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jueves, 19 de octubre de 2017

Corrupción en la Rama Judicial del Poder Público. Senado suspende de su cargo al magistrado Pretelt en una decisión sin precedentes. El Heraldo. Por Laura Teheran Pugliese.

Corrupción en la Rama Judicial del Poder Público.
Corte Constitucional. Caso Pretelt.

Senado suspende de su cargo al magistrado Pretelt en una decisión sin precedentes

Tomada de Twitter
Magistrado Jorge Ignacio Pretelt Chaljub durante su intervención. Tomada de Twitter
El Heraldo Barranquilla. Por Laura Teheran Pugliese.
El togado ahora deberá esperar que en la Corte Suprema abra el juicio penal formal.
Con una votación de 55 a favor y 5 en contra, la plenaria del Senado le levantó el fuero al magistrado de la Corte Constitucional, Jorge Pretelt, de Córdoba, y lo suspendió del cargo, por el presunto delito de concusión.
Los congresistas también decidieron enviar la acusación para que se inicie un juicio penal en la Corte Suprema de Justicia, luego de haber hallado indicios de que pidió un soborno de $500 millones para favorecer una tutela de la extinta fiduciaria Fidupetrol.
Pretelt intervino ante la plenaria del Senado para defenderse de los señalamientos, pero sus alegatos no fueron suficientes para convencer al pleno de la cámara alta. En la votación no estuvo la bancada del Centro Democrático, que decidió retirarse del recinto antes de iniciarse la votación, y que era la única que apoyaba la causa del togado.
La senadora Paloma Valencia fue la encargada de presentar la constancia del CD sobre su retiro.
Intervención
Al comienzo de su participación, Pretelt mencionó que no iba a pronunciar “un discurso político, sino un alegato probatorio”. Agregó, además, que él tenía derecho de estar allí e incluso su defensa Abelardo De La Espriella, que no pudo ingresar al recinto y tuvo que esperarlo afuera.
Desde el atril y con un sinnúmero de carpetas, de la que sacaba documentos expresó que en ellos no había una sola prueba que lo comprometiera con el delito que se le endosa.
“No es posible que el día de hoy (ayer) vayan a aprobar una acusación del investigador Julián Bedoya, sacándome de la Corte Constitucional (…) le asiste razón a mi defensa y al Ministerio Público cuando afirman que las diligencias no arrojaron medios de prueba que permitan probar que recibí la suma de $500 millones”, señaló.
También expuso que “no hay una sola prueba de que yo haya solicitado o recibido dinero”.
Asimismo agradeció al Senado por darle la oportunidad de pronunciarse, pues comentó que ni la Comisión de Acusaciones, ni la plenaria de la Cámara lo hicieron, por lo cual —dijo— “me acusan en sesiones clandestinas”.
Investigaciones
Igualmente declaró que en todas las pruebas practicadas por la Procuraduría se comprobó que el abogado Víctor Pacheco nunca estuvo en su casa, por lo cual indicó que se debió desvirtuar esta acusación.
“No existe una sola prueba de que yo haya solicitado y recibido dinero. Tengo todas las pruebas recogidas por la Procuraduría acerca de que el señor Pacheco no estuvo en mi casa (…). Después de todas estas pruebas de que no pedí dinero ni Pacheco estuvo en mi apartamento, insisten en hacer la resolución de acusación en mi contra”, indicó en su intervención.
Por otra parte, anotó que la Fiscalía General de la Nación hizo una investigación en el edificio donde reside y comprobó que Víctor Pacheco no estuvo en su apartamento. “En la resolución de acusación no hay una sola mención de las circunstancias, tiempo, modo y lugar de los hechos”, agregó.
Continuamente sugirió que dos días antes de que lo eligieran presidente de la Corte Constitucional, el 2 de febrero de 2015, “el fiscal Eduardo Montealegre, el vicefiscal Jorge Perdomo, y el secretario (Juan Pablo Duque), de la Comisión de Acusaciones, empezaron a buscar y rebuscar pruebas en mi contra. Recaudaron pruebas, pero ¿dónde está la prueba reina?”.
Pretelt hizo referencia a las investigaciones del magistrado Mauricio González, sobre el posible fraude en beneficio de Fidupetrol.
“Que me muestren un solo indicio en el que yo hubiera favorecido a Fidupetrol”, expresó el magistrado.
“No es posible que digan que Pacheco está condenado por el caso de Pretelt. Él lo está por tráfico de influencias en la Corte Constitucional, en la selección de una tutela (…). Víctor Pacheco negó que yo le hubiera pedido dinero, es absurdo deducir que el silencio de Pacheco, es mi responsabilidad, esto altera toda lógica”.
Seguidamente, mencionó los siete indicios que reposan para su condena y por los cuales lo separarían de su cargo, y los desvirtuó uno a uno.
