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miércoles, 24 de julio de 2019

Reforma de la justicia no solo sería por vía constitucional EL TIEMPO y El Rosario convocaron a los líderes de esta rama que podrían intervenir en cambios.

El Tiempo

Reforma de la justicia no solo sería por vía constitucional

EL TIEMPO y El Rosario convocaron a los líderes de esta rama que podrían intervenir en cambios.
Foro sobre reforma de la justicia
Roberto Pombo, director de EL TIEMPO, con las cabezas de la rama judicial.
Por: Política El Tiempo eltiempo.com/politica/gobierno/
 
14 de junio 2019 , 09:09 p.m.
Una reforma de la justicia no solo pasa por una enmienda a la Constitución, sino que puede hacerse a través de leyes, decretos o simples decisiones ejecutivas.

Esta fue una de las principales conclusiones del foro ‘Una justicia sólida en Colombia’, organizado este viernes por EL TIEMPO Casa Editorial, la Universidad del Rosario y la Fundación Hanns Seidel en Bogotá.
La ministra de Justicia, Margarita Cabello, en su primera intervención pública tras su posesión en el cargo, el martes, manifestó que, “a veces”, las reformas de la justicia pueden ser “de carácter amplio”, afectando la Constitución, pero que también “podrían ser afectando las leyes estatutarias” u “ordinarias, e, incluso, por qué no, con decretos presidenciales”.

“No podemos pensar que vamos a hacer una gran reforma de la justicia para meter todo en un cambio constitucional”, afirmó la funcionaria.

Su tesis fue compartida por la presidenta de la Corte Constitucional, Gloria Stella Ortiz. “Hay muchas posibilidades de hacer más sólida la justicia sin que necesariamente sea un asunto de reforma constitucional o de reforma legal. Hay muchas decisiones de política pública que impactan la justicia y generan seguramente mucha más cercanía con el ciudadano”, afirmó Ortiz.

En la instalación del evento, el director de EL TIEMPO, Roberto Pombo, se preguntó si la justicia “requiere reformarse permanentemente y lo estamos haciendo, o si estamos aplazando” las reformas necesarias, mientras que el rector de la Universidad del Rosario, Alejandro Cheyne, entre otros interrogantes planteó cómo “articular” la justicia ordinaria con la de la paz.

Precisamente sobre esto, el exviceministro de Justicia, Rafael Nieto, dijo –en otro panel– que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) tiene fallas de legitimidad de origen luego de la derrota del plebiscito por la paz, en octubre de 2016.

Rodrigo Uprimny, investigador y exdirector de Dejusticia, ripostó esto y señaló que, finalmente, el acuerdo fue revisado por la Corte Constitucional y fue refrendado por el Congreso, que es el órgano que representa a la ciudadanía. 

Sobre la articulación entre estas 2 jurisdicciones, el exministro de Justicia Yesid Reyes afirmó que en varias partes de los procesos, el vínculo está “bastante bien regulado” y que la JEP “depende de la jurisdicción ordinaria para su trabajo”.
Los también exministros de Justicia Juan Carlos Esguerra y Carlos Medellín expusieron a manera de análisis sus puntos de vista sobre por qué no ha sido posible realizar una reforma integral de la justicia.

Para Esguerra, a varios sectores del país les ha faltado “grandeza”, y Medellín afirmó que una de las razones es que estas reformas, “por el camino, se van volviendo políticas” y, por esa razón, imposibles.
Reforma, en el Congreso
Diferentes sectores del Congreso, donde se han tramitado sin éxito al menos tres reformas de la justicia en los últimos años, hablaron de los puntos que deberían estar en ella.

Paloma Valencia, uribista, pidió corregir muchos "desaciertos" que dejó el acuerdo de La Habana, que llamó “impunidad” y urgió un acuerdo para ello.

Luis Fernando Velasco, liberal, sugirió que primero, la reforma de la justicia debe ocuparse de los asuntos del ciudadano de a pie.

Para Gabriel Santos, representante del Centro Democrático, este Congreso no va a hacer una gran reforma de la justicia.

