Yesid
Reyes Alvarado: “La reforma a la justicia debe comenzar por la base”
16 de Septiembre
8:48 AM
Juan Martín Fierro
Director de ÁMBITO
JURÍDICO
Bogotano de
nacimiento y con una larga experiencia como litigante y profesor en materia
penal, el nuevo titular de la cartera de Justicia y del Derecho es hijo de
Alfonso Reyes Echandía, uno de los juristas más importantes que ha tenido el
país, quien perdió la vida en la toma del Palacio de Justicia en noviembre de
1985.
El principal reto
del nuevo ministro es acortar la brecha que separa al ciudadano común de la
administración de justicia y, para lograrlo, impulsará desde el Gobierno el
llamado proyecto de equilibrio de poderes, que ya inició su trámite en el
Congreso.
En entrevista con
ÁMBITO JURÍDICO, Reyes también habló, entre otros asuntos, sobre el futuro de
la tutela y la crisis de hacinamiento carcelario, uno de los temas más
sensibles en la entidad a su cargo.
ÁMBITO JURÍDICO:
¿Qué tareas específicas le encomendó el Presidente Santos frente al proyecto de
equilibrio de poderes?
Yesid Reyes: Uno de los encargos fue seguir priorizando
pequeñas reformas que impacten problemas puntuales de la administración de
justicia, de tal forma que consigamos acercar la justicia al ciudadano,
brindarle posibilidades simples y ágiles de solución de conflictos, lo que, en
el fondo, es una forma de construir más paz y equidad en Colombia.
Á. J.: ¿Qué pasa
con temas que no entraron en ese proyecto, como la acción de tutela o el
presupuesto de la Rama Judicial?
Y. R.: Son dos tipos de reformas distintas. Esta es
una reforma que tiene que ver con, como dice su nombre, el equilibrio de
poderes, pero eso no significa que esa sea la reforma a la administración de
justicia de la que hemos venido hablando. El Ministerio de Justicia está
terminando de estructurar una serie de proyectos, alrededor de 20, que son los
que van a estar orientados a ese propósito de acercar la justicia al ciudadano.
Aspiramos a tenerlos totalmente estructurados en unas dos semanas y los vamos a
hacer públicos para que la gente conozca cuál es el propósito del ministerio,
cuáles son las finalidades que se buscan y cuál es el impacto esperado de estos
ajustes en la administración de justicia. No hay que confundir las dos cosas,
son dos tipos de proyectos completamente distintos.
Á. J.: Sobre el
tema específico de la tutela, ¿qué nos puede adelantar?
Y. R.: En principio, no hay una reforma prevista
para la tutela, porque, en términos generales, funciona muy bien. Hay, desde
luego, algunas críticas muy puntuales a aspectos muy precisos de la tutela, que
eventualmente se van a mirar y a corregir, pero la estructura general de la
tutela no solo funciona muy bien, sino que estadísticamente hablando, 9 de cada
10 ciudadanos colombianos están muy satisfechos con la tutela. Por eso, la
institución no necesita una gran cirugía.
Á. J.: Pero la
tutela se ha convertido en una estrategia para controvertir decisiones
judiciales o para no acudir a las acciones ordinarias, lo que genera, incluso,
un problema grave de congestión…
Y. R.: La solución no es acabar lo que funciona,
sino corregir lo que no funciona. La tutela es un estupendo indicador del mal
funcionamiento de otros estamentos de la administración de justicia y de
algunos otros ámbitos del Estado. Quien recurre a la tutela para que lo
atiendan desde el punto de vista de la salud está enviando un mensaje de que
hay problemas en el acceso a los servicios. Entonces, la solución no está en
acabar con la tutela, sino en mejorar el acceso al servicio de salud.
Á. J.: ¿Está de
acuerdo con que el periodo de los magistrados se quede en ocho años, como dice
el proyecto, o se puede ampliar a 12, como ya se ha rumorado?
Y. R.: Un proyecto de ley como el que se presentó,
como todos los proyectos de ley, es una propuesta. El siguiente paso es el
debate, y ese debate se hace en el parlamento, ese es el escenario natural, el
parlamento está para eso. Así que viene la fase de discusión y, al final,
saldrá lo que el Congreso considere que es mejor para el país.
Á. J.: En el
primer cuatrienio del presidente Santos se expidieron importantes normas en
materia de oralidad, ¿están garantizados recursos para su entrada en operación?
