Corte Suprema también sería juez de
magistrados y del Fiscal general
Así quedó definido luego de un pacto entre Gobierno
y Congreso para ajustar Reforma de la Justicia.
Mientras las altas cortes mantienen su posición
crítica frente al proyecto de reforma de la Justicia, que la próxima semana
entra a su quinto debate, el Gobierno y el Congreso llegaron a un acuerdo que
elimina varios de los temas más polémicos de esa iniciativa.
En entrevista con EL TIEMPO, el viceministro de
Justicia, Pablo Felipe Robledo, revela que ya hay consenso para dejar intacta
la participación de las cortes en la elaboración de las ternas de Procurador y
Contralor (que habían perdido en la primera vuelta) y que la investigación y
el juzgamiento de los congresistas seguirá en manos de la Corte Suprema de
Justicia.
La reforma de la Justicia, tal como va, no les
gusta a las altas cortes. ¿Cómo llega esa iniciativa a la segunda vuelta en el
Congreso? ¿Podría revivir la idea de una 'supercorte' que investigue a
magistrados y congresistas?
No hay razón para esas prevenciones. En la reunión entre el Gobierno y la bancada de Unidad Nacional de Manizales se llegó a varios acuerdos fundamentales. No habrá ninguna 'supercorte'. Lo que va a quedar es el sistema de investigación y juzgamiento para aforados que propuso la misma Corte Suprema de Justicia, que aceptó el Congreso y avaló el Gobierno en los primeros debates. En virtud de esto, se crearán en la Corte Suprema una Sala de Instrucción y una Sala de Juzgamiento, y la segunda instancia la hará la Sala Penal de la Corte Suprema.
Lo que sí es un gran cambio es que a ese sistema llegarán no sólo los aforados tradicionales (ministros, congresistas, embajadores y gobernadores), sino también todos los aforados ante el Congreso: magistrados de las altas cortes y el Fiscal General.
No hay razón para esas prevenciones. En la reunión entre el Gobierno y la bancada de Unidad Nacional de Manizales se llegó a varios acuerdos fundamentales. No habrá ninguna 'supercorte'. Lo que va a quedar es el sistema de investigación y juzgamiento para aforados que propuso la misma Corte Suprema de Justicia, que aceptó el Congreso y avaló el Gobierno en los primeros debates. En virtud de esto, se crearán en la Corte Suprema una Sala de Instrucción y una Sala de Juzgamiento, y la segunda instancia la hará la Sala Penal de la Corte Suprema.
Lo que sí es un gran cambio es que a ese sistema llegarán no sólo los aforados tradicionales (ministros, congresistas, embajadores y gobernadores), sino también todos los aforados ante el Congreso: magistrados de las altas cortes y el Fiscal General.
¿Se acaba entonces la Comisión de Acusaciones?
La Constitución no habla hoy en día de la Comisión
de Acusaciones; esta existe por la Ley Quinta (Reglamento del Congreso). La
Comisión mantendría competencias para Presidente, Vicepresidente y magistrados
de la Corte Constitucional. Los demás se van para la Corte Suprema de Justicia.
¿Por qué la salvedad con la Corte Constitucional?
Porque la Sala de Instrucción de la Corte Suprema
la elegiría la Corte Constitucional, de una lista de candidatos que envía el Presidente
de la República.
¿La Corte Suprema juzgaría a sus magistrados?
Todos los aforados de Colombia serán juzgados de
manera idéntica. Los magistrados de la Corte Suprema serían juzgados por esa
Sala de Instrucción, obviamente bajo el régimen de impedimentos y recusaciones,
y eventualmente por conjueces.
¿Quiénes serían esos magistrados de Instrucción?
Esta sala estará conformada por personas que
cumplen los mismos requisitos que tienen los magistrados de la Corte Suprema.
Son nominados por el Presidente de la República y elegidos por la Corte
Constitucional. Los de la Sala de juzgamiento en primera instancia serán
designados por la Rama Judicial y la Sala Penal de la Corte Suprema, por el
sistema tradicional de cooptación. Esta sería conformada por cinco magistrados,
que estarían a cargo de la investigación. Y habría otros cinco, que serían los
encargados del juzgamiento.
Corte Suprema y Consejo de Estado coinciden en que
dejar las ternas de Procurador y Contralor en manos del Ejecutivo desbalancea
los poderes públicos. ¿Ese tema se mantiene en la reforma?
En la reunión de Manizales hubo consenso en que se
mantenga el poder nominador de las altas cortes para Contralor y Procurador
General, tal y como está hoy en día en la Constitución. Sin embargo, se crea
una regla general para que quien sea nominador o sea elector no pueda tener
parientes o allegados dentro de esas instituciones. Se restituyen las funciones
nominadoras de las altas cortes, pero con un régimen de inhabilidades muy
estricto y transparente.
¿Con esto el Gobierno les está dando 'contentillo'
a las Cortes?
No. Lo que hemos venido diciendo es que todos los
días los artículos son objeto de reexamen y reestudio. No hay nada escrito
sobre piedra. En la reunión de Manizales, en donde revisamos con el Congreso
artículo por artículo, se llegaron a los acuerdos que estoy exponiendo.
Chocan Uribe y magistrado Correa
"Discurso politiquero y mendaz del magistrado
Néstor Raúl Correa afecta a la justicia. Le recuerdo: nuestro Gobierno desmontó
el paramilitarismo".
Así, vía Twitter, el expresidente Álvaro Uribe
respondió los dardos del magistrado Néstor Correa. Este dijo ayer: "Si no
fuese por la Corte, hoy el ministro de Cultura sería S. Mancuso, y el de
Educación, 'Jorge 40' (...). Y si no fuera por la Corte Constitucional, Álvaro
Uribe hubiera llegado a su tercer mandato, convirtiendo a Colombia en una
'república bananera' ".
Sobre qué no hay acuerdos
1. Judicatura
Se mantiene la eliminación de la Sala
Administrativa de la Judicatura, tal y como viene en el proyecto. No hay
acuerdo sobre qué hacer con la Sala Disciplinaria, que ha sido epicentro de
escándalos en los últimos años. Las cortes se oponen.
2. El fuero
A pesar de que el Ejecutivo presentará su proyecto
integral sobre el fuero militar, la Mesa de Unidad Nacional aún no decide
retirar, como lo pidió el Gobierno, el artículo que se incluyó a última hora y
que busca proteger a militares.
3. Facultades
Las cortes se oponen a que particulares y notarios
ayuden en la tarea de descongestionar procesos civiles. Gobierno y Congreso
insisten en que esa es una vía para romperle el espinazo a un retraso histórico
de 2 millones de casos.