Y la senadora Angélica Lozano, de Alianza Verde, aseguró que el gran problema de la justicia no es la JEP, sino que el ciudadano no se pueda pensionar, que no se sienta seguro o que no lo atiendan en un hospital.

POLÍTICA EL TIEMPO.
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Gobierno revela las bases de la reforma de la justicia Reforma a la justicia se hará con una enmienda constitucional, dice Margarita Cabello, Minjusticia. eltiempo.com/justicia/investigación/

El Tiempo.

Gobierno revela las bases de la reforma de la justicia

Reforma a la justicia se hará con una enmienda constitucional, dice Margarita Cabello, Minjusticia.
Con la reforma se va a elevar a 25 años la experiencia judicial para ser magistrado.
Margarita Cabello, ministra de Justicia
Por: Yamid Amat
 
29 de junio 2019 , 11:39 p.m. eltiempo.com/justicia/investigación
El Ministerio de Justicia alista cambios estructurales que van desde el aumento, a 50 años, de la edad mínima de los magistrados hasta la elevación a 25 años de experiencia en la justicia; desde la extensión de 8 a 12 años del periodo de los magistrados de altas cortes hasta modificaciones al pénsum de estudio del derecho en la facultades universitarias; desde la eliminación efectiva del Consejo Superior de la Judicatura hasta el robustecimiento del acceso rápido a la justicia a través de consultorios jurídicos en las universidades.
 Las reformas las presentará la nueva ministra del ramo, Margarita Cabello Blanco, expresidenta de la Corte Suprema de Justicia. Esa condición la conduce a buscar, como lo hace, un consenso para las reformas. La ministra anuncia que no presentará una gran reforma de la justicia, sino varias, a través de proyectos de reforma constitucionales, proyectos de reformas estatutarias y proyectos de leyes ordinarias. La ministra Cabello Blanco le anticipa a EL TIEMPO las medidas que prepara.

“Estamos trabajando con las instituciones que tienen que ver con la justicia en reformas específicas. Serán varias. Se presentarán a través de proyectos de ley ordinarios, proyectos de ley estatutaria, proyectos de reforma constitucional”.

¿Qué es lo que se reformará?

En primer lugar, estamos estructurando con las altas cortes un proyecto de acto legislativo, que contendría dos puntos esenciales. Lo primero es aumentar la edad mínima de entrar a las cortes a 50 años. Actualmente es solo de 35 años.

¿Las cortes están de acuerdo con esa reforma?

Sí. A las cortes les gusta; en cuanto al requisito de años de experiencia, todos pensamos que mínimo 25 años es fundamental para una alta magistratura. 

¿Pero entonces también se elevarían los años de experiencia?

Sí, señor. 25 años de experiencia en la rama Judicial, en la academia o en el ejercicio de la profesión. Hoy es tan solo de 15 años. Además se propone que exista un equilibrio en la conformación de las cortes, privilegiando en un 50 % aquellas personas con experiencia en la rama Judicial, tal como siempre lo ha manifestado el Presidente de la república, quien valora inmensamente el rol del juez en la sociedad y la necesidad de incentivar cada vez más la carrera judicial, y que los mejores abogados quieran pertenecer a ella. El 50 % restante debe conformarse por personas que provengan del ejercicio de la profesión y de la academia, experiencias que también resultan valiosas para la administración de justicia. Ya hay una especie de consenso con las cortes.

¿Esas serán las únicas reformas para la magistratura?

No. También estamos pensando en extender de 8 años a 12 años el periodo de los magistrados. Solo para los nuevos magistrados. Esto con el objeto de lograr mayor estabilidad en la jurisprudencia. Es que hay una preocupación por la seguridad jurídica; cuando cambian los magistrados tan rápidamente, con ello se da posibilidad de cambios de jurisprudencia, con la inestabilidad que pueda eso generar. 12 años dan más de tranquilidad y seguridad jurídica.
¿Y se mantiene el sistema de elección de los magistrados? 

