Vistas de página en total

viernes, 15 de agosto de 2014

‘La verdadera reforma a la justicia es la que acerca la justicia a los ciudadanos': Presidente Santos.

‘La verdadera reforma a la justicia es la que acerca la justicia a los ciudadanos': Presidente Santos
“Uno de los objetivos que tenemos en este nuevo periodo es el de restablecer en nuestra democracia el principio de ‘pesos y contrapesos’ que se debilitó por cuenta de la figura de la reelección presidencial”, señaló el Jefe de Estado. 
Montería, 14 ago (SIG).

“La verdadera reforma a la justicia, que venimos haciendo año tras año, es la que acerca la justicia a los ciudadanos”, aseveró este jueves el Presidente de la República, Juan Manuel Santos, en un mensaje enviado a los asistentes al XVII Encuentro de la Jurisdicción Ordinaria – ‘Justicia y Democracia’, cumplido en Montería.
En la comunicación, el Jefe de Estado reiteró que uno de los objetivos trazados por su administración es restablecer el sistema de pesos y contrapesos del Estado.
“Uno de los objetivos que tenemos en este nuevo periodo es el de restablecer en nuestra democracia el principio de ‘pesos y contrapesos’ que se debilitó por cuenta de la figura de la reelección presidencial y por la falta de claridad en algunas de las competencias de nuestros organismos constitucionales”, señaló el Mandatario.
“Se trata de una reforma del Estado para fortalecer la legitimidad democrática de nuestras instituciones”, explicó.
Al exponer los alcances de las propuestas que en este sentido presentará su Gobierno, el Mandatario reiteró que su administración propondrá la eliminación de la reelección presidencial.
“Dentro de las propuestas está la eliminación de la reelección presidencial y la eventual extensión del período presidencial a 5 ó 6 años, sin que dicha extensión de ninguna manera me cobije”, precisó.
Al referirse a las facultades nominadoras de los organismos del poder judicial, el Presidente Santos indicó que se propondrá “eliminar las atribuciones de selección, nominación y designación de autoridades del Estado por las Altas Cortes, y ponerle coto a la llamada “puerta giratoria”.
“Sé que muchos de ustedes comprenden que estas actividades nominadoras y electorales acaban afectando el prestigio de unas Cortes que deben reconocerse por su absoluta independencia del juego político”, agregó.
De la misma forma, el Presidente de la República planteó la necesidad de que las facultades y atribuciones de los organismos de control sean revisadas.
“Esto será también tema de estudio en esta reforma de equilibrio de poderes”, sostuvo.
Finalmente, el Mandatario resaltó la importancia de que los ciudadanos puedan acceder a la justicia fácilmente, como lo hacen con la Acción de Tutela.

“Tenemos que hacer que el acceso a la justicia sea fácil y que las decisiones en todos los procesos se tomen en términos razonables y perentorios”, puntualizó.

Presidente Santos pide agilizar implementación de las TIC en la justicia • El Mandatario urgió a los administradores de la justicia para que en un año ya esté implementado en Colombia el expediente judicial electrónico. Montería 14 agosto (SIG).

Presidente Santos pide agilizar implementación de las TIC en la justicia
• El Mandatario urgió a los administradores de la justicia para que en un año ya esté implementado en Colombia el expediente judicial electrónico. 
Montería, 14 ago (SIG).      
En un mensaje enviado al XVII Encuentro de la Jurisdicción Ordinaria que se realiza en Montería, el Presidente Juan Manuel Santos pidió agilizar la implementación de las TIC en el sector Justicia.
“Quiero llamar su atención sobre un aspecto, aparentemente técnico o procedimental, que puede y debe hacer la diferencia en la administración de justicia y sacarnos definitivamente de los últimos puestos en materia de duración de los procesos”, dijo.
Y agregó: “Tenemos buenos nuevos códigos, con procedimientos ágiles y orales, pero nada de esto puede aplicarse cabalmente si no aceleramos el proceso de implementación de las TIC para la justicia, es decir, la Justicia Digital”.
El Mandatario recordó que el Ministerio de las TIC y el Consejo Superior de la Judicatura ya diseñaron un plan de ruta y que el Gobierno destinó, el año pasado, recursos por 143 mil millones de pesos para esta tarea.
“Ahora nos toca acelerar para que el expediente judicial electrónico sea finalmente una realidad”, recalcó.
En este sentido, el Jefe de Estado urgió a los administradores de la justicia para que en un año ya esté implementado en Colombia el expediente judicial electrónico.
“Sería la mejor noticia para ustedes y para todos los usuarios de la justicia”, dijo y enfatizó: “No nos esperemos a que venza el plazo que nos da la ley, porque no hay disculpas para demorarlo”.
El Presidente Santos consideró que esta no es una tarea solamente del Consejo Superior de la Judicatura, sino que es un tema de todos los miembros de la rama judicial.

