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Jun 2012 - 9:00 pm
"Pretenden acabar con los procesos de la
parapolítica"
Por:
Cecilia Orozco Tascón / Especial para El Espectador
El expresidente de la Corte Suprema Augusto Ibáñez,
uno de los más duros defensores de la independencia judicial en tiempos de
Álvaro Uribe, se retiró tres años antes de cumplir su periodo de magistrado.
“Hay quienes creen
que el ejercicio del poder que se les delega es de por vida. Otros sabemos que
existen límites”, dice el exmagistrado Augusto Ibáñez. / Gustavo Torrijos - El
Espectador
Cecilia Orozco Tascón.- Es raro que a las puertas
de una reforma a la justicia en la que se pretende aprobar la ampliación del
periodo de los magistrados a 12 años, usted renuncie a 3 que aún le faltaban y
a 4 del incremento ¿Tomó esa decisión en el momento equivocado?
Exmagistrado Augusto Ibáñez Guzmán.- No. Estoy
satisfecho con mi decisión y no perdí 7 años, como usted sugiere, sino que gané
5 de experiencia: en la época que me correspondió ejercer como magistrado,
logramos pulir asuntos de gran interés y actualidad desde el ángulo del Derecho
Penal Internacional, y nos pusimos a su altura. Cuando presenté mi renuncia, la
sala plena de la Corte había determinado que la ampliación de los periodos era
un tema que la corporación no debía discutir y yo estuve plenamente de acuerdo
con esa posición. De tal forma que ni siquiera consideré el punto.
C.O.T.- Pero entonces ¿Por qué se retiró?
A.I.G.- Los periodos no siempre coinciden con las
finalidades. Hay quienes creen que el ejercicio del poder que se les delega es
de por vida. Otros sabemos que existen límites que la Constitución y la ley
ordenan y los respetamos. Existe un adagio que dice que el agua, el fuego y el
poder son buenos y necesarios para vivir pero que esos elementos también pueden
‘matar’. Desde el día en que me posesioné como magistrado supe que llegaba a
aprender y a realizar una labor. Hace poco sopesé lo ejecutado y entendí que
los cinco años que había trabajado allí eran suficientes.
C.O.T.- ¿Por qué?
A.I.G.- Una magistratura que, compartida con los
demás compañeros, se empeñó en el control social del fenómeno del
paramilitarismo y su penetración en las esferas del poder; que vivió tantas
incomprensiones y que más tarde contó con un vigoroso respaldo de la opinión;
una magistratura a la que le correspondió contactar a los organismos
internacionales para poder adelantar lo que estaba haciendo y en el ejercicio
de la cual, por benevolencia de la sala plena fui presidente de la Corte en
momentos tan álgidos como los que se presentaron en el país, está plenamente
justificada y no debe ser mayor, en el tiempo, al que yo estuve.
C.O.T.- Esa época fue de conflicto entre las ramas
ejecutiva y judicial. Ahora se viven aparentemente otros tiempos ¿Esto último,
añadido a la circunstancia de que el 70% de los miembros de ese alto tribunal
es distinto y parece menos autónomos, lo empujó a irse de la Corte?
A.I.G.- Es cierto que a la Corte de la que hice
parte le tocó analizar y entender la realidad que se vivía en aquel momento.
Pero no creo, como parece que está implícito en su inquietud, que lo que hoy se
comprende como otra Corte vaya a cambiar de un brochazo la jurisprudencia que
quedó sentada en nuestros diferentes pronunciamientos.
C.O.T.- Sinceramente ¿piensa que la Corte actual
tiene el carácter de aquella que se le plantó al gobierno pasado?
A.I.G.- En mi discurso de despedida ante mis
compañeros afirmé que aspiraba a que los valores y los principios que
orientaron a la Corte anterior fueran los mismos de hoy, institucionalmente
hablando. En momentos de barbarie, de dictadura, la magistratura tiene que ser
de contención y en momentos de tranquilidad, un faro de referencia social.
C.O.T.- Permítame insisto en el tema: en los
pasillos del Palacio de Justicia se dice que Augusto Ibáñez se retira porque se
quedó solo.
A.I.G.- Un magistrado nunca se queda solo porque
tiene muchos mecanismos para congregar a los otros compañeros de sala alrededor
de la calificación y la conclusión de sus tesis. Si definitivamente no logra un
consenso jurídico o ideológico, existe el llamado salvamento de voto. Repito
que espero que la Corte siga con los derroteros de la interpretación social que
hicimos en los años 2005 a 2009. Pero esa no es mi preocupación. Me inquieta,
sí, que la reforma a la Justicia termine eliminando las facultades y funciones
que le asignó la Constitución del 91 al tribunal supremo.
