El Congreso de la República de Colombia prepara la Impunidad en su juzgamiento con la Reforma a la Justicia.

14 Abr 2012 - 6:00 pm

"Hay un enorme riesgo de impunidad"

Por: Cecilia Orozco Tascón / Especial para El Espectador

El director del Centro de Estudios Constitucionales-Plural, habla de los beneficios que obtendrán los congresistas de la Reforma a la Justicia.

Armando Novoa, director del Centro de Estudios Constitucionales-Plural

Cecilia Orozco Tascón.- De acuerdo con lo aprobado al día de hoy en la reforma a la justicia ¿se eliminan los impedimentos de los congresistas para votar proyectos de ley que los beneficien personalmente?

Armando Novoa García.- El proyecto contiene un artículo que pulveriza este mecanismo creado por la Constitución para garantizar que los congresistas decidan con base en el interés general y no en su propio beneficio. Hoy, si los congresistas tienen un interés directo en los proyectos que examinan, deben declararlo y apartarse de la votación. Pero el texto que votará la semana próxima la Comisión Primera del Senado, dice que no existirá conflicto de interés cuando se participe en el debate y votación de proyectos que desarrollen la reforma a la justicia. Lo preocupante es que entre los temas que deben decidir están los cambios a la pérdida de investidura y la modificación de su propio régimen disciplinario. Esta gabela es una extensión perversa del acto legislativo que promovió con diligencia el ministro del Interior en 2010.

C.O.T.- ¿A cuál acto legislativo se refiere y por qué considera que el artículo anterior es una “extensión perversa” de ese acto?

A.N.G.- Me refiero al acto legislativo ya aprobado en que se suprimió el conflicto de interés para votar reformas a la Constitución. El artículo del que hablamos es una extensión perversa de ese acto porque también suprime el conflicto de interés pero para votar cualquier ley.

C.O.T.- Si esta parte de la reforma se aprueba finalmente ¿cuáles efectos tendrá en la práctica?

A.N.G.- Los congresistas que están siendo investigados por la Corte Suprema o por la Procuraduría, podrán decidir sobre las leyes que eventualmente se les aplicarán a ellos mismos. Esto es de la mayor gravedad en un contexto en el cual el fenómeno de la parapolítica cobijó a una parte significativa de la clase política. Lo más sorprendente es que el gobierno concluya que como hay varios congresistas investigados por la justicia, lo adecuado no era impulsar una reforma para purificar de verdad el Congreso sino una para restringir las competencias de investigación y juzgamiento de la Corte Suprema. Si se aprueba este artículo, los investigados definirán las reglas con que los sancionarán. Es un mensaje demoledor en contra de la transparencia con que debe actuar el Congreso en la aprobación de las leyes.

C.O.T.- Haciendo una comparación y guardadas proporciones ¿lo que se aprobaría en el Congreso en esta materia equivale a que un asesino pueda definir las reglas con que lo juzgarán?

A.N.G.- Exactamente. Así es.

C.O.T.- En la misma reforma y según lo propuesto ¿qué pasará con el régimen de pérdida de investidura de los congresistas?

A.N.G.- Cuando se mira en detalle la reforma, se concluye que vamos en camino a un régimen político sin controles judiciales. La reforma a la pérdida de la investidura hace casi que imposible que el Consejo de Estado pueda declararla pues: 1. Se establece un principio de gradualidad en las sanciones 2. Se introduce la figura de la suspensión de la investidura (menor al de la pérdida) que no existe en la actualidad 3. Se elimina la responsabilidad objetiva en las causales que contempla la Constitución 4. Se amplía el término para que el Consejo de Estado tome la decisión y 5. Se crea la doble instancia ante esa corporación.

C.O.T.- La pérdida de investidura, entonces, será imposible.

