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miércoles, 31 de julio de 2019

Presupuesto para 2020, una apuesta ambiciosa. Jorge Sáenz V. jsaenz@elespectador.com elespectador.com/

SIN POLÍTICA CLARA CONTRA EL DESEMPLEO

Presupuesto para 2020, una apuesta ambiciosa

El gobierno destacó el protagonismo del gasto social. A los analistas independientes, sin embargo, les preocupan, más que el Presupuesto, los supuestos con los que se confeccionó el proyecto.

El ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, defenderá en el Congreso el Presupuesto. / Cristian Garavito
Luego de la presentación del proyecto del Presupuesto General por $271,7 billones para 2020 se viene una alternancia entre la tensión y la conciliación por los recursos incluidos en la iniciativa que la administración Duque llevó al Congreso.
A los analistas independientes les preocupan, más que las cifras del Presupuesto, los supuestos con los que se confeccionó el proyecto. Sobre todo ahora que el Banco de la República acaba de reducir las expectativas de crecimiento de la economía. “La estimación del crecimiento económico para 2020 se revisó a la baja teniendo en cuenta los efectos negativos de una mayor incertidumbre global sobre las decisiones de inversión”, señala el banco central.
El romance que traían el Banco de la República y el ministro de Hacienda se acabó. Cada uno hablaba de un crecimiento robusto de la economía, pero ahora se han apartado de esa apreciación. “Los supuestos del presupuesto por ahora son ambiciosos. Ya el Banco de la República empezó a reducir las expectativas de crecimiento”, señala el jefe de investigaciones económicas de la firma Acciones & Valores,Wilson Tovar.
Sobre los supuestos, el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, reiteró que la economía pasa de crecer 3,6 % en este año a 4 % en 2020, la inflación será de 3 %, el precio de petróleo de US$65 para el Brent y las tasas de interés internas y externas estables.
No es el presupuesto austero que uno quisiera ver, sobre todo cuando se desconoce el plan de privatizaciones, señalan varios analistas. Sin embargo, reconocen que los gastos del presupuesto tienen mucha rigidez y hay que honrar compromisos con la paz y la obligación de cumplir con la regla fiscal. “Cumplimos las reglas fiscales, los mandatos y los deseos. La defensa de la sostenibilidad fiscal del país es fundamental”,destaca Carrasquilla.
Esos gastos inflexibles son: en el tema pensional, obligaciones que tiene el Estado por $43,7 billones, el Sistema General de Participaciones(SGP), con una cifra asignada de $43,8 billones, y los intereses del pago de la deuda, que para 2020 van a representar $30,9 billones.
El rubro de pensiones se incrementa en cerca de $5 billones para 2020, debido al aumento de 4,5 % del salario mínimo que se refleja en la mayoría de las pensiones entre uno y dos salarios. El otro factor es el crecimiento del número de pensionados.
Llama la atención que el ministerio de Hacienda no ha mostrado una política clara para atacar el principal problema que presenta la economía: el desempleo. Sin embargo, el viceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño, explicó que haber bajado la tasa efectiva de tributación corporativa en la Ley de Financiamiento fue una buena decisión para dar impulso a la economía con el fin de generar más empleo. Hoy se conocerá el dato de desempleo de junio.
Londoño explicó que el Gobierno ha hecho un enfoque importante del Presupuesto hacia el gasto social, que beneficia a los sectores de educación, salud, inclusión social y trabajo. Estos sectores están dentro de los que más crecen en el Presupuesto, explicó.
Paz y defensa
Para varios analistas sería deseable ver una reducción en el presupuesto de Defensa, aunque entienden que no se ha consolidado el proceso de paz. Después de educación, con $43,1 billones y un crecimiento de 4 %, se ubica el rubro de defensa y policía, con $35,7 billones, creciendo 6,8%. Siguen salud, con $31,8 billones, y trabajo, también con $31,8 billones,
Sobre el gasto militar, el ministro Carrasquilla señaló que se hace un esfuerzo por tener un presupuesto militar que sea consciente de la realidad, ya que “nuestra fuerza pública tiene retrasos de muchos años en términos de sus dotaciones y hacemos un esfuerzo de un billón de pesos para tratar de mejorar las áreas estratégicas fundamentales en materia de comunicaciones”.
En este presupuesto no existe un rubro para la compra de aviones, sin embargo, el ministro dijo que “son temas que se están discutiendo y que tienen sus propios tiempos. Vamos a reafirmar el hecho de que tomada esa decisión vamos a ver cómo hacemos para incorporar ese material bélico a nuestra Fuerza Pública”.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que es un componente del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, va a tener un presupuesto aumentado en $70.000 millones que cumple con las necesidades de la implementación del Acuerdo de Paz, que en su conjunto va a disponer de recursos por $9,7 billones, según el Departamento Nacional de Planeación (DNP). La directora de esa entidad, Gloria Alonso, explicó que “en el rubro particular de todo el Sistema Integrado de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, los ingresos para ese sector aumentan en 15,1 %”.
Desde ya han comenzado las peticiones por mayores recursos para los programas de los diferentes sectores. La primera que salió a pedir más dinero fue la Contraloría General. “Hoy tenemos el 0,22 % de los recursos del Presupuesto y estaríamos pidiendo en el proyecto de acto legislativo que reforma el control fiscal el 0,28 % más, que es lo que tenemos estructurado dentro de las necesidades logísticas, tecnológicas y de capital humano que tiene la entidad, para poder hacer una vigilancia y control del 85, 90 %, del Presupuesto General de la Nación, en línea y en tiempo real”.