Indicó que se le acusa del conocimiento que tendría sobre el caso de Fidupetrol: “yo no conocía la tutela de Fidupetrol. No es posible que se me haga un cuestionamiento sobre el caso de corrupción de Fidupetrol, cuando yo voté en contra. Muéstrenme un solo indicio en que yo hubiera favorecido a Fidupetrol ”.
Apuntó además que “estos son los indicios por los que ustedes me van a sacar de la Corte Constitucional, con un informe falso (…) me van a suspender de mi cargo, quitándome el fuero Constitucional, en una decisión que no tiene recursos y tienen algunos la desfachatez de decir que es un simple trámite”.
“Si después de esta exposición ustedes deciden votar por esta acusación, digan que es una decisión fundada en criterios políticos. La justicia debe estar por encima de cualquier otro interés”, concluyó.
Terminada su intervención, por más de dos horas, más de treinta senadores pidieron intervenir.
“Este es uno de los casos más bochornosos del país en corrupción”, comentó el conservador Juan Manuel Corzo, miembro de la Comisión tercera económica del Congreso, en su intervención.
Seguidamente, se leyó el proyecto de resolución que admite acusación proferida por la Cámara de Representantes en contra del magistrado Joge Pretelt por el presunto delito de concusión. Y finalmente se llevó a cabo la votación, que lo despojó de su investidura y apoya su acusación ante la Corte Suprema.
Un polémico proceso que duró 18 meses
La decisión de suspender al magistrado Jorge Pretelt se tomó 18 meses después de que el magistrado de la Corte Constitucional Mauricio González lo denunciara ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes.
Desde el inicio de las sindicaciones el año pasado, el magistrado fue señalado de recibir $500 millones para revocar una tutela del 16 de octubre de 2014, en la que la sala Penal de la CSJ imponía una multa a Fidupetrol por $22.000 millones.
A continuación, un recuento del caso Pretelt.
En febrero de 2015 el magistrado Mauricio González denuncia a Jorge Pretelt por presunto soborno.
En marzo de ese año, el magistrado habló por primera vez de la acusación. Dijo que “el país puede estar convencido que no habrá la prueba mínima o simple de ese soborno, porque esto es un complot”. Anunció que no renunciaría.
En ese mismo mes el Consejo Superior de la Judicatura abrió investigación de oficio contra el abogado barranquillero Víctor Pacheco, quien fue señalado de pedir a Pretelt que cambiara el sentido del fallo de la tutela.
El 4 de marzo Pretelt dejó la presidencia de la Corte Constitucional por 30 días, para defenderse en la investigación.
El 9 de marzo la Fiscalía interroga al abogado Pacheco. En su declaración afirma que Pretelt le había sugerido dar regalos a Marcela Monroy, exesposa de González, y a su hijo de 17 años, para que se favoreciera la tutela de la fiduciaria.
El 17 de marzo la Corte Constitucional pide la renuncia del magistrado Pretelt a la presidencia del alto tribunal.
El 19 de marzo Pretelt es acusado de concusión o tráfico de influencias. La Fiscalía aseguró que tenía grabaciones en las que se revelaba que el magistrado usó su poder en beneficio propio.
El 24 de marzo Estados Unidos le negó la visa a Pretelt. El funcionario dijo  que se trataba de una persecución del Gobierno y la Fiscalía.
El 8 de abril Pretelt envió dos cartas al CIDH para pedir medidas cautelares en su caso.
En septiembre acusan formalmente a Pretelt por el caso de Fidupetrol. El investigador Julián Bedoya radica el escrito de acusación.
En noviembre el caso pasa a la plenaria de la Cámara de Representantes. Ese mismo mes la Fiscalía imputa cargos contra presidente de Fidupetrol por tráfico de influencias en la Corte.
En diciembre la Cámara aprueba la acusación contra Pretelt y envía el caso al Senado de la República.
Ese mismo mes el entonces presidente del Senado, Luis Fernando Velasco, anuncia la decisión de suspender el juicio hasta marzo.
El 17 de marzo de 2016 se reactiva el juicio.
En abril la Comisión de Ética del Senado niega los recursos interpuestos por la defensa del magistrado.
El 10 de mayo comienza el juicio contra Pretelt.
El 18 de agosto comisión de instrucción entrega informe al Senado y pide investigar a Pretelt.
El 10 de agosto el magistrado acude a la CIDH para tratar de impedir que se continúe el juicio.
El 23 de agosto el Senado decide aplazar la votación para escuchar las justificaciones del magistrado.
El 24 de agosto el Senado decide suspender al magistrado Jorge Pretelt.

miércoles, 18 de octubre de 2017

Corrupción en la Rama Ejecutiva del Poder Público. "Los otros condenados del gobierno Uribe". El Espectador. 15 de abril 2015.