A.N.G.- Su afirmación es premonitoria. Si se aprueba el nuevo régimen, esta figura, que ha servido para la moralización de la función legislativa, desaparecerá en la práctica. Actualmente una solicitud de pérdida de investidura puede ser formulada por la mesa directiva de la Cámara correspondiente, o por cualquier ciudadano. Lo primero nunca ha ocurrido. Todas las pérdidas de investidura decretadas por el Consejo de Estado han sido de origen ciudadano. Ahora se quiere debilitar este poder y fortalecer otro, el de las inmunidades del Congreso.

C.O.T.- El punto al que definitivamente le temen más los congresistas es el de su juez penal, la Corte Suprema ¿Cuántos parlamentarios han sido investigados o condenados por la Corte en los últimos años?

A.N.G.- Desde el año 2006 han sido condenados por la Corte alrededor de 30 congresistas, entre ellos cuatro ex presidentes del Congreso. Hace 2 años, la Corporación Nuevo Arco Iris encontró que se adelantaban 91 investigaciones contra congresistas elegidos en el período 2006-2010. Fuentes cercanas a la Corte señalan que actualmente se investiga a 30 congresistas en ejercicio. Lo que preocupa es que varios herederos y familiares de los condenados que tienen asiento en el Congreso podrán participar en la reforma y ningún partido ha sido sancionado por dar cabida a políticos involucrados en esa situación.

C.O.T.- Pero se suponía que los partidos tendrían castigo por no seleccionar a sus miembros…

A.N.G.- Es cierto. En el trámite de esta reforma a la justicia también se ha intentado dejar sin efecto la reforma política aprobada en el 2009 y 2010 que responsabiliza a las agrupaciones políticas mediante la figura de la silla vacía.

C.O.T.- En la reforma se plantean cambios en el juzgamiento de los congresistas ¿Cuáles son exactamente las modificaciones?

A.N.G.- Se pretende que: 1. La Corte Suprema investigue a los congresistas pero solo en relación con hechos u omisiones ocurridos en el desempeño de sus funciones. Por consiguiente, quienes cometan delitos para ser elegidos (parapolítica), quedarían fuera del alcance de la Corte. 2. Los congresistas solo podrán ser detenidos cuando exista condena de primera instancia. Por consiguiente ya no habrá detención preventiva 3. Se crea una Sala adicional en la Corte Suprema que se llamará de Investigación y Calificación. Tendrá 10 magistrados con funciones disciplinarias y penales. Y se crea también otra Sala de Juzgamiento, de 5 miembros. Los investigadores serán elegidos por la Corte Constitucional, de ternas que entregará el Presidente. Los juzgadores serán designados por la Corte Suprema mediante convocatoria pública. 4. La actual Sala de Casación Penal conocerá casos pero sólo aquellos que lleguen a segunda instancia.

C.O.T.- Todos los puntos son de gravísimas consecuencias pero en cuanto al segundo ¿un congresista al que el juez considere un “peligro para la sociedad” no podrá ser detenido mientras que el resto de los colombianos en igualdad de circunstancias sí podría sufrir arresto?

A.N.G.- Así es. Se crea un privilegio en razón a la investidura de congresista. El silencio de la reforma sobre qué pasa en el período que transcurre entre la vinculación mediante indagatoria y la decisión de primer grado, hace pensar que los investigados podrían continuar no solo gozando de libertad sino participando en las votaciones del Congreso.

C.O.T.- Tener una sala extra en la Suprema, nombrada de ternas hechas por el Presidente de la República ¿elimina, a su juicio, la imparcialidad, independencia y autonomía de los nuevos jueces frente a los políticos por su origen también político?

A.N.G.- El diseño que propone la reforma es absolutamente inadecuado pues los miembros de la Sala de Investigación y Calificación tendrán origen político. Uno podría suponer que en este caso el Presidente debería actuar inspirado en la majestad de su investidura como Jefe de Estado y no como vocero de una coalición mayoritaria. Sin embargo, las realidades políticas indican otra cosa. No es descabellado suponer que habrá una enorme presión de las bancadas de su coalición para apoderarse de esa Sala como ocurrió con la Disciplinaria del Consejo de la Judicatura.