miércoles, 24 de julio de 2019

Queremos reformas a la justicia pero respetando la Constitución: Corte Presidenta de la Corte Constitucional dijo que la reforma es necesaria.

El Tiempo

Queremos reformas a la justicia pero respetando la Constitución: Corte

Presidenta de la Corte Constitucional dijo que la reforma es necesaria.
Por: Justicia eltiempo.com/justicia/cortes/foro-
 
14 de junio 2019 , 04:47 p.m.
¿Cómo articular la Jurisdicción Especial para la Paz con la justicia ordinaria? ¿Cómo lograr fortalecer estos organismos?  ¿Cómo fortalecer la legitimidad de la justicia y evitar cualquier sesgo político o corrupción? ¿Cómo superar la polarización para poder llegar a una reforma a la justicia? 

Esos son algunos de los temas con los que inició este viernes el foro 'Una Justicia Sólida para Colombia' que realizan EL TIEMPO Casa Editorial y la Universidad del Rosario. 
En la apertura del evento el director de EL TIEMPO, Roberto Pombo, aseguró que desde siempre se ha hablado de una transformación fundamental al sistema de justicia, debate que sigue vivo. Así, dijo Pombo, la reforma pasa por la democratización de la justicia, de darle herramientas al ciudadano en el día a día, así como por el debate sobre la modificación de los órganos de la justicia. 

La primera en dirigirse al público fue la ministra de Justicia Margarita Cabello, quien esta semana llegó a esa cartera tras dejar su cargo como magistrada de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia. 

Cabello inició diciendo que su función en el Ministerio de Justicia será buscar una "nueva reforma a la justicia para coordinar las relaciones interinstitucionales de todo el sector justicia y mirar la posibilidad de modificar las leyes para ajustarlas al contexto social que el país vive". 

Sobre la preocupación de algunos sectores por los constantes intentos de reformar la justicia, Cabello explicó que "si el contexto social dice que la justicia que tiene no es la adecuado, tenemos que mirar qué es lo que hay que reformar", por lo que señaló que la reforma será una de las preocupaciones de su cartera.

La ministra aseguró que todo lo que tiene que ver con reformar a la justicia siempre genera controversia, situación que considera "natural dentro de un Estado democrático". 

Aunque no habló puntualmente de cuál será el papel de las Cortes en la nueva reforma, dijo que cuando fue presidenta de la Corte Suprema de Justicia los magistrados le pedían al Congreso que los hiciera parte de la reforma a la justicia. Así, dijo, en su presidencia se encargó de manifestarle al legislativo que era importante escuchar a la Rama Judicial porque "es el doliente primario en la justicia". 

Por eso, aseguró que ahora en el Ejecutivo, como ministra, se encargará de establecer las políticas para un mejor sistema judicial, y no sólo para el manejo de la Rama Judicial. Esto implica, asegura, ver cómo desde la misión ejecutiva y pública puede lograr lo que había reclamado desde la Rama Judicial, es decir, que las Cortes también sean escuchadas. 

Así, dijo, no sólo se debe ver la reforma como un conjunto de leyes frías, sino como un sistema de justicia para tener claridad sobre qué es lo que quiere el país y lo que "quiere la ciudadanía como una real reforma a la justicia". 

Cabello dijo que la reforma a la justicia no sólo puede ser normativa, pues debe evaluar el comportamiento social para crear una transformación. La ministra dijo que, conforme una sociedad se va transformando, debe ir dando pautas sobre las reformas que se necesitan.
"La justicia puede ser la preocupación de un ciudadano a diario sobre lo que le ocurre en su vida cotidiana, que puede no llegar a una Corte". 

Por eso dijo que más que pensar en reformas normativas específicas, hay que pensar en el cambio del sistema judicial, basándose en la sociedad que es la que da las pautas. 

Finalmente, la ministra aseguró que el Ministerio de Justicia tiene que cumplir esa misión de desarrollar una reforma al sector judicial y si ella no alcanzara a hacerlo, "el próximo ministro tendrá que seguir con la función para atender al ciudadano que quiere que le resuelvan su problema rápido, de una manera eficiente, oportuna y eficaz". 