Corrupción en la Rama Ejecutiva del Poder Público.

"Los otros condenados del gobierno Uribe"

Andrés Felipe Arias, Jorge Noguera, María del Pilar Hurtado, Bernardo Moreno y Mauricio Santoyo, protagonizaron sonados escándalos como el de las chuzadas del DAS y Agro Ingreso Seguro.
María del Pilar Hurtado, Andrés Felipe Arias, Mauricio Santoyo, Bernardo Moreno y Jorge Noguera.Archivo El Espectador
Andrés Felipe Arias
Es economista de la Universidad de los Andes. Un par de años después de conocerlo en los círculos sociales de Medellín, el entonces presidente Álvaro Uribe lo nombró director de Política Macroeconómica del Ministerio de Hacienda. En 2004 fue designado viceministro de Agricultura y un año después asumió la dirección de esa cartera. Fue en esa posición en la que poco a poco se convirtió en uno de los principales alfiles del uribismo, al tiempo que lanzaba el programa de subsidios para el campo Agro Ingreso Seguro (AIS). En 2008 se hizo público que ese ambicioso proyecto, con el que se pretendía apoyar a pequeños agricultores, había terminado favoreciendo a poderosas familias terratenientes de la costa Caribe y del Valle del Cauca. También trascendió que algunos de los recursos les habrían sido desembolsados a narcotraficantes.
Pese al escándalo, Arias se postuló como precandidato a la presidencia por el partido Conservador. En 2010, en su columna de la revista Semana, el periodista Daniel Coronell señaló al exministro de financiar su precandidatura con dineros de beneficiarios de AIS. Coronell dijo, además, que el exministro manejaba de manera irregular la contabilidad de su campaña y el Consejo Nacional Electoral anunció la apertura de una investigación, que fue archivada en 2011. En medio de fuertes fracturas al interior del partido Conservador, Arias perdió la consulta interna con Noemí Sanín y se retiró de la vida pública luego de que la Procuraduría lo sancionara e inhabilitara durante 16 años por el escándalo de AIS. Pero en junio de 2011 su situación se complicó y por cuenta del proceso judicial que se adelantaba en su contra fue recluido en la Escuela de Caballería de Bogotá.
En junio de 2013, tras considerar que no constituía un peligro para las investigaciones, el Tribunal Superior de Bogotá lo dejó en libertad. El exministro mantuvo un perfil bajo y se dedicó a la vida académica hasta junio de 2014, cuando la Corte Suprema de Justicia lo condenó a 17 años de cárcel por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado en favor de terceros. Como muchos de los exfuncionarios del gobierno Uribe que han sido procesados, Arias alegó ser perseguido político, por lo que abandonó el país pocos días antes de conocer su condena. La última vez que se lo vio fue en La Florida (EE.UU.), donde ha realizado trámites para recibir asilo.
Jorge Noguera
Nació en Santa Marta en 1963 y se graduó como abogado de la Universidad Javeriana. Tras ocupar distintos cargos administrativos en entidades públicas y privadas, asumió la jefatura en el Magdalena de la primera campaña presidencial de Álvaro Uribe. Fue ese departamento, donde obtuvo 113.812 votos, el único lugar de la costa Caribe en el que el candidato Uribe le ganó a Horacio Serpa. En 2002, el recién posesionado presidente nombró a Jorge Noguera como director del DAS. Éste, a su vez, designó como director de Informática de la entidad al ingeniero Rafael García, que había hecho parte de su equipo de colaboradores durante la campaña electoral. Desde entonces y hasta 2005, cuando Noguera fue nombrado cónsul en Milán (Italia), el DAS fue puesto al servicio del bloque Norte de las autodefensas, comandado por Rodrigo Tovar Pupo, alias “Jorge 40”.
Así lo comprobó la Corte Suprema de Justicia, que en 2011 condenó a Noguera a 25 años de prisión por los delitos de concierto para delinquir agravado, destrucción, supresión u ocultamiento de documento público, revelación de asunto sometido a secreto y homicidio. El testigo estrella del caso fue el propio García, que en 2006 salpicó a su antiguo jefe y contó cómo él mismo había servido de enlace entre el DAS y los paramilitares de “Jorge 40”. Según el alto tribunal, Noguera dirigió todos los esfuerzos investigativos del DAS contra las guerrillas e hizo uso de sus amplias facultades administrativas para suministrarle información de inteligencia al bloque Norte, vincular a la entidad a personas afectas al paramilitarismo, desaparecer antecedentes y sabotear o frenar las pesquisas contra los máximos comandantes de esa estructura.