Al garantizar el apoyo del Ministerio de las TIC para este propósito, el Presidente Santos invitó a todos los jueces a que “se certifiquen como ciudadanos digitales y a que demuestren que Colombia puede tener una justicia moderna que sirva mejor, con las herramientas de la tecnología, a todos los colombianos”.

Palabras del Presidente Juan Manuel Santos con motivo del XVII Encuentro de la Jurisdicción Ordinaria - ‘Justicia y Democracia’

Palabras del Presidente Juan Manuel Santos con motivo del XVII Encuentro de la Jurisdicción Ordinaria - ‘Justicia y Democracia’
Montería, 14 ago (SIG).
“Qué bueno poder ratificar en este encuentro –el primer encuentro con la rama judicial en mi segundo periodo de gobierno– lo que dije hace 4 años, cuando llegué a la Presidencia con el propósito de restablecer el diálogo entre Gobierno y jueces, por el bien de Colombia y sus instituciones.
Dije entonces que la Justicia podía esperar de mi gobierno respeto, colaboración y autonomía, y lo hemos confirmado con hechos, con presupuesto y con actitudes.
Hoy los invito –así como lo dije a todos los colombianos el 7 de agosto– a que nos unamos en el trabajo para hacer realidad esta visión esencial que he propuesto al país: lograr una Colombia en paz, una Colombia en equidad, una Colombia educada.
Sin duda la justicia es un componente fundamental de la paz.
Con un acceso pronto y oportuno a la justicia para todos los ciudadanos –sin importar recursos o ninguna otra condición– se logra el objetivo primordial del Derecho, que es facilitar la convivencia y el respeto dentro de los miembros de una sociedad.
En la medida en que los litigios y diferencias se resuelvan por la vía judicial o por mecanismos de justicia alternativa –como el arbitraje o la conciliación– se consolida en la nación un entorno de civilización y paz: el que da la tranquilidad de saber que las diferencias se pueden arreglar de manera pacífica, a través de las instituciones.
Y la justicia también es sustento de la democracia, razón por la cual ustedes hoy organizan este encuentro alrededor de estos dos valores.
He citado mucho –pero hace ya rato que no lo hago– la comparación de Franklin Delano Roosevelt quien decía que, en una democracia, los tres poderes públicos son como tres bueyes que jalan un mismo arado.
Si todos jalan al tiempo y en la misma dirección, el trabajo se hará bien y con facilidad, pero si los bueyes van cada uno por su lado, el trabajo será infructuoso.
Por eso es tan importante el respeto entre las ramas del poder.
Ninguna debe invadir el carril de la otra –eso es autonomía– pero al mismo tiempo todas deben ir en la misma dirección –eso es armonía–.
Si algo hace avanzar a una nación es que sus poderes obren con autonomía y con armonía.
Yo creo, apreciados magistrados y jueces, que mi gobierno ha dado muestras concretas de este talante, es decir, ha sido siempre respetuoso –como corresponde– de las decisiones judiciales, favorables o adversas.
Mi administración no cuestiona los fallos: los acata y presta su concurso a los jueces para su cumplimiento efectivo.
Así sido, así es y así seguirá siendo.
Y hablando de los poderes, como ustedes saben uno de los objetivos que tenemos en este nuevo periodo es el de restablecer en nuestra democracia el principio de “pesos y contrapesos” que se debilitó por cuenta de la figura de la reelección presidencial y por la falta de claridad en algunas de las competencias de nuestros organismos constitucionales.
Se trata de una reforma del Estado para fortalecer la legitimidad democrática de nuestras instituciones.
Dentro de las propuestas está la eliminación de la reelección presidencial y la eventual extensión del período presidencial a 5 ó 6 años, sin que dicha extensión de ninguna manera me cobije.
En cuanto al poder judicial, la propuesta es eliminar las atribuciones de selección, nominación y designación de autoridades del Estado por las Altas Cortes, y ponerle coto a la llamada “puerta giratoria”.
Sé que muchos de ustedes comprenden que estas actividades nominadoras y electorales acaban afectando el prestigio de unas Cortes que deben reconocerse por su absoluta independencia del juego político, y además les quitan tiempo a su altísima misión.
El doctor Hernando Yepes, constituyente y exmagistrado, dijo en su momento que esas facultades eran como un “regalo envenenado” a las Cortes, expresión que ha retomado el presidente de la Corte Constitucional, Luis Ernesto Vargas.
Tenemos muy buenos jueces en Colombia, y seguiremos haciendo lo que esté a nuestro alcance para exaltar, facilitar y dignificar su misión.
Y de eso trata esta reforma: de que los jueces y magistrados se dediquen a hacer lo que hacen mejor, que es impartir justicia y proteger los derechos de los colombianos.
Los organismos de control y fiscalización también requieren de una revisión pormenorizada de sus facultades y atribuciones, y esto será también tema de estudio en esta reforma de equilibrio de poderes.
Ahora bien, hay que entender –como he dicho siempre– que la reforma a la justicia no es solo una reforma constitucional que toque a las Altas Cortes.
La verdadera reforma a la Justicia –que venimos haciendo año tras año– es la que acerca la justicia a los ciudadanos, y no necesariamente implica cambiar la Carta Política.