También dijo que el órgano judicial debe ser la última ratio de la ciudadanía. "Si todo el sistema funciona bien, si usted va a una entidad centralizada a pedir algo, y se lo dan, usted no va a la Rama Judicial. Así, dijo, si las entidades administrativas fueran más eficientes hoy no habría tanta congestión en el sistema judicial, dijo Cabello. 

Al salir del foro la ministra de Justicia aseguró que se están adelantando consensos en el proyecto de reforma a la Justicia para presentarlo el próximo 20 de julio. "Está bastante escrito y vamos en ese camino", dijo. 

"Vamos a ver si es una reforma de un solo acto legislativo, si es una reforma de ley estatutaria, o si empezamos con varias reformas por presentar. En eso estamos", señaló. Dijo que hay que ir "con calma" para que realmente la reforma sea para la atención del ciudadano.
‘En la Corte Constitucional sí queremos la reforma a la justicia’
Foro de EL TIEMPO reforma a la justicia
Foro de EL TIEMPO sobre los elementos de debate en una reforma a la justicia.
Foto: 
César Melgarejo / EL TIEMPO
La presidenta de la Corte Constitucional Gloria Ortiz aseguró que en la Corte Constitucional los magistrados sí quieren que haya reformas a la justicia y cambios. “Se dice que somos renuentes, y que por eso se terminan cayendo las reformas. Necesitamos reformas a las justicia, pero deben hacerse dentro de los esquemas que nos corresponde preservar, que es el esquema de la Constitución del 91”, afirmó la magistrada. En la Constitución, dijo Ortiz, "hay reglas de juego sin las cuales no se puede hacer la reforma a la justicia". 

Como en el futuro puede tener que hacer el control de constitucionalidad de una eventual reforma, dijo Ortiz, su intervención se centró en las bases constitucionales de cualquier reforma a la justicia, y en preguntas para abrir el debate. 

Sobre esas bases constitucionales Ortiz destacó que lo primero que se debe mantener en una reforma a la justicia es la autonomía y la independencia judicial, algo que está directamente relacionado con la separación de poderes armónicamente. La separación de poderes, dijo la magistrada, "parte de la base de que la Rama Judicial está en el mismo nivel de los otros poderes, y no puede haber un poder en Colombia que esté por encima del otro". 

Otro punto clave, aseguró la magistrada, es que una reforma no puede ser válida "si no se le da mayor legitimidad a la Rama Judicial". 

En ese sentido, la magistrada aseguró que la justicia es un valor y un aparato, y el valor está asociado con el ciudadano y cómo recibe la justicia. Así, dijo la magistrada, a veces el valor y el aparato se confunden. 

Por eso señaló que un error es que muchas reformas no tengan claro cuál es el problema que se busca solucionar, y se confundan el aparato con lo que afecta a la ciudadanía. "Si lo que se quiere solucionar es el valor de la justicia, darle más justicia a la gente, no podemos considerar que le damos más justicia a la gente si le quitamos los procedimientos para acceder a la justicia, si hay menos acciones para acceder. Eso no contribuye a la necesidad de generar justicia", dijo. Aunque la magistrada no se refirió a ninguna acción en particular, un ejemplo podría ser las pasadas reformas que intentaron limitar el derecho a la tutela. 
Muchas veces la Corte Constitucional termina en un debate eminentemente político
La magistrada dijo que los problemas de la justicia están claramente identificados. Por ejemplo, señaló, según las encuestas el 82 por ciento de la gente cree en la acción de tutela pero en los jueces solo cree el 30 por ciento, "eso significa que para la ciudadanía la tutela se resuelve sola". Por eso, para la magistrada uno de los problemas de la justicia es que hay una "deslegitimación de la acción judicial, aunque hoy la agente acude más a la justicia que años atrás". 

La magistrada criticó que en el país se terminen judicializando todas las controversias y que a la justicia se la termine poniendo en el debate político. "Cuando en el Congreso no pudieron llegar a una mayoría, los congresistas acuden a la Corte Constitucional a demandar las normas en las que en el Congreso no les dieron la razón. Muchas veces la Corte Constitucional termina en un debate eminentemente político". 

La magistrada criticó que parte de las decisiones del alto tribunal terminen manejadas políticamente. "No es que nosotros los jueces nos hayamos convertido en políticos. Yo no creo que el problema está en que nosotros seamos ahora políticos, y no juristas, el problema es la perspectiva con la que nos ven, porque toda decisión que nosotros tomamos termina oponiendo una posición política a la que ha acudido a la Corte". 

Sobre las funciones electorales de las Cortes, Ortiz preguntó si -dentro del esquema de la separación y equilibrio de poderes- si sus facultades electorales se les quitan a quién se le van a dar para que elijan, por ejemplo, las cabezas de los órganos de control. "¿Será que ahora la confianza sólo puede estar en el pueblo?", aseguró. 

