Por una nivelación salarial
Las
diferencias salariales frente a igual trabajo son de cien, doscientos y hasta
cuatrocientos por ciento. En otros países no van más allá del veinte o treinta
por ciento.
En 1978, para una
publicación liberal de Boyacá, con Jaime Castro y Alfonso Castellanos
entrevistamos al maestro Echandía, quien, según su costumbre, habló con finura
y desdén sobre ocurrencias de la vida nacional.
Como se adelantaba
uno de aquellos por entonces habituales y hasta crónicos "paros
judiciales", le preguntamos sobre su sentido, y el filósofo y líder
liberal contestó: "Eso es como matar un muerto, no se puede paralizar lo
que ya está paralizado".
Quizás el maestro
no diría lo mismo de la actual huelga judicial. De un lado, la justicia, en
medio de reconocidas dificultades, es mucho mejor, más eficiente y
comprometida. Y de otro, los motivos que hoy la sustentan están plenamente
justificados.
Fue una lástima
que en 1978 la Corte Suprema truncara la 'pequeña constituyente', que, con
diagnósticos claros, buscaba reformar la Carta en dos temas específicos: la
administración de justicia y el régimen departamental y municipal, hoy llamado
ordenamiento territorial. Desde entonces, hemos ido de tumbo en tumbo
modificando la Constitución con el pretexto de mejorar la justicia. El último
fiasco, como tanto se ha dicho, fue el de la mal llamada 'reforma
constitucional de la justicia'.
Sobre el tema, ha
habido dos concepciones en este gobierno. La de los primeros ministros del
ramo, haciéndole creer al presidente Santos que todo se podía negociar con tal
de aprobar un cambio constitucional que consideraban vital. Y la de la actual
ministra, quien, con razón, ha advertido que no se necesita cambiar la
Constitución para mejorar la administración de justicia. Ya se han dado algunos
pasos. Pero se ha fallado en temas fundamentales.
El resurgimiento
del ministerio de Justicia se fundó, entre otras razones, en que la Rama tuviese
un vocero político en el gabinete. ¡Pero, al parecer, lo único que se ha
conseguido es reducir su presupuesto en 500.000 millones!
Los jueces y
fiscales plantean algo apenas elemental: la nivelación salarial. Un juez de
control de garantías (equivalente a un fiscal local) gana menos de 4 millones
de pesos, mientras que un magistrado de alta Corte y un fiscal delegado ante la
Corte devengan la no despreciable suma de 23.
Un juez de
circuito (equivalente a un fiscal seccional) devenga 5 millones de pesos, y el
que le sigue en escala (magistrado de Tribunal y fiscal de segunda instancia)
gana más de 19 millones.
Este desnivel se
repite en la Procuraduría y entre los auxiliares judiciales. Las diferencias
salariales frente a igual trabajo son de 100, 200 y hasta 400 por ciento,
mientras que en otros países no van más allá del 20 o 30 por ciento.
Esa puede ser una
de las explicaciones del llamado 'carrusel de pensiones', pues si un abogado ha
servido más de 20 años como juez del circuito con sueldo de 6 millones, al
pasar al siguiente cargo -magistrado- sube a casi 19 y se presenta como algo
exorbitante, si por esa vía mejora su pensión. Resolver este entuerto,
aplicable en otros casos, es más eficaz que cambiar la Constitución.
Lo que sí puede
hacerse, mediante reforma constitucional, es quitarles las funciones
electorales a las cortes.
Porque, digamos,
¿cuánto tiempo gastan los magistrados entrevistando candidatos, asistiendo a
reuniones y cocteles y en interminables jornadas para elegir a un candidato a
la Contraloría o la Procuraduría?
Como ello puede
prestarse para el cruce de favores, los magistrados deben ser los más
interesados en que su único trabajo sea el de todos sus colegas en el mundo:
hacer justicia.
Derecho en la historia
Muy ilustrativa,
para conocer nuestro devenir jurídico, la serie 'Derecho y sociedad en la
historia de Colombia', que viene publicando Armando Suescún Monroy.
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