En el estudio que estamos realizando hay dos propuestas. Una, mantener igual el sistema: el Consejo Superior de la Judicatura entrega la lista de 10 candidatos al Consejo de Estado y a la Corte Suprema para su posterior elección dentro de las corporaciones. Y otra propuesta proveniente de las cortes que consiste en que se reemplace la lista conformada por el Consejo Superior por una convocatoria pública que las propias cortes realicen según las reglas de transparencia y equidad de género previstas en el artículo 126 de la Constitución. 

Pero el Consejo Superior de la Judicatura fue eliminado por una reforma y reemplazado por una comisión administrativa. Sin embargo, sigue funcionando…

Sí. Las funciones disciplinarias para jueces y abogados están hoy previstas para la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, que, sin embargo, está en un limbo: no ha entrado a funcionar por un vacío legal en la forma de elección de sus miembros. 

¿Usted la va a reglamentar?

La solución pasa por presentar un proyecto de ley que regule el procedimiento de convocatoria pública para la elección de los miembros de la comisión.

¿Y qué va a pasar con las funciones electorales de las altas cortes? 
Hoy, las tres altas cortes intervienen en la elección del procurador general de la nación, del auditor general de la república y del registrador nacional del servicio civil. Además, la Corte Suprema de Justicia elige al fiscal general de la nación de una terna enviada por el presidente de la república. Las cortes quieren renunciar a algunas de esas funciones. ¿Qué es lo que les preocupa? Les preocupa a quién se le entregarán esas funciones para no sacrificar la armonía que para esas elecciones trajo la Constitución del 91 en el sentido de equilibrar las ramas del poder público y materializar el sistema de pesos y contrapesos que toda democracia supone. Pero por muchas razones se han generado problemas en esos nombramientos. Yo pienso que el sistema no ha sido malo, ha sido bueno, pero hoy le ha hecho daño al prestigio de las cortes.

¿Usted es partidaria de que se mantenga el actual sistema? 

La ciudadanía, que es a la que nosotros nos debemos, reclama cambios. ¿Por qué lo reclama? Yo tengo que decir que son valederas sus reclamaciones, tengo que respetar la voz de la ciudadanía, de los medios de comunicación. Las cortes han sido muy criticadas en muchos momentos por esas elecciones. 

¿No cree que esas facultades electorales politizan las cortes? 

Ese es el punto: indudablemente podríamos decir que el peligro es la politización, que es peligrosa para las cortes, como es peligrosa una judicialización de la política. 

¿Qué quiere decir eso?

Cuando las decisiones judiciales llevan envueltas concepciones políticas, se desnaturaliza la razón de ser del juez y se pierde la concepción de justicia. Y, cuando con la política se quiere incidir en la función del juez y sus pronunciamientos, se le resta la independencia y se afecta la democracia. 

Uno de los líderes del país como es el expresidente Uribe habla de manera permanente de reformas de las cortes. 

Sí, y está en todo el derecho de hablar desde su visión política. 

¿Pero eso no es lo que usted critica?

Lo que yo critico es que la política afecte el funcionamiento de la rama Judicial. 

¿Cuando usted era miembro de la Corte Suprema sentía ese efecto?

Claro, a veces, en muchas decisiones trascendentales o en algunos aspectos de ellas, se escuchaban versiones de cómo debía ser una decisión o se presumía que un magistrado iba a decidir por amistad o por intereses particulares. Hay que respetar la dignidad del juez, de la rama Judicial. 

Dentro de las reformas, ¿cómo piensa acelerar la aplicación de justicia? 

Ese es el objetivo más importante, y que no se agota con una reforma constitucional de la justicia. Lo que se quiere es que el acceso sea rápido, que haya más conflictos por solucionar amistosamente o sin necesidad de juez y que sea más cercana la manera como el ciudadano esté encontrando solución a su conflicto sin necesidad de ir a los juzgados o de pagar un abogado. El proyecto de acto legislativo tiene con ese objeto dos puntos importantes: medidas de seguridad jurídica en las decisiones judiciales y medidas de descongestión judicial. En cuanto a leyes ordinarias, estamos trabajando, entre otras, en una reforma del Código de Procedimiento Administrativo, en conjunto con el Consejo de Estado, para agilizar los procesos de litigios contra el Estado. Un proyecto de ley que ajusta el Estatuto de Arbitraje y la presentación de un Estatuto de Conciliación; un proyecto que actualiza y potencializa el rol de los consultorios jurídicos de las universidades como esenciales para el acceso a la justicia y la asesoría legal gratuita. 