Frente al reclamo a los jueces por no poder tomar decisiones más rápido, la magistrada aseguró que al comparar el número de jueces que tiene el país con el número de habitantes y de controversias judicial, es claro que "tenemos un número de jueces que no puede responder con la misma rapidez que nosotros quisiéramos porque desafortunadamente el número de casos desborda la capacidad de los jueces". 
Por eso Ortiz dijo que se debe evaluar si la respuesta es aumentar los jueces, o desjudicializar ciertas conductas y dejarlas en manos de otros organismos que tengan herramientas para solucionar más pronto esas disputas.

Finalmente dijo que el presupuesto de la Rama Judicial "es exiguo, comparado con las necesidades que tiene el sector judicial", por lo que aseguró que los jueces tienen derecho a una mayor dignidad y a no tener que seguir trabajando con las uñas. "Los jueces no pueden seguir siendo la cenicienta de la Rama Judicial, que necesita más herramientas para trabajar", señaló. 

Así, dijo, la protección a la Rama Judicial no sólo es darles más policías y carros a los jueces, sino garantizar que puedan trabajar sin presiones, y que no tengan que acuidr a otros para poder ejercer su función. "Estamos acudiendo cada vez más al apoyo internacional, porque con lo que tenemos, no podemos", dijo. 
'Los reclamos a la JEP son bienvenidos': Patricia Linares
Patricia Linares
Patricia Linares presidenta de la JEP.
Foto: 
César Melgarejo / EL TIEMPO
La presidenta de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Patricia Linares, no centró su análisis en una reforma a la justicia pero sí habló de la legitimidad de los jueces, particularmente de los magistrados y funcionarios que hacen parte de la jurisdicción que ella preside. 

Aseguró que la legitimidad de los jueces "se construye a partir de las decisiones en derecho, acatando la constitución y la ley que se deben adoptar". En ese sentido, Linares dijo que "el país adoptó un modelo de justicia transicional, con todos los debates, y vicisitudes que ello supone", dando por sentado que las decisiones de los magistrados de este tipo de justicia pueden generar controversia. 

Por eso, para la presidenta de la JEP, "parte de la esencia de un modelo transicional es emerger del debate de la sociedad que lo aspira y lo adopta”. La presidenta Linares dijo que los reclamos a la JEP son bienvenidos y que no le "aterra que haya dudas en ciertos sectores, expectativas y controversias, así como cuestionamientos al modelo mismo"

Así, agregó, la controversia es válida en una democracia y los poderes públicos  “pueden y deben, si así lo consideran, plantear todo tipo de reformas”. Así, dijo, hay algunos sectores que propone desde acabar a la JEP, o incorporar reformas puntuales a la justicia transicional. 

"Algunos dicen en el escenario político, con resignación, que les tocó aguantar esto (el modelo de justicia de la JEP), pero que van a introducir reformas. Bienvenidas", señaló la presidenta Linares. 
Parte de la esencia de un modelo transicional es emerger del debate de la sociedad que lo aspira y lo adopta
Aunque la presidenta asegura que no se opone a las reformas, afirma que no son los jueces los que deben buscarlas, porque los funcionarios de la JEP tienen la obligación de implementar, desarrollar y aplicar el modelo de justicia transicional que se pactó en el acuerdo de paz, por un periodo de 10 años con 5 más prorrogables. 

Sobre el propósito de ese modelo transicional, Linares asegura que se trata de una justicia distinta a la ordinaria. "No es justicia retributiva, no es justicia en la que la premisa esencial es la equidad buscando que el daño causado a una persona en el ámbito delictivo, sea reparado de manera proporcional y con la misma fuerza del daño que recibió. Esta es otra justicia. A algunos les gusta, a otros no", dijo Linares, señalando que algunos llaman a la justicia de la JEP como impunidad. 

Linares dice que recibe todos esos cuestionamientos con tranquilidad, pero reclama respeto por los jueces y magistrados de la JEP como personas. Así, dijo, en menos de año y medio la JEP "ha tenido avances muy significativos" señalando que los funcionarios de esa jurisdicción han hecho su mejor esfuerzo "en un contexto de ataque sistemático, e irracional, donde se afecta la serenidad de los servidores de la JEP y de sus familias”. 

La presidenta dijo que la JEP está tomando las decisiones que le corresponde "sin admitir ningún tipo de presión, ni política ni mediática". 
¿Por qué no se ha podido reformar la justicia?
El exministro  de Justicia, Juan Carlos Esguerra, dijo que no se ha podido hacer una reforma de la justicia porque “ha faltado grandeza”.

Dijo que en el país es muy difícil terminar un proceso judicial en la medida que existe primera instancia, segunda instancia, revisión, impugnación, tutela, revisión de la tutela y tutela contra la tutela.