El Código Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el Código General del Proceso, y el Estatuto de Arbitraje Nacional e Internacional –por ejemplo– han dado a la justicia y a los ciudadanos un conjunto armonioso de normas para que los procesos cumplan su cometido, que es la pronta resolución de los conflictos.
Su adecuada implementación es un reto que tenemos que seguir asumiendo juntos.
Y aquí quiero reforzar un término que utilizó nuestro nuevo ministro de Justicia y del Derecho, el doctor Yesid Reyes Alvarado, hace algunos meses en una columna de prensa: “Hay que tutelizar la justicia”
Es decir, tenemos que hacer que el acceso a la justicia sea fácil y que las decisiones en todos los procesos se tomen en términos razonables y perentorios, como ocurre con las tutelas.
Y sea el momento, por supuesto, para dar la bienvenida al Ministro.
Y qué bueno poder hacerlo ante la Jurisdicción Ordinaria, la misma que presidió su padre, el jurista y penalista tolimense Alfonso Reyes Echandía, cuyo recuerdo vivirá siempre en nuestra memoria como la figura valiente y simbólica del Holocausto del Palacio de Justicia.
¡Qué orgulloso estaría él, doctor Yesid, al verlo ocupar este alto cargo de servicio a la patria!
Y sea la ocasión también para hacer un reconocimiento a otro ilustre tolimense, chaparraluno, por su destacado trabajo al frente de esta cartera, digno de su trayectoria pública y profesional.
No está ahora con nosotros pero ¡muchas gracias desde acá al doctor Alfonso Gómez Méndez!
Volviendo al tema de la reforma, quiero insistir en que la constitucional es necesaria y conveniente, pero que no es ésta la que le resuelve los problemas al ciudadano común, al que es víctima de robos o lesiones, y siente la ausencia del aparato judicial.
Por eso hay que trabajar en mejorar esa relación “justicia-ciudadano” con reformas que no tienen que ser necesariamente actos legislativos, sino leyes o decretos, o incluso simplemente con actos de buena gerencia.
Son bienvenidas las diferentes opiniones sobre la forma de mejorar la justicia. Pero ese ejercicio dialéctico debe estar orientado a un propósito común que es el de conseguir superar las dificultades que tiene la administración de justicia.
Y esto lo haremos juntos, remando en la misma dirección, teniendo en cuenta las diferentes ideas y posiciones, con el compromiso de llegar a acuerdos aun cuando esto implique ceder en posiciones personales, pero siempre en beneficio de nuestra justicia.
No hablo de consensos respecto a todo –porque quizá fue la búsqueda del consenso la que más trabas puso a la reforma constitucional a la justicia que se intentó en el periodo pasado–, pero sí de un ejercicio de convivencia, esa convivencia que es esencial para la paz.
Y quiero llamar su atención sobre un aspecto –aparentemente técnico o procedimental– que puede y debe hacer la diferencia en la administración de justicia y sacarnos definitivamente de los últimos puestos en materia de duración de los procesos.
Tenemos buenos nuevos códigos, con procedimientos ágiles y orales, pero nada de esto puede aplicarse cabalmente si no aceleramos el proceso de implementación de las TIC para la justicia, es decir, la Justicia Digital.
El Ministerio de las TIC y el Consejo Superior de la Judicatura ya diseñaron el plan. La ruta existe.
También el Gobierno ha puesto los recursos. No más el año pasado se destinaron 143 mil millones de pesos a este efecto.
Ahora nos toca –repito– acelerar para que el expediente judicial electrónico sea finalmente una realidad.
Entonces les pongo reto a los administradores de la justicia: que en un año, cuando vuelva a este Congreso, ya tengamos en Colombia implementado el expediente judicial electrónico.
Sería la mejor noticia para ustedes y para todos los usuarios de la justicia.
No nos esperemos a que venza el plazo que nos da la ley, porque no hay disculpas para demorarlo.
Hoy tenemos al fin conectividad de banda en todos los municipios. Ya tenemos el plan diseñado. Están los recursos. Y solo falta la voluntad y el trabajo de implementación.
Y digo más: ésta no es una tarea solamente del Consejo Superior de la Judicatura, sino que es un tema de todos los miembros de la rama.
Invito a todos los jueces a que se certifiquen como ciudadanos digitales y a que demuestren que Colombia puede tener una justicia moderna que sirva –con las herramientas de la tecnología– mejor a todos los colombianos.
Desde el Ministerio de las TIC, el ministro Molano me ha asegurado que tienen toda la disposición para seguir apoyando este proceso.
Apreciados amigos de la Jurisdicción Ordinaria:
Cuando hablamos de un país en paz, con equidad y educado, hablamos de Justicia.
Porque la justicia es base para la paz, y la justicia transicional será el mecanismo que nos permitirá dar el paso del conflicto a una sociedad que convive en armonía.
Porque la justicia es la base de la equidad, pues en un estrado judicial nadie es mayor que nadie –todos son iguales– y nos corresponde a nosotros asegurar el acceso fácil y oportuno a todos los ciudadanos.
Y porque la justicia es la prueba de un país bien educado, donde las personas –formadas en el amor al conocimiento y no en la violencia– valoran la cultura de la legalidad y el arreglo pacífico de las controversias.
Bien decía Simón Bolívar: “La Justicia es la reina de las virtudes republicanas y con ella se sostiene la igualdad y la libertad”.