¿Únicamente ese proyecto de reforma estatutaria?

No. Otra es el tema de carrera judicial, que implica concursos, ascensos, calificaciones, verificación de los jueces. Es un tema grueso y esencial para la mejora de la administración e impartición de justicia. Hay un tercer tema, que es el relacionado con las prestaciones y beneficios sociales de los funcionarios y trabajadores de la rama Judicial. Y, finalmente, otro tema, la sala disciplinaria, los cambios, cómo lo vamos a manejar. Serán cuatro proyectos de ley estatutaria. 

¿Y por qué 4 proyectos de reforma estatutaria?

Si lo planteamos tan grueso, en un solo proyecto, cualquier error nos tumba todo. Ahora bien, en materia estatutaria también trabajamos en conjunto con las cortes en la posible inclusión de la especialidad agraria no solo en cumplimiento del acuerdo de paz sino también por la importancia de la resolución de los conflictos alrededor de la tierra. Es una deuda histórica en nuestro país para los campesinos.
Indudablemente podríamos decir que el peligro es la politización, que es peligrosa para las cortes, como es peligrosa una judicialización de la política
¿Y qué llama usted gobierno judicial?

Uno: la formulación de planes estratégicos para la adecuada administración de justicia y su ejecución; por ejemplo, toda la estrategia de digitalización de la rama Judicial o la definición de cargas de procesos a despachos judiciales, medidas de transparencia y rendición de cuentas. Dos: carrera judicial, todo lo que tiene que ver con concursos, ingresos, ascensos, el fortalecimiento de la Escuela Judicial. Tres: beneficios sociales para la rama, movilidad de jueces. Cuarto: la disciplina de los jueces y abogados.

¿Y en proyectos de ley ordinarios?

Además de reformas procesales para agilizar los trámites, estamos trabajando en materia reglamentaria en una resolución que establezca los requisitos de alta calidad para los programas de derecho de las universidades. 

¿En qué sentido? 

Hay que formar mejores abogados. Hay que mejorar la calidad y el número de los abogados; somos de los países que tienen más abogados por habitante. Además, debe promoverse de nuevo la importancia de la función social de la abogacía. Las universidades son conscientes de eso, y estamos trabajando de la mano con ellas. 

¿Cuál es su posición sobre justicia especial para la paz, JEP?

Está cumpliendo bien su papel. El proceso de paz, como lo ha dicho el Gobierno, hay que apoyarlo, hay que seguirlo. Ahora bien: no hay una norma, y lo digo por experiencia, que sea perfecta; todas las leyes tienen espacios oscuros y espacios grises. Con la presidenta de la JEP, Patricia Linares, manejamos muy buenas relaciones, y estoy segura de que conversaremos sobre qué normas deben ser modificadas para perfeccionarlas y seguir adelante. 

¿Usted no es partidaria por ninguna razón de acabar la JEP?

El Gobierno no es partidario de acabar la JEP, y estoy hablando como ministra. He hablado de ajustes porque lo que se propone es paz con justicia. 

¿Y usted cree que la JEP es indispensable para el posconflicto?

El proceso transicional de la JEP es necesario y lo están haciendo bien; por eso aclaro, los ajustes que haya que hacerse se conversan con ellos a través de la colaboración armónica, y haré todo lo que sea necesario para que, por el bien del país, esa colaboración funcione y lo inconveniente pueda mejorarse. 

La Corte Constitucional reafirmó en una sentencia el derecho a desarrollo de la libre personalidad, lo que originó una gran polémica nacional, ¿cuál es su posición?