Además, la Corte estableció que Noguera participó en el homicidio del sociólogo Alfredo Correa de Andreis, falsamente acusado por el DAS de ser ideólogo de las Farc y asesinado por paramilitares en 2004, en las calles de Barranquilla. Ya en 2007, la Procuraduría había destituido e inhabilitado por 18 años a Noguera, tras comprobar que colaboró con los paramilitares cuando fue director del DAS y que permitió la eliminación de los antecedentes judiciales de varios narcotraficantes pedidos en extradición. En la Corte Suprema aún cursa un expediente en su contra por cuenta de las operaciones ilegales mediante las cuales ese organismo de inteligencia ideó una violenta persecución contra la oposición a partir de 2004. La Fiscalía denunció en marzo pasado que existe un “pacto de silencio” entre tres exfuncionarios de la central de inteligencia para no declarar contra Jorge Noguera.
María del Pilar Hurtado
Nació en 1963, estudió derecho en la Universidad de los Andes y trabajó en el sector público durante la alcaldía de Enrique Peñalosa. Sus relaciones personales le permitieron vincularse al Ministerio de Defensa durante el periodo de Jorge Alberto Uribe y, en 2006, fue nombrada subdirectora del DAS. Tras la salida de Andrés Peñate, Hurtado asumió la dirección del organismo hasta 2008, cuando se vio obligada a renunciar por cuenta del escándalo de las “chuzadas”. Durante su administración, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y senadores como Gustavo Petro y Piedad Córdoba denunciaron que la central de inteligencia había desplegado seguimientos e interceptaciones ilegales contra la oposición política y las organizaciones defensoras de derechos humanos. Más tarde se supo, además, que el DAS había diseñado y ejecutado una operación denominada “Escalera” para recabar ilegalmente información sobre los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
En el proceso judicial que se adelantó por este escándalo, el exsubdirector de Fuentes Humanas del DAS William Romero, uno de los artífices del complot contra la Corte, declaró en distintas oportunidades que Hurtado conocía de esas actividades ilegales. Sintiéndose contra las cuerdas por cuenta de los avances de la investigación judicial, la exdirectora del DAS viajó a Panamá en 2010, donde el presidente Ricardo Martinelli le concedió asilo político. Entonces, las víctimas de las “chuzadas” presionaron al gobierno colombiano para que consiguiera su regreso al país, a la par que el expresidente Álvaro Uribe defendía su inocencia. Fue gracias a una demanda presentada por el abogado panameño Ángel Álvarez que el camino empezó a despejarse.
En mayo de 2014, por cuenta de ese recurso, la Corte Suprema de Justicia de Panamá declaró inconstitucional el asilo de María de Pilar Hurtado. Sin embargo, la exdirectora del DAS continuó escondiéndose en ese país, mientras la fiscalía colombiana le pedía desesperadamente a Interpol que emitiera circular roja en su contra. Finalmente, las gestiones rindieron frutos el pasado 30 de enero, cuando la policía internacional solicitó la captura, mientras Uribe señalaba al presidente Santos de aprovechar una visita diplomática a Francia para acudir a la sede de Interpol con el fin de “perseguir a María del Pilar Hurtado”. Santos desmintió los señalamientos y, acorralada, Hurtado se entregó a las autoridades en la madrugada del día siguiente. Su regreso al país desempolvó los expedientes de oscuro capítulo de las “chuzadas” del DAS.
El pasado 27 de febrero, luego de juzgarla en ausencia, la Corte Suprema de Justicia la condenó por los delitos de concierto para delinquir, violación ilícita de comunicaciones, abuso de función pública, peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento público. Recluida en el búnker de la Fiscalía, en Bogotá, María del Pilar Hurtado espera conocer el monto de su condena por haber orquestado uno de los planes más siniestros en la historia de la desaparecida agencia de inteligencia: destruir la reputación de los magistrados de la Corte que investigaba la parapolítica y silenciar a los líderes de la oposición por la vía del descrédito y la persecución.
Bernardo Moreno