C.O.T.- Contrario a lo que usted opina, el actual
presidente de la Corte ya dijo que estaba de acuerdo con esa reforma.
A.I.G.- Tal vez él se refería a que era necesaria y
casi obligatoria a nivel internacional, la creación de la segunda instancia en
los procesos de los congresistas. Sin embargo, está sin resolver la pregunta de
si las fórmulas que se están planteando en ese y otros puntos, son las más
convenientes para las instituciones. Por ejemplo, si la Sala Penal se
transforma en lo que están proponiendo, se va a convertir en un escribano de
las decisiones de otros o, peor, en un convidado de piedra frente al control
social que hoy ejerce.
C.O.T.- ¿Por qué lo dice?
A.I.G.- En la reforma se planteó la idea de que se
creara una sala de instrucción y una de juzgamiento cuyo origen fuera judicial
y dentro de la propia Corte Suprema. También se dijo que la Sala Penal fuera la
segunda instancia. Esa propuesta que no es exótica y existe en varios países,
fue modificada después con la idea de que se le entregara la investigación a la
Fiscalía y el juzgamiento a una sala por fuera de la Corte. La Constitución
diseñó el equilibrio de poderes de tal manera que hubiera pesos y contrapesos y
estableció que ese mecanismo podía ser rediseñado pero no cambiado en su
esencia. Pero eso es lo que están haciendo.
C.O.T.- La disminución de las funciones de la Sala
Penal ¿puede entenderse como un contragolpe por los juicios de la parapolítica?
A.I.G.- Nunca antes de 2007 hubo reparos a la labor
de la Corte Suprema. Nadie se preocupó cuando las investigaciones se referían a
injuria, calumnia, estafa o falsedad. Cuando se iniciaron las diferentes
investigaciones contra los aforados, jamás hubo una queja ni mucho menos se
habló de separar la etapa de investigación de la de juzgamiento. A nadie se le
ocurrió tampoco proponer la segunda instancia porque los miembros del alto
tribunal se veían como los mejor calificados del país y, en efecto, lo eran. El
conflicto se suscita cuando la Corte encuentra los vínculos entre los
paramilitares y el Congreso.
C.O.T.- Usted vivió aquella etapa ¿Qué pasó en
materia de presiones a la Sala Penal?
A.I.G.- Empezaron todas las críticas: por el factor
probatorio; porque se creía que los testigos estaban siendo pagados; porque
supuestamente esos testigos estaban amparados por otros Estados; porque un solo
juez no podía garantizar imparcialidad y porque no había quién asumiera la
segunda instancia. Respecto de su pregunta anterior y para decirlo con
claridad, están pretendiendo acabar con los procesos de la parapolítica.
C.O.T.- El argumento que han esgrimido los
congresistas es que ellos no cuentan con las garantías procesales de los demás
colombianos…
A.I.G.- Escuché decir a alguien que se están
estableciendo tantas, tantas garantías y se están imponiendo tantos y tan
difíciles pasos y procedimientos que el derecho se perderá. Suponga usted que
se requieran unas modificaciones. Aplíquenlas para alcanzar el estándar pero
hasta ahí. Si la reforma se aprueba como está hoy, se romperá una de las
fortalezas de la Constitución, es decir, el control sobre los diferentes
aparatos de poder.
C.O.T.- Ante esos hechos tan graves ¿no cree que
los actuales magistrados deberían protestar? O ¿los silenciaron con el
incremento del periodo a 12 años y la edad de jubilación a los 70?
A.I.G.- Pues esa inquietud se ha comentado
públicamente. Hasta el día en que yo estuve en la Corte nunca se aprobó alguna
disposición que tuviera que ver con ese tema, como ya le dije.
C.O.T.- Aunque no exista disposición escrita, la
decisión de las cortes está tomada: aprobación de la reforma en silencio. No
solo eso. Se sabe que magistrados de varias cortes están haciendo lobby en el
Congreso para que les otorguen el ‘regalo’ de la ampliación del periodo ¿No
queda mermada la dignidad de la Justicia y viciada su independencia?
A.I.G.- Me niego a aceptar que alguien haya estado
haciendo lobby en el Congreso. Si fuera cierto, la Corte estaría viviendo uno
de sus peores momentos. La ampliación del periodo y de la edad de retiro
forzoso, que serían comprensibles para los magistrados del futuro porque entrarían
con nuevas reglas de juego, se convertiría en un problema para quienes fueron
elegidos para un periodo de 8 años.
