Reforma a la justicia pasó segundo debate en el Senado
La reforma a la justicia fue aprobada este martes en su segundo debate sin mayores modificaciones. Ahora, la iniciativa pasará su más dura prueba en la Cámara de Representantes donde le esperan dos debates más para que cumpla su primera vuelta como reforma constitucional.
Sin embargo, los tiempos están apretados porque el proyecto debe pasar antes del 16 de diciembre en la Cámara, pero, por ley, solo llegará a discusión en esa corporación la última semana de noviembre. Sumado a esto, la reforma cuenta con la oposición del expresidente Álvaro Uribe Vélez, quién pidió hundirlo.
A pesar de que el texto aprobado este martes en el Senado es muy similar al articulado que pasó en la Comisión Primera de esa Corporación, hay algunos puntos en los que se evidenciaron las diferencias en los planteamientos de las Cortes, el Congreso y el Gobierno.
El fuero militar, en el que se había centrado la discusión de la reforma a la justicia, finalmente se aprobó. No obstante, el tema en el proyecto se tocó de forma superficial, ya que los congresistas plantearon que debido a lo complicado del tema, era mejor regularlo a través de una ley reglamentaria que será presentada ante el Congreso una vez el acto legislativo finalice los ocho debates.
Un aspecto que destacó el ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, fue que el texto que llegará a la Cámara de Representantes incluye que "cuando un parlamentario sea condenado por cualquier delito se producirá el fenómeno de la silla vacía".
Anteriormente, la silla vacía solo se aplicaba cuando se demostraba que un congresista tuvo vínculos con grupos armados ilegales o narcotráfico.
De otro lado, los legisladores también aprobaron implementar la doble instancia en el juzgamiento a congresistas. Se estableció para la primera instancia la creación de una sala de instrucción que será integrada por cinco magistrados, quienes serán elegidos a través de concurso público por los presidentes de las altas cortes, excepto el de la Corte Suprema. El juzgamiento lo hará otra sala de igual número de integrantes, quienes se elegirán de acuerdo a un procedimiento que aún está por establecer.
La segunda instancia queda en manos de la sala penal de la Corte Suprema de Justicia.
En lo que respecta a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, la plenaria de Senado aprobó su eliminación y se decidió que en su lugar se conforme un tribunal especial que estará compuesto por nueve miembros que para acceder a este cargo tendrán que cumplir con las mismas condiciones que para ser magistrado de las altas cortes. Su nombramiento será realizado por la Cámara.
La plenaria del Senado aprobó además que la Rama Judicial tenga recursos económicos equivalentes al dos por ciento del Presupuesto General de la Nación y además que les sean asignados, durante cinco años, un billón de pesos por vigencia para lograr la descongestión de los tribunales.
En lo referente a la modificación del Consejo Superior de la Judicatura (CSJ), que en principio el Gobierno proponía eliminar, el Consejo de Estado planteó mantenerlo con tres salas: la disciplinaria, la administrativa y la de gobierno. Sin embargo, el ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, había considerado que si esa fórmula daba paso a "la conformación de una Torre de Babel que haría más complejo el funcionamiento de la rama".
Así pues, el CSJ se mantendrá vivo y la sala disciplinaria (encargada de investigar a funcionarios de la rama y abogados) no tendrá modificaciones.
La que sí fue eliminada fue la sala administrativa. En su lugar, será constituida la Sala de Gobierno cuya administración será encabezada por un gerente y tendrán asiento representantes de las cortes, del gobierno y de los tribunales.
La iniciativa contempla además que los magistrados podrán ser elegidos a partir de los 45 años, que su período pasará de 8 a 12 años y que la edad de retiro forzoso será a los 70 años. Lo anterior, con base en las declaraciones de Vargas Lleras quien pidió evitar que los magistrados "salgan a hacer política con las sentencias que emitieron durante su ejercicio".
El tema de la tutela no fue tratado y seguirá funcionando tal como está, lo que indica que estos fallos deberán enviarse finalmente a la Corte Constitucional que decidirá si los selecciona o no para revisión.
Al final de la discusión se incluyó un artículo para que el Procurador General pueda disciplinar a los integrantes de la sala de Gobierno que no tengan la calidad de magistrados.
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