Más
funcionarios que huyen del país para evitar la acción de la justicia e
innumerables casos de real o presunta persecución judicial por razones
políticas son síntomas alarmantes de la crisis gravísima que atraviesa
Colombia. No hay Derecho.
La solemnidad de la justicia
Cuando, con una sapiencia no superada, señalaba
Ulpiano que “la justicia consiste en la constante y perpetua voluntad de dar a
cada uno lo suyo”, quería decir que lo justo es lo que debe ser asignado a cada
cual, sin excesos ni defectos, según una medida objetiva e imparcial que no se
inclina a reconocerle más ni menos a la luz de las normas en vigencia.
Este reconocimiento debe ser acatado por aquellos a
quienes se refiere el fallo y también por la persona que falla, quien no hace
su voluntad sino la de la ley. Es eso lo que hacen los jueces, y lo que
significa la justicia, representada desde la antigüedad por Temis, cuya figura
aparecía con los ojos vendados y sosteniendo en sus manos una balanza y una
espada.
La venda simboliza la objetividad del togado, cuya
tarea ha de desarrollarse con absoluta independencia de cualquier influjo
externo, presión, inclinación, preferencia, favoritismo, animadversión,
solidaridad o prevención, y aparte de cualquier prejuicio derivado de sus
convicciones religiosas o políticas.
En el esquema general de las funciones estatales,
la judicial es simultáneamente la más honrosa, la más comprometedora y la más
difícil.
La balanza representa la imparcialidad frente a las
partes en el proceso y en relación con los hechos y las pruebas de los mismos.
En ella han de ser puestos todos los elementos, tanto los positivos como los
negativos. El equilibrio es un concepto fundamental para una buena y confiable
administración de justicia.
La espada simboliza la autoridad del juez, cuyas
decisiones son obligatorias y deben ser respetadas y cumplidas, sin perjuicio
de los recursos que ante la misma administración de justicia prevé la ley.
Si nos fijamos en el esquema general de las
funciones estatales, la judicial es simultáneamente la más honrosa, la más
comprometedora y la más difícil. En ella se trata de definir el derecho,
cuyo supremo valor es la justicia, la cual, para alcanzar el ideal
señalado por Ulpiano, requiere de quien la administra, además del
conocimiento jurídico, inteligencia y capacidad de entendimiento de la norma y
de valoración de los hechos a los cuales se aplica, además de rectitud,
objetividad, imparcialidad, precisión y carácter incorruptible.
Para cualquier sociedad, en especial una
democrática, resulta indispensable mantener una administración de justicia bien
organizada, fuerte, confiable y respetable, compuesta por magistrados y jueces
independientes, conocedores del derecho, imparciales, experimentados y ajenos a
cualquier forma de halago, prebenda o compromiso. Sin un sistema de tales
características la sociedad está condenada a la disolución.
La
justicia en Colombia
¿Qué
tenemos hoy en Colombia? Infortunadamente, tras una historia respetable y por
una cadena de acontecimientos bien conocidos por la opinión pública, la
administración de justicia colombiana ha caído en el desprestigio.
Esta
ha perdido el respeto y la confianza que inspiraba, y está sumida en un mar de
contradicciones, de errores y veleidades. Recibe críticas (unas fundadas, otras
no) de todos los sectores y, en vez de ser ella la que juzga, condena o
absuelve, ha sido puesta desde hace un tiempo en el banquillo de los acusados.
Desde
luego, un análisis serio debe estar exento de generalizaciones. Por ello, mal
podríamos avanzar sin reconocer la presencia en nuestros tribunales, juzgados y
fiscalías de muchos funcionarios y empleados probos, bien preparados y
honestos.
Pero
sería ingenuo quien no reconociera que, en el interior de la Rama Judicial y
por distintas causas, se han venido extendiendo vicios que demuestran la
necesidad de una reingeniería.
El
ciudadano del común, perplejo ante recientes hechos relacionados con la
administración de justicia y con el ejercicio del poder administrativo, fiscal
y disciplinario (que al fin y al cabo responden también a las finalidades
estatales de definición de derechos, cargas y obligaciones) se formula muchas
preguntas:
- ¿Existe
en Colombia un sistema jurídico que en efecto otorgue a personas investigadas o
juzgadas penal o disciplinariamente la plenitud de las garantías procesales
propias de un Estado democrático y constitucional?
- ¿Quienes
administran justicia o ejercen el poder disciplinario-sancionatorio administrativo,
o el control fiscal, cumplen sus funciones según las normas constitucionales y
legales, adoptan medidas y toman decisiones en estricto derecho, o, por el
contrario, existen procesos sesgados por la malquerencia, el ansia de poder, la
persecución política o la rivalidad personal o profesional?
- ¿El
sindicado goza de las garantías previstas en el artículo 29 de
la Constitución y en los tratados internacionales firmados por Colombia
(presunción de inocencia, derecho de defensa, derecho a la prueba, objetiva
crítica del testimonio, imparcialidad del juez o fiscal, examen ponderado de
los hechos, entre otros)?