C.O.T.- La Sala Penal de la Corte solo conocerá algunos procesos en segunda instancia ¿Esto beneficia a los congresistas y castiga a los magistrados que condenaron por diversos delitos a tantos políticos?

A.N.G.- Lo que genera reservas es que se suprime la función investigativa de la Corte. Quien tenga nociones elementales de Derecho penal sabe que la clave de la lucha contra el crimen organizado y la impunidad se encuentra en la fase de investigación, donde se recaudan las pruebas. ¿Con qué argumento se le quitan esas funciones a la Corte si en este campo ha adelantado una labor admirable? La ponencia radicada en la Comisión Primera del Senado no dice una palabra sobre las razones que justifiquen este cambio. Tienen razón quienes afirman que esta reforma es una reacción contra la labor purificadora de la Corte.

C.O.T.- Procesos en curso sobre parapolítica y otros ¿se frenarán, demorarán, prescribirán o podrían quedar en la impunidad con la modificación constitucional propuesta?

A.N.G.- El Ejecutivo y los ponentes han señalado que no existe este riesgo pues se incluyó un parágrafo según el cual las nuevas reglas no se aplicarán a las investigaciones en curso. Sin embargo, surge la duda sobre cómo van a operar los cambios cuando la Constitución establece que en materia penal la ley favorable, aunque sea posterior, se debe aplicar en forma preferente. Si se persiste en esta reforma, debería convenirse que los cambios operaran a partir del 2014 o 2018 para no interferir la acción actual de la Corte. Hacerlo antes, genera un enorme riesgo de impunidad a favor de los responsables de graves delitos.

C.O.T.- ¿Cuáles otros cambios constitucionales propuestos en la reforma a la justicia buscan blindar judicialmente a los congresistas?

A.N.G.- El del régimen disciplinario. La reforma plantea que dentro de los tres meses siguientes a su aprobación, el gobierno debe presentar al Congreso un proyecto de ley que establezca un nuevo régimen disciplinario. Según la ponencia radicada el jueves pasado, se suprime la facultad del procurador de sancionar a los senadores y representantes, sin precisar a qué autoridad se le traslada esa función. Es decir, los congresistas ya no serán sancionados con base en el Código Disciplinario Único, sino con unas nuevas reglas que ellos mismos fijarán.

C.O.T.- ¿Cree que el proyecto de fortalecimiento del fuero militar tiene en el fondo los mismos objetivos que esta reforma a la justicia, es decir, blindar a los militares de jueces independientes?

A.N.G.- En la ponencia radicada esta semana sobre la justicia se retiró el tema del fuero militar que por la vía de una presunción pretendía proteger a los militares aún en los delitos que no tuvieran relación con el servicio. En el proyecto presentado por el gobierno se crea una comisión mixta con representantes de la justicia ordinaria y la penal para que decida a qué jurisdicción corresponde adelantar la investigación pero no dice qué sucederá si allí no hay acuerdo sobre el tribunal al que deben remitirse la investigación. También se crea la justicia penal policial. Cada cual quiere sacar beneficio en esta caja de Pandora que abrió el gobierno en su afán de restarle poderes a la justicia y de restablecer un supuesto nuevo equilibrio que le permita “poner en orden” a los jueces.

“El fortalecimiento del fuero (militar) traerá impunidad”

Germán Navas Talero, representante a la Cámara por el Polo Democrático y único miembro de la Comisión Primera que – entre 35 – votó negativamente el proyecto de reforzamiento del fuero militar, asegura que “el Congreso de Colombia no es más que la notaría donde se autentica la voluntad del Presidente”. Dice que como el mandatario desea la ampliación del fuero, éste será aprobado con graves consecuencias para la independencia de la justicia. Habla de “revancha” de los políticos contra los jueces.

Cecilia Orozco Tascón.- Usted ha dicho que las reformas a la justicia y al fuero militar constituyen una retaliación contra los jueces por los procesos contra congresistas y militares ¿Por qué?

