaman más recursos para la administración
de justicia. Ello incluye las peticiones para que se dé fin a la interinidad y
se nombren en propiedad a los cerca de 8.000 funcionarios que laboran en los
despachos de descongestión.
Esta semana, ante el despacho de Munar se radicaron dos cartas de altos
funcionarios de la Justicia que exigen soluciones y dan cuenta de la grave
situación de la que nadie –ni el CSJ ni el gobierno nacional- parece
condolerse.
Por un lado, el fiscal general, Eduardo Montealegre, advirtió que casos
emblemáticos como el del Interbolsa y el del ‘carrusel’ de la contratación de Bogotá
están frenados por la ausencia de los jueces.
Para la cabeza del ente acusador, “existe una profunda preocupación al ver que
los casos priorizados por el ente investigador por su alta complejidad o
impacto social han tenido importantes retrasos en el momento de la presentación
ante los jueces de la República”.
En la misiva se precisa que es necesaria la asignación de jueces que tomen las
riendas de estos casos de connotación nacional, para “evitar dilaciones que
afecten la adecuada administración de justicia y la reparación de las víctimas
en casos de importancia nacional”, indica el documento.
Las críticas también se dejaron venir desde el Consejo de Estado, que, a través
de su presidenta, María Claudia Rojas, manifestó su preocupación por la incertidumbre
en la que se encuentra el futuro de los cargos de los despachos de
descongestión, en especial de los 2.000 que sirven a los procesos
administrativos.
Advierten los magistrados que de no prolongarse los nombramientos, “esta
jurisdicción se verá forzada a suspender los términos más de 48.000 procesos,
lo cual traería nefastas consecuencias para administrar justicia, en grave
detrimento de los derechos de los ciudadanos”.
Semana.com habló con el magistrado Munar, quien indicó que las puertas de la corporación
siempre han estado abiertas para dialogar con los funcionarios que se mantienen
en paro. “Es muy complejo analizar un pliego de siete peticiones, de las cuales
seis son salariales y en la actualidad no se cuenta con recursos para ello”,
indicó.
Igualmente, en el tema de descongestión, afirmó que estos cargos se nombrarán
en propiedad a partir del 2015. No obstante, afirmó que “su desempeño sí será
evaluado para determinar su continuidad”.
Lo cierto es que no sólo son víctimas de esta situación los grandes casos de la
Fiscalía o los procesos que cursan en las cortes. Los ciudadanos de a pie han
visto también vulnerados sus derechos, y los esfuerzos de las autoridades
tampoco pueden rendir fruto si no pueden judicializara quienes capturan. Lo peor
es que no se ve la luz al final del túnel.
