Cambio Radical radicó su propia reforma a la justicia
28 Ago 2018 - 11:19 AM
Tal y como lo había anunciado desde la semana pasada, el partido Cambio Radical radicó hoy en el Congreso su proyecto de reforma a la justicia, cuyos pilares fundamentales se cimientan en la propuesta que sobre ese tema hiciera en la reciente campaña presidencial el candidato Germán Vargas Lleras, considerado el jefe natural de la colectividad. desde el sábado pasado, El Espectador anticipó que en el articulado de la iniciativa se plantean los temas cruciales que han sido motivo de controversia en el accionar del poder judicial en los últimos tiempos, entre ellos, la participación de las cortes en la elección de altos dignatarios o el papel del Consejo Superior de la Judicatura.
De manera concreta, el proyecto de reforma constitucional propone la eliminación de las facultades electorales de los magistrados de altas cortes, argumentando que esos procesos disminuyen el tiempo de estas corporaciones para cumplir con sus funciones y desnaturalizan las tareas de los mismos magistrados. La iniciativa busca que no vuelvan a participar en la elección del fiscal general, el registrador nacional, el contralor general, el procurador general y los magistrados de la Corte Constitucional.
En cuanto al Consejo Superior de la Judicatura, la exposición de motivos de la reforma presentada sostiene que debe ser eliminado para dar paso a una entidad con enfoque gerencial, que se centre en una mejor gestión de los recursos de la Rama Judicial. En tal sentido, se propone retomar la idea de la Dirección de la Administración de Justicia, cuyo regente sería elegido por los presidentes de la Corte Constitucional, la Corte Suprema y el Consejo de Estado.
En el capítulo específico del juzgamiento disciplinario de la conducta de los abogados, hoy desarrollado por la Sala Disciplinaria del Consejo de la Judicatura, el acto legislativo de Cambio Radical busca crear un Colegio Nacional de Abogados para garantizar el ejercicio adecuado de esta profesión. Mientras entra en funcionamiento dicho organismo, la idea es que la misión disciplinaria para evaluar el comportamiento de los profesionales del derecho sea ejercida por la Procuraduría General de la Nación.
Por otra parte, se incluye la creación de la Corte de Aforados Constitucionales, que sería el organismo para evaluar los delitos cometidos por funcionarios con fuero: presidente de la República, fiscal y magistrados de las altas cortes. En la actualidad, esta función la desarrolla la Comisión de Acusaciones de la Cámara con juicio del Senado. En criterio de los redactores del proyecto, este procedimiento es “antitécnico e ineficiente”, pues el Congreso no tiene capacidad para hacer esos juicios.
La reforma recalca también en otros aspectos que son de alta controversia jurídica en los altos tribunales. En concreto, lo que los abogados denominan “seguridad jurídica” o “certeza en la aplicación del derecho”. En consecuencia, lo que se busca es recobrar la figura del “precedente judicial” para salvaguardar que cada juez aplique a su acomodo la jurisprudencia de las altas cortes. Por eso, la innovación es que en sus providencias los jueces acojan obligatoriamente la doctrina como criterio auxiliar de la actividad judicial.
Esa controversia toma forma en el articulado propuesto por medio de dos iniciativas particulares: prohibir las ‘tutelatones’, que se califican como una forma de manipulación política convocando a miles de ciudadanos a interponer tutelas para aumentar las posibilidades de una decisión favorable; y regular definitivamente el recurso de tutela contra providencias judiciales, que en opinión de los autores del proyecto sigue creando numerosos choques de trenes entre cortes, dilatando también los procesos.
Finalmente, la reforma de Cambio Radical, como se ha hecho en varias oportunidades en el pasado, plantea la eliminación de las contralorías departamentales, municipales y distritales. Lo que se busca es que se acabe la dispersión del ejercicio del control de los recursos públicos en organismos independientes y que todo el trabajo de control fiscal se concentre en la Contraloría General. De paso, se pretende evitar entes independientes sin recursos.
Con el aumento de requisitos para ser magistrado de las altas cortes y exigir una experiencia mínima de 25 años en la profesión de abogado, la cátedra universitaria o el ejercicio profesional, la iniciativa se complementa con la ampliación del periodo de estos a 12 años. El punto final de la propuesta de reforma constitucional es avanzar hacia la descongestión judicial del país y, en tal sentido, darles facultades jurisdiccionales a los notarios, registradores y, excepcionalmente, abogados.
Lo que queda claro es que Cambio Radical se le adelantó al gobierno del presidente Iván Duque, que ha anunciado también que tendrá su propio proyecto de reforma a la justicia. Ante esta situación, se conoce que desde el Ministerio de Justicia, hoy encabezado por Gloria María Borrero, ya se hicieron contactos con el propósito de realizar un trabajo conjunto y buscar consensos para sacara adelante la iniciativa.
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