Representante Germán Navas Talero.- Desde un comienzo he sostenido que estas dos reformas son una revancha del Ejecutivo y el Legislativo contra la rama judicial, y no retiro lo dicho a pesar de las críticas que he recibido. En cuanto a los congresistas, la justicia los puso en calzas prietas cuando se comenzó a investigar la parapolítica y cuando hubo pérdidas de investidura. Los militares que delinquieron también soportaron el peso de la ley. En concreto, el caso del coronel Plazas dio lugar a iniciar el movimiento de revitalización del fuero penal militar ¿Cree usted que ese par de reformas simultáneas, que terminan beneficiando al sector de los investigados en uno y otro caso, es casual?

C.O.T.- En el proyecto sobre fortalecimiento del fuero militar que presentó el gobierno, se aprobó hace unos días en la Comisión Primera de la Cámara, con el único voto negativo suyo, la creación de un “tribunal de garantías” que revisará las decisiones del fiscal que investiga al militar en cuestión ¿Qué opina sobre el establecimiento de ese tribunal?

G.N.T.- Que es innecesario porque para examinar la legalidad de las actuaciones de los operadores judiciales, ya existen los jueces de garantías. Pero además ¿cómo es eso de que se establecerá un tribunal compuesto parcialmente por militares - aunque éstos sean retirados -, que “controlará al fiscal para ver si hay mérito para acusar o no” al miembro de la Fuerza Pública que esté siendo procesado, como lo aseguró el doctor Manuel José Cepeda, presidente de la comisión creada por el gobierno que elaboró la propuesta de fortalecimiento del fuero? A mí, esa afirmación me genera sospecha. Una cosa es que se garantice el debido proceso. Otra, que los fiscales que investigan a los militares tengan un censor encima de ellos para señalarles si pueden o no formular la acusación.

C.O.T.- Sus compañeros de la Comisión Primera también aprobaron la creación de una “comisión mixta” con el fin de determinar la competencia de cada caso, entre la justicia penal militar y la justicia ordinaria ¿Está de acuerdo con este nuevo órgano judicial?

G.N.T.- También es innecesario: esa tarea la ejecuta la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura. Además, es un híbrido que crearon para dar la imagen de que un ente imparcial definirá si la justicia penal militar o la civil conocen el caso. Lo cierto es que en el proyecto se establece que cuando un militar comete un delito, automáticamente lo conoce la justicia penal militar. Y, después, ella decidirá si le traslada el proceso a la civil o no. Usted sabe, y la historia lo enseña, que el primero en llegar al lugar de los hechos, puede deformar las pruebas. Recuerde el caso de la muerte del niño grafitero, aquí en Bogotá, cuando le pusieron al muerto un arma que nunca conoció.

C.O.T.- Ese tribunal estaría parcialmente compuesto por militares retirados, como usted lo dice ¿Esa presencia elimina la independencia de la Comisión Mixta?

G.N.T.- Insisto: dicha comisión es un ente para dar la apariencia de neutralidad pero como se pretende dejar establecido el conocimiento automático inicial de la justicia penal militar en todos los casos, la decisión posterior de la competencia pierde importancia porque quien primero llega al lugar de los hechos, puede hacer que la investigación no prospere o puede encausarla. Actualmente llegan al lugar de los hechos, en primer lugar, los agentes del CTI de la Fiscalía sin vinculación alguna con las Fuerzas Militares, lo que garantiza autonomía e independencia en esas diligencias iniciales. Esto es lo que pretenden cambiar.

C.O.T.- Bueno, pero suponer eso que usted dice es pensar que los militares quieren que los favorezcan, no que haya justicia imparcial con ellos, como han dicho…

G.N.T.- Mire, el fortalecimiento del fuero que se propone, significa, en últimas, que los uniformados no se sienten cómodos con los jueces civiles ¿Qué ha cambiado para que se vea la necesidad de reforzar el fuero ahora? Lo único diferente es que la justicia civil comenzó a sancionar efectivamente a quienes habían incurrido en conductas delictivas, como lo haría con los civiles que hubieran hecho lo mismo. Pero no les gustó la igualdad ante la ley. Por eso quieren restituir los privilegios del pasado.

