10 Dic 2011 - 9:00 pm
De frente con Camilo Tarquino
'La Constitución no soporta más supercortes'
Por: María del Rosario Arrázola/Hugo García Segura
El presidente de la Corte Suprema de Justicia defiende la decisión del alto tribunal de retirarse de la discusión de la reforma a la Rama en el Congreso y responde a los críticos que hablan de intereses políticos.
Camilo Tarquino, presidente de la Corte Suprema de Justicia. / Gabriel Aponte
El martes pasado, en decisión unánime, la Corte Suprema de Justicia decidió retirarse de la discusión de la reforma a la justicia, que esta semana deberá abordar su cuarto debate en la plenaria de la Cámara de Representantes. Según el alto tribunal, el proyecto rompe con la estructura de Estado democrático consagrado en la Constitución, desconoce que la función jurisdiccional debe estar en cabeza de los jueces, contradice la filosofía de la separación de poderes, resquebraja la independencia y la autonomía judiciales y no resuelve los problemas de congestión de los despachos.
Para algunos, se marca así el fin de la ‘luna de miel’ entre el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y las altas cortes. Sin embargo, en diálogo con El Espectador, el magistrado Camilo Tarquino, presidente de la Corte Suprema, dice que se trata de diferencias conceptuales, arremete contra las proposiciones aprobadas a última hora en la Comisión Primera de la Cámara y responde a los cuestionamientos que se le hacen en temas espinosos como el juicio a los congresistas, el intercambio de favores con los órganos de control y las funciones nominadoras frente a éstos.
¿Realmente qué causó la molestia de la Corte Suprema?
Principalmente lo que se aprobó en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes. Eso motivó un estudio serio que implicó la comparación con lo aprobado en el Senado. La Corte había venido apoyando este proceso de reforma constitucional, aunque desde sus inicios hizo también reparos al considerar que no reúne las expectativas que debe contener una reforma a la justicia. La Constitución de 1991 surgió del propio pueblo y cualquier reforma que se pretenda hacer a ella debe tener los mismos ingredientes, es decir, personas dedicadas de tiempo completo a reformarla y no como se adelanta hoy.
¿Cuando habla de personas de tiempo completo se refiere a una constituyente?
No, a una gran comisión que saque un articulado donde se miren los pros y los contras. Jamás a una constituyente.
¿Y qué puntos en concreto les molestaron?
Varios. Por ejemplo, la Constitución consagró que a los congresistas los debe investigar y juzgar la Corte Suprema. En esa medida, en el Senado participamos en la confección de una norma que fijaba la posibilidad de investigarlos y juzgarlos, para que así se cumpliera la doble instancia, brindándoles total garantía. En la Cámara se quita esa función de investigación y se pasa al Tribunal de Bogotá, al que no le cuestiono la independencia, sólo que el control de garantías estaría en la Corte Constitucional.
¿Y eso qué implica?
Que le darían funciones penales y ese juez de control de garantías precisamente es nombrado por el Congreso. Así se pierden la independencia y la autonomía. No estoy afirmando que los miembros la Corte Constitucional no sean personas idóneas para ejercer el control, pero eso no está bien. Ojalá ellos pudieran opinar, porque sé que no les parecería apropiado y bajarían dentro del orden jerárquico.
¿Pero doble instancia en el mismo tribunal?
¿Por qué se va a dudar de que la Corte Suprema vaya a adelantar un debido proceso y facilitar un buen ejercicio del derecho de defensa? Creo que eso queda al escrutinio de la sociedad colombiana. Nosotros consideramos que lo hemos hecho bien y que hemos actuado con apego a la Constitución y a la ley. No se puede dudar de la imparcialidad, transparencia y claridad con que la Corte ha llevado a cabo los procesos en los que le ha correspondido actuar. Por eso en el comunicado del pasado martes se finaliza diciendo que ojalá esta reforma no se vaya a convertir en un instrumento de revancha o retaliación.
¿Sienten que existe ese tufillo?
No me atrevería a afirmarlo y según el intercambio que tuve con algunos congresistas, no pareciera ser ese el motivo.
En la ponencia para cuarto debate se propone la creación de un tribunal para juzgar aforados y que la Corte sea la segunda instancia, ¿qué piensa de ello?