También dijo que las decisiones judiciales no se pueden estar discutiendo en ruedas de prensa de jueces, pues “las sentencias deben defenderse por sí solas”.
Sobre la politización de las reformas que tocan el tema de la justicia, Esguerra dijo que "en el fondo toda reforma a la justicia involucra una reforma política".
En el fondo toda reforma a la justicia involucra una reforma política
El también exministro Carlos Medellín aseguró, por su parte,  que la clave es acercar la justicia al ciudadano, pero eso "se puede hacer sin necesidad de una reforma a la justicia". 

Medellín pidió igualmente que el Ejecutivo tenga mayor diálogo con las altas cortes. 

"No hay en este momento ninguna entidad, ninguna instancia que está asumiendo la vocería del gobierno ante la Corte Constitucional, cada entidad lo está haciendo por su lado (...) La Corte Constitucional no tiene un interlocutor válido y único dentro de la rama Ejecutiva", dijo el exministro.
Los temas de la reforma
Al intervenir en el panel ¿Qué reformas a la justicia hará este Congreso', la senadora Paloma Valencia (Centro Democrático) dijo que se necesita una reforma, pero que debe circunscribirse a cuatro temas.

Dijo que se debe resolver lo que tiene que ver con el juzgamiento de los delitos cometidos por los altos cargos del país. Y en ese punto agregó a los magistrados de las altas cortes "no les sirve nada sino que ellos mismos se juzguen".

Puntualizó en que es necesario hacer obligatorio el precedente y la jurisprudencia, porque cada juez falla de acuerdo a lo que quiere; que se requiere el fortalecimiento de la primera y segunda instancia y también lo que tiene que ver con la administración de la Rama.

Por su parte el senador liberal Luis Fernando Velasco, manifestó que buena parte del problema radica en que somos una sociedad tan conflictiva queremos que todo lo resuelva un juez
Para él, la reforma se debe centrar en los temas que los ciudadanos están demandado
El representante del Centro Democrático Gabriel Santos consideró que prontamente “no se va a dar la reforma a la justicia”. Para el congresista uribista, los sectores políticos deben sentarse a dialogar pero no puede haber “inamovibles”. 

La senadora Angélica Lozano aseguró, por su parte, que es clave “hablar con las cortes, con el cuidado de que no sean ellas las autoras”.
JUSTICIA y POLÍTICA EL TIEMPO. 

Reforma de la justicia no solo sería por vía constitucional EL TIEMPO y El Rosario convocaron a los líderes de esta rama que podrían intervenir en cambios.

El Tiempo

Reforma de la justicia no solo sería por vía constitucional

EL TIEMPO y El Rosario convocaron a los líderes de esta rama que podrían intervenir en cambios.
Foro sobre reforma de la justicia
Roberto Pombo, director de EL TIEMPO, con las cabezas de la rama judicial.
Por: Política El Tiempo eltiempo.com/politica/gobierno/
 
14 de junio 2019 , 09:09 p.m.
Una reforma de la justicia no solo pasa por una enmienda a la Constitución, sino que puede hacerse a través de leyes, decretos o simples decisiones ejecutivas.

Esta fue una de las principales conclusiones del foro ‘Una justicia sólida en Colombia’, organizado este viernes por EL TIEMPO Casa Editorial, la Universidad del Rosario y la Fundación Hanns Seidel en Bogotá.
La ministra de Justicia, Margarita Cabello, en su primera intervención pública tras su posesión en el cargo, el martes, manifestó que, “a veces”, las reformas de la justicia pueden ser “de carácter amplio”, afectando la Constitución, pero que también “podrían ser afectando las leyes estatutarias” u “ordinarias, e, incluso, por qué no, con decretos presidenciales”.

“No podemos pensar que vamos a hacer una gran reforma de la justicia para meter todo en un cambio constitucional”, afirmó la funcionaria.

Su tesis fue compartida por la presidenta de la Corte Constitucional, Gloria Stella Ortiz. “Hay muchas posibilidades de hacer más sólida la justicia sin que necesariamente sea un asunto de reforma constitucional o de reforma legal. Hay muchas decisiones de política pública que impactan la justicia y generan seguramente mucha más cercanía con el ciudadano”, afirmó Ortiz.

En la instalación del evento, el director de EL TIEMPO, Roberto Pombo, se preguntó si la justicia “requiere reformarse permanentemente y lo estamos haciendo, o si estamos aplazando” las reformas necesarias, mientras que el rector de la Universidad del Rosario, Alejandro Cheyne, entre otros interrogantes planteó cómo “articular” la justicia ordinaria con la de la paz.

Precisamente sobre esto, el exviceministro de Justicia, Rafael Nieto, dijo –en otro panel– que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) tiene fallas de legitimidad de origen luego de la derrota del plebiscito por la paz, en octubre de 2016.

