Asonal Judicial rechazó anuncios del Gobierno frente al paro judicial. Freddy Machado aseguró que estas medidas son un "golpe de muerte al sindicalismo".

24 NOV 2014 - 6:57 PM

Paro Judicial

Asonal Judicial rechazó anuncios del Gobierno frente al paro judicial

Freddy Machado aseguró que estas medidas son un "golpe de muerte al sindicalismo".

Por: Redacción Judicial elespectador.com

El presidente de Asonal Judicial, Freddy Machado rechazó categóricamente los anuncios hechos por el Gobierno Nacional en la noche de este lunes frente al paro judicial que ya cumple 45 días y que tiene a varios juzgados y tribunales cerrados en el país.

Machado aseguró que este tipo de medidas son un golpe “al sindicalismo” puesto que se les pone una mordaza a los empleados y la Rama Judicial para exigir mejores garantías laborales y salariales. En este sentido aseguró lo único que han exigido es el cumplido el nivelación establecida en la ley 4 de 1992.

En diálogo con ElEspectador.com, el líder sindical manifestó que se le están enviando a las personas que no pueden protestar porque lo amedrantan “quintándole el sueldo y las bonificaciones legales”, además cuando se exige el respeto de los derechos fundamentales “les envían a la Policía y al Esmad”.

“Esta huelga es responsabilidad directa del Gobierno”, manifestó Machado, al asegurar que desde principios de año se presentaron las exigencias al Ministerio de Hacienda con el fin de lograr la nivelación salarial que se había venido incumpliendo, sin embargo ningún representante de la Cartera de Crédito Público se presentó en dichas reuniones.

Igualmente Machado desmintió que estuvieran buscando cancelar la restructuración de la Fiscalía General. “Lo que queremos es que el manejo sea de cara a los funcionarios y empleados judiciales. Trabajadores que llevan 15 o 20 años trabajando podrían quedar en la calle”. Por estos hechos le están pidiendo al jefe del ente investigador Eduardo Montealegre Lynett que aclare esta situación.

Para el próximo 26 de noviembre realizarán una marcha en la capital de la República. En la manifestación se dirigirán al edificio Manuel Gaona Cruz de la Fiscalía General donde el pasado jueves se registró un enfrentamiento entre los manifestantes y agentes del Esmad.

"El paro no es para hacer lobby"

El presidente de Asonal Judicial, Freddy Machado, negó los comentarios en su contra referentes a aspirar ser miembro de la comisión interinstitucional, que reúne a los presidentes de las altas Cortes, al Ministro de Justicia y a la Fiscalía, según informó Caracol Radio.

Así mismo señaló que el paro judicial no es el lobby ni el “cabildeo” para ocupar algún puesto, "no porque en la comisión interinstitucional ya se eligió a nuestro compañero Humberto López (...) lo que estoy haciendo es una vía de hecho en favor de todos los judiciales de Colombia".

Indicó que su esposa, Claudia Martínez, quien se desempeñaba como magistrada de descongestión Tribunal Superior de Bolívar. “Mi esposa dejó de ser magistrada desde mayo. Pensar que yo hago la huelga para que nombren a mi esposa es descabellado".

Machado aseguró que se postulara para la elección de los cargos de la comisión interinstitucional por concurso, a lo que espera “llegar en el examen de jueces que está programado para el 7 de diciembre pero estudiando. Poder llegar a esos puestos como ingrese como juez por concurso".

Los "escenarios alternos" para administrar justicia durante el paro. Se han solicitado salas de audiencias prestadas en el Palacio de Justicia y auditorios de Universidades para adelantar diligencias que se han visto represadas por el cierre de los edificios judiciales.

24 NOV 2014 - 6:14 AM

Paro Judicial

Los "escenarios alternos" para administrar justicia durante el paro

Se han solicitado salas de audiencias prestadas en el Palacio de Justicia y auditorios de Universidades para adelantar diligencias que se han visto represadas por el cierre de los edificios judiciales.

Por: Redacción Judicial elespectador.com

Este lunes el paro judicial cumple 49 días: juzgados y Tribunales en la mayoría de las regiones del país se encuentran cerrados al público, lo que ha provocado molestias de los ciudadanos que exigen el acceso a la administración de justicia para reclamar los derechos fundamentales que consideran que se les han vulnerado.

