'La justicia puede ser efectista o eficiente'
Yesid Reyes, recientemente nombrado ministro de
Justicia, comenta con tacto las diferencias entre su antecesor y el fiscal
general, el choque de intereses que podría presentarse en una reforma a las
cortes, la prioridad que le dará a una administración judicial más ágil y la
necesidad de entender que el concepto de justicia es más amplio que el de pagar
penas en prisión.
Por: Cecilia
Orozco Tascón elespectador.com
Nadie fue a la cárcel por la muerte de mi padre
(magistrado Alfonso Reyes, muerto durante la retoma del Palacio de Justicia).
Y, sin embargo, se hizo justicia”: Dice Yesid Reyes. / Cristian Garavito - El
Espectador
Su nombramiento fue bien recibido por todos, pero
ocurrió en mitad de una confrontación del fiscal general con su antecesor,
Alfonso Gómez Méndez, cuyo retiro se precipitó, al parecer, por esa
circunstancia. ¿Está incómodo con la situación por ser amigo cercano tanto del
uno como del otro?
La única
referencia que tengo sobre los motivos para designarme como ministro es el
generoso ofrecimiento que me hizo el presidente, el cual agradezco y recibí
como un honor. Respecto al fiscal Montealegre y a Alfonso Gómez Méndez, no
tengo ningún comentario distinto a decirle que es cierto que soy buen amigo de
ambos: conozco a Alfonso Gómez desde cuando yo tenía 6 o 7 años, es decir, hace
50 años, y a Eduardo Montealegre, desde hace unos 35.
¿Por qué conoció a Gómez Méndez siendo tan niño?
Porque él era un
joven estudioso e inquieto que vivía, como muchos colombianos, en zona rural.
Su sueño era ser abogado y en su pueblo (Chaparral, Tolima) oyó que había una
persona oriunda de ahí graduada en derecho, que trabajaba en una universidad
muy conocida en Bogotá. Decidió viajar a buscarla para que le ayudara a
ingresar al Externado. Se trataba de mi padre, que lo apoyó de inmediato.
¿Sucedió cuando su papá (Alfonso Reyes, presidente
de la Corte Suprema) era magistrado?
No. Él fue
magistrado al final de su vida. El encuentro con Alfonso ocurrió mucho antes,
cuando mi padre era profesor de derecho penal. En medio de la conversación
sobre sus estudios, él le preguntó a Alfonso si tenía dónde hospedarse. Cuando
dijo que no, le ofreció quedarse con nosotros mientras se organizaba. Después
de un tiempo se fue, pero, entonces, también pasaba muchos fines de semana con
la familia.
¿Dónde y por qué conoció a Eduardo Montealegre?
También tiene que
ver con el Externado: fuimos compañeros durante los cinco años de la carrera.
En 1983 coincidimos en un viaje a Europa. Queríamos saber cómo funcionaba el
derecho penal en distintos países. Estuvimos estudiando en España y en Italia
durante seis meses. Después él se quedó en España y yo me fui a Alemania, otros
seis meses. A comienzos de los 90 volví a ese país porque gané una beca de
investigación en la Fundación Humboldt. Estando allá conversé con Montealegre
sobre mi experiencia. Se interesó y optó por esa beca. Llegó a Alemania justo
en los días en que yo estaba terminando mi estancia allá. Así que hemos estado
en contacto en varios momentos de la vida.
Se ha dicho que parte de las diferencias entre el
exministro y el fiscal tienen que ver con sus diversas opiniones sobre el
sistema judicial que se debe aplicar en Colombia. ¿En cuál de los dos lados
—penal acusatorio o sistema inquisitivo— está usted?
Reconociendo que
es mejor el sistema de tendencia acusatoria, también hay que aceptar que ha
tenido problemas en su implementación. Esto lo admiten tanto amigos como
enemigos del mismo. Pero, realmente, no me acuerdo de haber escuchado
declaraciones públicas de Alfonso con la intención de terminar el sistema
acusatorio. Ha señalado fallas puntuales que no deben descartarse sin
examinarlas. Son tan evidentes que la misma Fiscalía tiene avanzado un proyecto
que se orienta a corregirlas.
