Despachos de descongestión irán hasta noviembre: Consejo Superior de la Judicatura.

Despachos de descongestión irán hasta noviembre: Consejo Superior de la Judicatura

5 de Agosto 8:53 AM ambitojuridico.com

La Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura decidió prorrogar hasta noviembre próximo las medidas de descongestión que estaban vigentes hasta el pasado 31 de julio, y cuya terminación amenazaba con provocar un cese indefinido de actividades de los funcionarios judiciales.

Previamente, la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial había solicitado la revocatoria del Acuerdo PSAA1410195, proferido por esa Sala, que implicaba la eliminación de despachos y cargos de descongestión.

La Comisión también pidió retrotraer las medidas al estado en el que se encontraban, garantizando la continuidad de esos cargos, como si el acuerdo no los hubiera afectado. Además, le solicitó una cita al Presidente de la República, para explicarle la importancia y el alcance que tiene plan de descongestión con la entrada en vigencia de los códigos General del Proceso y de Procedimiento Administrativo.

El presidente de la Sala Administrativa, Pedro Octavio Munar, afirmó que la corporación aceptó la recomendación de la Comisión, “en el sentido de mantener el tren de descongestión, los cargos de descongestión, hasta donde sea posible, hasta cuando el dinero que nos ha ofrecido el Gobierno, es decir los 170.000 millones de pesos, alcancen”.

Munar explicó que todos los cargos de descongestión continuarán hasta noviembre, pues falta que el Gobierno destine recursos adicionales por 50.000 millones de pesos, para extenderlos hasta diciembre.

Justamente ayer, Asonal Judicial había convocado a los funcionarios judiciales a un cese de actividades, como protesta por el acuerdo que suprimía los cargos de descongestión y la falta de definición del pliego unificado de peticiones presentado al Gobierno, que esa organización considera fundamental para la continuidad del servicio de administración de justicia.

Por su parte, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado le había pedido al Consejo Superior de la Judicatura revocar el Acuerdo PSAA1410195, que determinó cuáles despachos judiciales debían ser prorrogados por haber cumplido las metas fijadas para mantenerse en funcionamiento.

A juicio de la Sala, el acuerdo era ilegal, porque desatendió el artículo 113 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA - Ley 1437), que, en su numeral 1º, exige que esa corporación sea oída antes de tomar cualquier decisión que afecte el funcionamiento del Consejo de Estado.

La Corte Constitucional también había advertido que la medida afectaba su trabajo, pues reducía “significativamente las posibilidades de respuesta oportuna y satisfactoria de la corporación respecto de las múltiples demandas ciudadanas que se deben atender para proteger los derechos, libertades y garantías constitucionales, desconociendo el derecho de acceso a la administración de justicia”.