Y. R.: Tenemos todavía dificultades con los
recursos, ese es un problema que desafortunadamente aparece siempre que se
trata de buscar soluciones en la administración de justicia. Estamos trabajando
ese punto con el Ministerio de Hacienda y con el Consejo Superior de la
Judicatura.
Á. J.: ¿Qué
balance hace del sistema penal acusatorio luego de 10 años de
funcionamiento?
Y. R.: Hay muchas cosas puntuales que hay que
mejorar. En eso la propia Fiscalía General de la Nación es absolutamente
consciente de los aspectos positivos y negativos del sistema y tiene bastante
adelantado un proyecto de ley para corregir lo que no funciona bien.
Á. J.: Usted ha
dicho que es importante revivir la ley de pequeñas causas, ¿qué modificaciones
le haría?
Y. R.: Es muy importante la ley de pequeñas causas,
en su momento funcionó muy bien. Tuvo algunos problemas que están perfectamente
identificados en cuanto a funcionamiento, y luego tuvo otros sobre estructura,
que fueron puestos de presente por la Corte Constitucional al tumbarla. Yo creo
que si se toma lo bueno de la ley, se corrigen los problemas puntuales que tuvo
en operatividad y se hacen los ajustes que la Corte mencionó en la sentencia
que la declaró inexequible, se puede tener una muy buena ley de pequeñas
causas, que va a ser muy importante para facilitar la solución de conflictos de
los ciudadanos.
Á. J.: En cuanto
al tema carcelario y penitenciario, ¿qué hará su despacho?
Y. R.: El problema del hacinamiento carcelario
necesita combinar distintas soluciones. La primera, y más obvia, es la
construcción de cárceles y adecuación y mejoramiento de las que tenemos. Eso
requiere recursos que estamos intentando conseguir. Pero esta no es la única
solución. Es muy importante acabar con lo que se conoce como populismo
punitivo, que es la tendencia general en la ciudadanía, los medios de comunicación
y el Congreso de resolver cualquier conflicto social mediante la creación de un
nuevo delito o el aumento de las penas. Entonces, hay que hacer un trabajo de
pedagogía y racionalizar la intervención del Derecho Penal. Aquí es muy
importante el trabajo del Consejo Nacional de Política Criminal, que se ha
venido reuniendo juiciosamente para analizar los proyectos de ley que tengan
que ver con sistema penal. La idea no es excluir del todo la creación de
delitos ni el aumento de penas, pero sí reducirlos a los casos en que sean
necesarios. Esto ayudará a controlar el hacinamiento carcelario. Un tercer
punto es que se está abusando de la detención preventiva, que tiene como
propósito garantizar que una persona va a comparecer a juicio, que no va a
seguir delinquiendo mientras lo hace y que no va a manipular pruebas del
proceso que se le está siguiendo. El Código de Procedimiento Penal contempla 11
posibilidades distintas de conseguir esa finalidad y nosotros usamos una, que
es la detención preventiva. Si en muchos casos las otras 10 opciones son
viables para conseguir ese propósito, ¿por qué no recurrir a esas posibilidades
en lugar de seguir insistiendo en una? Eso además tiene un impacto mucho mayor
en el hacinamiento carcelario de lo que la gente piensa. Si mantuviéramos en
prisión solamente a los condenados, los cupos penitenciarios que tiene el país
no solo alcanzarían, sino que tendríamos cupos libres.
Á. J.: ¿El
proyecto de equilibrio de poderes solucionará la segunda instancia para
aforados?
Y. R.: Es un propósito en el que creo estamos todos
de acuerdo, no solamente en el proyecto que usted menciona, sino que además
está previsto por parte de la Fiscalía y las cortes una mejora en la separación
de temas de investigación y juzgamiento ante la Corte Suprema, así como en la
primera y segunda instancia en el ámbito disciplinario, pues el Procurador
General de la Nación está impulsando un proyecto de reforma al Código
Disciplinario que abre la posibilidad de esa segunda instancia.
Á. J.: En resumen,
¿cuáles van a ser las líneas de acción fundamentales de su ministerio?
Y. R.: Yo diría que una: mejorar la interacción del
ciudadano con la administración de justicia. ¿Cómo se logra eso? Vamos a
priorizar desde el ministerio alrededor de 20 proyectos, todos encaminados
fundamentalmente a ese propósito. Dicho de otra manera, la reforma a la
administración de justicia debe empezar por la base. Tenemos que garantizar que
el ciudadano tenga una buena interacción con la administración de justicia. Si
eso se hace, no solo habrá más confianza en ella, sino una mayor sensación de
equidad y de convivencia armónica, factores indispensables para un país en paz.
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