La necesaria reforma a la justicia
14 Sep 2018 - 12:00 AM
El Gobierno se lanzó por fin al ruedo legislativo con una propuesta ambiciosa y necesaria: la reforma a la justicia. El proyecto, presentado por la ministra de Justicia, Gloria María Borrero, busca triunfar allí donde tantos otros gobiernos han fracasado. Aunque hay buenas señales, dada la previa concertación con las altas cortes y el capital político que el presidente Iván Duque tiene para invertir en el parlamento, la historia reciente del país le augura tiempos difíciles. Lo claro es que el país no le puede dar más largas a este asunto.
El martes pasado, el presidente Duque se reunió con la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial, que tiene representantes de todas las altas cortes, para asegurarse de que el proyecto de reforma no entrara tambaleando al Congreso. Es una medida necesaria, pues todavía está fresco lo ocurrido con el último intento similar, que fue despedazado en el estudio de su constitucionalidad.
Sobre los detalles del proyecto, hay varias medidas que prometen ser de utilidad para la lucha contra la corrupción, otras que parecen paños de agua tibia y una en particular que preocupa. Nos explicamos.
Desde lo positivo, la reforma a la justicia propone quitarles las facultades electorales a las altas cortes. Actualmente, éstas tienen influencia en la elección del procurador, el auditor y el registrador general, lo que ha causado innecesarias sospechas sobre la independencia de los magistrados. No sobra recordar que el exprocurador Alejandro Ordóñez vio anulada su elección por haber nombrado a familiares y personas cercanas de los magistrados que lo nominaron. No hay motivos para que ese tipo de escándalos ocurran. La única elección sobre la que seguirán teniendo influencia es la de fiscal general, que es seleccionado por la Corte Suprema de Justicia por pertenecer a la Rama Judicial. Este es un paso en la dirección correcta.
También son bienvenidas las nuevas inhabilidades a magistrados que recomienden a personas para ocupar cargos en alguna de las ramas del poder público, la prohibición por cuatro años para que los exmagistrados litiguen en causas de su jurisdicción, el aumento en el período de los magistrados y una nueva regla que disminuye las mayorías necesarias para el nombramiento de magistrados dentro de las cortes, de tal manera que se eviten los bloqueos institucionales que en el pasado han dejado vacantes importantes durante meses.
Un aspecto que parece un paño de agua tibia, en cambio, es la confianza reforzada en el Congreso para decisiones fundamentales. Las elecciones que ya no contarán con la presencia de las altas cortes serán hechas por el parlamento después de una convocatoria pública. Si la elección a contralor es una muestra de cómo van a operar esos procesos, ¿cómo les vamos a garantizarles a los colombianos la idoneidad de los funcionarios?
Otro asunto cuando menos decepcionante es la continua existencia de la Comisión de Acusación como mecanismo para juzgar a los aforados. Aunque el proyecto viene con propuestas para agilizar su funcionamiento, eso no puede atacar el problema de raíz: la falta de voluntad política, unida al desconocimiento de los congresistas sobre el derecho, hacen que esa Comisión sea inoperante. ¿No hay otra alternativa viable?
Finalmente está la tutela. El Gobierno pretende limitarla exigiendo legitimidad para presentarla, restringiendo su temporalidad y, además, pidiendo que sea estudiada por jueces de la jurisdicción y especialidad del tema. Si bien entendemos la necesidad de hacer ajustes a un mecanismo que ha sido, en ocasiones, mal utilizado, no puede olvidarse que es su facilidad de uso la que ha empoderado a tantos colombianos para hacer valer sus derechos fundamentales. Que no se pierda la herramienta más importante de la Constitución.
Dicho lo anterior, apoyamos la presentación del proyecto. Es un pendiente que no puede seguir posponiéndose.
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