Después del episodio del que hablamos, ¿cómo cree
que deberían plantearse sus relaciones, como ministro de Justicia, con el
fiscal general?
El presidente
Santos mencionaba, en su discurso de posesión, la necesidad de que todos
trabajemos en una misma dirección y eso, aunque no lo parezca, es importante en
cuanto a la administración de justicia y lo que se deba hacer para mejorar su
funcionamiento. Este no un trabajo exclusivo del ministro de Justicia sino que
requiere la colaboración de todos los operadores del sistema, incluyendo, por
supuesto, a la Fiscalía, además de los otros órganos y de la casi totalidad de
los ministerios: Defensa, Hacienda, Tecnología, etc. Más importante que ser la
cabeza de esa transformación es formar parte de su engranaje, con tal de que se
logre el objetivo.
Según sus primeras declaraciones, usted ha dado la
impresión de que la reforma del acceso ciudadano a la justicia será
prioritaria, más que los problemas sobre el manejo electoral en las altas
cortes. ¿Es así?
Sí. El tema que
usted plantea en cuanto a las cortes y sus funciones electorales es importante,
pero estoy seguro de que la mala imagen o, si quiere, la percepción del
funcionamiento deficitario de la justicia que tiene el ciudadano de a pie no se
debe a lo que ocurre en esos tribunales. Para mí es prioritario y más sensible
el contacto diario de la ciudadanía con la justicia que, probablemente, se
puede mejorar con una mínima intervención legislativa, sin modificaciones
constitucionales y, tal vez, con una reforma gerencial u operativa.
Si bien es cierto que una justicia rápida es una
necesidad social, también lo es que termine el mal ejemplo que algunas cabezas
de la Rama Judicial han dado. ¿No cree que dedicarse a un problema y no a otro
puede resultar mal ante la opinión?
No he dicho que
voy a dedicarme sólo a un problema. Me preocupa que se genere la impresión de
que si se modifica el funcionamiento de las cortes, se van a solucionar las
fallas de la justicia. Y eso no es cierto. Por supuesto, hay que abordar el
tema de los altos tribunales. Es más: el presidente lo ha dicho e incluso lo
puso como un asunto importante de la agenda.
Perdone que insista en el punto, pero hay un puñado
de magistrados que le han hecho mucho daño a la majestad de la justicia con sus
ventajas electorales, sus brincos de corte en corte, sus votos para favorecerse
entre sí. ¿Cómo tramitar una reforma independiente, sin la injerencia de
quienes pueden resultar afectados con ella?
No creo que se
pueda llegar a una reforma a la justicia de consenso, en el sentido de que
todos pensemos exactamente lo mismo. No hay que temerle a la discrepancia. Me
parece sana, siempre y cuando quienes intervengan lo hagan con el propósito de
llegar a una meta común: el interés general. Eso supone que la discusión es
bienvenida en la medida en que, uno, se entienda que lo que se pretende es
mejorar la administración de justicia, y dos, que para lograr ese fin, todos
estamos dispuestos a renunciar a posiciones personales. Y cuando hablo de
“personales”, no sólo me refiero a individuos sino también a instituciones.
En teoría, lo que usted dice parece viable. Pero
cuando hay poderosos intereses personales y de grupo es casi imposible que no
traten de imponerlos sobre el bien común.
Debe partirse de
la base de que hay buenas intenciones. Invitaría a todos los que tienen
participación operativa en el sistema judicial a debatir ideas, a controvertir
posiciones teniendo en cuenta los dos propósitos que ya mencioné y que me
gustaría reiterar: uno, buscar el mejoramiento de la administración de
justicia, y dos, estar dispuestos a renunciar a posiciones personales.
