‘El 82 % no aprueba la justicia, eso es un desastre en una democracia’
El presidente de la Corte Constitucional habla de la reforma a la justicia, la JEP y otros temas.
Néstor Gómez. EL TIEMPO
Por: Yamid Amat
16 de febrero 2020 , 05:31 p.m.
La Corte Constitucional, máximo organismo de justicia constitucional, guardián y protector de la carta y de los derechos fundamentales que ella consagra, acaba de elegir nuevo presidente. Se trata del abogado Alberto Rojas Ríos, máster en Derechos Humanos, Democracia y Justicia Internacional.
En la siguiente entrevista, el magistrado Rojas hace afirmaciones como estas: 1. La gente no cree en la justicia. El resultado es desolador. 2. La justicia vive una asombrosa crisis. 3. Falta una gran revolución en la justicia. 4. La gente volverá a creer en la justicia cuando sepa en qué momento se va a dictar sentencia. 5. La demora infinita de los fallos crea incertidumbre. 6. El tema de la inhabilidad para que fiscal, procurador y contralor sean candidatos presidenciales está incluido en la reforma de la justicia que planteará el Gobierno. 7. Habrá una gran cumbre iberoamericana de tribunales constitucionales. 8. La gente que está marchando por la calle tiene resentimientos acumulados. Es una falta de reconocimiento. 9. Estamos viviendo con una profunda desigualdad. 10. A los ciudadanos hay que escucharlos.
“Tengo una prioridad –dice el nuevo presidente de la Corte Constitucional–. Quiero una Corte mucho más cercana al ciudadano. Las personas que acuden a la Corte se juegan lo que les va quedando de esperanza; nosotros lo entendemos, y por eso es que tenemos que asumir que al año llegan 640.000 tutelas, un promedio de 50.000 mensuales. Y, como lo anunció mi antecesora, la magistrada Gloria Ortiz, pronto se aplicarán modernos instrumentos tecnológicos para agilizar la selección y los fallos de tutelas, mediante estandarizaciones conceptuales, pero preservando y protegiendo, con todo rigor, las garantías que la Constitución contempla para los todos los colombianos”.
“Tengo una prioridad –dice el nuevo presidente de la Corte Constitucional–. Quiero una Corte mucho más cercana al ciudadano. Las personas que acuden a la Corte se juegan lo que les va quedando de esperanza; nosotros lo entendemos, y por eso es que tenemos que asumir que al año llegan 640.000 tutelas, un promedio de 50.000 mensuales. Y, como lo anunció mi antecesora, la magistrada Gloria Ortiz, pronto se aplicarán modernos instrumentos tecnológicos para agilizar la selección y los fallos de tutelas, mediante estandarizaciones conceptuales, pero preservando y protegiendo, con todo rigor, las garantías que la Constitución contempla para los todos los colombianos”.
Quiero una Corte mucho más cercana al ciudadano. Las personas que acuden a la Corte se juegan lo que les va quedando de esperanza; nosotros lo entendemos...
¿Por qué la gente recurre tanto a la tutela?
Cuando uno pregunta el grado de aprobación que la opinión pública tiene de la justicia, el resultado es desolador. El 82 % de la población no aprueba la justicia, según la encuesta Pulso País de diciembre del 2019. Eso es un absoluto desastre en una democracia y en un Estado social de derecho como el nuestro. Esto es un verdadero leviatán. Pero cuando usted le pide a la gente que opine sobre el grado de aceptación de la tutela, tiene el 84 % de favorabilidad. Esto nos indica que la gente solo cree esencialmente en la tutela.
¿Qué hacer para que la gente crea en la justicia?
Que la justicia responda con eficacia y con plazos ciertos a las pretensiones de las personas que acuden a ella.
¿Eso es culpa de los jueces?
Es culpa del sistema. Como Fuente Ovejuna, “todos a una”, somos culpables de la asombrosa crisis de la justicia. Aquí nos falta una gran revolución en la justicia.
¿Para qué? ¿Para cambiar qué?
Para que el ciudadano sepa, a ciencia cierta, lo que pasará con sus demandas de justicia en todas las jurisdicciones especializadas. La gente vuelve a creer en la justicia cuando sepa en qué momento se va a dictar sentencia. La gente necesita tener respuesta, pronta y cumplida. Pero algo más, de esta manera la gente volvería a tener confianza en sus jueces.
