Independencia y activismo judicial, temas centrales
en foro sobre reforma a la justicia.
11 de Agosto 8:11 AM. ambitojuridico.com
“Cualquier
reforma a la justicia que se emprenda en Colombia debe garantizar la
independencia judicial”. Así lo advirtió la directora de la Corporación
Excelencia en la Justicia (CEJ), Gloria María Borrero, durante la instalación
del foro Reforma a la justicia, activismo judicial y políticas
públicas, organizado por el Programa Estado de Derecho para
Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer, la Pontificia Universidad
Javeriana, la CEJ y ÁMBITO JURÍDICO.
Durante
su intervención, Borrero se refirió a la falta de control en las altas
cortes, y advirtió sobre la necesidad de establecer mecanismos de rendición de
cuentas. “Tenemos que apuntalar aspectos vitales del estatuto del
juez, su selección y evaluación de desempeño”, anotó.
En
su opinión, la reforma a la justicia tiene varias justificaciones, entre ellas
la necesidad de reformar el equilibrio de poderes y modificar las funciones
electorales de las altas cortes. En ese sentido, se refirió a las amenazas
latentes en contra de la independencia judicial, como aquellas que provienen de
los órganos de control, cuando no están de acuerdo con decisiones judiciales.
De
otro lado, la directora de la CEJ advirtió sobre los riesgos de los comunicados
o sentidos de los fallos que publican las altas cortes, los cuales se estarían
aprovechando para “tentar a los opinadores para ver cómo se puede organizar un
fallo”. Los jueces, con concluyó Borrero, “tienen que pronunciarse a través de
sus sentencias”.
Independencia
y poder judicial
Los
costos de la falta de independencia judicial y los posibles mecanismos para
incrementarla, como la garantía del equilibrio de poderes, fueron los temas que
se debatieron en el primer panel del foro.
Al
respecto, Armin von Bogdandy, profesor del Instituto Max Planck de
Heidelberg (Alemania), sostuvo que la función central del sistema
legal se estructura en la confianza.
“El tribunal es la base de ese sistema legal y es la función de los tribunales
mantener esa confianza. Los jueces deben ser independientes e imparciales”,
agregó.
El
experto también se refirió en la necesidad de que los ciudadanos conozcan las
decisiones de los jueces y de que puedan ejercer un tipo de curaduría y
vigilancia a su gestión.
A
su turno, César Landa, docente de la Pontificia Universidad Católica
del Perú, agregó que el problema de credibilidad en el sistema
de justicia deriva en costos de tipo social. La justicia, al demorarse
en responder a los ciudadanos, genera altos costos de transacción, advirtió.
“La
democracia en sí misma empieza a ser debilitada cuando hay un sistema de
justicia que no resuelve de manera imparcial, sino que resuelve dependiendo
delos intereses de los grupos de importancia o élites, dejando de lado a las
minorías. Una justicia débil es cotosa para la democracia”, explicó este
especialista.
Igual
opinión tiene Jesús María Casal, miembro de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos, quien agregó que la independencia de la justicia es un
presupuesto fundamental en la construcción del Estado.
“Sin
independencia judicial no puede haber Estado de derecho. Un tema clave es la
voluntad de constitución, en relación con la independencia judicial, que la
institucionalidad vaya enfocada a respetar el proyecto institucional. Cuando
eso no ocurre, cuando hay un proyecto político instalado para el cual el Estado
de derecho no es conveniente, es muy difícil que un mecanismo técnico sea
efectivo para garantizar la independencia”, agregó.
De
acuerdo con Casal, si el proceso inicial de escogencia de los jueces está
contaminado, es bastante complejo enderezarlo posteriormente. “Cuando su
designación se da a dedo es muy difícil que el juez sea independiente”,
enfatizó.
En
el mismo sentido se pronunció José Antonio Rivera, exmagistrado del
Tribunal Constitucional de Bolivia, quien se refirió, en concreto, a la
administración de justicia en su país, donde “la falta de
independencia y acceso ha generado altos costos sociales”. Según Rivera, esto
ha derivado en la sistemática falta de credibilidad hacía la justicia, además
de que los sectores sociales estén tomando la justicia por su propia mano, a
través del linchamiento.
El
experto agregó que el 60 % de los bolivianos cree que los ciudadanos deberían
buscar justicia por mano propia. Esto, a su juicio, ha ocasionado que la
justicia, en vez de pacificar a la sociedad, agudice el conflicto social.
“La
falta de independencia se refleja en el debilitamiento y ausencia de los
mecanismos jurisdiccionales de control político, haciendo que la justicia sea
instrumentalizada y apoderada por el poder político, con el fin de
desplegar sistemas de persecución judicial”, enfatizó.
Para
concluir, el exministro de Justicia de Colombia Juan Carlos Esguerra
sostuvo que hablar de equilibrio de poderes e independencia judicial no es solo
referirse a la arquitectura jurídica, sino también a las garantías ciudadanas.
Esguerra
también se refirió a la necesidad de reformar las funciones electorales de la
cortes, así como a la potestad normativa que ha venido incluyendo la Corte
Constitucional en sus sentencias, comportamiento que le genera preocupación.
Activismo
judicial y políticas públicas
Durante
el segundo panel del foro, que se centró en activismo judicial y políticas
públicas, los participantes se refirieron al balance de estas materias en
Latinoamérica.
Víctor
Bazzan, del Instituto de Derecho Constitucional, Procesal Constitucional y
Derechos Humanos de la Universidad Católica de Cuyo (Argentina), explicó que el
activismo judicial tiene origen en la retracción que han tenido los poderes
políticos, en causas sensibles en materia de derechos humanos. Esto,
explicó, ha generado una inserción de la política constitucional en la
discusión de políticas públicas.
“Es
necesario el activismo, en tanto exista una crisis de representación política.
Estoy en favor de un activismo prudente, dinámico y equilibrado, que no invada
esferas del Estado”, agregó Bazzan.
Por
su parte, Mariela Morales, miembro del Instituto Max Planck, indicó que el
activismo judicial está profundamente enraizado con el proceso democrático que
vivieron las sociedades latinoamericanas en los años 80, lo cual evitó
violaciones sistemáticas y masivas de los derechos humanos. Ese
activismo trasnacional y la participación de la sociedad civil, inidcó, ha sido
fundamental para el cambio de políticas públicas para la protección de tales
derechos.
“Es
necesario el activismo, porque nuestra realidad exige esta transformación por
la vía de la reforma estructural de nuestros países, en base a los déficits
democráticos que estamos viviendo. Es necesario que entendamos que el Sistema
Interamericano de Derechos Humanos está actuando como un sistema mediador”,
comentó.
Finalmente,
Humberto Sierra Porto, juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos,
advirtió que la expresión “activismo judicial” se ha venido utilizando
de manera peyorativa y, por lo tanto, es necesario entender adecuadamente la
manera como actúan los jueces.
“Activismo
judicial, podríamos llegar a una conclusión, consiste en el fenómeno en el que
los jueces están actuando, pero respetando el derecho, las leyes, los
principios que otorgan un margen de competencia que antes, se tenía entendido,
hacían parte de otros poderes públicos”, señaló. A juicio de Sierra, hablar de
activismo judicial supone hacer una reflexión sobre la manera en que se hacen y
se comprenden las leyes.
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