Sin embargo, un nutrido grupo de funcionarios y empleados de la Rama Judicial han sentado su posición en los últimos días. Pese a que apoyan las exigencias que el sindicato de Asonal Judicial le han presentado al Gobierno, no están de acuerdo con el cierre de los despachos judiciales hecho por el cual se han buscado escenarios alternos para la administración de justicia y continuar las labores que se han visto truncadas por el cese judicial.

El magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, Luis Fernando Ramírez Conteras ha realizado en los últimos días diligencias judiciales que su despacho tenía represadas en “salas prestadas” en el Palacio de Justica y auditorios de Universidades. “La ley autoriza al juez para que disponga algún sitio idóneo público donde se puedan realizar las audiencias, y podemos decidir en cualquier día y hora para los efectos judiciales”.

El togado aseguró que el hecho que las puertas del Tribunal Superior estén cerradas por las personas que se han sumado a esta protesta los ha afectado bastante puesto que pese a que los magistrados están dentro del edificio trabajando y adelantando procesos “no hay atención al público por lo que no se mueven los procesos en cuanto a notificaciones con la agilidad necesaria, se acumulan muchas actividades para cuando se levante el paro”.

Hasta el momento, las reuniones entre los representantes del sindicato y los delegados del Gobierno han fracasado. Los primeros aseguran que les están “mamando gallo” ya que sus exigencias no han recibido una respuesta clara por parte del Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Justicia y la Fiscalía General, razón por la cual una posible salida del paro se ve bastante lejana mientras los despachos siguen cerrados y las personas siguen sin recibir una respuesta pronta a las acciones judiciales que han interpuesto.

“Los despachos tenemos bastante trabajo acumulado entonces eso nos permite adelantar y preparar las decisiones para el momento en que se levante el paro darlas a conocer, notificarlas, digamos que no se pierde el tiempo, se aprovecha en la medida de lo posible, que nos presten otras salas u instalaciones para adelantar trabajo”, aclaró el magistrado la manifestar que no se puede estancar totalmente el acceso a este derecho.

¿Se le están vulnerando los derechos a la ciudanía?

Naturalmente sí, se impide un derecho fundamental que es el acceso a la administración de justicia. Ahí hay una contradicción entre derechos de las personas. La Constitución nos reconoce a todos que la justicia funcione. También hay que tener en cuenta las necesidades, las reivindicaciones y los temas que ponen sobre la mesa los empleados judiciales para que les sean resueltos. Hay reclamaciones justas, que tienen un buen asidero.

Muchos jueces y funcionarios han rechazado que se cierren los juzgados…

Los sindicatos de la Rama Judicial deben ser creativos y tienen que imaginar o diseñar unas maneras de protesta o manifestación de las necesidades y las reivindicaciones sin impedir lo urgente. No impedir el acceso a la justicia que tiene derecho a la justicia.

¿Cree que este paro es otro golpe para la mala imagen de la Rama Judicial en Colombia?

Desafortunadamente esta manera tan tradicional, tan repetida de hacer las protestas no hace sino perjudicar más la imagen de la justicia. De todas maneras a pesar de los paros seguimos trabajando, tratando de hacer lo posible para lograr el mejor beneficio para los usuarios.

¿Está de acuerdo con la medida para rebajarles el sueldo a los trabajadores que participen en el paro?

Es una medida que es legal en el momento en el que declaren ilegal el paro. Los paros, las huelgas tienen una reglamentación y deben declararse bajo unos procedimientos prestablecidos y cuando se realizan esas huelgas por fuera de las normas son ilegales y ahí si el empleador no está obligado a pagar.

¿Se buscarán otros escenarios alternos para realizar las audiencias?

Buscamos continuamente otros escenarios públicos idóneos, como la ley nos lo permite, para dar a conocer o adelantar las diligencias que son necesarias en los procesos al menos en los más urgentes, donde realmente está de por medio la libertad o en los casos de salud, esas son cosas que cualquier persona entiende, sin el mayor esfuerzo, que ahí hay necesidades de atender las pretensiones de la gente.

En los últimos días se han presentado quejas porque no se están resolviendo las tutelas de salud

Creo que las tutelas de salud sí se están tramitando, tengo entendido que ese fue un acuerdo celebrado entre los sindicatos y las presidencias del Tribunal para que esos casos no fueran impedidos a la gente.