Muchas gracias y muchos éxitos en este encuentro". 

'La verdadera reforma es acercar la justicia a la gente': Minjusticia Yesid Reyes.

'La verdadera reforma es acercar la justicia a la gente': Minjusticia
Yesid Reyes dice que penas alternativas no equivalen a renunciar a la justicia.
Por:  JUSTICIA | eltiempo.com
11:14 p.m. | 13 de agosto de 2014

El nuevo ministro de Justicia, Yesid Reyes, señaló que la política antidrogas buscará salidas alternativas menos represivas.

El nuevo ministro de Justicia, Yesid Reyes, asegura que más allá de una “cirugía” a los altos poderes de la justicia, el país necesita un aparato judicial eficiente que les dé respuesta pronta a los ciudadanos de a pie. Por eso habla de una “tutelarización” de la justicia.

¿Cómo será la reforma de la justicia que presentará el Gobierno al Congreso?
Yo no conozco la reforma que estaba trabajando el ministro Alfonso Gómez Méndez. Además de lo que se ha venido promocionando para tocar temas relativos a las altas cortes, me parece muy importante una reforma mucho más puntual referente al funcionamiento del aparato judicial en general y a la eficiencia del sistema.

¿Cuáles son los puntos claves que tendrían que estar incluidos en esa reforma?
Hay que acercar la justicia al ciudadano; es lo que uno puede llamar la ‘tutelarización’ de la justicia, en el sentido de que toda la administración de justicia funcione de una manera tan eficiente como ocurre con las tutelas. Ese es un tema que le preocupa muchísimo más a la sociedad que los temas macro que se han venido tratando, como las elecciones en las altas cortes. Me parece muchísimo más urgente, desde el punto de vista de la sociedad, acercar realmente la administración de justicia al ciudadano.

¿Qué va a hacer el Gobierno si revive la polémica reforma de la justicia del 2012?
Hay que esperar a que salga la decisión del Consejo de Estado, que tiene que ser un poco más compleja que la eventual declaración de nulidad de la actuación del Presidente. En ese escenario, que es solo uno de los posibles, se tendría que decir qué pasaría con la reforma judicial. Por eso es preferible esperar la decisión para tomar una determinación desde el punto de vista del Gobierno.

Hace dos años, el presidente Santos presentó el Código General del Proceso como la gran revolución de la justicia, pero no se ha implementado por falta de recursos...

Ahí hay dos componentes. En uno, el monetario, probablemente hagan falta recursos. El otro tiene que ver con gestión; ese componente es para revisar. Hay que examinar con todos los operadores judiciales cómo se está manejando la gestión de recursos y tratar de optimizarlos.

Uno de sus principales retos será crear el tinglado de la justicia para el proceso con la guerrilla. ¿Cuáles serán las líneas en esa tarea?
El proceso de paz lo dirige el Presidente, apoyado en la comisión de negociación que está en La Habana. El Ministerio de Justicia se dedicará a seguir apoyando jurídicamente el proceso.

