Nuevo Presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia habla sobre Reforma a la Justicia y otros temas

30 Ene 2012 - 11:22 pm

Noticias elespectador.com

Dice el nuevo presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema

'La batalla ahora es jurídica'

Por: Diana Calderón / Especial para El Espectador

José Leonidas Bustos asegura que así como el gobierno Uribe intentó desprestigiar al tribunal por medios "punibles", el gobierno Santos lo quiere "desmantelar" a través de la reforma a la justicia.

José Leonidas Bustos considera que la Corte debe hacer un gran esfuerzo investigativo para que se vean los resultados en los casos de parapolítica. / Gabriel Aponte - El Espectador

José Leonidas Bustos, nuevo presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, plantea por primera vez la verdadera posición del alto tribunal. Dice que sólo una interlocución directa con el presidente Juan Manuel Santos los haría volver a la mesa y que no reconoce a los ministros del Interior y de Justicia como interlocutores válidos. Anuncia prontos resultados en la investigación de la Dirección Nacional de Estupefacientes.

¿Cómo recibe las declaraciones de alias ‘Don Berna’, en las que confiesa que funcionarios del gobierno Uribe, como Bernardo Moreno, César Mauricio Velásquez y Edmundo del Castillo, manejaban el complot contra la Corte Suprema de Justicia?

No recibo la noticia con sorpresa, porque las investigaciones de la Fiscalía han comprobado que altos funcionarios del gobierno anterior estaban seriamente comprometidos con una campaña de desprestigio y desacreditación en contra de la Corte Suprema de Justicia, por eso el tema del complot cobra mayor demostración con las declaraciones de alias Don Berna. Creo que en el gobierno anterior altos dignatarios del Estado muy allegados al Palacio de Nariño se dedicaban a la tarea de perseguir a los magistrados para desacreditarlos, pero ahora los dignatarios ya no utilizan las herramientas del delito, sino que emprendieron una campaña jurídica a través de reformas constitucionales para desmantelar a la justicia y, particularmente, a la Corte Suprema de Justicia.

¿Cómo lo hace sentir el haber sido uno de los pocos magistrados gobiernistas durante la administración Uribe, por ejemplo en su voto contra la jurisprudencia que pretendía que la Corte asumiera todos los procesos de la parapolítica?

Hay que aclarar que no fui gobiernista en ningún momento, sencillamente estuve de acuerdo con una tesis jurídica y la defendí sin importar a quién beneficiaría. La labor del juez es estudiar el tema jurídico y buscarle la mejor consideración, aquella que en su concepto considere más acertada y que resuelva el problema jurídico. En ese momento consideré que la Corte Suprema no podía continuar con las investigaciones ni con los juicios, aunque por mayoría se determinó lo contrario. Sin embargo, esa interpretación, que es eminentemente jurídica, no puede asimilarse a un respaldo al Gobierno.

Dice usted que primero trataron de acabar con la Corte a través de un complot y que ahora hacen lo mismo, pero con una reforma a la justicia para quitarles competencias...

Sí. Reflexioné sobre el tema y encontré alguna similitud entre la campaña del anterior gobierno en la que, como se ha demostrado, altos funcionarios de la Casa de Nariño se dedicaron a cometer conductas delictivas dirigidas a desprestigiar a los magistrados ante la opinión pública (interceptaciones telefónicas ilegales, seguimientos pasivos, búsqueda selectiva en bases de datos) y la gran campaña actual liderada también por altos funcionarios del Estado —seguramente varios ministros— que están dedicados a una batalla jurídica con la anuencia de algunos miembros del Congreso para, a través de esa reforma constitucional, restarle atribuciones a la Corte Suprema de Justicia y, en cierto sentido, desmantelarla, lo mismo que a la Rama Judicial.

¿Se refiere a los ministros Juan Carlos Esguerra y Germán Vargas Lleras?

