POLITICA SEMANA | 10/11/2018 10:05:00 PM
Reforma a la justicia,
al borde del precipicio
A partir de la próxima semana, el gobierno quedará sin margen
de error para que se apruebe el proyecto. Petro dice que solo busca
proteger a un congresista: Álvaro Uribe.
Gloria María Borrero, ministra de Justicia, es la encargada de liderar desde el gobierno la discusión en el Congreso
Foto: Daniel Reina Romero/SEMANA
Cuando la ministra de justicia Gloria María Borrero presentó la reforma a la justicia diseñada por el gobierno, se mostró confiada en que la décima sería la vencida. Aunque el Congreso ha intentado hacer ajustes a la administración de justicia, ninguno ha prosperado en casi 16 años. “La ciudadanía pide a gritos la reforma a la justicia”, aseguró el pasado 13 de septiembre. Un mes después, el proyecto se embolata apenas en el primero de ocho debates.
La reforma a la justicia fue ubicada en el segundo renglón de prioridades del presidente Iván Duque, debajo de los proyectos anticorrupción. A pesar de ese mensaje, hasta los partidos políticos que se declararon bancada de gobierno dudan de las bondades de la iniciativa, y parecen no tener ganas de darle el empujón.
Eduardo Enríquez Maya es el presidente de la comisión primera del Senado, donde reposa el proyecto. Pertenece al Partido Conservador, y aunque en teoría debería estar alineado con el gobierno, esta semana se erigió como el principal opositor de la reforma constitucional.
“Esta no es una reforma la justicia, es una reforma a la estructura de la justicia: una reforma para las altas cortes, para los organismos de control, para acabar las contralorías departamentales distritales y municipales. Pero uno tiene que ser sincero. En absoluto habla de normas para descongestionar la justicia ni para acercarla al ciudadano”, sentenció el dirigente conservador.
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Las declaraciones de Enríquez Maya a todas luces fueron sorpresivas, y se sumaron a las voces de rechazo al actual proyecto que viene liderando la oposición.
Eduardo Enríquez Maya, presidente comisión primera de Senado. Forto: SENADO
El senador Gustavo Petro, contradictor de Iván Duque en la pasada campaña presidencial, se negó a firmar la ponencia para primer debate porque en su criterio el proyecto presentado por el gobierno es “enclenque”.
Petro coincide con Enríquez Maya en que la actual reforma no contiene fórmulas para descongestionar la justicia ni acercarla al ciudadano, si no que su objetivo exclusivo es debilitar a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, y proteger “a un senador amigo del gobierno”. No mencionó nombres, pero su alusión hacía referencia al expresidente Álvaro Uribe, jefe del Centro Democrático”, y quien es investigado por la Corte Suprema de Justicia.
“Esta reforma debilita al magistrado frente al Congreso. Eso, en este momento, tiene nombre propio: quieren asustar a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia por un líder político que está siendo procesado y que es muy amigo del gobierno”, considera el senador de oposición.
Gustavo Petro, senador. Foto: Esteban Vega/SEMANA
Las palabras de Petro hacen referencia concreta a que la ponencia para primera debate incluyó la propuesta de crear un nuevo tribunal de aforados, planteada por la senadora Paloma Valencia (Centro Democrático), y que no había sido bien recibida por otros partidos políticos al considerar que cada vez que se pretende modificar el juzgamiento de aforados, la reforma a la justicia ha fracasado.
La ministra Gloria María Borrero controvierte esos argumentos al señalar que son “falacias” para evitar la reforma. Como el proyecto fue considerado una de las prioridades del presidente Duque, hay insinuaciones de que estaría siendo utilizado por algunos sectores como una especie de chantaje burocrático al Ejecutivo.
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Borrero insistió que reformar la justicia es un proceso complejo que no se reduce al acto legislativo que está atascado en su primer debate. “Lo que estamos estamos entregando son algunos principios que van a orientar las futuras reformas legales que se van a tramitar. No es que nos estemos concentrando en las altas cortes, sino que hacía abajo vienen muchos más desarrollos”.
Como el proyecto que se discute en el Congreso es la acumulación de tres iniciativas, la del gobierno, la del centro Democrático y la presentado por Cambio Radical, uno de los senadores de este partido se ha erigido como uno de los principales defensores de la reforma.
Se trata de Germán Varón, que además de ser ponente, es el altavoz de Germán Vargas Lleras en el Congreso. El parlamentario de Cambio Radical considera que la reforma sí contiene disposiciones para descongestionar la justicia y acercarla de forma efectiva al ciudadano del común.
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“La mayoría de reformas siempre tocan a las altas cortes y las funciones electorales, pero esta trae 5 artículos que acercan la justicia al ciudadano: el precedente judicial, la habilitación a procuradores para ser jueces de descongestión que harán más oportuna y eficaz la administración de justicia”, explica Varón.
Germán Varón, senador Cambio Radical. Foto: SEMANA
El pasado miércoles 10 de octubre, el presidente del Senado Ernesto Macías decidió no convocar sesión plenaria para que la comisión primera se dedicara a evacuar el primer debate de la reforma a la justicia, pero el intento fue fallido.
Esa circunstancia puso al proyecto en una situación difícil, pues la Constitución establece que los actos legislativos deben ser aprobados en dos vueltas y ocho debates.
Eso significa que la reforma a la justicia debe superar cuatro debates antes del 16 de diciembre, circunstancia que puso al proyecto en auténticos aprietos. Con el calendario en contra, el gobierno ya no tiene margen de error.
Los tiempos de reforma a la justicia están bastante apretados pues el proyecto -nada fácil de concertar entre el gobierno, los partidos y la propia cúpula de la justicia-, cuenta apenas con dos meses para surtir la primera parte de su trámite. Tendría Le quedarían ocho semanas y media, pero hay que descontar la semana que hay entre comisión y plenaria, y las dos semanas entre Senado y Cámara. El proyecto no admite dilaciones.
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La ministra Borrero mantiene su optimismo frente al trámite, a pesar de que ya ha recibido duros golpes como el rechazo unánime de los partidos políticos a la propuesta de hacer ajustes a la acción de tutela.
Más allá de ese traspié, el gobierno sigue su marcha pero cada vez más al borde de la cornisa. En este momento, la reforma a la justicia está más cerca del naufragio que de su aprobación. Sin embargo el partido no ha terminado, y por delante hay ocho semanas para que el intento de reformar la dministración de justicia no sume un nuevo fracaso en 16 años.
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