C.O.T.- Lamento decirle que se sabe que varios
magistrados de la Corte y del Consejo de Estado se han dedicado a ofrecerles
comidas y cocteles a los congresistas para comprometerlos con esas ampliaciones
¿Esa es la rama judicial que la Constitución quiso diseñar?
A.I.G.- Repito que espero que no haya existido
ninguna forma de lobby por parte de la Corte. También tengo que decir que no me
consta, no lo he visto y no me gustaría saber que eso sucedió.
C.O.T.- ¿Opina, como lo piensan algunos juristas,
que la modificación del periodo de los magistrados actuales sería
inconstitucional?
A.I.G.- El legislador no puede cambiar el mandato
constitucional de periodos establecidos por ocho años porque va en contravía
del diseño que la Carta construyó. Y como no hay reelección para los
magistrados, no se les puede ampliar el periodo por la puerta de atrás. En ese
punto, hay que llamar a todos a la cordura.
C.O.T.- En medio de esta discusión, un magistrado
del Consejo de Estado logró, mediante una tutela de dudosa legalidad que se le
mantuviera su cargo a pesar de haber cumplido la edad de retiro ¿No es una
vergüenza?
A.I.G.- Esa tutela es la demostración de que el
debate actual sobre ampliaciones de periodo y edad de retiro lleva al caos
institucional. Si se establecieron los 65 años como edad límite para permanecer
en la actividad judicial y esta fue la regla al momento de la elección, debe
respetarse. En mitad de la partida usted no se cambia, porque le conviene, de
jugar ajedrez a apostar en tute.
“Cumplí con mis obligaciones sin cobardía”
Cecilia Orozco.- Entre otras razones, se ha dicho
que su retiro anticipado de la Corte Suprema obedece a que usted sería incluido
en la terna para Procurador ¿Aspira a ser postulado?
Augusto Ibáñez.- Para que una persona acepte un
cargo o una postulación se requiere que primero se los ofrezcan. No he sido
llamado por nadie para proponerme una candidatura a la Procuraduría y tampoco
me quedaría bien hacer por mi cuenta tal solicitud.
C.O.- Usted estuvo sonando también para un cupo en
una corte internacional hace un tiempo. Entonces se dijo que era imposible
incluir su nombre porque eso significaría que Santos le declarara la guerra a
Uribe ¿Cree que el expresidente se le atravesaría a una aspiración suya?
A.I.- No lo sé. Ejercí el cargo de presidente de la
Corte Suprema en el momento en que me correspondió hacerlo, no con el fin de
atacar a una persona en particular sino para cumplir con mis obligaciones con
honestidad, sin cobardía y respetando el estándar de independencia judicial.
C.O.- Aunque se empeñe en contestar suavemente, no
puede hacer caso omiso de las duras críticas que recibió del uribismo.
A.I.- Si por defender la autonomía judicial molesté
a alguien, interpreto sus ataques solo como un detalle de fina coquetería.
“Lo que la fuerza no hizo, la simpatía lo logró”
C.O.- A tiempo con los magistrados, los
congresistas van por lo suyo en la reforma a la justicia ¿Tienen alguna
legitimidad las modificaciones a los mecanismos de investigación y juzgamiento
para ellos mismos?
A.I.- Todavía no se sabe cómo quedará
definitivamente la reforma en esos puntos pero en general se puede afirmar que
el origen del nombramiento del juez no puede residir en quien puede ser su
investigado. Lo que permitió que se desprestigiara el Consejo Superior de la
Judicatura no fueron tanto las personas aunque ellas tuvieran muchos
cuestionamientos, sino su origen político.
C.O.- ¿Cómo se puede comprender que el gobierno
actual que se enfrenta en algunos aspectos al anterior, se empeñe en aprobar
una reforma que le hubiera servido perfectamente a la administración pasada?
A.I.-
Yo diría que lo que la fuerza no hizo, la simpatía lo logró. Sin embargo, ese
no es un motivo de discrepancia mía con el actual gobierno. Debe aceptarse que
las relaciones entre la rama judicial y el Ejecutivo mejoraron en un 100%. Pero
esta discusión sí debe llevar a otra reflexión y es a la de examinar los
cambios estructurales que se están proponiendo y a la de mirar si con ellos se
protegerá o lesionará la Constitución.
