Está a un debate de ser aprobada en el Congreso una reforma constitucional que además de buscar la descongestión del despacho del Fiscal, también se convertiría en la fórmula con la que el Gobierno y el Legislativo pretenden darle vida a la polémica ley de pequeñas causas, que fue rechazada por la Corte Constitucional en 2008.
Hay un claro consenso en la necesidad de descongestionar el despacho del Fiscal, en donde están pendientes de trámite más de 1.000 procesos contra funcionarios con fuero constitucional, abriendo la puerta para que “el vicefiscal general de la Nación o sus delegados de la Unidad de Fiscalías ante la Corte Suprema de Justicia” puedan asumir las investigaciones.
Sin embargo, en el articulado de la iniciativa también se abre paso la posibilidad de que en el caso de delitos menores —conocidos como pequeñas causas— la función de acusador la pueda asumir una autoridad distinta a la Fiscalía.
Así lo plantea el artículo 2° de la reforma constitucional que plantea: “El legislador podrá asignarle el ejercicio de la acción penal a la víctima o a otras autoridades distintas a la Fiscalía”, de este modo se abriría la posibilidad de que miembros de la Policía puedan hacer investigaciones sobre quienes cometan delitos contando con facultades de Policía Judicial, con la posibilidad de practicar pruebas y realizar investigaciones sin la orden de un juez.
Ya en el gobierno del expresidente Álvaro Uribe se generó una gran polémica cuando se tramitó entonces la denominada ley de pequeñas causas, que abría esta puerta y los críticos manifestaron que no estaba acorde con la normatividad internacional, y que quien sea el encargado de capturar y perseguir tenga, de forma simultánea, la facultad de investigar y acusar.
Sin embargo, en su momento, el argumento por el cual la Corte Constitucional declaró la inexequibilidad de las pequeñas causas, fue porque debió tramitarse como una reforma constitucional y no como una ley ordinaria. No obstante, el magistrado ponente Manuel Cepeda hizo evidentes las críticas a la posibilidad de que “rompía con el principio constitucional de imparcialidad”.
Pese a estas críticas, el senador Carlos Enrique Soto, uno de los ponentes de la iniciativa, defiende su aplicación y sostiene que “lo que estamos pretendiendo es abrir la puerta a la descongestión judicial, porque la Fiscalía no tiene forma de asumir la cantidad de delitos menores y, finalmente, lo que se está dando es una impunidad que supera el 90%. No estamos siendo ligeros, estas funciones serán otorgadas con toda responsabilidad y en eso seremos muy cuidadosos en la reglamentación de la reforma”.
El representante Germán Navas, coautor de la iniciativa, también defiende el espíritu de la reforma y argumenta que lo que se busca es agilidad en la justicia, evitar los trancones y la impunidad.
En ese sentido, los legisladores reconocen como un gran avance que las investigaciones de aforados puedan ser asumidas por otros funcionarios diferentes de la Fiscalía General de la Nación, pero no deja de generar inquietud que se le dé nueva vida a la polémica ley de pequeñas causas.
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