Rodrigo Uprimny, investigador y exdirector de Dejusticia, ripostó esto y señaló que, finalmente, el acuerdo fue revisado por la Corte Constitucional y fue refrendado por el Congreso, que es el órgano que representa a la ciudadanía. 

Sobre la articulación entre estas 2 jurisdicciones, el exministro de Justicia Yesid Reyes afirmó que en varias partes de los procesos, el vínculo está “bastante bien regulado” y que la JEP “depende de la jurisdicción ordinaria para su trabajo”.
Los también exministros de Justicia Juan Carlos Esguerra y Carlos Medellín expusieron a manera de análisis sus puntos de vista sobre por qué no ha sido posible realizar una reforma integral de la justicia.

Para Esguerra, a varios sectores del país les ha faltado “grandeza”, y Medellín afirmó que una de las razones es que estas reformas, “por el camino, se van volviendo políticas” y, por esa razón, imposibles.
Reforma, en el Congreso
Diferentes sectores del Congreso, donde se han tramitado sin éxito al menos tres reformas de la justicia en los últimos años, hablaron de los puntos que deberían estar en ella.

Paloma Valencia, uribista, pidió corregir muchos "desaciertos" que dejó el acuerdo de La Habana, que llamó “impunidad” y urgió un acuerdo para ello.

Luis Fernando Velasco, liberal, sugirió que primero, la reforma de la justicia debe ocuparse de los asuntos del ciudadano de a pie.

Para Gabriel Santos, representante del Centro Democrático, este Congreso no va a hacer una gran reforma de la justicia.

Y la senadora Angélica Lozano, de Alianza Verde, aseguró que el gran problema de la justicia no es la JEP, sino que el ciudadano no se pueda pensionar, que no se sienta seguro o que no lo atiendan en un hospital.

POLÍTICA EL TIEMPO.

Gobierno revela las bases de la reforma de la justicia Reforma a la justicia se hará con una enmienda constitucional, dice Margarita Cabello, Minjusticia. eltiempo.com/justicia/investigación/

El Tiempo.

Gobierno revela las bases de la reforma de la justicia

Reforma a la justicia se hará con una enmienda constitucional, dice Margarita Cabello, Minjusticia.
Con la reforma se va a elevar a 25 años la experiencia judicial para ser magistrado.
Margarita Cabello, ministra de Justicia
Por: Yamid Amat
 
29 de junio 2019 , 11:39 p.m. eltiempo.com/justicia/investigación
El Ministerio de Justicia alista cambios estructurales que van desde el aumento, a 50 años, de la edad mínima de los magistrados hasta la elevación a 25 años de experiencia en la justicia; desde la extensión de 8 a 12 años del periodo de los magistrados de altas cortes hasta modificaciones al pénsum de estudio del derecho en la facultades universitarias; desde la eliminación efectiva del Consejo Superior de la Judicatura hasta el robustecimiento del acceso rápido a la justicia a través de consultorios jurídicos en las universidades.
 Las reformas las presentará la nueva ministra del ramo, Margarita Cabello Blanco, expresidenta de la Corte Suprema de Justicia. Esa condición la conduce a buscar, como lo hace, un consenso para las reformas. La ministra anuncia que no presentará una gran reforma de la justicia, sino varias, a través de proyectos de reforma constitucionales, proyectos de reformas estatutarias y proyectos de leyes ordinarias. La ministra Cabello Blanco le anticipa a EL TIEMPO las medidas que prepara.

“Estamos trabajando con las instituciones que tienen que ver con la justicia en reformas específicas. Serán varias. Se presentarán a través de proyectos de ley ordinarios, proyectos de ley estatutaria, proyectos de reforma constitucional”.

¿Qué es lo que se reformará?

En primer lugar, estamos estructurando con las altas cortes un proyecto de acto legislativo, que contendría dos puntos esenciales. Lo primero es aumentar la edad mínima de entrar a las cortes a 50 años. Actualmente es solo de 35 años.

¿Las cortes están de acuerdo con esa reforma?

Sí. A las cortes les gusta; en cuanto al requisito de años de experiencia, todos pensamos que mínimo 25 años es fundamental para una alta magistratura. 

¿Pero entonces también se elevarían los años de experiencia?

Sí, señor. 25 años de experiencia en la rama Judicial, en la academia o en el ejercicio de la profesión. Hoy es tan solo de 15 años. Además se propone que exista un equilibrio en la conformación de las cortes, privilegiando en un 50 % aquellas personas con experiencia en la rama Judicial, tal como siempre lo ha manifestado el Presidente de la república, quien valora inmensamente el rol del juez en la sociedad y la necesidad de incentivar cada vez más la carrera judicial, y que los mejores abogados quieran pertenecer a ella. El 50 % restante debe conformarse por personas que provengan del ejercicio de la profesión y de la academia, experiencias que también resultan valiosas para la administración de justicia. Ya hay una especie de consenso con las cortes.

