La justicia no es
como la pintan
19 de Septiembre 9:08AM ambitojurídico.com
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Néstor Humberto Martínez Neira
Socio de Martínez Neira Abogados Consultores
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En el acto de
sanción del Código General del Proceso escuché decir públicamente al Presidente
de la República que según el informe del Banco Mundial sobre el clima de los
negocios global, denominado Doing Business, Colombia tiene uno
de los sistemas judiciales más morosos del mundo, al lado de países
caracterizadamente iletrados y con instituciones débiles, al punto que en el
indicador que mide “la ejecutabilidad de los contratos” entre 183 economías y
particularmente el tiempo que se toma el cumplimiento judicial de una
obligación patrimonial, nos ubica en el deshonroso puesto 152. Es decir, la
morosidad judicial entre nosotros es extrema.
Este informe es
publicitado al mismo tiempo en Colombia y en el exterior por ministros de
Estado, funcionarios de todo nivel e ilustres académicos y juristas,
mancillando la reputación de uno de los pilares de nuestro Estado de derecho.
Si fuera cierto, no habría cabida para el disenso. Pero nuestro olfato indica
que si bien es mucho lo que hay por hacer en la reforma a la administración de
justicia, las cosas no son tan extremas y mucho menos se puede comparar nuestra
justicia con la de países que apenas se asoman al Tercer Mundo. Cualquier
abogado en ejercicio podrá dar cuenta de que, en la actualidad, se han reducido
sustancialmente los tiempos de los procesos en la justicia administrativa y la
justicia civil. Si ello es así, ¿cómo se le puede atribuir confianza absoluta
al estudio del Banco Mundial y cómo se le hace coro al mismo, sin sentido de
patria? De allí la importancia de ir a sus raíces para ver la fidelidad del
resultado sobre Colombia en el ranking mundial de mora
judicial.
Para empezar,
llama la atención, con carácter de sospecha, que en el mencionado Doing
Business de los años 2010, 2011 y 2012, se concluya que un proceso
judicial en Colombia para ejecutar un contrato y obtener el pago de una
prestación económica, siempre se toma en promedio 1.346 días comunes, para cada
uno de esos años. Tal resultado repugna a toda lógica y pone en evidencia que
la burocracia internacional se limita a copiar año tras año las mismas cifras,
sin tomarse el cuidado de llevar a cabo indagaciones rigurosas. Nadie que sea
realmente usuario del sistema judicial colombiano, por más crítico que se
muestre, puede afirmar apodícticamente que los procesos duran el mismo número
de días, año tras año, y mucho menos para los años 2010 a 2012, en los que por
la puesta en marcha del plan de descongestión se ha evidenciado una notoria
mejoría en los tiempos de los procesos.
Indagando más a
fondo sobre la construcción de este indicador ecuménico, se llega a la sorpresa
de que el Banco Mundial no arriba a estas estadísticas a través de estudios de
campo, levantando cifras en los despachos judiciales, sino por medio de
encuestas que diligencian firmas de abogados. Sería muy interesante conocer el
contenido de dichas encuestas y la forma como en cada firma se presta atención
a este asunto.
Los estudios de
campo, con base en expedientes judiciales, muestran un resultado distinto al
que se pregona a los cuatro vientos. Y no se trata de investigaciones hechas
por los jueces o por el Consejo Superior de la Judicatura. El país debería
conocer un estudio elaborado el año anterior (2011) por el propio Banco Mundial
sobre una muestra de 22.352 procesos mercantiles, de suyo representativa, cuyas
conclusiones indican cosas totalmente distintas al informe Doing
Business. El documento denominado “Congestión en los Juzgados Civiles
Municipales de Bogotá: Causas y posibles soluciones” (Banco Mundial, 2011),
afirma que –hasta el momento del pago efectivo de una prestación en Colombia–
un proceso ejecutivo singular se toma 545 días en promedio; un ejecutivo mixto
430 días; un hipotecario 591 días; un abreviado 440 días; un verbal 455 días y
un ordinario 751 días.
En cualquiera de
estos casos estamos muy lejos de los 1.346 días que le asigna a nuestro país el
denominado estudio Doing Business a partir de encuestas
espurias, por lo que bien debería el Banco Mundial reubicar a Colombia en el
lugar que le corresponde en el indicador de “ejecutabilidad de los contratos”,
según sus propios estudios. De ser así, estaríamos mucho mejor que el promedio
de América Latina (708 días) y nuestros vecinos de ranking serían
países como Argentina, Chile, Canadá, México y Suecia, para citar algunos otros
sistemas judiciales distintos al barrio del que forman parte Afganistán,
Angola, Bangladesh, Djibuti, Eslovenia, Italia, Liberia y Surinam, a donde nos
quieren confinar, contra toda realidad.
Hay motivos para
pensar que las cosas están cambiando. Desde el año 2009 los despachos
judiciales lograron que el nivel de procesos tramitados sea mayor al de las
nuevas demandas ingresadas al sistema, lo que por primera vez nos permite ser
optimistas acerca de la posibilidad de derrotar la congestión judicial. El año
anterior el índice de evacuación de procesos fue del 119 %, el más alto de la
historia; es decir que los juzgados lograron tramitar un 19 % de casos por
encima de los procesos que ingresaron durante el mismo ejercicio.
Queda mucho para
mejorar la eficiencia del sistema judicial. Pero, en el entre tanto, los
irredimibles críticos, funcionarios y profesionales del derecho, muchos de los
cuales creo, no conocen una baranda judicial, deberían aceptar la convocatoria
que se formula para contribuir al mejoramiento de la administración de
justicia. En cualquier caso es una tarea más constructiva que andar repitiendo
irresponsablemente resultados del Doing Business que son
descalificados por los estudios del propio Banco Mundial.
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