La entrevista de Cecilia Orozco
"Sería
un error histórico del minjusticia"
Por: Cecilia
Orozco Tascón
El presidente de la Comisión Primera del Senado, Luis Fernando Velasco,
defiende la reforma a la justicia.
“La doble
instancia no es una concesión que nos hacen, sino un derecho que tenemos”, dice
Velasco. / Gustavo Torrijos
Cecilia Orozco
Tascón.- ¿La reforma a la justicia, que pretende cambiar a los investigadores y
jueces de los congresistas, eliminar impedimentos, pérdida de investidura y
otras sanciones disciplinarias, es un blindaje penal y disciplinario para
ustedes?
Senador Luis Fernando Velasco.-
Primero que todo hay que aclarar algo que la opinión no parece tener claro. En
cuanto a reforma a la justicia, existen dos proyectos: uno del Gobierno y otro
del Consejo de Estado, que es un órgano judicial. Segundo: en la Comisión
Primera del Senado tuvimos el pudor de pedirle a la Sala Penal de la Corte
Suprema que redactara el artículo sobre juzgamiento de congresistas. Y esa
redacción se expresa en lo que se está aprobando. Y, por último, el tema de la
doble instancia, que despierta tanta suspicacia, no es una concesión graciosa
que nos hacen, sino un derecho que tenemos todos.
C.O.T.- El
problema de la doble instancia no es si tienen derecho o no, sino que genera
sospechas por el momento en que se les ocurre crearla: cuando la Corte Suprema
viene juzgando a congresistas.
L.F.V.- Como le decía, el mecanismo de juzgamiento
para los congresistas, que está en la reforma, fue revisado por magistrados de
la Suprema, si no en un 100%, sí en un 95%. ¿De cuál blindaje me habla? El
parlamentario no tiene un antejuicio político; por cualquier delito, su proceso
se abre inmediatamente en la Corte sin una revisión previa en el Congreso en
que se consulte si se trata, por ejemplo, de una venganza.
C.O.T.- ¿Por qué
eliminar a la Corte Suprema, tal como va la reforma, del proceso de investigación
y juzgamiento de los congresistas?
L.F.V.- No se trata de eliminar a la Corte. Lo que
sucede es que no es bueno que el investigador dependa del juez, lo que
ocurriría si se mantuviera todo el proceso en la Sala Penal.
C.O.T.- Y para eso
se inventaron una sala de investigación cuyos miembros serán elegidos por la
Corte Constitucional (escogida a su vez por el Congreso) de ternas que envía el
presidente de la República. O sea, jueces con origen político. ¿No es un buen
blindaje?
L.F.V.- ¿Sabe que a mí me parece que tienen razón
quienes opinan que no es sano que el presidente postule a los investigadores de
los congresistas? Por eso se está madurando la idea de que tengan el mismo
origen del órgano constitucional: que los magistrados que formen parte de esa
nueva sala sean postulados por la Suprema, por el Consejo de Estado y por el
mandatario.
C.O.T.- ¿Y quién
los elegirá?
L.F.V.- La misma Corte Constitucional. Pero hay una
propuesta más lanzada aún: que se presenten todos los que crean que pueden ser
investigadores de congresistas a concurso ante la Constitucional y que ésta
elija. Estamos trabajando en eso.
C.O.T.- ¿De qué
rango serían los investigadores?
L.F.V.- La Sala de Investigación tendría el mismo
rango de la Corte Suprema y sería parte orgánica de ella. Pero, por motivos
obvios, los magistrados investigadores no podrían formar parte de la Sala
Plena.
C.O.T.- ¿Quiénes
serían sus jueces?
L.F.V.- En primera instancia habría una sala de
juzgamiento nombrada por la misma Corte Suprema. Y la segunda instancia estaría
a cargo de la actual Sala Penal.
C.O.T.- Lo que
usted muestra como sano puede tener un problema: ¿por qué sacar del proceso de
investigación y juzgamiento a la Sala Penal de la Suprema, que fue la que
condenó a cerca de 60 congresistas e investiga a muchos más? Dejarla únicamente
para la segunda instancia es eliminarla en la práctica.
L.F.V.- A nosotros nos encantaría que la primera
instancia quedara en la Sala Penal y, la segunda, en la Sala Plena de la
Suprema, sin la participación de los magistrados de la Penal, por supuesto.