¿Está de acuerdo con las funciones que la
Constitución les asignó a las cortes de nominar y elegir funcionarios y que han
terminado en procedimientos poco transparentes?
Mi concepción
sobre las cortes ha sido siempre la de aquellas que se dedican al tema
estrictamente judicial. El ideal de corte con el que crecí era el del tribunal
que creaba jurisprudencias y nada más. En principio, pienso que las funciones
electorales son extrañas a las cortes, tan extrañas que nunca las pidieron sino
que terminaron llegando a ellas por iniciativa ajena a la rama. Y, es cierto
que, en términos generales, han tenido efecto negativo. De manera que es un
punto que vale la pena revisar.
El presidente de la Corte Suprema dijo este fin de
semana que el problema de las funciones electorales de las cortes no es tanto
“a quién se le quitan sino a quién se le asignan”, dando la sensación de que se
opone a la reforma. ¿Qué opina al respecto?
Él debe estar
planteando un debate sobre el tema y, como tal, es bienvenido. En desarrollo de
ese debate se deberán analizar tanto esa postura como las de quienes se han
venido oponiendo a que las altas cortes continúen con las funciones electorales.
Otro tema que ha sido muy criticado es el del
exceso de poder de la Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía. ¿Está de
acuerdo con la revisión de las funciones de los órganos de control o piensa que
esta discusión se presenta por las personas que los están dirigiendo ahora?
Es un tema que
también valdría la pena revisar. Es posible que haya superposición de funciones
en esas instituciones y que se hayan hecho más evidentes en algunas
administraciones que en otras. Pero, fundamentalmente, puede haber un problema
de diseño.
Frente al proceso de paz, su reto no será menor: si
se llega a acuerdos finales, usted tendrá que hacerle entender al país que los
guerrilleros que se reintegren al Estado necesitarían un tipo de justicia
especial que podría significar, por ejemplo, disminución de penas. ¿Cómo cree
que podría lograr esa especie de perdón colectivo?
Creo que hay que
empezar con una labor de pedagogía, haciendo énfasis en que el concepto de
justicia no es monocromático sino mucho más amplio de lo que la gente suele
percibir. Normalmente se interpreta que justicia es cárcel, y por eso también
se suele pensar que si no se aplica una determinada pena, no hay justicia.
Entonces hay que explicar y aceptar que no toda la justicia es penal ni toda la
justicia penal es aplicación de medidas privativas de la libertad.
Usted posee una condición personal muy interesante
por el momento que vive el país: es hijo de quien se convirtió en símbolo de la
justicia, el presidente de la Corte Suprema que murió en 1985 durante la toma
del Palacio de Justicia por la guerrilla y la retoma por el Ejército. ¿Esta
característica condicionará su ministerio en momentos en que se intenta llegar
a un acuerdo de paz?
La recta y
eficiente administración de justicia era el norte de mi padre y lo fue toda su
vida. En ese sentido, sí estaré condicionado. Ahora, si usted se refiere
específicamente a la muerte de mi padre durante la toma y retoma del Palacio,
los procesos que se abrieron en su época y que tenían que ver con la actuación
del M -19 terminaron con un indulto que permitió que se reinsertaran los
guerrilleros en la sociedad.
¿Y cuáles son sus sentimientos respecto a esa
decisión política?
Es un punto
interesante para comentar porque la gente piensa que figuras como la amnistía o
el indulto equivalen a la negación de justicia. Y esa, como decía al comienzo,
es una visión muy estrecha. Las decisiones de indulto o amnistía que se tomaron
respecto del M-19 por los hechos del Palacio constituyeron una manifestación de
justicia que Colombia decidió aplicar. Y así debe tomarse.
Pero ¿usted estuvo de acuerdo con esa decisión en
ese momento o lo está hoy?
En cuanto a los
hechos que condujeron a la muerte de mi padre, el país hizo justicia. Que esta
es, a veces, imperfecta, sí, hay que admitirlo: la justicia, en general, tiene
imperfecciones. Pero en el caso de mi papá, repito, se aplicó justicia.