Preocupa esa propuesta. Creo que la Constitución no aguanta más supercortes.
Tribunal que estaría conformado por seis miembros: dos elegidos por el presidente, dos por la judicatura y dos por el mismo Congreso...
No está bien que uno nombre al juez que lo va a investigar. Eso no está bien diseñado, no es aconsejable y no muestra independencia ni autonomía.
¿Qué incomodidad tienen con el Gobierno?
El Ejecutivo tiene más posibilidad de intercambio de opiniones con el Legislativo. Antes de cada presentación de una ponencia, los miembros del Gobierno se reúnen con los ponentes y si bien es importante buscar consensos, debiera haber independencia.
El ministro Germán Vargas dijo que la Corte debía explicar cuál es el interés que tiene en querer elegir procurador y contralor...
No es que se tenga interés, sino que la Corte responde al querer del constituyente de 1991, que diseñó un sistema de pesos y contrapesos que a nuestro modo de ver debe seguir funcionando. Nosotros consideramos que lo que está bien no se tiene que reformar y la Contraloría y la Procuraduría están funcionando bien.
¿Pero no cree que los jueces están es para impartir justicia y no para nominar funcionarios?
Es que el procurador y el contralor, de una u otra manera, guardan relación con la justicia. Ellos actúan disciplinariamente, pero muchas de las investigaciones que adelantan tienen que ver con asuntos penales. Y no hay que olvidar que la Corte Suprema disciplina al procurador.
Se habla también de un juego de intereses entre las cortes y los entes de control, con puestos para familiares de lado y lado...
Es muy probable que un magistrado tenga parientes en la Contraloría o la Procuraduría, y los puede tener porque en la familia de cada uno de nosotros hay abogados. Entiéndame que ellos también tienen derecho a acceder a un cargo público. Cuestionable sería que el magistrado impusiera a sus familiares allá.
¿Y eso no ha pasado?
No, y cuando conductas así ocurran, el magistrado debe ser investigado.
¿No cree que de todas maneras eso les da argumentos a los críticos y que lo mejor es quitarles la función nominadora a las cortes?
Es que ese diseño constitucional de 1991 se hizo para evitar que el político, como se pretende o estaba en la Constitución del 86, interviniera en la elección de esos funcionarios. Hoy interviene pero indirectamente, de una terna que mandamos nosotros, que no elegimos. Sólo en el caso del fiscal general es que nos mandan tres nombres y escogemos. Pero no vamos a decirle al presidente que nos ponga a tal persona.
¿Les parece bien que la Corte siga eligiendo fiscal?
Pues alguna vez propuse que si de verdad querían que la Corte Suprema nombrara fiscal, nos lo dejaran nombrar. Sin embargo ello no fue acogido o no se ha analizado. Una verdadera reforma a la justicia debería ocuparse de ese punto y aquí no se está tocando.
La sensación que existe es que Gobierno, Congreso y cortes están estancados en temas como la doble instancia o la función nominadora, ¿y de la descongestión judicial qué?
Esa es la pregunta más importante. Estamos hablando de reforma a la justicia y de ciertos poderes, si así se les puede llamar a las facultades a la Corte. Pero una verdadera reforma debe ocuparse de que ese ciudadano que instauró una denuncia o que presentó una demanda se la resuelvan rápido. A ese ciudadano no le interesa quién postula al procurador o al contralor, sino que le resuelvan rápido su caso. Y está demostrado y aceptado que la responsabilidad de la morosidad en los procesos judiciales en el país no es de los jueces.
¿Entonces de quién?
Nuestros jueces superan lo que humanamente les es dado para resolver. Se necesita un aumento del aparato judicial, de la planta de personal, necesitamos tecnología, que el proceso se digitalice. La Corte Suprema está de acuerdo en un plan de choque que supere congestiones, porque la justicia no ha tenido los recursos necesarios y adecuados para responder. Estadísticamente hablando, en 17 años se aumentó un juez por cada 100 mil habitantes y eso no puede ser lógico en un país donde hay mucha conflictividad. Actualmente tenemos 10,4 jueces por cada 100 mil habitantes.
¿Por qué no aceptar entonces que notarios y abogados tengan facultades judiciales?