C.O.T.- Sala Plena
en donde la política tiene más influencia, como se vio durante la confrontación
con el expresidente Uribe. Pero además, para hablar con claridad, los
magistrados de las salas Laboral y Civil, que serían los que quedarían en la
plenaria, no tienen idea de procesos penales.
L.F.V.- Permítame decirle que en ningún lugar del
mundo la primera instancia participa en la segunda, que es la de revisión de la
decisión anterior.
C.O.T.- ¿Por qué
descartan la creación de dos grupos de la Sala Penal?
L.F.V.- Hay un tema claro: las segundas instancias
siempre son verticales respecto de las primeras, no horizontales. Por eso no es
bueno partir la Sala Penal en dos. Se supone que las instancias son
independientes y que están en diferente nivel.
C.O.T.- Hay 39
congresistas, entre senadores y representantes, que tienen investigaciones
preliminares abiertas en la Corte Suprema. En sana lógica, ellos estarían
inhabilitados para participar en esta reforma. Sin embargo, lo están haciendo
gracias a que ustedes se eliminaron los impedimentos…
L.F.V.- Sí, claro. Si no, no hubiéramos tenido cómo
votar la reforma.
C.O.T.- ¿Cómo
explica que se hayan autoeliminado los conflictos de interés y los impedimentos
para votar una reforma que los favorece?
L.F.V.- Eso ocurrió en virtud de una decisión
anterior, no de ahora. Pero, además, quiero ser honesto con usted: ese acto
legislativo se aprobó porque si no habría sido imposible pasar una reforma a la
justicia en el Congreso.
C.O.T.- Gracias
por admitirlo. Y, ¿qué me dice de las modificaciones a la pérdida de
investidura, castigo que también desaparece en la vida real?
L.F.V.- No comparto esa idea porque lo que se está
haciendo es exactamente lo mismo que en los procesos penales: creando la doble
instancia. Nada excepcional. Por lo demás, fue el propio Consejo de Estado el
que la propuso por el principio constitucional de igualdad ante la ley y debido
proceso. Pero a usted se le olvida preguntarme sobre lo que les duele a algunos
magistrados de varios tribunales.
C.O.T.- Bien, ¿qué
les duele?
L.F.V.- Que los investigue la Corte Suprema. Y por
eso están proponiendo tener para ellos también un antejuicio político en el
Congreso. Eso significa mantener viva la Comisión de Acusación, pero con otro
nombre.
C.O.T.- He
escuchado la tesis de que hay que mantener la Comisión de Acusación en boca del
ministro de Justicia.
L.F.V.- Si es así, sería un error histórico porque
se desprestigiaría por completo la reforma que el ministro defiende. Recordemos
que para el ciudadano del común no hay nada más deslegitimado que la Comisión
de Acusación, un órgano estructuralmente creado para que no funcione. ¿Por qué,
de la noche a la mañana, esa Comisión se convierte en la garantía democrática
de algunos magistrados? Muy difícil de entender.
C.O.T.- ¿Por qué
cree usted que los magistrados quieren mantener la Comisión de Acusación?
L.F.V.- No lo sé, pero aunque suene increíble, lo
están pidiendo. El presidente del Consejo de Estado llegó con un buen discurso
a la Comisión Primera del Senado y sostuvo que ellos quieren un antejuicio
político porque corren el riesgo de que, frente a cualquier sentencia, los
acusen de prevaricato. ¿La Comisión de Acusación no los asusta? Y si eso es
así, ¿por qué no le temen?
C.O.T.- ¿Cuáles
magistrados están pidiendo “antejuicio político”?
L.F.V.- Varios. Tengo en alto concepto al fiscal
general. Pues él llegó a la Comisión Primera y dijo que la solución eran los
antejuicios políticos. Es decir, que la Cámara investigara a los magistrados
antes de que éstos comparecieran ante la Corte Suprema.
C.O.T.- ¿Están
pidiendo una revisión política de las decisiones judiciales? El país se
enloqueció…
L.F.V.- Ese absurdo es el que tiene frenada la
reforma. Digámoslo con claridad: el presidente del Consejo de Estado, una
persona impoluta, se equivoca al decir que a los magistrados hay que juzgarlos
en democracia. ¿Qué significa juzgarlos en democracia? ¿Que en el Congreso los
juzguen? Lo que me gusta del doctor Gustavo Gómez es que está diciendo de
frente lo que muchos piden en privado. El problema central de buena parte de
los conflictos que han salido a relucir con la reforma a la justicia es que
algunos magistrados desconfían de sus propios jueces. Destapemos las cartas
porque aquí todas las críticas son para los congresistas.