La protección de la familia, los niños y adolescentes es prioridad del Gobierno. La sentencia aún no ha salido, solo conocemos el comunicado emitido por la Corte Constitucional. Lo que se declaró inconstitucional, creemos, de acuerdo con el comunicado, fue la prohibición amplia y general del consumo de sustancias psicoactivas y de alcohol en espacios públicos bajo el criterio de que existen otros medios para alcanzar ese fin, contenidos en las dos normas acusadas: artículos 33 y 140-7 del Código de Policía.

No obstante ello, vemos que hay muchas otras normas en el propio Código de Policía y aun en la Constitución que sirven para prohibir la distribución y consumo de drogas como serían los artículos 44 de la Carta, 38, 39, 59, 92, 93, 159 y 162 del Código de Policía, entre otros, que podrían servir de soporte a las autoridades para ejercer dicho control y aplicar la reglamentación existente.

YAMID AMAT
Especial para EL TIEMPO
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Gobierno liquida Concesionaria de Ruta del Sol y asume deuda por $1,2 billones Economía 22 Jul 2019 - 8:27 AM Redacción Economía El Espectador.

El Espectador

Gobierno liquida Concesionaria de Ruta del Sol y asume deuda por $1,2 billones

Economía

En el proyecto participaba la firma brasileña Odebrecht envuelta en un escándalo mundial por repartir coimas para hacerse a grandes contratos. La Ministra de Transporte indicó que en este proceso de liquidación del contrato se recibieron obras por $1,9 billones.

La firma brasileña Odebrecht se ha visto envuelta en mayúsculos escándalos por repartir coimas a varios gobiernos del mundo.Bloomberg News.
El gobierno colombiano tomó la decisión de declarar la disolución de la sociedad Concesionaria Ruta del Sol S.A.S. a cargo de los Solarte, Corficolombiana y Odebrecht, y en consecuencia convoca al proceso de liquidación judicial a la compañía en instancia de la Superintendencia de Sociedades.
Dice el informe de la entidad de control que la decisión fue tomada con el propósito de proteger a terceros de buena fe, brindar seguridad jurídica y aprovechar el patrimonio de la sociedad para el cumplimiento de sus obligaciones y evitar el detrimento de los acreedores. (Contexto: Gobierno retomó control de proyecto Ruta del Sol II).
El anuncio fue hecho por la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, que estuvo acompañada del viceministro Manuel Felipe Gutiérrez, la Agencia Nacional de Infraestructura, la Supertitendencia de Transporte y la Policía de Tránsito.
La Ministra de Transporte indicó que en este proceso de liquidación del contrato se recibieron obras por $1,9 billones, mientras que por lo menos $1,2 billones que se le adeudan a los bancos serán cancelados por la Nación a cargo del Presupuesto General. Estos últimos recursos se le adeuda a siete entidades financieras del país: Itaú, Bancolombia, Davivienda, Banco de Occidente, Banco de Bogotá, Banco Popular y Banco AV Villas. El viceministro anunció que la Nación emitirá un billón de pesos en TES (papeles oficiales) para pagar esa deuda.
La Superintendencia de Transporte explicó que la decisión de declarar la disolución del contrato se fundamentó en la imposibilidad de la sociedad para continuar desarrollando su empresa social, la cual está ligada a la suscripción y ejecución del contrato de concesión número 001 de 2015. Además por la existencia de presupuestos financieros, jurídicos y administrativos que reportan una situación crítica de la compañía.
Cuando se firmó el contrato en 2010 a la Concesionaria Ruta del Sol S.A.S, conformada por la Constructora Norberto Odebrecht de Brasil, Corficolombiana y el Grupo Solarte, la obra contemplaba la rehabilitación y expansión de la vía principal de conexión entre el interior del país y la Costa Caribe e incluye actividades sobre 993 kilómetros de carretera existente y un nuevo tramo a ser construido de aproximadamente 78 kilómetros.
La vía existente inicia aproximadamente a 70 kilómetros al noroeste de Bogotá y concluye a 21 kilómetros al sur del puerto de Santa Marta enlazando con una carretera concesionada.
El proyecto tocaba a 39 municipios en ocho departamentos, los cuales representaban el 23,35 del Producto Interno Bruto (PIB) nacional y recibirá tráfico de grandes zonas urbanas y productivas del país como Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena y Bucaramanga a través de vías de interconexión.
La ministra de Transporte explicó que se está negociando con los bancos que, de llegarse a un acuerdo, el Estado se estaría ahorrando una cifra cercana a los $230.000 millones ya que los bancos han expresado su intención de renunciar a los intereses que se han causado hasta la fecha.
La decisión de terminar la relación contractual con las firmas contratistas que incumplieron sus obligaciones con el Estado colombiano "tiene como propósitos principales brindar seguridad jurídica en el mercado para promover la estabilidad y crecimiento económico, obtener el máximo valor posible de los bienes del deudor a favor de los terceros de buena fe, lograr el tratamiento de manera equitativa a los acreedores".
Aclara el gobierno que de presentarse el acuerdo ante el Tribunal deberá contar con previo concepto favorable de la Procuraduría General de la Nación y de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, para que finalmente sea aprobado por los árbitros del mencionado tribunal, quienes deberán evaluar, entre otras condiciones, si la conciliación garantiza la protección al patrimonio público.
La multinacional brasileña, envuelta en un escándalo mundial por haber entregado millonarios sobornos en varios países -incluido Colombia- a cambio de contratos de infraestructura, tenía una participación de 65 % en la Concesionaria Ruta del Sol, una sociedad integrada, además, por Episol (una filial de Corficolombiana) y CSS Constructores, del grupo Solarte.

