El presidente del Consejo de Estado, el magistrado Mauricio Fajardo.
Foto: Archivo / EL TIEMPO
Este tribunal critica propuesta de nuevo Consejo de la Judicatura y falta de recursos para la rama.
El Consejo de Estado le retiró su apoyo al proyecto de reforma de la justicia porque, dice, tal como quedó estructurado no satisface las necesidades de la rama.
En diálogo con EL TIEMPO, el presidente de ese alto tribunal, el magistrado Mauricio Fajardo, explica los reparos que llevaron a esa corporación a marginarse de la discusión.
¿Por qué se apartan del trámite del proyecto?
Son varias las razones, entre ellas, que no se le garanticen recursos a la rama para que pueda funcionar de manera eficiente y oportuna.
¿El asunto es por plata?
Indudablemente, la rama requiere que se le garantice una asignación presupuestal anual, permanente y mínima. Pero el asunto no es solo plata, también los ajustes que se le han hecho al Consejo Superior de la Judicatura y la insistencia de mantener al Ministro de Justicia en la Sala de Gobierno, la que va a dictar las grandes políticas en el funcionamiento de la Rama Judicial. Eso es un retroceso.
¿Cuáles son, en concreto, los reparos al proyecto?
No deja de generarnos inquietud el hecho de que, sin haber sido parte de ninguno de los proyectos a consideración del Congreso, a la reforma se le haya adicionado la propuesta del fuero militar. Ese tema ha dejado de lado asuntos que para la rama son
fundamentales.
fundamentales.
¿Qué pasa con la Judicatura?
Sorprendentemente, se busca no solo mantener sino fortalecer la Sala Disciplinaria. Se le faculta para hacer visitas de inspección a cualquier despacho, incluyendo los de las altas cortes, y uno se pregunta: ¿cuál es el propósito? ¿Examinar procesos? ¿Estarían incluidos los de la 'parapolítica' o los de pérdida de investidura, por ejemplo? Estas situaciones afectan la autonomía de la rama.
¿Qué hay detrás de esas propuestas?
Hay que tener en cuenta el origen que tendrá esa Sala: magistrados postulados por el Presidente, elegidos por el Congreso y que van a terminar ejerciendo la función disciplinaria de los jueces y magistrados. Pero no es lo único, está aprobado que pueda investigar también a los empleados de la rama y se pretende consagrar que sus funciones sean jurisdiccionales, quedando exenta de cualquier control de legalidad.
¿Qué quedó del proyecto presentado por ustedes?
Se presentó una propuesta seria y elaborada. Desafortunadamente, esa iniciativa ha tenido poca respuesta por el Congreso. Su análisis solo fue formal y protocolario.
¿Considera que el proyecto se debe hundir?
Eso lo debe evaluar el Congreso. Somos respetuosos de su autonomía, pero creemos que como está estructurado para el Consejo de Estado no resulta satisfactorio.
¿Esta posición es compartida por las demás cortes?
Este pronunciamiento compromete exclusivamente a nuestra corporación. Hemos informado de esta decisión a la Corte Suprema, a la Corte Constitucional y al Consejo Superior. Ellos tienen toda la independencia y autonomía para evaluar lo que nosotros manifestamos, pero nos asiste el interés por conocer cuál será la posición de cada una de estas corporaciones.
¿Qué van a hacer ahora?
Apartarnos no significa que renunciemos a la posibilidad de examinar, hacer seguimiento a lo que siga ocurriendo. Si las circunstancias lo imponen, se harán eventuales pronunciamientos.
Reforma sigue en el Congreso
La reforma de la Justicia continuará su trámite en el Congreso, afirmó este jueves el senador liberal Luis Fernando Velasco. La postura la comparte el conservador Eduardo Enríquez Maya, quien advirtió que "no se puede desperdiciar el consenso logrado".
El ministro del Interior, Germán Vargas, dijo que la reforma "contempla con estricto rigor los acuerdos alcanzados".
Por su parte, el ministro Juan Carlos Esguerra se mostró sorprendido y señaló que los reclamos del Consejo de Estado se debieron hacer antes de que la plenaria del Senado aprobara el proyecto en segundo debate.
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