Un ciudadano acepta que su juez no sea sabio, que su juez le falle en contra, acepta que el juez no haya sido suficientemente riguroso en la decisión, pero la demora infinita en fallar crea incertidumbre y pérdida de confianza. La gran revolución de la justicia que se necesita consiste en establecer las condiciones para que las personas sepan cuándo se fallan sus procesos.
¿Por qué no se puede aplicar algún instrumento similar a la tutela en toda la justicia?
La justicia en Colombia necesita una reingeniería. Hacen falta reformas muy puntuales. Es crear las circunstancias precisas para que se cumplan disposiciones como el artículo 121 del Código General del Proceso, conforme al cual el proceso debe durar a lo sumo un año en primera instancia y 6 meses en segunda instancia.
Un ciudadano acepta que su juez no sea sabio, que le falle en contra, acepta que no haya sido suficientemente riguroso, pero la demora infinita en fallar crea incertidumbre y pérdida de confianza
Entonces, ¿la justicia sí tiene términos?
Sí, tiene términos. Pero no se han creado las circunstancias que permitan su cumplimiento de manera absoluta. Siempre existen fenómenos de congestión que impiden su cumplimiento bajo el axioma de que a nadie se le puede exigir lo humanamente imposible. En este campo es donde se deben dar ajustes, fundados en el sentido común más que en disposiciones normativas.
¿En qué consiste esta reingeniería o esa revolución en el sistema?
Es una revolución de terciopelo, es una revolución de pequeños ajustes, y yo entiendo que ya nuestra ministra de Justicia está planteando una reforma que al parecer propone en buena parte la solución que estamos esperando.
Entonces, ¿qué es lo que debe aquí producirse?
Una revolución en la justicia. Una adecuación logística en infraestructura y un cambio sustancial en la cultura de quienes actuamos como operadores de justicia. La gente quiere justicia confiable y cierta; confiable es creer en los jueces y cierta es que sepa cuándo le van a dictar sentencia.
¿Y cómo creer, con el espectáculo de lucha de poder como el que existe en la Corte Suprema de Justicia, máximo tribunal de la justicia de la nación?
Yo creo en la Corte Suprema de Justicia y pienso que cada una de nuestras Cortes tiene los procedimientos y su propia dinámica para resolver sus diferencias. Con toda seguridad, sus integrantes se van a poner de acuerdo para la elección de magistrados que hacen falta, como acaba de ocurrir con la elección del fiscal.
El asunto es que la Corte está a punto de perder su mayoría decisoria…
La solución tendrá que producirse antes de que se desintegre el ‘quorum’. Eso va a ser en cuestión de días. Tengo la certeza de que habrá una solución. La Corte no se dejará desintegrar, la Corte no va a llegar al punto de perder las mayorías para decidir en Sala Plena, eso no va a suceder porque la Corte tiene que darle una respuesta al país, y siempre la ha dado. La Corte Suprema va a entregar los resultados que los colombianos esperan.
Usted dijo hace unos días: ‘Hay que liquidar amistosamente el pasado’…
Es una frase del expresidente Alfonso López Michelsen, dicha a propósito de la promulgación de la Constitución Política del 91.
¿Por qué la recordó usted?
Si no se liquida el pasado, no podemos esperar un futuro promisorio. El futuro y la esperanza se fundamentan en la liquidación amistosa del pasado.
¿Ese no es precisamente el problema de la paz hoy?
Sí, pero es un fenómeno cultural, no un fenómeno normativo.
¿Para usted, el tribunal especial para la paz, JEP, no es, como dicen algunos, sinónimo de impunidad?
La justicia de transición implica renuncias reciprocas. La paz demanda perdón y hacer todo para doblar la página y poder continuar la marcha: el justo punto medio es que quienes hayan cometido graves afrentas en el pasado las reconozcan y las acepten como expresión de verdad, pidan sinceramente perdón, reparen sus daños y acepten mecanismos de sanción transicional, para que de esta manera las víctimas y la sociedad los perdonen. De otra manera es imposible.
¿Usted es partidario de la JEP? ¿Acepta como está actuando?
Sí, yo soy partidario de la JEP. Pienso que la JEP es el gran instrumento, el gran recurso para que superemos como sociedad las deudas que nos atan al pasado.