¿Esas serán las únicas reformas para la magistratura?

No. También estamos pensando en extender de 8 años a 12 años el periodo de los magistrados. Solo para los nuevos magistrados. Esto con el objeto de lograr mayor estabilidad en la jurisprudencia. Es que hay una preocupación por la seguridad jurídica; cuando cambian los magistrados tan rápidamente, con ello se da posibilidad de cambios de jurisprudencia, con la inestabilidad que pueda eso generar. 12 años dan más de tranquilidad y seguridad jurídica.
¿Y se mantiene el sistema de elección de los magistrados? 

En el estudio que estamos realizando hay dos propuestas. Una, mantener igual el sistema: el Consejo Superior de la Judicatura entrega la lista de 10 candidatos al Consejo de Estado y a la Corte Suprema para su posterior elección dentro de las corporaciones. Y otra propuesta proveniente de las cortes que consiste en que se reemplace la lista conformada por el Consejo Superior por una convocatoria pública que las propias cortes realicen según las reglas de transparencia y equidad de género previstas en el artículo 126 de la Constitución. 

Pero el Consejo Superior de la Judicatura fue eliminado por una reforma y reemplazado por una comisión administrativa. Sin embargo, sigue funcionando…

Sí. Las funciones disciplinarias para jueces y abogados están hoy previstas para la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, que, sin embargo, está en un limbo: no ha entrado a funcionar por un vacío legal en la forma de elección de sus miembros. 

¿Usted la va a reglamentar?

La solución pasa por presentar un proyecto de ley que regule el procedimiento de convocatoria pública para la elección de los miembros de la comisión.

¿Y qué va a pasar con las funciones electorales de las altas cortes? 
Hoy, las tres altas cortes intervienen en la elección del procurador general de la nación, del auditor general de la república y del registrador nacional del servicio civil. Además, la Corte Suprema de Justicia elige al fiscal general de la nación de una terna enviada por el presidente de la república. Las cortes quieren renunciar a algunas de esas funciones. ¿Qué es lo que les preocupa? Les preocupa a quién se le entregarán esas funciones para no sacrificar la armonía que para esas elecciones trajo la Constitución del 91 en el sentido de equilibrar las ramas del poder público y materializar el sistema de pesos y contrapesos que toda democracia supone. Pero por muchas razones se han generado problemas en esos nombramientos. Yo pienso que el sistema no ha sido malo, ha sido bueno, pero hoy le ha hecho daño al prestigio de las cortes.

¿Usted es partidaria de que se mantenga el actual sistema? 

La ciudadanía, que es a la que nosotros nos debemos, reclama cambios. ¿Por qué lo reclama? Yo tengo que decir que son valederas sus reclamaciones, tengo que respetar la voz de la ciudadanía, de los medios de comunicación. Las cortes han sido muy criticadas en muchos momentos por esas elecciones. 

¿No cree que esas facultades electorales politizan las cortes? 

Ese es el punto: indudablemente podríamos decir que el peligro es la politización, que es peligrosa para las cortes, como es peligrosa una judicialización de la política. 

¿Qué quiere decir eso?

Cuando las decisiones judiciales llevan envueltas concepciones políticas, se desnaturaliza la razón de ser del juez y se pierde la concepción de justicia. Y, cuando con la política se quiere incidir en la función del juez y sus pronunciamientos, se le resta la independencia y se afecta la democracia. 

Uno de los líderes del país como es el expresidente Uribe habla de manera permanente de reformas de las cortes. 

Sí, y está en todo el derecho de hablar desde su visión política. 

¿Pero eso no es lo que usted critica?

Lo que yo critico es que la política afecte el funcionamiento de la rama Judicial. 

¿Cuando usted era miembro de la Corte Suprema sentía ese efecto?

Claro, a veces, en muchas decisiones trascendentales o en algunos aspectos de ellas, se escuchaban versiones de cómo debía ser una decisión o se presumía que un magistrado iba a decidir por amistad o por intereses particulares. Hay que respetar la dignidad del juez, de la rama Judicial. 

Dentro de las reformas, ¿cómo piensa acelerar la aplicación de justicia? 

Ese es el objetivo más importante, y que no se agota con una reforma constitucional de la justicia. Lo que se quiere es que el acceso sea rápido, que haya más conflictos por solucionar amistosamente o sin necesidad de juez y que sea más cercana la manera como el ciudadano esté encontrando solución a su conflicto sin necesidad de ir a los juzgados o de pagar un abogado. El proyecto de acto legislativo tiene con ese objeto dos puntos importantes: medidas de seguridad jurídica en las decisiones judiciales y medidas de descongestión judicial. En cuanto a leyes ordinarias, estamos trabajando, entre otras, en una reforma del Código de Procedimiento Administrativo, en conjunto con el Consejo de Estado, para agilizar los procesos de litigios contra el Estado. Un proyecto de ley que ajusta el Estatuto de Arbitraje y la presentación de un Estatuto de Conciliación; un proyecto que actualiza y potencializa el rol de los consultorios jurídicos de las universidades como esenciales para el acceso a la justicia y la asesoría legal gratuita. 