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lunes, 24 de junio de 2019

LEGIS. Àmbito Jurídica ANÁLISIS Sobre las complejidades del sistema y el rol del Ministerio de Justicia y del Derecho (II). Por: Gloria María Borrero Restrepo

LEGIS. Àmbito Jurídica 

ANÁLISIS
Sobre las complejidades del sistema y el rol del Ministerio de Justicia y del Derecho (II)

Sobre las complejidades del sistema y el rol del Ministerio de Justicia y del Derecho (II) (Humberto Pinto)
Gloria María Borrero Restrepo*
Ministra de Justicia y del Derecho

La reforma a la justicia es uno de los temas sobre los que ha girado la evaluación de mi gestión y de la mayoría de ministros de justicia. Lo cierto es que esta se ha convertido en un anhelo nacional que ha sido resaltado por múltiples pensadores desde hace, por lo menos, medio siglo. Sin embargo, considero que existen confusiones sobre su entendimiento.

Las disfuncionalidades de los servicios de justicia no responden solo a problemas de asignación eficiente y pertinente de la oferta, también están ligados a la naturaleza sustantiva y procesal, al ejercicio abusivo del derecho, a la débil coordinación interinstitucional, a la frágil regulación de la carrera judicial y al déficit en el gobierno de la administración de justicia, entre otros. Por ello, la reforma no consiste en tramitar un proyecto de ley o de acto legislativo. Se trata de una propuesta coherente de reformas legales y administrativas que solucionen problemas que ya han sido diagnosticados.

En mi opinión, esta reforma integral debe incluir cambios esenciales, entre otras cosas, a la educación jurídica y aspectos administrativos del sistema de justicia. Aunque puede ser un punto de partida, para hacer esto no es necesario reformar la Constitución. Dado que en mi administración he abogado por lograr acuerdos con los sectores interesados sobre qué acciones se deben tomar, he buscado generar un nuevo espacio de consenso. Siguiendo una idea del Consejo de Estado, he depositado mi confianza en la Misión Justicia, escenario en el que, con expertos y líderes de las diferentes ramas del Poder Público, podremos definir una hoja de ruta.

Ejes fundamentales

A este escenario llevaré las propuestas del ministerio, que girarán sobre cinco ejes: (i) la independencia de la Rama Judicial, (ii) el fortalecimiento de la capacidad administrativa del sistema de justicia, (iii) la transparencia y rendición de cuentas, (iv) la prevalencia del mérito en las condiciones laborales de los servidores de la Rama Judicial y (v) el esquema de investigación y juzgamiento de altos funcionarios del Estado.