El tema del aborto…
El magistrado ponente, Alejandro Linares, ha denunciado que a punta de recusaciones la señora demandante quiere dilatar el fallo para esperar que se produzcan conceptos que aún no hay en contra de las tres condiciones para abortar y en contra de la iniciativa de que sea generalizado. Usted me va a disculpar, pero sobre el tema de la interrupción voluntaria del embarazo solo puedo decirle lo siguiente: aún no hay ponencia, está en construcción y posiblemente se entregará en las próximas semanas.
¿Por qué la Corte no ha fallado sobre el caso de Andrés Felipe Arias?
Está en un proceso la ponencia. El momento llegará.
¿Los videos de cámaras de seguridad son públicos o privados?
Justamente ese tema está siendo objeto de debate. Le hago una invitación para el 25 de febrero. Le diré en detalle cómo queda la situación.
El Fiscal General de la Nación propuso ampliar la inhabilidad de un año para que los titulares de los órganos de control: Fiscalía, Procuraduría, Contraloría, puedan aspirar a la presidencia de la república…
Ese asunto, al parecer, está incluido en la reforma de la justicia que se está planteando por parte del Gobierno. Allí existiría una proposición de carácter normativo en la que se advierte que se plasma una inhabilidad para las personas que ejercen funciones en estas altas dignidades, total que yo quisiera esperar el desarrollo de la propuesta que tiene este proyecto que se está ambientando como parte de la reforma de la justicia.
¿Entiendo que usted está organizando una cumbre continental de Cortes?
Este año habrá dos grandes eventos: uno en Cartagena, el 11 y 12 de junio. Será la Conferencia iberoamericana de tribunales constitucionales de habla portuguesa y castellana. Pretendemos hacer un gran debate sobre la crisis de la democracia liberal y los derechos fundamentales frente a la automatización tecnológica. Vamos a mirar qué es democracia liberal, qué hacer con esto que se llaman los resentimientos acumulados de la gente que va marchando por la calle.
¿Qué tienen que ver las cortes constitucionales de América y Portugal con las marchas de protesta que hay en Bogotá?
No en Bogotá, en Iberoamérica; Chile, Bolivia, en general buena parte de Latinoamérica. Pero esto tiene que ver con un tema que uno encuentra referido en un texto interesante de Francis Fukuyama que habla de identidad y plantea que estos movimientos son resentimientos acumulados y que estos resentimientos se están dando por una falta de reconocimiento. Entonces, esa falta de reconocimiento está generando una reacción.
Sí, tiene términos. Pero no se han creado las circunstancias que permitan su cumplimiento de manera absoluta. Siempre existen fenómenos de congestión que impiden su cumplimiento bajo el axioma de que a nadie se le puede exigir lo humanamente imposible. En este campo es donde se deben dar ajustes, fundados en el sentido común más que en disposiciones normativas.
¿En qué consiste esta reingeniería o esa revolución en el sistema?
Es una revolución de terciopelo, es una revolución de pequeños ajustes, y yo entiendo que ya nuestra ministra de Justicia está planteando una reforma que al parecer propone en buena parte la solución que estamos esperando.
Entonces, ¿qué es lo que debe aquí producirse?
Una revolución en la justicia. Una adecuación logística en infraestructura y un cambio sustancial en la cultura de quienes actuamos como operadores de justicia. La gente quiere justicia confiable y cierta; confiable es creer en los jueces y cierta es que sepa cuándo le van a dictar sentencia.
¿Y cómo creer, con el espectáculo de lucha de poder como el que existe en la Corte Suprema de Justicia, máximo tribunal de la justicia de la nación?
Yo creo en la Corte Suprema de Justicia y pienso que cada una de nuestras Cortes tiene los procedimientos y su propia dinámica para resolver sus diferencias. Con toda seguridad, sus integrantes se van a poner de acuerdo para la elección de magistrados que hacen falta, como acaba de ocurrir con la elección del fiscal.
El asunto es que la Corte está a punto de perder su mayoría decisoria…
La solución tendrá que producirse antes de que se desintegre el ‘quorum’. Eso va a ser en cuestión de días. Tengo la certeza de que habrá una solución. La Corte no se dejará desintegrar, la Corte no va a llegar al punto de perder las mayorías para decidir en Sala Plena, eso no va a suceder porque la Corte tiene que darle una respuesta al país, y siempre la ha dado. La Corte Suprema va a entregar los resultados que los colombianos esperan.