¿Únicamente ese proyecto de reforma estatutaria?

No. Otra es el tema de carrera judicial, que implica concursos, ascensos, calificaciones, verificación de los jueces. Es un tema grueso y esencial para la mejora de la administración e impartición de justicia. Hay un tercer tema, que es el relacionado con las prestaciones y beneficios sociales de los funcionarios y trabajadores de la rama Judicial. Y, finalmente, otro tema, la sala disciplinaria, los cambios, cómo lo vamos a manejar. Serán cuatro proyectos de ley estatutaria. 

¿Y por qué 4 proyectos de reforma estatutaria?

Si lo planteamos tan grueso, en un solo proyecto, cualquier error nos tumba todo. Ahora bien, en materia estatutaria también trabajamos en conjunto con las cortes en la posible inclusión de la especialidad agraria no solo en cumplimiento del acuerdo de paz sino también por la importancia de la resolución de los conflictos alrededor de la tierra. Es una deuda histórica en nuestro país para los campesinos.
Indudablemente podríamos decir que el peligro es la politización, que es peligrosa para las cortes, como es peligrosa una judicialización de la política
¿Y qué llama usted gobierno judicial?

Uno: la formulación de planes estratégicos para la adecuada administración de justicia y su ejecución; por ejemplo, toda la estrategia de digitalización de la rama Judicial o la definición de cargas de procesos a despachos judiciales, medidas de transparencia y rendición de cuentas. Dos: carrera judicial, todo lo que tiene que ver con concursos, ingresos, ascensos, el fortalecimiento de la Escuela Judicial. Tres: beneficios sociales para la rama, movilidad de jueces. Cuarto: la disciplina de los jueces y abogados.

¿Y en proyectos de ley ordinarios?

Además de reformas procesales para agilizar los trámites, estamos trabajando en materia reglamentaria en una resolución que establezca los requisitos de alta calidad para los programas de derecho de las universidades. 

¿En qué sentido? 

Hay que formar mejores abogados. Hay que mejorar la calidad y el número de los abogados; somos de los países que tienen más abogados por habitante. Además, debe promoverse de nuevo la importancia de la función social de la abogacía. Las universidades son conscientes de eso, y estamos trabajando de la mano con ellas. 

¿Cuál es su posición sobre justicia especial para la paz, JEP?

Está cumpliendo bien su papel. El proceso de paz, como lo ha dicho el Gobierno, hay que apoyarlo, hay que seguirlo. Ahora bien: no hay una norma, y lo digo por experiencia, que sea perfecta; todas las leyes tienen espacios oscuros y espacios grises. Con la presidenta de la JEP, Patricia Linares, manejamos muy buenas relaciones, y estoy segura de que conversaremos sobre qué normas deben ser modificadas para perfeccionarlas y seguir adelante. 

¿Usted no es partidaria por ninguna razón de acabar la JEP?

El Gobierno no es partidario de acabar la JEP, y estoy hablando como ministra. He hablado de ajustes porque lo que se propone es paz con justicia. 

¿Y usted cree que la JEP es indispensable para el posconflicto?

El proceso transicional de la JEP es necesario y lo están haciendo bien; por eso aclaro, los ajustes que haya que hacerse se conversan con ellos a través de la colaboración armónica, y haré todo lo que sea necesario para que, por el bien del país, esa colaboración funcione y lo inconveniente pueda mejorarse. 

La Corte Constitucional reafirmó en una sentencia el derecho a desarrollo de la libre personalidad, lo que originó una gran polémica nacional, ¿cuál es su posición?

La protección de la familia, los niños y adolescentes es prioridad del Gobierno. La sentencia aún no ha salido, solo conocemos el comunicado emitido por la Corte Constitucional. Lo que se declaró inconstitucional, creemos, de acuerdo con el comunicado, fue la prohibición amplia y general del consumo de sustancias psicoactivas y de alcohol en espacios públicos bajo el criterio de que existen otros medios para alcanzar ese fin, contenidos en las dos normas acusadas: artículos 33 y 140-7 del Código de Policía.

No obstante ello, vemos que hay muchas otras normas en el propio Código de Policía y aun en la Constitución que sirven para prohibir la distribución y consumo de drogas como serían los artículos 44 de la Carta, 38, 39, 59, 92, 93, 159 y 162 del Código de Policía, entre otros, que podrían servir de soporte a las autoridades para ejercer dicho control y aplicar la reglamentación existente.

YAMID AMAT
Especial para EL TIEMPO