Además, estoy convencida de que la única forma de asegurar un mejor futuro para la justicia es revisar los importantes vacíos legales y regulatorios que existen en materia de educación jurídica. Hay dos proyectos que en el ministerio no fueron culminados en administraciones pasadas. El primero, que se encuentra estancado, actualiza la normativa en materia de consultorios jurídicos que data de 1971. Colombia requiere que estos escenarios se adecúen a las necesidades de la sociedad. El segundo, es necesario para destrabar la regulación de los mínimos de calidad de la educación jurídica. Desde comienzos de este siglo, la educación jurídica quedó desregulada y, por tanto, diferentes programas funcionan con estándares muy generales de calidad. Además, durante 11 años, se ha ignorado el artículo 2º de la Ley 1188 del 2008, que ordena al Gobierno Nacional regular las características específicas de los programas de educación superior.

No podemos seguir permitiendo que este tipo de vacíos legales afecten el sistema de justicia. Por eso, puse al servicio del Ministerio de Educación un equipo de expertos del Ministerio de Justicia, para que apoyen todos los esfuerzos por regular los mínimos de calidad y construir consensos con los sectores interesados. 

Espero, entonces, que construyamos consensos en los temas mencionados y que las discusiones no se reduzcan a la eliminación o no del Consejo Superior de la Judicatura.

Política criminal y penitenciaria

Lamentablemente, en Colombia, la marginalidad no se ha limitado exclusivamente a aspectos geográficos. El sistema penitenciario y la política criminal se han convertido en periferias que no han sido debidamente atendidas por el Estado. Por eso, al llegar al Ministerio de Justicia, me encontré un sistema penitenciario colapsado no solo por la desidia institucional o la falta de infraestructura, sino también por el manejo desarticulado de la política criminal. Hoy, reconozco tres elementos esenciales que han avivado su colapso y que, en gran parte, explican el estado de cosas inconstitucional reconocido por la Corte Constitucional:

(i) Volatilidad de la política criminal. Como lo dice la Corte Constitucional (Sent. T-762/15), Colombia ha sufrido las consecuencias de la ausencia de una política criminal consistente, coherente, fundada en elementos empíricos y enmarcada constitucionalmente.
Se ha construido una política criminal reactiva y basada en sistemas de información precarios. Además, se ha presentado una tendencia hacia el endurecimiento punitivo sin mayores reflexiones ni sustentos. En esa medida, la política criminal ha quedado subordinada a la política de seguridad y ha sido inestable, inconsistente y volátil. Esto ha tenido un impacto negativo en la institucionalidad que ha avivado la crisis del sistema penitenciario y carcelario.

(ii) Hacinamiento y deficiencia en la infraestructura penitenciaria y carcelaria. Además de que existe un gran deterioro de una desgastada infraestructura, el sistema no está preparado para albergar la cantidad de personas que están privadas de la libertad. Hay una tasa de hacinamiento cercana al 50 %. Para enfrentarla, se requieren, mínimo, cinco billones de pesos para la construcción de 40.000 nuevos cupos. Sin embargo, la problemática es mayor, pues la infraestructura actual no responde a los estándares internacionales vigentes en la materia, por lo que la superación de la crisis demandará la reconstrucción de, al menos, 40.800 de los cupos actuales en establecimientos penitenciarios de primera generación.

Así, los cálculos más conservadores tasan la necesidad de recursos en 12 billones de pesos y dos décadas de inversión por parte del Estado. A esto se suma el hecho de que, para cumplir con los estándares definidos por la Corte, se requieren establecimientos penitenciarios de cuarta generación que exigen un tiempo promedio de cinco años para su puesta en operación.

El problema se complejiza si se tiene en cuenta que la normativa actual sitúa la responsabilidad de la construcción, operación y mantenimiento de cárceles para sindicados en las entidades territoriales. Estas aportan al sistema nacional alrededor de 40.000 personas detenidas preventivamente y cuentan con reducidas fuentes de financiación para construcción de cárceles.