Este paro judicial es injustificado: Ministro de Hacienda. El Gobierno anunció, además, que este viernes se procederá a hacer el pago sólo a los trabajadores que asistieron a trabajar normalmente pese al paro.

24 NOV 2014 - 8:51 PM

Paro judicial

Este paro judicial es injustificado: Minhacienda

El Gobierno anunció, además, que este viernes se procederá a hacer el pago sólo a los trabajadores que asistieron a trabajar normalmente pese al paro.

Por: Redacción Judicial elespectador.com

El Gobierno Nacional manifestó este viernes desde la Casa de Nariño que no pagarán los salarios de los funcionarios del sector judicial que dejaron de trabajar por entrar a paro. El anuncio fue hecho por el ministro de la Presidencia, Néstor Humberto Martínez Yesid Reyes y el ministro de Justicia, Yesid Reyes.

En las declaraciones, también participaron el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas y el Fiscal General de la Nación Eduardo Montealegre, quien ha sido cuestionado por la ausencia en las reuniones que se han realizado para lograr un cese de las actividades.

Por su parte, Yesid Reyes aseguró que “con la ayuda del Consejo Superior de Judicatura y del Ministerio de Hacienda, se consiguieron alrededor de 50 mil millones de pesos que permiten continuar hasta el 19 de diciembre las medidas de descongestión”.

El jefe de la cartera de Justicia, también dijo que “el Gobierno Nacional ha presentado un proyecto de ley al Congreso de la República, que busca la consecución de recursos adicionales para la Rama Judicial, que calculamos en unos 500 mil millones de pesos anuales adicionales a los dineros que está asignando el Ministerio de Hacienda” para así aumentar el número de personas en la rama para que se puedan realizar los procesos judiciales sin que se represen.

Montealegre explicó que es “imposible reversar la restructuración de la Fiscalía General de la Nación” y afirmó que ya se había aumentado a más en un 93 por ciento (más de 900 funcionarios) los cargos de profesionales para la Policía Judicial.

Mientras que Néstor Humberto Martínez hizo un llamado a todos los trabajadores que están dentro del paro “para que eviten las confrontaciones con los cientos de jueces y fiscales en Colombia que siguen con la idea de trabajar perseverantemente, sirviéndole a la justicia, en beneficio de los ciudadanos”.

El Gobierno anunció, además, un plan de choque para habilitar algunas sedes que dispondrá el Consejo Superior de la Judicatura con el fin de que se pueda prestar el servicio por parte de los fiscales. (leer: Los "escenarios alternos" para administrar justicia durante el paro).

El paro, que comenzó el 9 de octubre en varias ciudades del país, ya completa 45 días en los que se han visto afectadas más de 16.000 audiencias judiciales, además de registrase hacinamiento en cárceles y Unidades de Reacción Inmediata (URI) del país.

“Hay que actualizar el funcionamiento del servicio de justicia”: Hermens Darío Lara. Presidente de la Corporación de Jueces y Magistrados de Colombia.

“Hay que actualizar el funcionamiento del servicio de justicia”: Hermens Darío Lara. Presidente de la Corporación de Jueces y Magistrados de Colombia.

14 de Noviembre 8:44 AM ambitojuridico.com

Por el despacho del magistrado Hermens Darío Lara, de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, han pasado casos de gran importancia para el país, como el juzgamiento del coronel Alfonso Plazas Vega, por los hechos del Palacio de Justicia, ocurridos hace 29 años.

Hoy, Lara preside la Corporación de Jueces y Magistrados de Colombia, un organismo que pretende aglutinar a dicho funcionarios de todo el país en busca de la independencia, autonomía, dignidad e integridad de la Rama Judicial.

  

ÁMBITO JURÍDICO: En su opinión, ¿cuáles son los principales males que aquejan a la justicia y que deben ser atacados en una futura reforma judicial?

Hermens Darío Lara: Varios son los ámbitos de reforma: el constitucional, el legal y el reglamentario. En el primero, se hace necesaria la implementación de la segunda instancia de aforados; establecer cambios en el origen y forma de designación de los integrantes de las altas cortes; introducir un valor porcentual del producto interno bruto (PIB) como marco referencial de financiamiento de la Rama Judicial desde la perspectiva dinámica de los cambios legislativos y del servicio de justicia; establecer una obligación legislativa en las funciones del Congreso, en el sentido que, cuando se trate de promulgar leyes que afecten la justicia, su estructura y funcionamiento, debe haber un estudio paralelo de factibilidad, financiación y estrategia, para su implementación.