Estudió Administración de Empresas en la Universidad de la Salle. Desempeñó distintos cargos en el sector público y en 2000 se lanzó sin éxito a la gobernación del Quindío. Durante la primera aspiración presidencial de Álvaro Uribe fungió como director de su campaña en ese departamento y, en 2002, fue nombrado por el nuevo mandatario como presidente de la Financiera del Desarrollo (Findeter). Dos años más tarde fue designado secretario general de la Presidencia, cargo en el resultó cuestionado en múltiples oportunidades. En 2008, la Fiscalía lo llamó a indagatoria luego de que la excongresista Yidis Medina declarara que él se había comprometido a entregarle prebendas por aprobar la reforma constitucional que permitió la reelección de Uribe en 2006.
En mayo de 2009, el exdirector de Contrainteligencia del DAS Jorge Lagos declaró que la información sobre los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que era extraída ilegalmente por esa central, le era entregada al exsecretario general de la Presidencia. La Procuraduría investigó esos hechos y en 2010 inhabilitó a Bernardo Moreno para ejercer cargos públicos durante 18 años. La entidad determinó que, en abril de 2008, Moreno se reunió en la Casa de Nariño con funcionarios del DAS y de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) para recibir reportes sobre el cuestionado empresario Asencio Reyes, con quien el organismo de inteligencia intentaba desprestigiar a los magistrados.
El pasado 27 de febrero, en el mismo proceso que se siguió contra la exdirectora del DAS María del Pilar Hurtado, la Corte Suprema condenó a Bernardo Moreno por los delitos de concierto para delinquir, violación ilícita de comunicaciones y abuso de función pública. En la sentencia, el alto tribunal dejó constancia de que en 2007 Moreno se reunió en Metropolitan Club de Bogotá con Hurtado y con el entonces director de Inteligencia del DAS, Fernando Tabares, con el fin de comunicarles que el presidente Uribe estaba interesado en obtener información de inteligencia sobre cuatro "blancos": los senadores Piedad Córdoba y Gustavo Petro, la Corte Suprema de Justicia y el periodista Daniel Coronell. La Corte determinó, además, que Moreno ordenó enlodar el nombre de Yidis Medina para deslegitimar sus denuncias sobre las irregularidades que rodearon el trámite de la reelección presidencial.
Mauricio Santoyo
Nacido en Boyacá, el general (r) Mauricio Santoyo estudió en la Escuela de Policía de Bogotá. En 1996 fue designado comandante del Gaula de Medellín, donde obtuvo importantes resultados contra el secuestro en la época en que Álvaro Uribe fungía como gobernador de Antioquia. Durante su paso por el Gaula, Santoyo protagonizó un escándalo por interceptaciones ilegales contra defensores de derechos humanos y denunciantes, aunque ese episodio no detuvo su carrera. Más tarde comandó el Cuerpo Élite Antiterrorista, posición desde la cual, según los testimonios de varios paramilitares, apoyó la cruenta guerra que desató en Medellín Diego Fernando Murillo Bejarano, alias “Don Berna”, por el control del negocio de la droga.
Nada de eso impidió que el entonces coronel fuera vinculado al esquema de seguridad del candidato presidencial Álvaro Uribe, a comienzos de la década del 2000. Una vez éste último fue elegido, Santoyo se convirtió en jefe de seguridad del presidente. Tan solo un año después, en 2003, la Procuraduría destituyó a ese oficial por interceptar irregularmente cientos de líneas telefónicas cuando estaba a la cabeza del Gaula. Pero Santoyo se aferró a su cargo y el caso llegó al Consejo de Estado, que en 2006 tumbó la decisión del Ministerio Público y lo reintegró a la institución. Un año más tarde, pese a los señalamientos que recaían en su contra, el Congreso lo ascendió a Brigadier General. Posteriormente, fue enviado como agregado a la embajada de Colombia en Italia y en 2009 pidió la baja.
Sin embargo, cuando parecía que el general disfrutaría de un retiro tranquilo, los excomandantes paramilitares arreciaron sus declaraciones desde Estados Unidos. Salvatore Mancuso contó cómo Santoyo se alió con las autodefensas para perseguir a las guerrillas y otros tantos aseguraron que el jefe de seguridad del presidente les había ayudado a evadir a las autoridades y a traficar cocaína hacia ese país. La fiscalía estadounidense lo acorraló y en 2012 el oficial aceptó el delito de ayudar a un grupo terrorista. En diciembre de ese año fue condenado a 13 años de prisión, convirtiéndose en el primer general colombiano en ser sentenciado en el extranjero. Muchos se preguntaron si era posible que Uribe hubiera desconocido las actividades criminales de su oficial más cercano, suspicacia que ha sido rechazada tajantemente por el expresidente en repetidas ocasiones.