No puedo precisar exactamente si se trata de estos dos ministros, pero considero que son aquellos que han estado muy pendientes de la reforma y que no han hecho lo más mínimo por persuadir a los miembros del Congreso de que es inadecuada, está fuera de contexto y que la gran mayoría de preceptos, hasta el momento aprobados, no resuelven los graves problemas en materia de justicia que vive Colombia. Si miramos los artículos aprobados encontramos que de lo que se trata es de introducir una injerencia determinante del Ejecutivo y del Legislativo en la Rama Judicial a través de su administración.

Además, busca ponerles una cortapisa a las investigaciones y los juicios adelantados por la Sala de Casación Penal, por ejemplo, creando una sala de instrucción y una de juzgamiento en primera instancia con nombramientos a través de presidentes de otras jurisdicciones. Pero teniendo en cuenta que la Corte Suprema de Justicia es la jurisdicción ordinaria, debería ser ésta la que designase dichas salas de instrucción y juzgamiento en primera instancia. También encuentro que los funcionarios con calidades de magistrado de Corte, que van a trabajar en la comisión de instrucción en compañía de la Cámara de Representantes, van a tener facultades de fiscales y, por tanto, la posibilidad de ordenar capturas y restringir los derechos fundamentales. No sé si es que el Congreso quiere ver a los magistrados en la cárcel, pero lo que sí debe quedar claro para Colombia es que en la historia de vida republicana del país ningún magistrado de la Corte Suprema de Justicia ni del Consejo de Estado ha sido condenado por un delito.

¿Quién es para usted mejor interlocutor, Esguerra o Vargas?

Ninguno de los dos. Creí que el ministro de Justicia, como lo ha pedido la Corte Suprema o por lo menos lo había sugerido, iba a ser un interlocutor entre la justicia y el Gobierno, pero encuentro que no sólo no lo ha sido, sino que se ha opuesto a las aspiraciones y sugerencias, tanto de la Corte Suprema de Justicia como del Consejo de Estado. De pronto tuvo razón la Corte cuando no lo designó fiscal general de la Nación.

¿Estaría dispuesta la Corte a pedir una interlocución diferente en el Gobierno, por ejemplo, del propio presidente ?

Creo que el presidente, quien goza de un respaldo muy importante en el Congreso, debe liderar una reforma que realmente consulte los graves problemas de la justicia colombiana. Si en este momento ha existido un apartamiento del proceso legislativo de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado, esos serían fuertes motivos para que el Gobierno pensara en qué esta mal y cómo se puede corregir.

¿A través de una interlocución directa con el presidente la Corte estaría dispuesta a replantear su posición y regresar a la discusión?

Creo que sí. Ese canal no se puede cerrar. Pero así como el presidente de la República le pide a la guerrilla que dé muestras de paz soltando a todos los secuestrados que tiene en su poder, la Corte también le pediría al Gobierno que dé muestras. Por ejemplo, que en el próximo debate se introduzcan serias reformas al proyecto de acto legislativo que le permitan a la Corte volver a discutir los temas como lo venía haciendo, de manera sincera, proactiva y edificante.

¿La Corte va a insistir en el tema de subir el período de 8 a 12 años y el aumento en la edad de retiro forzoso?

En este momento a ningún magistrado le interesa el incremento del período, ese es un tema secundario, lo que importan son las acciones.

Un día después de su elección como presidente de la Sala Penal, usted dijo que había que ponerle término a la parapolítica. ¿En qué consiste ese término?

Una persona no puede permanecer indefinidamente sub judice a un proceso, porque eso viola la dignidad humana. Por eso considero que la Corte debe hacer un gran esfuerzo investigativo para que se arrojen resultados. La Corte no puede seguir desgastándose investigando la parapolítica, un fenómeno macro que considero requiere una investigación también macro. Lo ideal es que las pesquisas que se están adelantando logren profundizarse y no se dilaten en el tiempo.