Á. J.: ¿Y qué cambios se requieren desde lo legal?

H. D. L.: En general, desde lo legal, es necesario actualizar el funcionamiento del servicio de justicia, reformando la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, por ejemplo, para introducir la participación de los usuarios (abogados, asociaciones ciudadanas, etc.) en el diagnóstico y solución de diferentes problemas que afectan la prestación del servicio, desde los ámbitos nacional, departamental y municipal. También es necesario un cambio en el gobierno de la Rama Judicial, para darle cabida a la participación de los empleados, jueces y magistrados en temas como la calificación de servicios, administración de la carrera judicial, por medio de la implementación de una comisión de carrera o de administración de personal, entre otros.

Y desde lo reglamentario, con el diagnóstico que arroje dicho proceso, se deben implementar los reglamentos necesarios para reordenar, reorganizar y reestructurar lo que sea necesario en la rama, para poder prestar un óptimo servicio, digno de un Estado social y democrático de derecho.

Á. J.: ¿Cómo lograr una administración de justicia con independencia presupuestal?

H. D. L.: El presupuesto es uno de los factores de la autonomía administrativa, y solamente se puede lograr si se establece una verdadera independencia en lo presupuestal en la Carta Política, como se ha venido pidiendo en las diferentes reformas judiciales. No puede ser que, por ejemplo, se deba “rogar” al Gobierno y al Congreso los dineros necesarios para su funcionamiento, los cuales, además de ser insuficientes, pues siempre se recortan por el Ejecutivo, se entregan a “cuenta gotas”, dependiendo del querer del Gobierno de turno. En ese sentido, debe crearse un mecanismo de orden constitucional para que un porcentaje del PIB sea el mínimo que debe recibir la Rama Judicial para la prestación del servicio de justicia. También es necesario, como ya se mencionó, una reglamentación legislativa para que cualquier proyecto de ley que toque la estructura funcional de la Rama o, por ejemplo, cree nuevos sistemas, modos o formas de atender la demanda de justicia, deba tener un soporte financiero, presupuestal, de factibilidad, de planeación, entre otros, para que las leyes en realidad sean lo que proyecta el legislador.

Á. J.: En términos generales, ¿cuáles son los temas relacionados con la justicia que más le preocupan del Proyecto de Ley de Equilibrio de Poderes?

H. D. L.: La autonomía e independencia de la Rama Judicial, consagradas como principios en la Carta Política. Por ello, sería un retroceso la eliminación del Consejo Superior de la Judicatura, puesto que, de un órgano autónomo de administración, se pasa a una estructura que termina siendo dependiente del Ejecutivo, con lo que se alcanzarían algunos de los cometidos de quienes, sirviendo a intereses particulares desde el Congreso y al Gobierno, pretenden, por un lado, privatizar la justicia, y, por el otro, lograr impunidad para ciertas modalidades delincuenciales, acabando la carrera judicial.

Á. J.: ¿En qué otros puntos tiene objeciones?

H. D. L.: No se contempla propuesta alguna para hacer que los cambios procedimentales generados desde la Rama Legislativa, como la oralidad, tengan un desarrollo acorde con los fines normativos. Igualmente, se deja de lado la garantía al ciudadano de obtener una pronta y cumplida justicia, pues la mayor demanda de esta requiere un aparato, organización y estructuras dinámicas y acordes con esas necesidades. Esos sí serían los puntos por discutir en una verdadera reforma judicial.

Á. J.: ¿Qué modificación se requiere en cuanto a la postulación y elección de magistrados de las altas cortes?

H. D. L.: Las altas magistraturas del Estado deben contar con los mejores ciudadanos y los profesionales más calificados. Por ende, se tienen que implementar mecanismos de selección objetiva que lo permitan, como los concursos públicos, o la postulación por sistema de méritos desde la judicatura, la academia o el ejercicio profesional particular, entre otras posibilidades.