¿Hasta dónde debe ceder la justicia en aras de la paz?
No se trata de ceder, ni de renunciar a la justicia. La justicia tiene muchísimas formas de operar. Yo sé que la gente normalmente identifica el ejercicio penal con la aplicación de determinadas penas, pero esa es una visión parcial. La justicia tiene muchas manifestaciones, y en materia penal existen penas distintas de las meramente privativas de la libertad. Aquí no se está hablando de renunciar a la justicia.

¿Le suena que militares que han cometidos delitos en medio del conflicto terminen con pena alternativa o excarcelados?
Esos son temas de los que se ha hablado de manera muy genérica. Me parece que se deben hacer distinciones en relación con los miembros de las Fuerzas Militares que no cumplen estrictamente con su función constitucional y legal y los casos en los que haya habido exceso en el desarrollo de esa función legítima.
¿Esos beneficios deberían cobijar a militares procesados por el Palacio de Justicia?
Sobre ese tema preferiría no pronunciarme, porque fui parte de los procesos que en un momento se adelantaron. Entonces será un tema del cual me declararé impedido cuando me posesione.

¿Se mantiene la línea de revisar la política de drogas?
Vamos a buscar manejos alternativos a la simple represión. Lo que pasa es que la búsqueda de esos mecanismos alternativos siempre es gradual, pero ya hay un camino avanzado.

Su antecesor era crítico con el sistema penal acusatorio. ¿Usted cómo lo ve?

Es un buen sistema. Teóricamente está bien concebido, pero sin dudas presenta fallas puntuales en el funcionamiento, como las que mencionó el ministro Gómez Méndez. Muchas de esas fallas probablemente van a ser corregidas por un proyecto de ley que ya tiene avanzado la Fiscalía General.

miércoles, 13 de agosto de 2014

Las 15 claves de la nueva reforma a la justicia. Yesid Reyes analiza las bondades del texto.

12 AGO 2014 - 11:22 PM
Yesid Reyes analiza las bondades del texto

Las 15 claves de la nueva reforma a la justicia
En el despacho del presidente Juan Manuel Santos reposa el proyecto de ley que dejó listo el exministro Alfonso Gómez Méndez. El Espectador revela todos los detalles de una iniciativa que levantará ampolla.
Por: Juan David Laverde Palma. elespectador.com

La creación de un supertribunal para juzgar y destituir a magistrados de altas cortes y al propio fiscal general, la prohibición de cualquier forma de reelección para aquellos que administran justicia, la eliminación de una buena vez del cuestionado Consejo Superior de la Judicatura, el reconocimiento de que sí proceden tutelas contra sentencias judiciales proferidas por las altas cortes, la modificación de la inoperante Comisión de Acusación del Congreso, el recorte de las facultades sancionatorias del procurador y la suspensión de congresistas que no justifiquen sus ausencias en el Parlamento constituyen la columna vertebral de la nueva y ambiciosa reforma a la justicia que tiene lista el gobierno Santos.

En el despacho del jefe de Estado reposa el proyecto final en el que trabajó durante meses el exministro Alfonso Gómez Méndez con una comisión del más alto nivel. Sus objetivos: acabar con la sensación de impunidad que rodea a los magistrados de las altas cortes y al fiscal general, descongestionar los despachos de los jueces del país, despolitizar la justicia, proscribir esa práctica terrible del “yo te elijo, tú me eliges”, volver a recuperar el sentido de la “majestad de la justicia” y ponerle por fin orden a uno de los tres poderes públicos, cuya cúpula terminó tan untada de política como el Congreso mismo.

El Espectador conoció los detalles de este proyecto de reforma que hoy examina con lupa el recién posesionado ministro de Justicia, Yesid Reyes. Entre lo más novedoso está que todas las funciones electorales de las altas cortes pasan a mejor vida, salvo la elección del fiscal general. Según el proyecto, la Corte Suprema de Justicia le entregará al presidente una lista de seis candidatos y será el mandatario quien escoja. Asimismo le quita al procurador la facultad de destituir e inhabilitar a los congresistas -ni más ni menos-, al tiempo que elimina la figura del representante del Ministerio Público de los juicios orales en el sistema acusatorio.

También establece una jurisdicción de tutela para que haya jueces especializados en fallarlas mientras los demás se dedican a lo que les corresponde: resolver los distintos expedientes civiles, penales o laborales, sin distracción alguna. Por primera vez se reconoce que la tutela sí procede contra sentencias de la Corte Suprema y el Consejo de Estado (ambos tribunales han dicho siempre que sus fallos son inobjetables) y se ordena la creación de un supertribunal, una especie de comisión de nueve sabios, que estará encargado de juzgar disciplinariamente a los magistrados de las altas cortes y al fiscal. La morosidad, el tráfico de influencias y los permisos no justificados -cruceros y cosas por el estilo- podrán ser objeto de sanción.

