Senado aprobó el proyecto en segundo debate.
También se definió que cualquier tipo penal será causal de 'silla vacía'. Por: Redacción de El País, Bogotá Miércoles, Noviembre 9, 2011
En la Plenaria del Senado avanza el debate sobre la Reforma a la Justicia. En la foto, el Ministro del Interior Germán Vargas Lleras y de Justicia, Juan Carlos Esguerra.
Foto: Colprensa
El ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, afirmó que “se aprobó un proyecto mejorado de lo que venía de la Comisión Primera del Senado” y agregó que “lo que se pretende es que al final del trámite salga una reforma que beneficie a la rama judicial”.
En el debate fue aprobado un artículo nuevo que establece que cualquier tipo penal será causal de ‘silla vacía”. Al respecto, el ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, explicó que “cualquier tipo penal que cometa un congresista será causal para la silla vacía”, es decir, que no solamente las relaciones con narcotraficantes o grupos armados ilegales determinarán que los partidos pierdan la curul, sino que cualquier delito (hurto, homicidio, extorsión, peculado, etc.) determinará este castigo implementado en la anterior reforma política.
Durante el debate hubo serias diferencias en temas como la doble instancia para el juzgamiento de los congresistas, el fortalecimiento del Consejo Superior de la Judicatura, el otorgamiento de funciones jurisdiccionales a abogados y notarios y el fuero militar.
En un primer hecho, la plenaria le dio vía libre a que haya doble instancia para el juzgamiento de los congresistas, tema que tuvo mucho debate y que determinó la conformación de una subcomisión para la redacción del artículo.
En el informe, entregado por el senador Luis Fernando Velasco, se propuso que se creen dos salas en la Corte Suprema de Justicia, una de investigación y otra de juzgamiento, las cuales estarán conformadas por cinco magistrados que se encargarán de la primera instancia.
Esguerra aseguró que los magistrados de la sala investigativa, según quedó aprobado, serán elegidos por los presidentes de las Altas Cortes por concurso público, mientras que los de la sala de juzgamiento se elegirán de acuerdo como lo establezca una ley reglamentaria.
Con respecto al Consejo Superior de la Judicatura, hubo un rifirrafe entre el Gobierno y el Congreso, en la medida en que una propuesta del Consejo de Estado y un grupo de parlamentarios proponía crear tres salas, la disciplinaria, la administrativa y la de Gobierno, cada una con funciones autónomas.
Vargas Lleras recordó que la propuesta inicial del Gobierno era eliminar la Judicatura, pero insistió en que luego de los acuerdos se aceptó la creación de la sala administrativa.
No obstante, Vargas enfatizó que “todo lo que hemos alcanzado en un acuerdo no puede traducirse en algo peor de lo que existe hoy” y agregó que “lo que ha fallado es la gerencia en la forma en que se ejerce en el país, porque la tienen parcelada y, además, se reclaman más recursos y a la fecha no han ejecutado lo de este año”.
Finalmente fue aprobado el artículo como venía de la Comisión Primera con un Consejo Superior de la Judicatura compuesto por dos salas, la disciplinaria y la administrativa, ésta última que se encargará de la gerencia de la rama.
Con respecto a la entrega de facultades jurisdiccionales a los abogados y notarios para la descongestión de la justicia, la plenaria decidió que fuera aprobado, pero determinaron que no van a tener toda la autonomía que se esperaba en el sentido de proferir sentencias o tomar decisiones que puedan atentar contra las libertades de los procesados.
Con el tema del fuero militar, sectores del Polo y Liberales pidieron su archivo, en la medida en que alertaron que no todos los delitos que cometen los uniformados son en el servicio, por lo que el senador Velasco dijo que de aprobarse como estaba se caería en la revisión que tiene que hacer la Corte Constitucional a la reforma.
El ministro Esguerra se comprometió en que en este tema se tiene que hacer una reforma a la justicia penal militar, obviamente teniendo en cuenta el tema del fuero militar.
En definitiva, este artículo fue aprobado por la plenaria tal y como venía de la Comisión, es decir que la justicia penal militar será la encargada de juzgar a los uniformados cuando cometan delitos en ejercicio de sus deberes militares y policiales, siempre y cuando no se compruebe que se trata de delitos de lesa humanidad.
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