Hermens Darío Lara Acuña

Estudios realizados: abogado de la Universidad La Gran Colombia. Tiene especializaciones en Derecho Penal, Derecho Administrativo y Derecho Constitucional, entre otras, y una maestría en Derecho Penal y Criminología. Es Doctor en Derecho de la Universidad de Salamanca (España).

Cargos desempeñados: docente universitario, fiscal delegado y magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio.

Ocupación actual: magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá y Presidente de la Corporación de Jueces y Magistrados.

19.112 audiencias han sido suspendidas por el Paro Judicial. La Fiscalía General ha manifestado que el cese de actividades, que ya cumple 39 días, ha generado un retraso en el sistema penal.

20 NOV 2014 - 6:01 PM

Paro Judicial

19.112 audiencias han sido suspendidas por el Paro Judicial.

La Fiscalía General ha manifestado que el cese de actividades, que ya cumple 39 días, ha generado un retraso en el sistema penal.

Por: Redacción Judicial elespectador.com

El director nacional del Sistema Penal Acusatorio y de Articulación en Materia Penal, Camilo Burbano aseguró que un total de 19.112 audiencias han sido suspendidas en el sistema penal oral acusatorio en el país como consecuencia del paro judicial convocado por Asonal que ya cumple 39 días.

El funcionario explicó que Bogotá es la ciudad en la que se han registrado mayor número de diligencias aplazadas. “Están relacionadas con temas de juicios de responsabilidad penal, imputaciones, medidas de aseguramiento, solicitudes probatorias, entre otras”.

Esta situación podría generar un vencimiento de términos en procesos de connotación nacional, generado un gran retraso en el sistema, que no podrá ser superado si no se levanta el paro. Ante esto hizo un llamado de atención con el fin de que se levante el cese de actividades que está afectando el acceso a la administración de justicia.

Según las cifras en la capital de la República se han presentado 11.699 audiencias aplazadas, luego siguen Santander, con 2017; Bolívar, 1.624; Cesar, 1.048; Nariño, 671; Boyacá, 520; Meta, 472; Caquetá, 404; Sucre, 170; Cundinamarca, 135; Putumayo, 123; Córdoba, 66; Casanare, 58, y Guaviare, 15.

Por directriz del Fiscal General no se les reconocerán pagos por los tiempos a los trabajadores que han permanecido en el cese de actividades. La determinación se mantendrá hasta cuando sea levantado el paro y esto se verá reflejado en el próximo pago.

Igualmente, mediante la circular No. 0015, el jefe del ente investigador tomó la determinación de “cancelar los eventos de integración previstos para este fin de año, en todo el territorio nacional” esto dentro de las políticas generales de austeridad en el gasto y con el fin de encaminar esfuerzos hacia un mejoramiento en el servicio hacia la sociedad.

En la misma circular se dispone que como servidores públicos “tenemos el compromiso ineludible de prestar un servicio eficiente y permanente a nuestra sociedad, lo cual implica que nuestra gestión debe estar encomedada por la Constitución Política y la ley”. De esta manera, los recursos que podrían usarse en estas actividades suspendidas en el país, serán empleados en el mejoramiento de la infraestructura de la entidad.

Fiscalía investigará enfrentamiento entre funcionarios y el Esmad. Se busca establecer si los empleados le impidieron el paso a otros que manifestaron su deseo de reanudar sus actividades.

20 NOV 2014 - 7:02 PM

Paro Judicial

Fiscalía investigará enfrentamiento entre funcionarios y el Esmad.

Se busca establecer si los empleados le impidieron el paso a otros que manifestaron su deseo de reanudar sus actividades.

Por: Redacción Judicial elespectador.com

Como “injustificadas” calificaron los manifestantes del edificio Manuel Gaona (ubicado en la carrera 33 con 18 A) la reacción de los agentes del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) en el desarrollo de la nueva jornada de manifestaciones que estaban adelantando en la mañana de este jueves.

Participes de las manifestaciones dentro del Paro Judicial aseguraron que los uniformados dispararon gases lacrimógenos y luego empujaron a varios de los partícipes en las protestas. Funcionarios y empleados del ente investigador aseguraron que solamente estaban exigiendo mejores condiciones laborales con pancartas “y sin el menor asomo de violencia”.