Y aún hay más: los congresistas que no vayan a trabajar al Parlamento podrán ser suspendidos por el Consejo de Estado. De acuerdo con el proyecto, las contravenciones o delitos bagatela serán resueltas por autoridades administrativas de Policía, se elevarán los requisitos de experiencia de 10 a 20 años para magistrados de altas cortes, los jueces ya no podrán invocar aquello de la “autonomía judicial”, desconociendo la jurisprudencia de las cortes, y ningún magistrado podrá saltar al Gobierno.

Las 15 reformas que se plantean:
1. Se creará un súpertribunal para juzgar, sancionar y destituir a magistrados de altas cortes y al fiscal General por faltas disciplinarias, como la morosidad judicial, el tráfico de influencias, las recomendaciones, permisos no justificados (léase cruceros) o el propio carrusel de las pensiones. La parte penal queda en la Comisión de Acusación del Congreso.

2. Este súpertribunal estará conformado por nueve magistrados que serán elegidos por los presidentes de la Corte Constitucional, el Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia. Cada uno de estos tribunales postulará a tres miembros que deberán acreditar una experiencia de más de 25 años, haber ocupado las más altas dignidades de las cortes y el Estado y tendrán un periodo de ocho años. Serán una especie de comisión de sabios, cuyos fallos son de única instancia.

3. Se elevarán los requisitos de experiencia de 10 a 20 años para los magistrados de altas cortes, se mantienen sus periodos de ocho años y se aumentará la edad de retiro a los 70 años. No podrá haber reelección alguna en la administración de justicia.

4. Se prohibirá que un magistrado de una alta corte pueda aspirar después a otra. Salvo al nuevo súper tribunal disciplinario. Además, el caso de Francisco Ricaurte se vuelve norma constitucional: el “yo te elijo, tú me eliges” se acaba de una buena vez porque ningún magistrado podrá apoyar a un candidato que previamente haya participado en su elección.

5. No podrá el gobierno elegir, postular o nominar para cualquier cargo a un magistrado en ejercicio y éste sólo podrá aceptar un cargo en esas condiciones después de dos años de su retiro. Se busca acabar esta puerta giratoria y lo que se han entendido como pagos del gobierno a las cortes.

6. Se suprimirá toda función electoral de las altas cortes, salvo la del fiscal General que ahora se hará al revés: la Corte Suprema hace una lista de seis candidatos y escoge el presidente.

7. Se acabará el Consejo Superior de la Judicatura y en su lugar se creará, por un lado, el súper tribunal disciplinario y, por el otro, un sistema de administración de la rama que tendrá un nivel directivo, un ejecutivo y una gerencia.

8. Se reconocerá por primera vez que sí proceden las tutelas contra sentencias judiciales de las altas cortes (la Corte Suprema y el Consejo de Estado han sostenido que sobre sus fallos no procede este recurso). También se determinará que toda tutela contra sentencias judiciales será resuelta por la Sala Plena de la Corte Constitucional.

9. Se creará la jurisdicción constitucional que en términos castizos significa la designación de jueces especializados de tutela en todo el país (que se aplicará de manera gradual). El objetivo es que los jueces se dediquen a su campo y que todas las tutelas sean resueltas por esta nueva jurisdicción.
10. En todo caso, para evitar tutelatones y otras especies parecidas la Corte Constitucional podrá en cualquier momento agrupar las tutelas y decidir sobre ellas en un solo fallo de unificación.

11. Los jueces ya no podrán invocar esa premisa de la autonomía judicial para fallar como ellos consideren. Tendrán que reconocer la jurisprudencia de altas cortes sobre los temas a la hora de emitir sus fallos. Eso de la ruedas de la sueltas no irá más.

12. Las contravenciones o delitos bagatela como riñas serán resueltas a través de procedimientos breves y orales por autoridades administrativas de policía. El objetivo es la descongestión judicial.

13. Se le quitará al procurador la facultad de sancionar disciplinariamente a los congresistas. Esa labor pasará al Consejo de Estado. Además, se le quitará al jefe del Ministerio Público las funciones preventivas en derechos humanos, que pasarán a la Defensoría del Pueblo, y la intervención en todos los procesos judiciales del sistema acusatorio, pues su figura resulta obsoleta.

14. La pérdida de investidura de los congresistas se reduce a tres causales: conflicto de intereses y violación de régimen de inhabilidades, indebida destinación de dineros públicos y tráfico de influencias. El Consejo de Estado, además, podrá ordenar la suspensión de los congresistas cuando éstos incurran en inasistencia injustificada al parlamento. Se acabará eso de que los senadores y representantes no vayan a trabajar.