(iii) Demoras y excesiva onerosidad de la construcción y mantenimiento de cupos carcelarios.Construir cupos carcelarios y sostenerlos implica unos costos excesivos para el Estado. Un ejemplo es que el costo promedio de construcción de un nuevo cupo carcelario es cercano a los 120 millones de pesos. Además, cuando ese cupo es usado por una persona privada de la libertad, el costo promedio del sostenimiento es de 25 millones de pesos anuales. Es decir, para asegurar la infraestructura necesaria para albergar a una persona condenada a 20 años de prisión, debemos invertir, al menos, 620 millones de pesos. Si se tiene en cuenta que en Colombia hay cerca de 120.000 personas privadas de la libertad en modalidad intramural, la inversión es superior a los dos billones de pesos anuales. Sin embargo, el nivel nacional cuenta solamente con 300.000 millones al año para la ampliación de la capacidad instalada de cupos y las obras de mantenimiento del sistema, actividades que se desarrollan en un contexto institucional caracterizado por una rigidez generalizada asociada a la ejecución presupuestal propia del Estado colombiano.

Teniendo en cuenta estos problemas, hemos formulado un Plan de Humanización del Sistema Carcelario y Penitenciario, cuyo propósito es la superación del estado de cosas inconstitucional. El plan tiene una perspectiva integral que comprende que la solución estructural del problema no se centra solamente en la creación de nuevos cupos, sino también en el diseño de una política criminal coherente. 

En este contexto, nos hemos propuesto racionalizar la política criminal, para lo cual el Consejo Superior de Política Criminal se ha fijado un plan de trabajo que contará con el apoyo de una comisión asesora interdisciplinaria. El plan contempla generar 8.660 nuevos cupos penitenciarios y entregar obras de 6.720 nuevos cupos en, al menos, un 60 % de avance y diseños para otros 12.020 cupos, acompañados de la gestión de los recursos para su construcción en la siguiente administración. Con esto crearemos más de 27.000 cupos de cuarta generación.

Estamos trabajando en la formulación del Plan Maestro de Infraestructura Carcelaria, así como en la georreferenciación de los espacios para la reubicación de la infraestructura carcelaria. Esperamos cubrir parte del déficit de cupos para sindicados y generar incentivos para que las entidades territoriales puedan aportar a la solución.

Conclusiones

Finalmente, la justicia en Colombia requiere de una valentía imaginativa que nos permita transformar nuestra realidad y asegurar un mejor futuro para la sociedad y para aquella población tradicionalmente marginada. El Ministerio de Justicia debe tener un papel protagónico en este proceso transformador para lograr que el sistema de justicia recupere la confianza ciudadana y la efectividad. Todo esto para asegurar que los conflictos en Colombia no trasciendan a las vías de hecho como ha sucedido históricamente.

En el texto Instituciones, cambio institucional y desarrollo económico de Douglas North, se ve la complejidad que el cambio institucional implica: no es suficiente con tomar decisiones políticas o con cambiar las normas formales, puesto que los códigos culturales y las costumbres cambian a una velocidad menor.

Lo cierto es que los hacedores de política pública en Colombia nos enfrentamos a una institucionalidad compleja y, muchas veces, desarticulada que hace que los resultados de nuestro esfuerzo no adquieran la visibilidad esperada. Esta situación se agrava, pues, en ocasiones, la estructura burocrática no responde a las necesidades del país.

Por eso, estamos trabajando en el diseño de esquemas de coordinación y seguimiento para el sistema de justicia. Así mismo, seguiremos trabajando en la formulación de respuestas de largo aliento en coordinación con las demás instituciones del Estado. Los funcionarios debemos hacer un gran esfuerzo para superar problemas como la baja ejecución presupuestal, las deficiencias contractuales, la corrupción y la negligencia administrativa. No será una tarea sencilla, pero tendremos que continuar en la carrera hacia la transformación estructural de las instituciones de justicia en Colombia.

* Este artículo fue elaborado cuando Gloria María Borrero se desempeñaba como Ministra de Justicia y del Derecho. El pasado 16 de mayo renunció a su cargo.





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