C.O.T.- Pero si
los magistrados se equivocan no significa que lo que ustedes aprueban sea moralmente
bueno para el país.
L.F.V.- No, claro que no. Lo que quiero resaltar es
que no todo lo que critican de la reforma favorece a los congresistas.
Examinemos lo que piden algunos de los dignatarios de la justicia.
C.O.T.- ¿Es
cierto, como se rumora, que algunos togados también han estado ‘lagartiando’ 12
años de período, en vez de los 8 actuales?
L.F.V.- (Risas). Pues por ahí circula una
proposición con la firma de casi 10 congresistas que están haciendo esa
propuesta. Se dice que les han tocado a la puerta.
C.O.T.- ¿También
es verdad que magistrados actuales pidieron la ampliación del período para
poder continuar en el cargo?
L.F.V.- Eso también se dice.
C.O.T.- De otra
parte, ¿el Congreso pretende recortar los derechos constitucionales de petición
y de acceso libre a la información pública de los que dependen las
investigaciones periodísticas?
L.F.V.- A raíz de los temores que expresaron varios
columnistas y congresistas, decidimos revisar el tema en la Comisión Primera
del Senado. En la última sesión aprobamos, en segunda vuelta, 18 proposiciones
hechas ese mismo día, entre otros, por los senadores Robledo, Lozano,
Avellaneda y por mí, con un elemento central: exceptuar de limitaciones al
acceso a la información todas las solicitudes que se hagan para efectos
periodísticos, de control político en el Congreso o de investigación académica.
C.O.T.- Se había
propuesto crear una nueva procuraduría delegada para estos efectos. ¿Por qué
darle semejante poder a un procurador?
L.F.V.- Seis artículos que había sobre el tema
fueron retirados para evitar riesgos. En efecto, nos dio temor crear esa
delegación porque podía terminar siendo lo contrario de lo que se buscaba. En
esa misma sesión reabrimos el debate y negamos todos los artículos
relacionados.
C.O.T.- Sobre el
derecho de petición se pretende darles facultades a los servidores públicos
para que ellos decidan cuándo los documentos solicitados son reservados. ¿Se
imagina a un empleado corrupto entregando los papeles que lo incriminan?
L.F.V.- Los críticos nos hicieron caer en la cuenta
de que quedaba abierta la puerta, primero, para negar los datos solicitados, a
discreción del funcionario. Segundo, para implicar en responsabilidad penal,
fiscal o disciplinaria por el mal uso de la información que hubieran recibido
de buena fe, a ciudadanos particulares, por ejemplo a los periodistas. Tercero,
para que se creyera que los particulares quedaban con la obligación de entregar
a quien lo requiriera la información que fuentes reservadas les hubieran
confiado. Por todo lo anterior, aplazamos la discusión sobre este asunto.
C.O.T.- En cuanto
a reformas constitucionales hoy tenemos un mapa que prácticamente altera todos
los derechos civiles. ¿No estarán ustedes excediendo su función legislativa al
sustituir una parte esencial de la Constitución, como pareciera?
L.F.V.- Decir que en un país en el que el gobierno
cuenta con el 94% del Congreso no se corre ese tipo de riesgos, no es serio.
Pero también hay que reconocer que en Colombia existe un gran dique que impide
los desbordamientos: la prensa informativa y la de opinión. Le pongo un
ejemplo: hablando de la reforma a la justicia, leí una columna de Ramiro
Bejarano sobre el peligro que él veía en una propuesta mía, de entregarles a
autoridades de Policía la capacidad de detener a personas, sin orden judicial,
por 72 horas.
C.O.T.- Ese es un
punto delicadísimo, porque se trata de la protección a la libertad personal.
L.F.V.- De acuerdo. La advertencia del columnista
me sirvió porque estaba buscando un efecto totalmente opuesto: quería evitar la
locura de convertir en delito la ebriedad de los conductores. Me explico: hay
95 mil comparendos al año por embriaguez. Si aprobamos esa propuesta,
¿tendríamos 95 mil procesos judiciales nuevos?
C.O.T.- ¿Y eso qué
tiene que ver con la facultad de detener a personas sin orden judicial?
L.F.V.- Quise fortalecer el Código de Policía que
hoy sólo les permite a los agentes bajar del carro a los borrachos. Lo que
proponía era llevarlos, no a una cárcel, sino a una estación por varias horas
para que en el guayabo se dieran cuenta de que pudieron haber matado a una
persona o haberse muerto ellos mismos. También quería crear instrumentos en
casos de agresión familiar de drogadictos, en los que tampoco puede intervenir
la autoridad.
