Con la destitución de Petro resucitó la reforma de la justicia.

Redacción ELTIEMPO.COMRAFAEL QUINTERO CERÓN rafqui@eltiempo.com

Publicación eltiempo.com

Sección Justicia

Fecha de publicación 13 de diciembre de 2013

Autor: RAFAEL QUINTERO CERÓN

Con la destitución de Petro resucitó la reforma de la justicia

Expertos pidieron que se haga revisión a fondo de las competencias de los organismos de control.

Límites al poder de los organismos de control y un esquema claro para vigilar su actuación y evitar así más 'choques de trenes', es un tema urgente que el Gobierno deberá incluir en el proyecto de reforma de la Justicia que presentará el próximo año ante el Congreso de la República. Esa fue la posición que emitieron juristas y analistas consultados por ELTIEMPO.COM

Y fue el presidente Juan Manuel Santos quien lanzó esta semana el debate sobre el tema, en medio del fuerte cruce de declaraciones entre el Ministerio de Justicia, la Fiscalía y la Procuraduría, entre otros, tras la destitución e inhabilidad de 15 años impuesta por el ministerio público al alcalde de Bogotá, Gustavo Petro.

El miércoles, durante un foro realizado en Bogotá en el que incluso coincidió con el procurador Alejandro Ordóñez, Santos se refirió a “la necesidad de desbloquear el sistema que por controles mutuos dificulta las investigaciones contra o al interior de las altas cortes y de los organismos de control”.

Ese sería, ahora, el motor más fuerte para impulsar la reforma en el Congreso: La necesidad de ponerle contrapeso al enorme poder que actualmente ostenta la figura del Procurador General.

Pero esa posición no es sólo Santos. El fiscal general Eduardo Montealegre también hizo un llamado en ese mismo sentido al hacer énfasis en el caso de la Procuraduría: "No puede ser posible que el mismo funcionario abra la investigación, formula el pliego de cargos, realiza la audiencia, dicta la sentencia primera y la misma institución falla en segunda instancia", dijo Montealegre.

Recordó, además, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene "todo el poder para ordenarle a Colombia que haga reformas constitucionales y que ajuste nuestro texto constitucional a los principios y valores del sistema interamericano de derechos humanos".

El nudo de todo este asunto está en la falta de claridad frente a los límites y competencias de los organismos de control. Nadie sabe, actualmente, quién ronda a quién. Por eso cada organismo de control interpreta las normas de acuerdo a su entender y basado en criterios puramente subjetivos, según opinó el ex viceministro de Justicia, Guillermo Reyes.

"En este país tenemos una gravísima defecto: el de legislar según las coyunturas. Cuando yo estaba en el Ministerio, parecía que la política criminal del estado se construyera día tras día", dijo Reyes.

Sobre ese mismo vacío también llamó la atención el exmagistrado y constitucionalista José Gregorio Hernández, quien aseguró que el país se encuentra en una crisis de administración de Justicia y es el ciudadano el que termina confundido en medio de tantas peleas.

"Se ha generado en Colombia, en los últimos años, un verdadero caos en la interpretación de las normas. Ya no hay el rigor para decidir las facultades de cada uno, sino que todos se consideran habilitados para interpretar por su cuenta su función como instituciones. Sin duda el enfrentamiento entre las cabezas deja perplejos a todos los funcionarios y a la población, que ya no saben qué creer de quienes dirigen la cosa pública. Estamos en una torre de Babel, necesitamos regresar al rigor en lo jurídico", consideró Hernández.

Un ejemplo de ese 'caos' en la administración de Justicia y en los problemas de interpretación fue, en concepto del ex fiscal Alfonso Valdivieso Sarmiento, el sucedido el miércoles cuando la Fiscalía anunció que haría una inspección en la Procuraduría.

"No hay actualmente mecanismos de coordinación y de cooperación cuando se trata de hechos como el que sucedió entre la Fiscalía y la Procuraduría y que terminó en una interpretación absurda sobre una posible acción contra Alejandro Ordóñez, cuando en realidad se trataba de pedir un documento. Ese tipo de cosas se pueden evitar si se dejan claras las competencias de cada uno", señaló Valdivieso.

¿Qué se ha planteado en la reforma?

Estos temas, sin embargo, no estaban del todo contemplados en la reforma de la justicia que tiene pensada el Gobierno y cuyo anteproyecto estaría listo en marzo del próximo año. Según ha explicado el ministro de Justicia Alfonso Gómez Méndez, se tendrán en cuenta aspectos que ya estaban en la anterior reforma, hundida por múltiples vicios.

"Había un consenso sobre la eliminación de la Judicatura, que alcanzó a quedar en la fallida reforma; eliminación de las funciones electorales a las cortes, aumentar la edad de retiro –tanto para el ingreso como para el retiro forzoso de los magistrados– y modificar las funciones de la Comisión de Acusación", le dijo Gómez Méndez a EL TIEMPO en octubre de este año.

Sin embargo, los expertos consultados aseguraron que es urgente incluir los límites a los organismos de control. "Vale la pena emprender un estudio a fondo de cómo debería estar estructurada la administración de justicia para evitar enfrentamientos como los que se han visto en los últimos años. Lo ideal es que se trate de algo serio, a fondo, consultado con expertos", dijo José Gregorio Hernández.

El exviceministro Reyes, a su turno, consideró como "un reto adicional" para el Gobierno lograr la modificación las funciones, no sólo del Procurador, sino de la Fiscalía y la Contraloría. "Estos temas son urgentes, pero me preocupan las coyunturas. El próximo año será electoral y seguramente esta iniciativa sufrirá demoras en el Congreso. A eso sumemos que la composición de las fuerzas políticas en el legislativo cambiará y no sabemos qué tanto margen de maniobra tendrá el Ejecutivo", señaló.

Por lo pronto, y más en medio de la tormenta desatada tras la destitución de Petro, queda claro que reformar la Justicia será una de las prioridades que tendrá el Gobierno de cara a la agenda legislativa del 2014. Y el presidente Santos, esta semana, fue enfático en que la sacará adelante a como de lugar: "Es al Gobierno al que le corresponde tomar las decisiones políticas cuando el consenso no es posible o conveniente (...) no permitiremos que cualquier próxima eventual reforma muera ‘por mal de consenso’”.