C.O.T.- En conclusión para usted ¿con el proyecto de fortalecimiento del fuero militar se pretende el restablecimiento de los juicios favorables a los uniformados?

G.N.T.- Está demostrado que el espíritu de cuerpo y la disciplina militar crea una mentalidad según la cual se considera que todo lo que se haga en la lucha contra la subversión es valido. Que hay que conseguir el fin sin que importe el medio. Por supuesto, el fortalecimiento del fuero traerá impunidad.

C.O.T.- Los militares y los sectores cercanos a ellos argumentan que en todos los países se protege a quienes se juegan la vida en defensa de la nación.

G.N.T.- Le puedo decir que el supuesto fortalecimiento del fuero en todos los países, no es cierto. Por el contrario, hay una tendencia creciente a disminuir o eliminar el fuero militar bajo el entendido de que todos somos iguales ante la ley. Y en otras naciones donde se conserva, solo es válido para guerras internacionales. Por lo demás, quienes nos oponemos a este proyecto solo estamos pidiendo que se respete la palabra empeñada por el Estado cuando firmó varios convenios trasnacionales de derechos y que ciertos delitos continúen siendo excluidos del conocimiento de la justicia penal militar.

C.O.T.- Entre lo aprobado en la discusión inicial de la Comisión Primera de la Cámara quedó establecida la obligatoriedad de conformar una ley estatutaria para regular el juzgamiento de la fuerza pública ¿Se necesita una normatividad especial con ese fin?

G.N.T.- Se dijo que se quería compaginar, en esa materia, la legislación interna con el Derecho Internacional Humanitario. Pero lo que en realidad se está evidenciando en las discusiones en el Congreso es que se abrió un enorme boquete para que los mismos que aprueben esta reforma de fortalecimiento del fuero, sean los que estructuren la ley estatutaria que terminará sumando delitos para su competencia, que hoy están excluidos del conocimiento de la justicia penal militar. Por ahora no se atreven a decir cuáles son pero ya veremos.

C.O.T.- ¿Cree usted que quedó abierta la posibilidad de que se defina la competencia de la justicia militar sobre crímenes de lesa humanidad, genocidio y otros de ese tamaño?

G.N.T.- Así es. La posibilidad quedó abierta y la intención se notó en la discusión en la Comisión, así ahora digan que no. La mayoría puede aprobar lo que quiera.

C.O.T.- La propuesta inicial del gobierno señalaba que no deberían ser de jurisdicción de la justicia penal militar las investigaciones por delitos como desaparición forzada, tortura, ejecución extrajudicial, desplazamiento, etc. Sin embargo, la Comisión Primera de la Cámara aprobó dejarle esos temas a la ley estatutaria. ¿A esto se refiere?

G.N.T.- Sí. Ellos dejaron abierta la posibilidad de aprobar lo que deseen porque tienen las mayorías suficientes. En la votación en la Comisión Primera de Cámara, a la que pertenezco, fueron 34 votos contra 1, el mío. Y en la plenaria, las condiciones son todavía más aplastantes. Quienes nos opondríamos seríamos 5 o 6 máximo. Los 159 restantes, aprobarán lo que ordene el gobierno.

C.O.T.- ¿Usted cree que debe existir fuero militar en Colombia o no?

G.N.T.- Sí, pero respetando los convenios que ha suscrito el Estado, y a los jueces civiles nacionales. Hay delitos que son estrictamente de competencia de la justicia penal militar como los propios del servicio. Pero más allá de estos, no es aceptable en una democracia la ampliación del fuero de sus hombres armados.

C.O.T.- De uno de los artículos aprobados en el proyecto de reforma del fuero, se desprende la creación de un fondo que destinará dineros oficiales para la defensa de los miembros de la fuerza pública involucrados en líos penales ¿Es sana esa actividad en manos del Estado?