¿Por qué se ha demorado tanto la investigación sobre la Dirección Nacional de Estupefacientes?

Los resultados están próximos a ser conocidos por el país. La investigación sobre las conductas delictivas cometidas en el interior de la DNE, por algunos miembros del Congreso, ha sido adelantada por tres salas de instrucción. Aunque no pertenezco a ninguna de estas salas, sé que no ha sido un proceso fácil. La complejidad del caso ha requerido investigación exhaustiva de carácter documental y testimonial. Se necesita verificar información y formular hipótesis, sobre todo para demostrar un vínculo entre miembros del Congreso y la DNE.

¿Por qué se están cayendo tantos procesos por la competencia del despacho de la fiscal general de la Nación, por ejemplo el caso Maza Márquez?

Son casos particulares. De acuerdo con la Constitución, existen unos funcionarios aforados y en el caso del general Miguel Maza Márquez, la conducta que se le imputaba la habría realizado cuando se desempeñaba como director del DAS. En ese sentido, y de acuerdo con el numeral cuarto del artículo 235 de la Constitución, la investigación y acusación corría a cargo del fiscal general de la Nación y no de un fiscal seccional, y el juicio obviamente tenía que adelantarlo la Corte Suprema de Justicia. Al no cumplirse esos requerimientos, la Sala de Casación Penal dispuso no solamente abocar el conocimiento de ese juicio, sino decretar la nulidad de todo lo actuado a partir de la resolución de apertura de instrucción para que se corrigiera el vicio señalado. Sin embargo, es importante resaltar que la Corte dejó vigentes todas las pruebas y en ese sentido la actividad investigativa y probatoria conserva su valor.

¿Cuándo va a pasar la Corte del carrusel de Bogotá al carrusel nacional?

Esto es una cuestión dialéctica. Se pasa de un estado a otro sólo si existen fundamentos.

¿Y existen esos fundamentos?

En este momento la investigación ha arrojado datos acerca de algunos miembros del Congreso que se encuentran seriamente comprometidos con el denominado carrusel de la contratación en Bogotá. A raíz de esas investigaciones la Sala de Casación Penal ha compulsado copias contra altos dignatarios del Estado, pero cuando se trate de un congresista la Corte no dudará en compulsar las copias pertinentes con el fin de que la misma sala provea la investigación.

Campaña en el alto tribunal

Hoy la Corte va a escoger al presidente del alto tribunal, ¿mantiene usted su candidatura?

Jamás he tenido una candidatura, sencillamente se dio la ocasión de que la sala, muy amable y gentilmente, me designara por unanimidad como su presidente y eso es un honor para mí. En este momento no estoy pensando en ser el presidente de la Corte, creo que hay personas que por su antigüedad merecen serlo.

¿Quiénes?

Los candidatos actualmente son: la doctora María del Rosario González Muñoz, el doctor Julio Enrique Socha Salamanca, el doctor Sigifredo Espinosa Pérez y el doctor Javier Zapata Ortiz.

La Corte y el caso Viviane Morales

¿Es cierto que la Corte está insatisfecha por los cuestionamientos que ha recibido la fiscal Viviane Morales en relación con su matrimonio con Carlos Alonso Lucio?

Las cosas tienen que mirarse desde diferentes ópticas. El tema de la fiscal en relación con su esposo tiene dos interpretaciones: una de carácter privado, que solamente compete a la órbita de los esposos, y otra de carácter público, que le compete, obviamente, a toda la sociedad.

Hasta el momento considero que la fiscal general ha hecho un excelente papel como rectora de la función acusadora e investigadora y no me cabe ninguna duda de que se ha distinguido por su carácter, por su trabajo y por su vocación de servicio.

Pero la verdad es que la Corte no sabía que ella mantuviese esa clase de relaciones con el señor Carlos Alonso Lucio. Seguramente si los hubiese conocido, habría ameritado alguna otra reflexión.