¿Piensa y siente lo mismo aún teniendo en cuenta
que el resultado catastrófico de la retoma se debió a excesos militares, según
varios conceptos judiciales?
Hay dos cosas que
hay que aclarar respecto de la muerte mi padre: uno, que nunca hubo ninguna
investigación que involucrara a miembros de las Fuerzas Militares en su caso
particular, y dos, que en cuanto a la operación general de la retoma, hubo
demandas de las víctimas y yo fui uno de los demandantes. El Consejo de Estado
condenó a la Nación por abuso en el ejercicio de la fuerza con lo cual, en ese
ámbito concreto, también operó la administración de justicia.
¿Su corazón esconde algún rencor?
Tengo un lindo
recuerdo de mi padre y no siento ningún rencor. Evidentemente, hubo dolor, pero
hoy vivo absolutamente tranquilo. Cada persona tiene que buscar su paz interior
y cuando accede a ella puede decir que ha perdonado. Ese es mi caso.
¿Cree que su experiencia puede ser útil para el
proceso de paz de La Habana?
Por supuesto,
entendiendo que el concepto de perdón no es un formalismo sino que supone
interiorizar la sensación de tranquilidad y no simular que se acepta sin que
sea real. No puede haber paz si salimos a decir que perdonamos, pero
continuamos odiándonos. Por eso es tan importante entender que la justicia no
es, como le decía al inicio de esta entrevista, monocromática. Nadie fue a la
cárcel por la muerte de mi padre. Y, sin embargo, reitero que se hizo justicia.
Va a cerrar o a mantener abierta su oficina de
abogado litigante?
Se cierra por
completo. Me voy con quienes me ayudaban. No queda nadie aquí.
¿Y los procesos que llevaba?
Estoy renunciando
a todos y también estoy revisando unos temas puntuales en los que podría tener
que ver como ministro, para saber si debo o no declararme impedido.
Usted nunca ha tenido que lidiar con los intereses
entrecruzados de los mundos político y judicial, ¿cómo se enfrentará a ellos?
Con la Rama
Judicial tengo muy antigua relación y creo que la conozco bastante bien. Por
supuesto, tengo muchísimo menos contacto con el mundo de la política. Sin
embargo, pienso que estamos en un momento en que la gente realmente quiere
tener un país mejor, de tal manera que confío en que se pueden aunar esfuerzos.
El primer “chicharrón” que va a tener que enfrentar
va a ser el de una escandalosa reforma a la justicia que “mató” el presidente
precisamente porque era inaceptable, y que podría revivir en estos días por un
fallo del Consejo de Estado. ¿Qué harían ustedes en ese caso?
Me parece un error
comentar sentencias antes de leerlas y peor aún si no han sido proferidas.
Prefiero esperar a que el Consejo de Estado se pronuncie.
Cómo cree que se puede conciliar la necesidad
nacional de alcanzar la paz con las obligaciones del Estado, nacidas de
convenios internacionales y del Derecho Humanitario que no se pueden
“colombianizar”?
El Marco Jurídico
para la Paz y la reciente decisión de la Corte Constitucional al respecto
tienen límites claros y no desconocen los convenios internacionales. Estos son
parámetros generales que como tales deben ser respetados. Pero, usando su
expresión, sí se pueden “colombianizar” en el sentido de que hay que aplicarlos
en la realidad del conflicto interno. Estoy seguro de que la comunidad
internacional es receptiva frente a la modulación de esos principios en casos
concretos.
Usted usa la expresión “comunidad receptiva” pero
más bien, ¿la comunidad internacional no debería ser “comprensiva” con la
situación que ha padecido Colombia?
El término “comprensivo” podría dar la impresión de
que vamos a desconocer parámetros internacionales y que nos deberían perdonar
ese desconocimiento. Lo adecuado es que la comunidad internacional sea
receptiva, o sea, que entienda que los parámetros generales que ella ha
trazado, pueden ser dúctiles.