- ¿Son
verdaderamente independientes los altos funcionarios de las corporaciones
judiciales, de la Fiscalía, de la Procuraduría, de la Contraloría frente
al gobierno y a los partidos políticos?
Los casos de la discordia
Mencionemos apenas algunos de los casos que han
conmovido a los colombianos y en los cuales se ha abierto controversia pública
sobre el cumplimiento o incumplimiento de las exigencias de imparcialidad y
garantías procesales:
- Militares investigados, acusados o condenados por
distintas causas, se quejan de haber sido llevados a los estrados judiciales
sobre la base de falsos testimonios, y aseguran que no tienen garantías
procesales ni derecho efectivo de defensa, y que están dentro de una campaña
inspirada por tendencias ideológicas enemigas de la Fuerza Pública.
- El alcalde mayor de Bogotá Gustavo
Petro estima, no sin argumentos, que su destitución e inhabilidad por
quince años decretada por el procurador, así como la cuantiosa multa impuesta
por la Superintendencia de Industria y Comercio por haber adoptado una política
sobre la prestación de un servicio público por empresas estatales, no solamente
fueron arbitrarias y desproporcionadas sino que las sanciones le fueron
impuestas con marcado sesgo político y sin haber gozado de las garantías
procesales correspondientes.
Podríamos
avanzar sin reconocer la presencia en nuestros tribunales, juzgados y fiscalías
de muchos funcionarios y empleados probos, bien preparados y honestos.
- La exsenadora Piedad Córdoba, a quien le han sido
negados todos los recursos interpuestos, ha esgrimido razones poderosas para
sostener que fue destituida e inhabilitada, también por el procurador, por
razones ideológicas y mediante un procedimiento sin garantías efectivas, en el
cual se concluyó sin pruebas debidamente valoradas que se había confabulado con
la guerrilla de las FARC.
- El expresidente y actual senador Álvaro Uribe y
sus partidarios han proclamado en todos los tonos que las investigaciones
contra María del Pilar Hurtado, Andrés Felipe Arias, Luis Carlos Restrepo,
Bernardo Moreno, Carlos Albornoz, Luis Alfredo Ramos, Sabas Pretelt, Santiago
Uribe, los congresistas señalados como parapolíticos y muchos otros, han
estado orientadas por una persecución a quienes participaron en su gobierno y
comparten sus ideas políticas.
A tal punto ha llegado esa convicción que el
expresidente favoreció el otorgamiento de asilo a Hurtado en Panamá, y
justificó la salida de Arias, después de condenado, hacia Estados Unidos.
- El mismo expresidente Uribe se negó a comparecer
ante la Fiscalía para entregar pruebas contra la campaña de Juan Manuel Santos
por haber recibido, supuestamente, recursos provenientes del narcotráfico.
Uribe se lustró los zapatos en la sede a la cual había sido citado y entregó
los documentos a un funcionario sin competencia en materia penal (el
procurador), todo porque, a su juicio, no contaba con garantías.
- La ex contralora Sandra Morelli atribuye la
investigación penal en su contra, iniciada por la Fiscalía General, al hecho de
haber denunciado irregularidades en la contratación del actual fiscal Eduardo
Montealegre con la firma Saludcoop, y ha salido del territorio colombiano hacia
Italia (pues tiene doble nacionalidad), con el objeto de evadir la acción de la
justicia, frente a la cual dice no tener garantías.
- El fiscal general ha denunciado la existencia de
un cartel de testigos falsos, pero a muchos los sindican y capturan, se les
sigue proceso y se los condena sin aplicar las reglas de la crítica del
testimonio y con base en la declaración de alguien que se quiere beneficiar
judicialmente, con independencia de si merece o no credibilidad.
Las razones
¿Qué deja ver este panorama? Que, habiendo razón en
algunos casos y simple estrategia en otros, algo está muy mal en lo que
respecta al funcionamiento de nuestra administración de justicia.
En ello inciden varios factores: una preocupante
improvisación legislativa y de reformas constitucionales que ha llevado a
principios tan discutibles como el de oportunidad; la falta de preparación de
muchos funcionarios; y la aplicación incorrecta del derecho y las garantías en
muchos casos.
En otras situaciones ha sido ostensible la
"politización" de la justicia o ha habido filtraciones de las
providencias a los medios antes de ser adoptadas. También se percibe cierta
tendencia al protagonismo de algunos jueces, magistrados, procuradores y
fiscales; la ausencia de normas que aseguren la efectiva comparecencia de los
funcionarios sindicados; así como el aprovechamiento, por parte de sindicados y
condenados, del desorden existente y de sus propias facilidades económicas para
evadirse.
La sabiduría popular acuñó una célebre frase según
la cual “la justicia es para los de ruana”. Parece que esa es la máxima que
seguimos e, infortunadamente, nos hemos olvidado de Ulpiano.