Corrupción en la Rama Ejecutiva del Poder Público. Ministro de Agricultura Andrés Felipe Arias Sentenciado a 17 años. El Tiemmpo. 18 de julio de 2.014.

Corrupción en la Rama Ejecutiva del Poder Público. Ministro de Agricultura Andrés Felipe Arias Sentenciado a 17 años.

Andrés Felipe Arias, sentenciado a 17 años y prófugo de la justicia
Fue condenado por dar subsidios del agro sin licitación y privilegiar sectores políticos cercanos.
18 de julio de 2014, 03:17 am
Desde las 2 de la tarde de este jueves, el exministro de Agricultura Andrés Felipe Arias se convirtió en prófugo de la justicia colombiana.
A esa hora, la magistrada María del Rosario González, de la Sala Penal de la Corte Suprema, anunció que quedaba librada la orden de captura contra Arias por las irregularidades en la entrega de subsidios del programa Agro Ingreso Seguro (AIS), para que cumpla una condena de 17 años de prisión.
Es una de las más altas penas impuestas en un caso de corrupción, aunque la sentencia de la Corte –que tiene 403 páginas– señala que el exfuncionario no se apropió de dinero del erario público.
Pero Arias, según el fallo unánime de la Sala Penal, sí utilizó los millonarios recursos de AIS con criterios alejados de la equidad y la transparencia.“La función pública se puso al servicio de intereses particulares, los del Ministro, a través de la adopción de decisiones discrecionales, con las cuales se prohíja la corrupción y el desgreño administrativo, la inequidad y el exclusivismo, además del deterioro de la imagen del Estado”, puntualizó la Corte.
Casi cinco años después de que la desaparecida Revista Cambio, de esta Casa Editorial, reveló las irregularidades de AIS, la Corte determinó que Arias hizo trampas para evadir la licitación pública que requerían los fondos destinados al programa –casi 300.000 millones de pesos en tres años– y que, a conciencia, dejó puertas abiertas que fueron utilizadas por los beneficiarios de la costa Atlántica para fraccionar sus megafincas y lograr más de un subsidio.
Además, asegura que desde antes de la existencia de AIS, el exministro empezó a traspasar los límites de la legalidad para darle vida a ese programa.Así, los testimonios de dos de sus manos derechas en la cartera de Agricultura, entre ellos su viceministro Fernando Arbeláez, muestran, para la Corte, que Arias tenía intereses no claros.
Desde el 2006 empezó a buscar recursos para AIS, “pese a que ni siquiera existía claridad sobre los instrumentos para ejecutarlos, lo cual denota falta de una planeación seria, respetuosa de la naturaleza, cuantía y destinación de los dineros sobre los cuales recaía dicho gasto”, dice la sentencia
Como ya lo había señalado al anunciar el fallo, hace dos semanas, la Corte sentencia a Arias porque usó un atajo jurídico, la figura de la cooperación en ciencia y tecnología, para firmar tres convenios con el Instituto Interamericano para la Cooperación Agrícola (Iica), que se limitó a administrar los recursos según las instrucciones del ministerio.
No controló trampas
Sobre el escándalo de las trampas de los que recibieron más de un subsidio, el fallo señala que Arias sabía de ese riesgo y que no hizo nada. Por eso lo condenó por peculado en favor de terceros. “No puede desconocerse que los beneficiarios de los recursos, además de pertenecer a un concreto sector del agro –el de cultivadores de palma de aceite–, estaban ubicados en una específica zona del país y vinculados en parentesco con miembros de un reconocido grupo político de la costa Caribe, los señores Vives Lacouture, hecho de singular importancia para quien como el doctor Arias Leiva, además de contar con toda una trayectoria en el sector público, tenía aspiraciones políticas”.
El expediente señala cómo un funcionario de confianza de Arias, Carlos Manuel Polo Jiménez, estuvo en el Iica, después fue nombrado por el ministro como subgerente de Infraestructura de Adecuación de Tierras del Incoder y era, a la vez, ficha del condenado exsenador Luis Eduardo Vives Lacouture.
Coincidencialmente, fue el círculo familiar y empresarial cercano a Vives el que fraccionó los predios y logró subsidios de riego por 25.000 millones de pesos. Polo, dice el expediente, habría jugado un papel clave para que varios de esos proyectos, que habían sido descabezados en la primera evaluación del Iica, terminaran recibiendo las millonarios ayudas.
“La asignación de los recursos en la forma cuestionada por la Fiscalía no constituía sorpresa para nadie; era el resultado esperado de los términos de referencia impuestos por el ministro Arias Leiva, y de la intervención en el proceso de evaluación de su exfuncionario Carlos Manuel Polo Jiménez”, señala el fallo.
La Corte le impuso también a Arias una multa de 50.000 salarios mínimos mensuales vigentes –cerca de 30.800 millones de pesos–. Durante la audiencia no hicieron presencia ni él ni su abogado titular el exmagistrados Jorge Anibal Gómez.
Ahora, el Gobierno y la Fiscalía seguirán el trámite para que Arias, que al parecer sigue en EE. UU. (a donde viajó el 13 de junio a pesar de que había dicho que le daría la cara a la justicia), sea ubicado y entregado a las autoridades correspondientes.
Otros condenados por el caso
Juan Manuel Dávila (izq.) / Juan Camilo Salazar (der.)
El exviceministro de Agricultura Juan Camilo Salazar fue condenado a siete años y medio de detención domiciliaria y, tras acuerdo con la Fiscalía, es uno de los testigos del ente acusador contra los demás enredados con el caso AIS. La Fiscalía ha imputado cargos a 40 personas, de las cuales 30 son particulares que recibieron subsidios de Agro Ingreso Seguro mediante el fraccionamiento de sus predios.
De ese grupo, la justicia condenó a Juan Manuel Dávila Jimeno, su esposa María Clara Fernández de Soto y sus hijos Juan Manuel (foto) y Ana María, a una sentencia de 22 meses. En ese caso fue absuelta la exreina Valerie Domínguez. Alfonso Enrique Vives Caballero, otro de los beneficiarios, fue sentenciado a 34 meses. Ninguno de ellos fue a prisión.