G.N.T.- ahí esta la Defensoría del Pueblo que se creó para garantizar los derechos de todos. Si es incapaz, deben reestructurarla con personal capacitado pero, de nuevo, no se requiere otro ente.

C.O.T.- Otra propuesta aceptada es aquella que obliga a que los militares detenidos o condenados permanezcan en centros de reclusión exclusivos ¿Es conveniente?

G.N.T.- ¿Ya se les olvidó Tolemaida Resort? Durante la discusión en la Comisión pedí que me dijeran qué había pasado con la investigación sobre ese escandaloso centro de reclusión cuyos presos se la pasaban bailando en discotecas. No obtuve respuestas. Imagine usted si un coronel llega como procesado a una prisión resguardada por un soldado ¿No habrá temor jerárquico y no terminará aceptando el soldado subalterno lo que su coronel le pida? La verticalidad del mandato se impone. Más lógica es la propuesta de la Corte Constitucional que pide que se hagan pabellones especiales dentro de las cárceles existentes.

C.O.T.- ¿Cree que estamos ante una especie de dictadura de las ramas legislativa y ejecutiva que someterá a la rama judicial?

G.N.T.- El Ejecutivo se vale del Legislativo para imponer su superioridad sobre la justicia ordinaria. El Congreso de Colombia no es más que la notaría donde se autentica la voluntad del Presidente.

C.O.T.- ¿No es muy desalentador ir en contravía de las mayorías en el Congreso para no obtener ningún resultado?

G.N.T.- De cualquier manera no me voy a callar, ni lo haré nunca. Solo la historia dirá si me equivoqué o no.

La supremacía del Ejecutivo y el Legislativo sobre la Rama Judicial.

La avalancha de noticias que se presenta en el país no ha permitido que medios y círculos académicos analicen en contexto las dos profundas modificaciones a la Constitución que se tramitan en el Congreso: reforma a la justicia y fortalecimiento del fuero militar. Ambas, cuando sean aprobadas, tendrán gruesas consecuencias en la actividad los jueces. La primera, más que un cambio en el funcionamiento de la rama judicial, pretende resguardar de sanciones penales, disciplinarias y administrativas a los congresistas, tal como lo sostiene el constitucionalista Armando Novoa. Para hacerlo, se crearán salas de investigación y juzgamiento diferentes a la Penal de la Corte Suprema que ha adelantado los exitosos procesos de la parapolítica contra parlamentarios. La segunda, busca blindar a los uniformados de investigaciones ante la justicia civil. Las causas para que las dos propuestas se concretaran con el impulso de la Casa de Nariño y con la voluntad política de los partidos de gobierno, no fueron otras que las decisiones de la Corte Suprema, de un lado; y el juzgamiento a militares de alto rango, como el general Uscátegui o el coronel Plazas Vega, del otro. La supremacía de dos de las tres ramas políticas del poder, la del Ejecutivo y la del Legislativo sobre la judicial, es cada vez más evidente.

“El Congreso es la notaría del presidente Santos”

Germán Navas Talero, representante a la Cámara por el Polo Democrático y único miembro de la Comisión Primera que – entre 35 – votó negativamente el proyecto del gobierno de reforzamiento del fuero militar, asegura que “el Congreso de Colombia no es más que la notaría donde se autentica la voluntad del Presidente”. Dice que como el mandatario desea la ampliación del fuero, éste será aprobado pese a la inconveniencia de hacerlo, si se tienen en cuenta los tratados internacionales que ha firmado la Nación. En entrevista complementaria con la de Armando Novoa que trata sobre reforma a la justicia, el representante Navas habla de la “revancha” contra los jueces. Se refiere a las dos reformas a la Constitución que se tramitan aceleradamente, en estas semanas, tanto en Senado como en Cámara y sostiene que la simultaneidad de esas modificaciones constitucionales no es casual. “Los fiscales que investigan a los militares van a tener un censor encima de ellos para señalarles si pueden o no formular la acusación” es una de sus explosivas frases.