C.O.T.-
Comprensible, pero por ahí se abría un enorme boquete. ¿Cómo estamos seguros de
que esa medida no se llegue a usar arbitrariamente?
L.F.V.- Es cierto. No olvide que usted está
hablando con una persona a la que le hicieron dos montajes: uno, el de
pertenecer al paramilitarismo, y dos, el de ser comandante guerrillero.
Recuerde que por esos infundios estuve detenido cuatro meses (ver parte
superior de la pág.)
C.O.T.- Y usted
tenía capacidad de defensa. Imagine a un señor de a pie, ¿cómo modificó su
propuesta?
L.F.V.- Consulté a unos juristas y cambiamos el
sentido del artículo. Primero, modificamos el término ‘detención’ por el de
‘conducción’. Es una gran diferencia. Segundo, quien sea conducido por esos dos
motivos (alcoholismo o drogadicción) sólo puede permanecer en un centro de
atención especializada, no en una cárcel, máximo 32 horas. Además, si la
persona considera que le están vulnerando sus derechos, podrá acudir ante
cualquier juez.
C.O.T.- Entonces
usted admitió que había un error esencial en su propuesta.
L.F.V. -Claro que sí. Todos los que echaron piedras
contra ese artículo tenían razón. Yo la estaba embarrando. Por eso rectifiqué.
Finalmente, ese artículo fue aprobado con las modificaciones en la Comisión
Primera hasta por los senadores de oposición, los mayores críticos de la
primera propuesta.
Contrarreforma
constitucional
En la actual
legislatura, como pocas veces, se han tramitado tantas reformas a la
Constitución que será difícil decir, después de que se clausuren las
actividades de este semestre en el Congreso, que la Carta es la misma que se
aprobó en 1991. Habrá cambios en la redistribución de las regalías, en el
sistema de justicia, en el grupo de instrumentos para la paz y en el
fortalecimiento del fuero militar, mirado con recelo por los organismos
internacionales. Además, se cerrarán las discusiones sobre el Código General
del Proceso y sobre varias leyes estatutarias. Pese a que reputados analistas
políticos están alarmados por el movimiento de contrarreforma que propone
eliminar garantías y derechos que otorgó la Constitución, el congresista
liberal Luis Fernando Velasco,
presidente de la estratégica Comisión Primera del Senado, donde nacen y se
discuten las modificaciones, insiste en que el Parlamento respeta el orden
constitucional establecido. Pero admite que la única manera de que se protejan
los derechos fundamentales es que los ciudadanos se apropien de ellos y los
defiendan. Sin embargo, no existe en el país una organización civil fuerte que
desarrolle ese tipo de actividades. Entre tanto, el Gobierno impulsa tales
modificaciones sin asumir el costo político que implica el recorte de las
libertades y el desequilibrio de los poderes.
Montaje judicial
con beneficios
Cecilia Orozco.-
¿Por qué recordó al excomisionado Luis Carlos Restrepo?
Senador Velasco.- Usted me preguntó si no temía que
hubiera montajes judiciales y recordé que fui víctima de uno. En los
expedientes sobre un caso en que me involucraron en 2009 y del que fui absuelto
por la Corte, una persona que fue grabada recibió la orden de hacerme un
montaje porque yo estaba “molestando mucho”.
C.O.- ¿Qué se oye
en esa grabación?
S.V.- Cuando alguien dice “busquen unos testigos
que necesitamos montarle una ‘masacre’ al senador Velasco”. El protagonista,
que estaba en una cárcel de máxima seguridad, empezó a reclutar gente que
declarara contra mí. Alguien avisó a la Fiscalía y le interceptaron el
teléfono. Después el tipo quiso extorsionarme: me pidió $50 millones. Yo le avisé
a la Fiscalía y se preparó un operativo. Él terminó confesando.
C.O.- ¿El preso
contó quién lo había contratado?
L.F.V.- Reconoció
su participación en el montaje y se acogió a sentencia anticipada, pero nada
más. ¿Sabe qué hizo Luis Carlos Restrepo? A los
dos días de la condena les otorgó beneficios de Justicia y Paz a los que no
tenían derecho.
C.O.- ¿Qué interés
tenía Restrepo en él?
S.V.- Supongo que quería que guardara silencio.
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