De un momento a otro –denunciaron- fueron atacados por el Escuadrón que ubicaron tanquetas en cercanías a la edificación judicial desde muy tempranas horas. El sindicato del Instituto Penitenciario y Carcelario (Inpec) aseguró que seis personas resultaron heridas, entre ellas una mujer que recibió un golpe de consideración.

Según los manifestantes, los agentes de Esmad fueron ubicados para permitir la entrada de los ciudadanos a la sede, la cual se encuentra cerrada desde hace 20 días cuando los trabajadores y funcionarios se unieron al cese de actividades convocado por Asonal Judicial.

Señalaron que en ningún momento opusieron resistencia al ingreso del público si existió un abuso de fuerza y autoridad por parte de los antimotines en contra de las personas que estaban instalando pancartas en la puerta principal.

Sin embargo otros funcionarios y empleados judiciales manifestaron que cuando ellos querían ingresar a las instalaciones para trabajar, su paso les fue impedido por un grupo de manifestantes, lo que generó un intercambio de palabras que pasó a empujones por parte de los segundos hacia los primeros.

Aseguran que ellos mismos solicitaron la presencia del Esmad para garantizar su ingreso a sus lugares de trabajo, los cual les ha sido impedido en los últimos días. Esto ha generado confrontaciones que generaron que pidieran protección y seguridad para poder ejercer sus labores diarias puesto que ellos, pese a que apoyan el cese de actividades, no están de acuerdo con el bloqueo en las sedes.

Este jueves, cuando se presentaron los disturbios el escuadrón móvil tuvo que intervenir ya que se estaban tomando vías de hecho que tenían que ser suspendidas. La Fiscalía General ya anunció la apertura de una investigación dirigida a determinar qué fue lo que sucedió en este caso".

El director nacional del Sistema Penal Acusatorio y de Articulación en Materia Penal, Camilo Burbano aseguró que se han recibido información sobre funcionarios “que han impedido el paso de sus compañeros a los despachos y sedes judiciales”.

Burbano aseguró que “la protesta no puede ir en contra de los ciudadanos o los otros funcionarios que quieran entrar a los despachos y por el choque entre funcionarios de la Fiscalía General, CTI, jueces y miembros de la Policía”.

Asegura que los actos relacionados a impedir el acceso al servicio de la justicia constituye una falta gravísima. El ente investigador recolectará elementos materiales de prueba, como los videos de los medios de comunicación y de las cámaras de seguridad del sector, para identificar a las personas que participaron en el hecho.

No se debe pagar salarios a servidores que no trabajaron: Contralor. Edgardo Maya aseguró que si se reconocen esas mensualidades seria permitir un enriquecimiento sin causa.

No se debe pagar salarios a servidores que no trabajaron: Contralor.

Edgardo Maya aseguró que si se reconocen esas mensualidades seria permitir un enriquecimiento sin causa. 

Caracolradio.com | 20 de Noviembre de 2014

El contralor general, Edgardo Maya, sin hacer mención al paro judicial, advirtió a las entidades y ordenadores del gasto, que no se puede pagar salarios a los servidores públicos y trabajadores oficiales que no hayan cumplido con su labor.

“Resulta improcedente reconocer y pagar salarios por servicios no prestados efectivamente a la entidad, pues ello implicaría permitir un enriquecimiento sin causa a favor del servidor, en detrimento del patrimonio público”, precisó el jefe del ente de control.

Según Maya Villazón, la ausencia de prestación del servicio no puede generar el reconocimiento de acreencias laborales y prestacionales, durante el tiempo que se mantenga esa inactividad.

Recordó que el Decreto 1647 de 1967, en su  artículo 1 establece que “Los pagos por sueldos o cualquiera otra forma de remuneración a los empleados públicos y a los trabajadores oficiales del orden nacional, departamental, intendencial, comisarial, distrital, municipal y de las empresas de establecimientos públicos, serán por servicios rendidos, los cuales deben comprobarse debidamente ante los respectivos funcionarios de la Contraloría General de la República y las demás Contralorías a quienes corresponde la vigilancia fiscal”.

El Contralor precisó que los funcionarios que deban certificar los servicios rendidos por los empleados públicos y trabajadores oficiales, están obligados a ordenar el descuento de todo día no trabajado sin la correspondiente justificación legal y en caso de no hacerlo deberán reintegrar “los sueldos o remuneraciones indebidamente pagados”.