15. Se propone cambiar la ineficaz Comisión de Acusación del Congreso. Sus integrantes deberán estar cualificados en temas penales y serán asistidos por un cuerpo de asesores investigadores. El objetivo es que por una vez en la vida la Comisión funcione.

Independencia y activismo judicial, temas centrales en foro sobre reforma a la justicia.

Independencia y activismo judicial, temas centrales en foro sobre reforma a la justicia.
11 de Agosto 8:11 AM. ambitojuridico.com


“Cualquier reforma a la justicia que se emprenda en Colombia debe garantizar la independencia judicial”. Así lo advirtió la directora de la Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ), Gloria María Borrero, durante la instalación del foro Reforma a la justicia, activismo judicial y políticas públicas, organizado por el Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer, la Pontificia Universidad Javeriana, la CEJ y ÁMBITO JURÍDICO.

Durante su intervención, Borrero se refirió a la falta de control en las altas cortes, y advirtió sobre la necesidad de establecer mecanismos de rendición de cuentas. “Tenemos que apuntalar aspectos vitales del estatuto del juez, su selección y evaluación de desempeño”, anotó.

En su opinión, la reforma a la justicia tiene varias justificaciones, entre ellas la necesidad de reformar el equilibrio de poderes y modificar las funciones electorales de las altas cortes. En ese sentido, se refirió a las amenazas latentes en contra de la independencia judicial, como aquellas que provienen de los órganos de control, cuando no están de acuerdo con decisiones judiciales.

De otro lado, la directora de la CEJ advirtió sobre los riesgos de los comunicados o sentidos de los fallos que publican las altas cortes, los cuales se estarían aprovechando para “tentar a los opinadores para ver cómo se puede organizar un fallo”. Los jueces, con concluyó Borrero, “tienen que pronunciarse a través de sus sentencias”.

Independencia y poder judicial
Los costos de la falta de independencia judicial y los posibles mecanismos para incrementarla, como la garantía del equilibrio de poderes, fueron los temas que se debatieron en el primer panel del foro

Al respecto, Armin von Bogdandy, profesor del Instituto Max Planck de Heidelberg (Alemania), sostuvo que la función central del sistema legal se estructura en la confianza.  “El tribunal es la base de ese sistema legal y es la función de los tribunales mantener esa confianza. Los jueces deben ser independientes e imparciales”, agregó.

El experto también se refirió en la necesidad de que los ciudadanos conozcan las decisiones de los jueces y de que puedan ejercer un tipo de curaduría y vigilancia a su gestión.

A su turno, César Landa, docente de la Pontificia Universidad Católica del Perú, agregó que el problema de credibilidad en el sistema de justicia deriva en costos de tipo social. La justicia, al demorarse en responder a los ciudadanos, genera altos costos de transacción, advirtió.

“La democracia en sí misma empieza a ser debilitada cuando hay un sistema de justicia que no resuelve de manera imparcial, sino que resuelve dependiendo delos intereses de los grupos de importancia o élites, dejando de lado a las minorías. Una justicia débil es cotosa para la democracia”, explicó este especialista.

Igual opinión tiene Jesús María Casal, miembro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quien agregó que la independencia de la justicia es un presupuesto fundamental en la construcción del Estado.

“Sin independencia judicial no puede haber Estado de derecho. Un tema clave es la voluntad de constitución, en relación con la independencia judicial, que la institucionalidad vaya enfocada a respetar el proyecto institucional. Cuando eso no ocurre, cuando hay un proyecto político instalado para el cual el Estado de derecho no es conveniente, es muy difícil que un mecanismo técnico sea efectivo para garantizar la independencia”, agregó.

De acuerdo con Casal, si el proceso inicial de escogencia de los jueces está contaminado, es bastante complejo enderezarlo posteriormente. “Cuando su designación se da a dedo es muy difícil que el juez sea independiente”, enfatizó.

En el mismo sentido se pronunció José Antonio Rivera, exmagistrado del Tribunal Constitucional de Bolivia, quien se refirió, en concreto, a la administración de justicia en su país, donde “la falta de independencia y acceso ha generado altos costos sociales”. Según Rivera, esto ha derivado en la sistemática falta de credibilidad hacía la justicia, además de que los sectores sociales estén tomando la justicia por su propia mano, a través del linchamiento.

El experto agregó que el 60 % de los bolivianos cree que los ciudadanos deberían buscar justicia por mano propia. Esto, a su juicio, ha ocasionado que la justicia, en vez de pacificar a la sociedad, agudice el conflicto social.

