Los riesgos del paro judicial. semana.com
Los grandes
escándalos del país podrían quedar en la impunidad si sigue la parálisis de la
Justicia, que ya cumple más de un mes.
Hay
peticiones de la rama judicial que hoy son imposibles de cumplir para el
gobierno. Entre ellas está detener la reestructuración de la Fiscalía.
La
semana pasada en frente del Ministerio de Justicia hubo una protesta bastante
particular. Centenares de personas se agolparon en la puerta no para apoyar el
paro de la rama, que ya cumple más de un mes, sino para rechazarlo. Se trataba
de funcionarios aterrados porque sus casos pueden quedar en el aire. Alexandra
Ladino, la fiscal que lleva el caso de InterBolsa, se convirtió en el símbolo
de esa angustia. Con tono de desesperación recurrió a los medios para advertir
que si el paro continúa las personas que están presas por cuenta de ese
escándalo recuperarían la libertad y podrían salir del país. Y el paro
continuó.
Además de InterBolsa, hay otros casos clave que están hoy en el limbo como el
de Liliana Pardo por el carrusel de la contratación, el de la excontralora
Sandra Morelli, la exrectora Silvia Gette y el gobernador de La Guajira Kiko
Gómez. La Corte Constitucional tuvo que prestar un salón para adelantar la
audiencia del exalcalde Samuel Moreno, pues el Tribunal de Bogotá, que es donde
se lleva el juicio, está cerrado con candado. Se calcula que el paro ha hecho
que se cancelen más de 15.000 audiencias en todo el país. Como al paro se
sumaron hasta los guardias del Inpec, en muchas cárceles ni siquiera están
recibiendo a los presos. Por eso, hoy los jueces están buscando en qué salones
comunales o cafeterías pueden hacer las audiencias y qué CAI o estación de Policía
está dispuesto a recibirles a los detenidos.
Lo peor es que no se ve una pronta solución. La última reunión entre el
gobierno y Asonal Judicial comprobó que están lejos de llegar a un acuerdo. Las
peticiones son hasta ahora irreconciliables. En resumen la Justicia está
paralizada por tres razones.
La primera son los cargos de descongestión. Hace una década, en vista del
colapso de muchos juzgados, el gobierno decidió crear unas plazas para ayudar a
resolver ese problema. Se suponía que eran solo por un tiempo, pero como en
Colombia no hay nada más permanente que lo temporal, todavía están vigentes.
Esos cargos se vencían el 15 de noviembre. En la Justicia aseguran que sin
ellos no pueden continuar, pues son casi el 30 por ciento de los funcionarios
de la rama judicial (unos 8.000 puestos de trabajo) y el 40 por ciento en las
altas cortes.
El gobierno no tiene problema en este punto. El ministro Yesid Reyes incluso ha
dicho que todos esos funcionarios deben pasar a la planta de personal de la
rama judicial. La pelea es por 15 días de salario. Asonal pide 73.000 millones
de pesos para pagar esos cargos del 15 de noviembre al 31 de diciembre. El
gobierno ha ofrecido 50.000 millones para pagarles solo hasta el 15 de
diciembre, teniendo en cuenta que la vacancia judicial comienza ese día y
además llevan más de un mes en paro. Como no hay funcionario que quiera irse a
navidad sin plata, la puja está muy dura.
El segundo punto tiene que ver con la reforma a la Fiscalía que ha liderado
Eduardo Montealegre. Como se sabe, el fiscal decidió hacer un verdadero
revolcón en esa entidad. Le piensa inyectar más de 1 billón de pesos al
presupuesto (alcanzaría a ser de 3 billones). Con esto entrarán más de 3.200
nuevos funcionarios, entre ellos 1.000 fiscales, lo que llevará la planta total
a casi 29.000. Asonal no está de acuerdo con esa reestructuración pues asegura
que ahí entró “mucho cacique y poco indio”. A su juicio se privilegió la
creación de altos cargos más que los fiscales y funcionarios que se necesitan.
El gobierno no tiene nada que hacer frente a esta petición pues la Fiscalía es
un organismo autónomo y además se necesitaría una ley para echarla para atrás.
El tercer punto es la nivelación salarial. En la rama consideran que no hay
equidad entre lo que gana un juez y un magistrado. Eso puede ser verdad, sin
embargo, la pelea es por otra cosa. En 2012 la Justicia hizo un paro parecido
al de ahora. Se pudo levantar porque Asonal firmó un acuerdo en el que el
gobierno se comprometió a solucionar ese problema en 2018. En este paro, el
sindicato exige que la solución se dé inmediatamente.
Hay otras peticiones que se le han colgado al paro como la creación de primas,
la exigencia de participar en la reforma a la Justicia, y hasta algunos casos
de acoso laboral y persecución a sindicalistas. Sin embargo, en el fondo, como
en muchas de las grandes controversias del Estado, el tema es de plata. Si no
se encuentra un justo medio entre lo que los sindicatos piden y lo que el
gobierno está dispuesto a dar, la más perjudicada va a ser la Justicia.