Usted dijo hace unos días: ‘Hay que liquidar amistosamente el pasado’…
Es una frase del expresidente Alfonso López Michelsen, dicha a propósito de la promulgación de la Constitución Política del 91.
¿Por qué la recordó usted?
Si no se liquida el pasado, no podemos esperar un futuro promisorio. El futuro y la esperanza se fundamentan en la liquidación amistosa del pasado.
¿Ese no es precisamente el problema de la paz hoy?
Sí, pero es un fenómeno cultural, no un fenómeno normativo.
¿Para usted, el tribunal especial para la paz, JEP, no es, como dicen algunos, sinónimo de impunidad?
La justicia de transición implica renuncias reciprocas. La paz demanda perdón y hacer todo para doblar la página y poder continuar la marcha: el justo punto medio es que quienes hayan cometido graves afrentas en el pasado las reconozcan y las acepten como expresión de verdad, pidan sinceramente perdón, reparen sus daños y acepten mecanismos de sanción transicional, para que de esta manera las víctimas y la sociedad los perdonen. De otra manera es imposible.
¿Usted es partidario de la JEP? ¿Acepta como está actuando?
Sí, yo soy partidario de la JEP. Pienso que la JEP es el gran instrumento, el gran recurso para que superemos como sociedad las deudas que nos atan al pasado.
El tema del aborto…
El magistrado ponente, Alejandro Linares, ha denunciado que a punta de recusaciones la señora demandante quiere dilatar el fallo para esperar que se produzcan conceptos que aún no hay en contra de las tres condiciones para abortar y en contra de la iniciativa de que sea generalizado. Usted me va a disculpar, pero sobre el tema de la interrupción voluntaria del embarazo solo puedo decirle lo siguiente: aún no hay ponencia, está en construcción y posiblemente se entregará en las próximas semanas.
¿Por qué la Corte no ha fallado sobre el caso de Andrés Felipe Arias?
Está en un proceso la ponencia. El momento llegará.
¿Los videos de cámaras de seguridad son públicos o privados?
Justamente ese tema está siendo objeto de debate. Le hago una invitación para el 25 de febrero. Le diré en detalle cómo queda la situación.
El Fiscal General de la Nación propuso ampliar la inhabilidad de un año para que los titulares de los órganos de control: Fiscalía, Procuraduría, Contraloría, puedan aspirar a la presidencia de la república…
Ese asunto, al parecer, está incluido en la reforma de la justicia que se está planteando por parte del Gobierno. Allí existiría una proposición de carácter normativo en la que se advierte que se plasma una inhabilidad para las personas que ejercen funciones en estas altas dignidades, total que yo quisiera esperar el desarrollo de la propuesta que tiene este proyecto que se está ambientando como parte de la reforma de la justicia.
¿Entiendo que usted está organizando una cumbre continental de Cortes?
Este año habrá dos grandes eventos: uno en Cartagena, el 11 y 12 de junio. Será la Conferencia iberoamericana de tribunales constitucionales de habla portuguesa y castellana. Pretendemos hacer un gran debate sobre la crisis de la democracia liberal y los derechos fundamentales frente a la automatización tecnológica. Vamos a mirar qué es democracia liberal, qué hacer con esto que se llaman los resentimientos acumulados de la gente que va marchando por la calle.
¿Qué tienen que ver las cortes constitucionales de América y Portugal con las marchas de protesta que hay en Bogotá?
No en Bogotá, en Iberoamérica; Chile, Bolivia, en general buena parte de Latinoamérica. Pero esto tiene que ver con un tema que uno encuentra referido en un texto interesante de Francis Fukuyama que habla de identidad y plantea que estos movimientos son resentimientos acumulados y que estos resentimientos se están dando por una falta de reconocimiento. Entonces, esa falta de reconocimiento está generando una reacción.
La suprema ley es la ley de la igualdad, nosotros estamos viviendo en una sociedad con una profunda desigualdad y eso hace que se genere una acumulación de resentimientos
La suprema ley es la ley de la igualdad, nosotros estamos viviendo en una sociedad con una profunda desigualdad y eso hace que se genere una acumulación de resentimientos; a los ciudadanos hay que escucharlos, y seguramente el Gobierno los está escuchando, pero no hay que olvidar que estos son reclamos de reconocimiento.