“La falta de independencia se refleja en el debilitamiento y ausencia de los mecanismos jurisdiccionales de control político, haciendo que la justicia sea instrumentalizada y apoderada por el poder político, con el fin de desplegar sistemas de persecución judicial”, enfatizó.

Para concluir, el exministro de Justicia de Colombia Juan Carlos Esguerra sostuvo que hablar de equilibrio de poderes e independencia judicial no es solo referirse a la arquitectura jurídica, sino también a las garantías ciudadanas.

Esguerra también se refirió a la necesidad de reformar las funciones electorales de la cortes, así como a la potestad normativa que ha venido incluyendo la Corte Constitucional en sus sentencias, comportamiento que le genera preocupación.

Activismo judicial y políticas públicas
Durante el segundo panel del foro, que se centró en activismo judicial y políticas públicas, los participantes se refirieron al balance de estas materias en Latinoamérica.

Víctor Bazzan, del Instituto de Derecho Constitucional, Procesal Constitucional y Derechos Humanos de la Universidad Católica de Cuyo (Argentina), explicó que el activismo judicial tiene origen en la retracción que han tenido los poderes políticos, en causas sensibles en materia de derechos humanos. Esto, explicó, ha generado una inserción de la política constitucional en la discusión de políticas públicas.

“Es necesario el activismo, en tanto exista una crisis de representación política. Estoy en favor de un activismo prudente, dinámico y equilibrado, que no invada esferas del Estado”, agregó Bazzan.

Por su parte, Mariela Morales, miembro del Instituto Max Planck, indicó que el activismo judicial está profundamente enraizado con el proceso democrático que vivieron las sociedades latinoamericanas en los años 80, lo cual evitó violaciones sistemáticas y masivas de los derechos humanos. Ese activismo trasnacional y la participación de la sociedad civil, inidcó, ha sido fundamental para el cambio de políticas públicas para la protección de tales derechos.

“Es necesario el activismo, porque nuestra realidad exige esta transformación por la vía de la reforma estructural de nuestros países, en base a los déficits democráticos que estamos viviendo. Es necesario que entendamos que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos está actuando como un sistema mediador”, comentó.

Finalmente, Humberto Sierra Porto, juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, advirtió que la expresión “activismo judicial” se ha venido utilizando de manera peyorativa y, por lo tanto, es necesario entender adecuadamente la manera como actúan los jueces.


“Activismo judicial, podríamos llegar a una conclusión, consiste en el fenómeno en el que los jueces están actuando, pero respetando el derecho, las leyes, los principios que otorgan un margen de competencia que antes, se tenía entendido, hacían parte de otros poderes públicos”, señaló. A juicio de Sierra, hablar de activismo judicial supone hacer una reflexión sobre la manera en que se hacen y se comprenden las leyes.

Día clave en Consejo de Estado para la Reforma de la Justicia. eltiempo.com

Día clave en Consejo de Estado para la reforma de la justicia
Demanda podría revivir la cuestionada reforma que se hundió en el 2012.
Por:  JUSTICIA | eltiempo.com
11:26 p.m. | 11 de agosto de 2014
En el orden del día de la Sala Plena del Consejo de Estado de este martes, figura como primer punto la demanda que podría revivir la cuestionada reforma de la justicia que se hundió en el 2012.
La base de la discusión es la ponencia de la consejera María Claudia Rojas, según la cual sería nulo el decreto con el que el presidente Juan Manuel Santos convocó a las sesiones extras en las que el Congreso enterró esa reforma.

En este proceso, todos los consejeros fueron recusados ya que, si revive la reforma, se podrían beneficiar con algunas de las polémicas gabelas que se incluyeron a última hora en ese proyecto y que determinaron que el Gobierno optara por acudir a un mecanismo inédito para evitar su vigencia. Las recusaciones fueron negadas.

Si prospera la tesis de Rojas, el país se vería abocado a una especie de interinidad judicial, pues en su momento hubo consenso en que la norma incluía tal cantidad de ‘micos’ que no debía entrar en vigencia.

Entre los cambios surgidos a último momento estaba la concesión de un blindaje judicial y disciplinario que, en la práctica, impedía que los congresistas tuvieran controles como los que se utilizaron para frenar la ‘parapolítica’.

José David Name, presidente del Congreso dijo que, si se declara nulo el decreto presidencial, la norma quedaría ‘viva’ ya que no requiere de sanción presidencial.

En el Gobierno hay alarma, como lo señaló el saliente ministro de Justicia, Alfonso Gómez Méndez: “Tengo la esperanza de que ese esperpento no va a resucitar”, dijo.