Corrupción en la Rama Ejecutiva del Poder Público. Ex Ministro de Agricultura Andrés Felipe Arias. Corte condena a Arias a 17 años de cárcel; está prófugo en EE. UU. El Tiempo. 17 de julio de 2014.

Corrupción en la Rama Ejecutiva del Poder Público. 
Ex Ministro de Agricultura Andrés Felipe Arias.
Corte condena a Arias a 17 años de cárcel; está prófugo en EE. UU.
Magistrada libró orden de captura. Canciller pedirá a ese país que lo deporten.

Por: JUSTICIA. El Tiempo 17 de  julio de 2.014

El exministro de Agricultura Andrés Felipe Arias deberá pagar 17 años de prisión y una multa de 50 mil salarios minímos (unos 30.800 millones de pesos), al ser hallado responsable de los delitos de peculado por apropiación a favor de terceros y celebración de contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales. Delitos cometidos en el marco de la ejecución de Agro Ingreso Seguro (AIS).

Tal como se esperaba, el exministro Arias ni su abogado, Jorge Aníbal Gómez, asistieron a la lectura del número de años que tiene que pagar en prisión. Así las cosas, a partir de hoy jueves, el exministro es prófugo de la justicia.
Además, la magistada María del Rosario González libró orden de captura internacional contra el exministro, que se encuentra en Estados Unidos desde el pasado 13 de junio.

Desde la cumbre en Brasilia de los líderes del grupo BRICS con los presidentes sudamericanos, la canciller María Ángela Holguín confirmó que Arias se encuentra en Miami (Estados Unidos), donde ha hecho trámites consulares, y tan pronto se expida una orden de captura tras su condena será pedido en deportación. ​ (Lea también: Andrés Felipe Arias hizo trámites consulares en Miami: Cancillería)

Según el fallo, que la magistrada González leyó durante seis horas, Arias realizó convenios científicos y técnicos, que dan al Estado la posibilidad de contratar directamente (sin licitación) para concretar tres convenios con el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (Iica).​ (Lea también: ¿Por qué condenaron al exministro Arias?)

Y eso, según la Corte, fue una trampa y que lo que se buscó fue asegurar que el programa AIS estuviera "bajo la égida del Ministro". Tanto que, según la Corte, Arias daba órdenes directas a funcionarios del Iica.