¿A qué llama usted profunda desigualdad? ¿A qué llama reconocimiento?
Los reclamos que se generan dan cuenta de una sociedad desigual, nuestra sociedad es una de las más desiguales de América Latina y, en últimas, esto representa una carga social profunda porque se traduce en reclamos por salud, pensiones y desempleo, etcétera. Y nuestros gobernantes y servidores deben escuchar y hacer todo para aliviar esas causas de desigualdad. Yo no acuso a los gobiernos. No. Es el sistema, es nuestra organización social, no se puede culpabilizar a un gobierno en concreto, nuestros gobiernos hacen grandes esfuerzos por superar estas angustias, pero lo cierto es que esto necesita una gran reingeniería social, y aquí viene el gran aporte de la Corte Constitucional, que ha sido válvula de escape por donde ha respirado la democracia.
Pero ¿a usted le gustan las marchas?
No se trata de que me gusten o no. La idea es el respeto a la protesta porque es la democracia en la calle. La Corte Constitucional declaró la inconstitucionalidad del capítulo sexto del Código de Policía, que era el que regulaba el fenómeno de las marchas. La Corte concluyó que la regulación debe hacerse por ley estatutaria. Nos falta todavía la ley estatutaria que regule la democracia en las calles, habrá que hacerla cuidando el respeto por quienes están marchando. Las marchas deben respetarse, pero bajo su legalidad.
Y viene otro encuentro en Pereira sobre minorías, ¿no es cierto?
Sí. Estarán el presidente Iván Duque y los expresidentes César Gaviria, como gran promotor de la Constitución de 1991, y Juan Manuel Santos, como premio nobel de paz, al lado de grandes figuras nacionales e internacionales. Se hablará principalmente de las minorías ante la Constitución, y esto tiene un titular que se lo quiero vender: la democracia se legitima por el respeto a las minorías, si no hay respeto por las minorías, no habrá democracia. Así de sencillo. El encuentro será el 17 y 18 de septiembre, en Pereira.
YAMID AMAT
Especial para EL TIEMPO
¿A qué llama usted profunda desigualdad? ¿A qué llama reconocimiento?
Los reclamos que se generan dan cuenta de una sociedad desigual, nuestra sociedad es una de las más desiguales de América Latina y, en últimas, esto representa una carga social profunda porque se traduce en reclamos por salud, pensiones y desempleo, etcétera. Y nuestros gobernantes y servidores deben escuchar y hacer todo para aliviar esas causas de desigualdad. Yo no acuso a los gobiernos. No. Es el sistema, es nuestra organización social, no se puede culpabilizar a un gobierno en concreto, nuestros gobiernos hacen grandes esfuerzos por superar estas angustias, pero lo cierto es que esto necesita una gran reingeniería social, y aquí viene el gran aporte de la Corte Constitucional, que ha sido válvula de escape por donde ha respirado la democracia.
Pero ¿a usted le gustan las marchas?
No se trata de que me gusten o no. La idea es el respeto a la protesta porque es la democracia en la calle. La Corte Constitucional declaró la inconstitucionalidad del capítulo sexto del Código de Policía, que era el que regulaba el fenómeno de las marchas. La Corte concluyó que la regulación debe hacerse por ley estatutaria. Nos falta todavía la ley estatutaria que regule la democracia en las calles, habrá que hacerla cuidando el respeto por quienes están marchando. Las marchas deben respetarse, pero bajo su legalidad.
Y viene otro encuentro en Pereira sobre minorías, ¿no es cierto?
Sí. Estarán el presidente Iván Duque y los expresidentes César Gaviria, como gran promotor de la Constitución de 1991, y Juan Manuel Santos, como premio nobel de paz, al lado de grandes figuras nacionales e internacionales. Se hablará principalmente de las minorías ante la Constitución, y esto tiene un titular que se lo quiero vender: la democracia se legitima por el respeto a las minorías, si no hay respeto por las minorías, no habrá democracia. Así de sencillo. El encuentro será el 17 y 18 de septiembre, en Pereira.
YAMID AMAT
Especial para EL TIEMPO