Para descongestionar la justicia no se le debe quitar la función al juez. Esa reforma fortalece al Ejecutivo, porque el notario depende del superintendente, que es elegido por el presidente. Un proceso de descongestión no debiera ser materia de reforma constitucional, sino de ley. Yo estuve en el reciente congreso notarial y ellos, por unanimidad, dijeron que querían seguir siendo notarios y no jueces. Aquí les quieren pasar funciones jurisdiccionales sin consultarlos.
Mejor dicho, el problema es de plata...
En parte. Para resolver ciertos problemas que afronta la justicia en este país sí se requiere un aumento de presupuesto para tener el número de jueces adecuados. Ahora, si esos jueces no responden, ahí sí que cuestionen.
¿Y cuánto están pidiendo?
El Consejo de Estado habló del 5% del presupuesto nacional y que fuera señalado desde la Constitución para que cada año no toque ir a pedir al Ministerio de Hacienda.
Otro tema polémico tiene que ver con las inhabilidades. ¿No cree que deberían ser más drásticas y que los magistrados no salgan a litigar ante los mismos tribunales de los que hicieron parte o a aspirar a cargos de elección popular?
El estatuto anticorrupción habla de dos años. A mí me parece razonable, porque hay muchos magistrados que no salen pensionados. Ahora, sobre los cargos de elección popular, hasta donde recuerde no ha habido ningún magistrado de la Corte Suprema que haya salido a ejercer uno. Si un funcionario es bueno y aún tiene capacidad laboral e intelectual para seguirle sirviendo al país, ¿por qué privar a la sociedad colombiana de que lo pueda hacer? Ese es un tema que a nosotros no nos trasnocha.
Dicen que la Corte Suprema se ha politizado...
La Corte cumple una función judicial, independiente y autónoma. Sus decisiones son con apego a la Constitución y a la ley, y aquí no hay ninguna injerencia ni influencia política.
¿La Sala Penal no se ha equivocado en ninguna decisión de parapolítica ni en condenas?
Todas las decisiones son analizadas y estudiadas. Y nunca se va a improvisar frente a funcionarios con fuero, a quienes la Corte respeta porque sabe que un congresista representa a un número de personas que creyeron en él y es un ser humano que merece tratamiento procesal adecuado.
¿Es cierto que a ustedes les interesaba mucho más aumentar el período que la propia reforma?
Jamás la Corte propuso que le aumentaran su período. La propuesta fue del Gobierno y ellos consideraron que la jurisprudencia sería más permanente si el período de los magistrados se ampliaba a 12 años.
Tal y como están las cosas, ¿lo mejor es que se hunda la reforma?
Si sigue ese camino que, pensamos nosotros, es equivocado, no debiera seguir adelante. Se trata ni más ni menos que de reformar la Constitución, no es una ley cualquiera. Yo no sé si le quepan más artículos a la Constitución. Hasta el presidente Santos dijo que no era buena y si no es buena, entonces para qué insistir.
¿El fin de la luna de miel Gobierno-altas cortes?
¿Cómo quedaron las relaciones con el ministro Germán Vargas?
Las relaciones con él son buenas y debo destacar que en el Congreso de la República, tanto con los senadores como con los representantes, ha habido un trato respetuoso y de mucha cortesía.
¿El retiro de la discusión de la reforma es definitivo?
Ningún ser humano puede decir que algo es definitivo. Por ahora sí por lo aprobado por la Comisión Primera de la Cámara, pero hay que esperar a ver qué pasa. Vamos a seguir pendientes, así no asistamos a los debates, y no hemos perdido la libertad de opinar.
¿Se acabó la ‘luna de miel’ entre cortes y Gobierno?
Hay un artículo constitucional que nos obliga a trabajar armónicamente por los intereses del Estado. Aquí no se trata de luna de miel, hemos manejado unas buenas relaciones con el presidente y con el Congreso, y de lo que se trata es de diferencias conceptuales jurídicas. Para la Constitución del 91 hubo seis meses de consagración y esta reforma no puede ser por horas y por unos pocos que quieren imponer un articulado. Si se quiere reformar la justicia tiene que ser para acercarla al ciudadano.
No hay comentarios:
Publicar un comentario