"Está demostrado que el proceso contractual cuestionado estuvo siempre con el interés de Arias detrás (...) Los convenios en mención no cumplieron con su objetivo de ciencia y tecnología, como lo dijo la Fiscalía, nunca quedó claro cómo realizarían esa función", dijo la Corte, que agregó que el ente acusador logró demostrar que desde el Ministerio de Agricultura se empezó a gestionar AIS desde mucho antes de que fuera asegurado su funcionamiento.

El fallo señala además que, a pesar de que se suponía que el Iica era el que manejaba AIS, "Arias conservó la disponibilidad de esos dineros y se valió de las convocatorias para incluir reglas" para la asignación de los subsidios.

Entre los contratistas del IIca que definían quién recibía los subsidios de riego había "gente de la mayor confianza" del Ministro, quien vulneró también los principios de contratación.

La magistrada González se refirió a las diferentes familias y sociedades a las que les fueron asignados los subsidios e hicieron un fraccionamiento ilegal en los terrrenos, con conocimiento y sin oposición de Arias.

Uribe salió en defensa de Arias
El expresidente Álvaro Uribe calificó de "injusta" la condena contra Arias, quien fue su ministro de Agricultura. En un comunicado del partido Centro Democrático, firmado por el propio Uribe y el excandidato Óscar Iván Zuluaga, ambos afirman que la sentencia de la Corte es resultado de una "persecución política".

"Nos duele profundamente la injusta condena al exministro Andrés Felipe Arias, antecedida y rodeada de una serie de elementos que configuran una clara persecución política, de la cual es víctima", indica el comunicado.

Uribe y Zuluaga aseguran que Arias no se apropió de un solo centavo del presupuesto público.

Y se preguntan además “¿por qué los terceros presuntamente favorecidos fueron absueltos y declararon no conocer al exministro Arias?", cuando el fallo de la Corte condena a Arias por peculado en favor de ellos.

Fiscalía pedirá que Oneida Pinto regrese a la cárcel. El Espectador. 17 de octubre de 2017.

Corrupción en la Rama Ejecutiva del Poder Público. Gobernaciones.



SERÁ EL PRÓXIMO PRIMERO DE NOVIEMBRE

Fiscalía pedirá que Oneida Pinto regrese a la cárcel

Luego de que un juzgado de Soacha (Cundinamarca) ordenara la detención domiciliaria, el organismo de control radicó una nueva audiencia para que la exmandataria departamental regrese a la cárcel.
La Fiscalía dice que Oneida Pinto es responsable de los delitos de peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos, falsedad en documento público y privado, y contrato sin cumplimiento de los requisitos legalesCristian Garavito
El próximo 1° de noviembre, la Fiscalía pedirá que la exgobernadora de La Guajira, Oneida Pinto, regrese nuevamente a la cárcel. La solicitud se da luego de que, el pasado 10 de octubre, un juzgado de Soacha (Cundinamarca) ordenara la detención domiciliaria de la exmandataria departamental por ser madre cabeza de familia. (Lea: Casa por cárcel para Oneida Pinto)
Oneida Pinto es investigada por las supuestas falencias halladas en un contrato por $18.600 millones, el cual celebró días antes de renunciar a la Alcaldía del municipio de Albania para postularse como candidata en las elecciones para la Gobernación de ese departamento.
En desarrollo de la investigación, el organismo investigativo evidenció irregularidades en los convenios interadministrativos No. 008 y No. 004, con adición No. 001, que fueron suscritos con la ESE Hospital San Rafael de Albania y cuyo objetivo principal era la reducción de la mortalidad infantil en el municipio. (Le podría interesar: Fiscalía perdió pelea contra Oneida Pinto: su proceso se queda en La Guajira)
Sin embargo, los convenios fueron ejecutados parcialmente sin que se cumpliera a cabalidad el objetivo para el cual habían sido suscritos. La Fiscalía dice que Pinto es responsable de los delitos de peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos, falsedad en documento público y privado, y contrato sin cumplimiento de los requisitos legales
La Fiscalía también estableció que en el proceso de ejecución de estos convenios se designaron diez coordinadores quienes, a su vez, subcontrataron con aproximadamente 1.600 personas para la materialización de la mencionada obligación contractual. (Quizás le interese: "Soy una perseguida política": Oneida Pinto)
Cada uno de los subcontratados, presuntamente, recibieron $1.200.000 para la ejecución del contrato que consistía en dictar charlas y visitas a madres gestantes, lactantes, y adelantar jornadas de vacunación. Según el organismo investigativo, “había personas que no tenían el perfil ni la idoneidad requerida para el desarrollo de los programas, como albañiles, mecánicos, técnicos en sistemas, entre otros”.