Reforma a la
Justicia. Equilibrio de poderes, tema clave para el nuevo Congreso
5
de Agosto 10:39 AM ambitojuridico.com
El
pasado 20 de julio, el presidente Juan Manuel Santos planteó sus ideas
generales sobre el proyecto con el cual espera “restablecer en nuestra
democracia el principio de pesos y contrapesos”.
En
su discurso ante el Congreso, esbozó propuestas como la eliminación de
la reelección presidencial y la extensión del periodo del mandatario, así como
el de los alcaldes y gobernadores. Además, propuso que los partidos
presenten listas cerradas a las elecciones de corporaciones, lo que suprimiría
el voto preferente, y planteó una revisión de la circunscripción nacional al
Senado.
Lo
que en un principio parecía planteamientos para una reforma política también
tiene elementos de reforma a la justicia, pues el jefe de Estado mencionó que
eliminará las atribuciones de nominación de las altas cortes.
El
Ejecutivo no ha llevado aún su iniciativa al Congreso, mientras tanto, los
legisladores se han adelantado, radicando varias propuestas, algunas con
objetivos similares y otras que se oponen a los deseos de Santos. Estos son los
proyectos.
Voto
obligatorio
En
la Cámara de Representantes se presentaron dos iniciativas de reforma a la
Constitución Política con el objetivo de implantar el voto obligatorio. La
primera (P. A. L. 005/14C) pide modificar el artículo 123, estableciendo una
nueva condición para adquirir la calidad de servidor público: haber votado en
las elecciones anteriores a la vinculación.
Otra
propuesta (P. A. L. 008/14C) ordenaría que el ciudadano que no vote preste
servicio comunitario; además, no podría tramitar documentos estatales por el
siguiente año.
El
Proyecto de Ley 022/14S es más directo, y lista los servicios del Estado en los
que se exigiría certificado de votación para obtener beneficios, como la
adjudicación de becas educativas y de predios y el acceso a contratos con el
Estado o a amnistías, exenciones o rebajas tributarias, entre otros.
Eliminación
de la reelección
Una
amplia reforma política y a la justicia fue presentada en el Senado (P. A. L.
005/14S). Entre sus artículos está el deber de votar, so pena de sanciones
administrativas. Pero esta propuesta pide cambios a otros 27 artículos.
Por
ejemplo, se plantea eliminar la reelección, algo que también está en el
P. A. L. 002/14S y el 006/14S. En su lugar, se ampliaría el periodo del
Presidente de la República a seis años. Además, se le prohibiría al
mandatario aspirar a la Vicepresidencia, y quien ejerza este último cargo no
podría postularse para Jefe de Estado.
De
otro lado, se equipararía el periodo de los congresistas con el presidencial, y
se crearía la circunscripción territorial en el Senado.
Los
servidores públicos que tengan atribuciones de designación no podrían
utilizarlas con personas vinculadas por lazos de parentesco con servidores que
intervengan en su postulación.
Reforma
a la justicia
Esta
propuesta también toca temas del Poder Judicial, pues se autorizaría a los
empleados de la rama, de los órganos electorales y a funcionarios de control y
seguridad para participar en actividades de partidos y controversias políticas.
En
el caso de los magistrados de las altas cortes, se les prohibiría aspirar a
otra alta corporación, se ampliaría su periodo a 12 años y no podrían
postularse a cargos de elección popular dentro de los seis años siguientes a la
dejación del cargo. Además, su
experiencia mínima previa tendría que ser de 20 años. Finalmente, la edad de
retiro forzoso se establecería en 75 años.
Por
otra parte, se crearía el Consejo Superior Judicial, para administrar la Rama
Judicial a través de un gerente.
Otras
medidas que se plantean se refieren al Fiscal General de la Nación, al que se
le ampliaría el periodo a seis años, lo mismo que al Procurador, a quien se le
prohibiría reelegirse y se le limitaría para aspirar a cargos de elección
popular dentro los tres años siguientes a la finalización del ejercicio.
Cabe
destacar que también se pide suprimir la función al Ministerio Público de intervenir
en procesos y ante las autoridades judiciales o administrativas.
Otros
cambios se relacionan con altos cargos como el Defensor del Pueblo, el
Registrador Nacional y los magistrados del Consejo Nacional Electoral; pero
también con autoridades locales, como los gobernadores, las asambleas
departamentales, los alcaldes y los concejos, a los que también se les
ampliaría el periodo a seis años.
Las
propuestas no terminan en estos temas, pues en el Senado y la Cámara se
radicaron sendos proyectos de reforma constitucional (P. A. L. 006/14C y
011/14S), para ampliar la aplicación de la
denominada “silla vacía” a delitos contra la administración pública y la
participación democrática.
Finalmente,
el Proyecto de Acto Legislativo 004/14C impondría una inhabilidad a los
magistrados de las altas cortes, al Contralor General de la República, al
Fiscal y al Procurador General de la Nación, para aspirar a esos cargos luego
de cinco años de vencido el periodo ejercido.
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